Documento - Paraguay: El Correccional de Menores «Panchito López»: Una oportunidad para que el gobierno de Paraguay cumpla sus promesas

[Fecha de embargo: 1 de abril del 2001] Público

Abril del 2001 ÍNDICE AI: AMR 45/004/2001/s DISTR: SC/CO/GR





Amnistía Internacional




PARAGUAY


El Correccional de Menores «Panchito López»:

Una oportunidad para que el gobierno de Paraguay cumpla sus promesas





PARAGUAY

El Correccional de Menores «Panchito López»:

Una oportunidad para que el gobierno de Paraguay cumpla sus promesas




Introducción


Amnistía Internacional ha manifestado reiteradamente a las autoridades paraguayas su preocupación por las pésimas condiciones del correccional de menores «Panchito López», donde los internos —de los que aproximadamente el 90 por ciento se hallan bajo detención preventiva y sin haber sido condenados—, se encuentran recluidos en condiciones de grave hacinamiento en celdas insalubres con escasas instalaciones higiénicas, sin apenas ocasiones de hacer ejercicio o de respirar aire fresco, mal alimentados y faltos de asistencia médica adecuada. Los malos tratos, que a veces llegan a constituir tortura, son endémicos en el «Panchito López».


Varias organizaciones internacionales, entre ellas el Comité de los Derechos del Niño, de la ONU, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de los Estados Americanos (OEA), han manifestado preocupaciones similares respecto a las condiciones de reclusión del «Panchito López».


Amnistía Internacional considera que las condiciones de reclusión de este centro constituyen trato cruel, inhumano y degradante.


Trato cruel, inhumano y degradante en el correccional «Panchito López»


El correccional «Panchito López», de Asunción, es una casa particular convertida en centro de detención y padece gravísimos problemas de hacinamiento. «Panchito López cuenta actualmente con 270 internos en un lugar sólo apto para un máximo de 80», declaró el director del centro, Melitón Bittar, en febrero del 2000. «El hacinamiento es terrible. Es una realidad innegable».(1)


A lo largo de los años se ha producido un bombardeo incesante de denuncias sobre castigos físicos constitutivos de tortura o trato cruel, inhumano y degradante; se han dado casos de niños que han recibido patadas o golpes, que han sido colgados por los pies, a los que les han envuelto la cabeza en bolsas de plástico, que han recibido martillazos en la espalda o a los que les han escaldado las manos y los pies. Algunos declararon que les habían negado la comida o el agua o que no les habían permitido ir al retrete, en ocasiones durante varios días. Parece que la brutalidad aleatoria constituye una práctica frecuente entre los guardias de la prisión.


La inmensa mayoría de los reclusos no han sido juzgados ni declarados culpables de ningún delito. Muchos pasan meses, e incluso años, esperando a ser juzgados, y mientras tanto permanecen recluidos en celdas inmundas y abarrotadas que apenas disponen de retretes e instalaciones higiénicas. En los pabellones de las celdas, la temperatura se mantiene alrededor de lo 40ºC durante días. En algunos dormitorios tienen que compartir cama tres reclusos; un periodista que visitó el centro observó que el espacio personal del que disponía cada niño venía a ser «el que ocupa un periódico». A los reclusos no se los ubica según la edad o el delito cometido: los niños agresivos, los tímidos, los reincidentes, los condenados por tráfico de drogas y los presuntos ladrones están todos mezclados. Amnistía Internacional pide que se separe a todos los detenidos menores de edad según sus años, su talla física y la gravedad del delito cometido, aparte de tener en cuenta si se hallan bajo detención provisional o si han sido condenados. Los menores, además, deben tener acceso a la información sobre el estado de sus causas.


Según los informes, en el centro «Panchito López» continúan detenidos más de 200 menores, pese a los reiterados llamamientos de Amnistía Internacional y de otras organizaciones internacionales al gobierno paraguayo para que traslade a todos los presos a centros adecuados. En enero del 2001, según los informes, 193 de los 201 menores detenidos en el correccional «Panchito López» estaban recluidos en régimen de detención preventiva, y sólo 8 habían sido condenados.


Asimismo, Amnistía Internacional insta al gobierno de Paraguay a invertir en programas de aplicación de penas no privativas de libertad, a conceder a la fiscalía y a los tribunales otras opciones de condena para los delincuentes menores de edad y a considerar alternativas a las penas de prisión para los menores que están a la espera de una decisión judicial. El gobierno de Paraguay, además, debe destinar los recursos necesarios a la contratación y formación urgentes de un número suficiente de profesores, formadores, asistentes sociales y psicólogos, con el fin de cumplir con su obligación de proporcionar tratamiento individualizado a los adolescentes para reinsertarlos en la sociedad.


El 11 de febrero del 2000, según los informes, los reclusos de la celda ocho prendieron fuego a su dormitorio en protesta por el constante aluvión de malos tratos y, más concretamente, por la brutal paliza infligida la noche anterior por dos guardias a varios ocupantes de la celda. Nueve presos murieron a consecuencia del incendio y al menos otros 20 sufrieron quemaduras graves. Según informes de prensa, en la investigación oficial sobre las circunstancias del incendio un preso declaró que un guardia penitenciario se había negado a ayudar a varios detenidos atrapados en el pabellón en llamas diciéndoles: «muéranse todos allí»(2); posteriormente, otro guardia les abrió la puerta de la celda. Un sobreviviente, que ahora tiene 19 años, confirmó, según los informes, que los días previos al incendio el ambiente era muy tenso en el centro de detención: «Un día antes del hecho, ya se murmuraba que en cualquier momento iba a ocurrir algo. Lo único que no sabíamos era cuándo exactamente y de qué se trataba». A continuación describió las torturas y los malos tratos infligidos a los detenidos por los guardias de la prisión: «Ellos nos castigaban en ocasiones sin motivo. Nos llevaban al sótano de la tortura, al que llamábamos ''La Bajada''. Allí nos ataban de la mano por un poste y luego nos golpeaban con sus cachiporras»(3). Desde entonces, el gobierno ha asegurado varias veces a Amnistía Internacional y a otras organizaciones internacionales que está tomando medidas para mejorar las condiciones del centro y que casi han concluido las gestiones para el traslado de los presos a un nuevo centro de detención de menores construido con este propósito.


Tras producirse un nuevo incendio una semana después, cerca de 25 menores fueron trasladados a la prisión de «Emboscada», un centro para adultos húmedo y plagado de bichos, sin luz ni ventilación suficientes y carente de instalaciones higiénicas adecuadas. Allí sólo les permiten salir a estirar las piernas media hora o una hora diaria y no disponen de servicios médicos, educativos ni sociales. Varios niños se han quejado de palizas brutales y otros tipos de malos tratos y, según parece, al menos 13 de ellos estuvieron recluidos en régimen de incomunicación en celdas de aislamiento del pabellón de adultos.


El 5 de febrero del 2001, menos de un año después del incendio que causó la muerte a nueve presos, otros nueve detenidos resultaron heridos en un nuevo incendio ocurrido en el correccional «Panchito López». Según los informes, los detenidos estaban recluidos en régimen de aislamiento y podrían haber sido objeto de represalias a causa de su huida del correccional, que tuvo lugar el 24 de enero y acabó con su captura. Tres detenidos recibieron tratamiento en un hospital penitenciario y los otros seis en un hospital especializado en quemaduras. En el momento de redactar este informe, cuatro de ellos continuaban hospitalizados.


Tras el nuevo incendio, Amnistía Internacional recibió inquietantes informes sobre la intención de las autoridades del Ministerio Público de reabrir el pabellón de menores de la prisión de «Emboscada». A raíz del incendio ocurrido en el «Panchito López» en febrero del 2000, un grupo de menores de este correccional pasaron varios meses en la prisión de alta seguridad para adultos de «Emboscada», en las afueras de Asunción, donde permanecieron recluidos «temporalmente» mientras se buscaba una institución adecuada para albergarlos. Las condiciones de reclusión en «Emboscada» son tan malas que el 11 de enero del 2001 el ministro de Justicia, Silvio Ferreira, tras visitar la prisión, ordenó el traslado de 33 menores al centro «Panchito López».


El gobierno paraguayo lleva varios años asegurando que todos los reclusos del «Panchito López» van a ser trasladados a un nuevo centro construido expresamente para ellos. En marzo del 2000, 40 detenidos fueron llevados al nuevo Centro de Educación Integral de Itauguá, a 25 kilómetros de Asunción, la capital. Hasta el momento, unos 100 presos han sido trasladados del «Panchito López» al Centro de Educación Integral. Las condiciones de reclusión, según los informes, son mejores que las del «Panchito López», aunque también de allí han llegado informes de malos tratos.


Los compromisos del gobierno


En los últimos años, Amnistía Internacional ha solicitado reiteradamente el cierre inmediato del «Panchito López». En octubre de 1999, durante una visita a Paraguay, varios delegados de la organización expusieron personalmente los motivos de preocupación de Amnistía Internacional al doctor Fernando Canilla Veras, viceministro de Justicia. Éste reconoció que el emplazamiento actual del correccional era totalmente inadecuado, garantizó —como en anteriores ocasiones— que se iban a tomar medidas para mejorar las condiciones del centro y aseguró que estaban a punto de concluir las gestiones para el traslado de los presos a un nuevo correccional de menores construido con este propósito en Luque. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA, recibió garantías similares, y le dijeron que el centro «Panchito López» se trasladaría al emplazamiento de Luque antes del fin de 1999. Posteriormente, los planes del correccional de Luque fueron abandonados.


En un informe de marzo del 2001 sobre la situación de los derechos humanos en Paraguay, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró que el hacinamiento en el «Panchito López» era inadmisible y señaló que en este centro era donde se daban las peores condiciones de reclusión, según había observado una delegación durante una visita realizada en julio de 1999: «Los problemas más graves detectados por la Comisión durante su visita se refieren al Correccional de Menores ''Panchito López'', donde están recluidos los menores de edad en condiciones de hacinamiento inaceptables»(4).


La Comisión indicó, además, que el correccional «Panchito López» continuaba en funcionamiento, a pesar de haberse producido dos incendios en los que habían muerto más de una docena de presos y a pesar de que tanto las autoridades anteriores como las actuales se habían comprometido a cerrar el centro en breve. Insistió en que esto no podía demorarse por más tiempo: «...la Comisión desea recordar aquí que, pese a dos incendios en los cuales perdieron la vida más de una docena de internos en el ''Panchito López'', y pese a que autoridades tanto del presente Gobierno como de Gobiernos anteriores se comprometieron a su pronto cierre..., el Correccional de Menores ''Panchito López'' continúa funcionando y todavía hay jóvenes detenidos en esa institución. La Comisión considera que el plazo para remediar tal situación es impostergable»(5).


En una carta enviada por Juan Esteban Aguirre, ministro de Relaciones Exteriores, en marzo del 2000, el gobierno paraguayo aseguró a Amnistía Internacional que no iba a tolerar la tortura en su país y que los responsables no escaparían de la acción de la justicia: «No queremos tolerar en manera alguna ni dejar impune la tortura en el país».


Normas internacionales de derechos humanos


La comunidad internacional ha aprobado unas normas mínimas para regular la conducta de los Estados. Están basadas en el precepto de que los derechos humanos son una responsabilidad internacional, y no sólo un asunto interno. Las normas internacionales de derechos humanos articulan los criterios con los que se debe evaluar la conducta de cualquier Estado.


Los derechos humanos de los niños, incluidos los que deben observarse cuando entran en el sistema judicial, aparecen especificados en una serie de tratados e instrumentos internacionales. Entre ellos figuran el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño, las Reglas Mínimas de la ONU para la Administración de la Justicia de Menores y las Reglas de la ONU para la protección de los menores privados de libertad. En los párrafos que siguen se ofrece un breve resumen de cada uno de ellos.


Tratados ratificados por Paraguay:


El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) incluye una serie de artículos relativos a la protección de los derechos humanos de los niños que han sido acusados o declarados culpables de violar la legislación penal. Algunos de ellos son:


C el derecho a no ser objeto de tortura ni trato o pena cruel, inhumano o degradante (Artículo 7);

C el derecho a recibir un juicio justo (Artículo 14), y

C el derecho de los niños encarcelados a permanecer separados de los adultos (Artículo 10).

Paraguay ratificó el PIDCP el 10 de junio de 1992.

La Convención contra la Torturaexige a los Estados a prohibir y castigar la tortura en la ley y en la práctica. Los Estados deben investigar todos aquellos casos en los que existan motivos razonables para creer que ha habido tortura o trato o pena cruel, inhumano o degradante, y deben llevar a los responsables ante la justicia.

Paraguay ratificó la Convención contra la Tortura el 12 de marzo de 1990.


La Convención sobre los Derechos del Niñoes el tratado más importante para la protección de los derechos humanos de los niños.


La Convención se basa en cuatro principios generales:


C el «interés superior del niño» debe ser una consideración prioritaria en todas las medidas relativas a los menores, ya sean tomadas por tribunales de justicia, autoridades administrativas u órganos legislativos (Artículo 3);

C no debe existir discriminación por motivos de raza, sexo, origen étnico ni ninguna otra condición, y los gobiernos deben tomar medidas para impedir la discriminación y las actitudes basadas en prejuicios (Artículo 2);

C se debe garantizar el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo de todos los niños (Artículo 6);

C las opiniones de los niños deben ser respetadas (Artículo 12).


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Estos principios generales se reflejan en una serie de derechos aplicables a todos los niños y, por tanto, a los menores acusados o declarados culpables de violar la ley. Por ejemplo, el derecho de todos los niños a la educación (Artículo 28) es de considerable importancia en los casos de menores privados de libertad, ya que con frecuencia los centros de reclusión no ofrecen programas educativos.


Paraguay ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño el 25 de septiembre de 1990.


Otras normas internacionales


Muchas exigencias relacionadas con los derechos humanos figuran en normas que han sido aprobadas por la comunidad internacional pero a las que no se ha dado forma de tratado. Aunque técnicamente tales normas carecen de la autoridad legal de los tratados, tienen la fuerza moral de haber sido negociadas por los gobiernos y aprobadas, generalmente por consenso, por organismos políticos como la Asamblea General de la ONU. Entre estos conjuntos de normas hay dos dedicados específicamente a los niños.

Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (llamadas generalmente «Reglas de Pekín») ofrecen unas directrices para la «justicia de menores», es decir, para los sistemas jurídicos que se ocupan específicamente de los delincuentes menores de edad. Estas Reglas establecen que las autoridades deben respetar los principios en que se basan tales Reglas en el trato dispensado a los niños procesados dentro del mismo sistema general de justicia penal que se encarga también de los casos de adultos (Regla 3.3).


Las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertadestablecen unas normas generales sobre el trato que deben recibir los niños que se hallan privados de libertad bajo cualquier forma de detención o encarcelamiento ordenado por una autoridad judicial o cualquier otra autoridad pública. Abarcan diversas cuestiones, como las prestaciones médicas y educativas, las limitaciones en el uso de la fuerza y las inspecciones independientes de los centros de detención.


Una alternativa al correccional «Panchito López»: El nuevo Centro de Educación Integral


El Centro de Educación Integral de Itauguá, a unos 25 kilómetros de Asunción, se abrió en mayo del 2000. Se trata de un antiguo centro de detención militar que ha sido adaptado para utilizarlo como correccional de menores. Está ubicado en una finca de nueve hectáreas y dispone de huertos propios, aulas, campos de fútbol, pistas de voleibol y otros lugares de esparcimiento. No obstante, el nuevo centro no tiene capacidad suficiente para albergar en condiciones adecuadas a todos los internos del «Panchito López» y permitir el cierre de este centro, como el gobierno lleva prometiendo hace tiempo.


En enero del 2001, según los informes, había 90 menores en el nuevo centro de Itauguá, la mayoría de ellos considerados por las autoridades como los «buenos». Según informes de prensa, el 15 de enero del 2001, dos detenidos del Centro de Educación Integral ingresaron en el servicio de urgencias del Hospital Nacional tras recibir una paliza a manos de guardias de la prisión. Los dos presos fueron sacados de sus celdas, y a uno de ellos lo desnudaron, lo obligaron a tumbarse boca abajo en el suelo y le dieron patadas. Luego le hicieron levantarse y lo golpearon en la cabeza. El otro detenido también fue golpeado tras ser obligado a desvestirse. Amnistía Internacional ha recibido otros informes sobre prácticas de tortura y malos tratos ocurridas en el Centro de Educación Integral, y pide al gobierno que garantice que se establecen los sistemas adecuados para informar sobre tales prácticas y que se emprenden las investigaciones pertinentes.


Amnistía Internacional celebra la apertura del Centro de Educación Integral como un paso positivo en la dirección correcta, pero opina que los edificios nuevos no pueden resolver por sí solos los problemas planteados por la cultura de violencia que se halla enraizada dentro del sistema de detención de menores. La organización ha recibido con satisfacción informes según los cuales se ha permitido a los defensores de los derechos de los niños acceder al nuevo centro y llevar a cabo su trabajo con libertad. Amnistía Internacional insta a las autoridades paraguayas a garantizar que todos los guardias penitenciarios implicados en actos de tortura o malos tratos a presos son apartados inmediatamente del servicio mientras se lleva a cabo una investigación exhaustiva e imparcial, cuyos resultados deberán hacerse públicos. Los empleados considerados responsables de prácticas de tortura o malos tratos deberán ser procesados.


Es fundamental que el Centro de Educación Integral no se convierta en otro «Panchito López». Amnistía Internacional insta a las autoridades paraguayas a mostrar su determinación de enfrentarse a este desafío y a convertir afirmaciones anteriores en acciones concretas.






RECOMENDACIONES AL GOBIERNO DE PARAGUAY



El correccional de menores «Panchito López»


C El correccional «Panchito López» debe cerrarse inmediatamente y debe completarse sin más demora el traslado de los detenidos a centros de detención adecuados.


Mientras se realizan las gestiones para el inmediato traslado de los presos del «Panchito López»:


C Deben tomarse urgentemente medidas para solucionar los problemas de hacinamiento e higiene.


C Las autoridades deben examinar sin demora los procedimientos judiciales pendientes contra los detenidos, de los cuales más del 90 por ciento no han sido condenados.


C El correccional «Panchito López» debe ser equipado de modo que pueda proporcionar a los presos la asistencia médica y dental necesaria.


C Debe cesar de inmediato el traslado de adolescentes a la prisión de «Emboscada» y a otros centros de detención de adultos.


Menores bajo detención


C Los menores que están detenidos a la espera de una decisión judicial deben permanecer separados de los que ya han sido condenados por algún delito.


C Los detenidos menores de edad deben ser separados según sus años, su talla física y la gravedad del delito cometido, además de tener en cuenta si se hallan bajo detención provisional o si ya han sido condenados.


C Los detenidos menores de edad deben tener acceso a la información sobre el estado de sus causas.


C Los menores aquejados de alguna enfermedad mental no deben ser recluidos en correccionales de menores.




Guardias penitenciarios


C Cualquier empleado, agente de policía o guardia penitenciario implicado en actos de tortura o malos tratos contra presos debe ser apartado inmediatamente del servicio mientras se lleva a cabo una investigación exhaustiva e imparcial, cuyos resultados deberán hacerse públicos. Los empleados considerados responsables de prácticas de tortura o malos tratos deben ser procesados.


C Debe invertirse urgentemente en la contratación de un número suficiente de celadores y personal técnico, en la organización de programas de formación que los capaciten para trabajar en un medio difícil y en la creación de infraestructuras de apoyo para empleados que sufren agresiones de los reclusos.


C Deben redactarse normas claras para mantener la disciplina entre los detenidos, y deben facilitarse tanto a los empleados como a los presos.


Medidas socioeducativas


C El gobierno de Paraguay debe destinar recursos a la contratación y formación urgentes de un número suficiente de profesores, formadores, asistentes sociales y psicólogos con el fin de cumplir con su obligación de proporcionar tratamiento individualizado a los adolescentes para reinsertarlos en la sociedad.


C El gobierno de Paraguay debe invertir en programas de aplicación de penas no privativas de libertad, con el fin de proporcionar a los tribunales otras opciones de condena para los delincuentes menores de edad.


C El gobierno de Paraguay debe considerar alternativas a las penas de prisión para los menores que están a la espera de una decisión judicial.


Defensores de los derechos del niño


C Se debe permitir a los representantes de organismos autorizados legalmente para observar la situación de los centros de detención de menores el acceso inmediato e incondicional a tales centros, sin que deban temer obstrucciones ni intimidación.


Sólo para miembros de AI Índice AI: AMR 45/004/2001/s

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ACCIONES RECOMENDADAS


Les rogamos que se aseguren de que todas las personas pertinentes de su Sección reciben copias de este documento y de que se archiva debidamente para futuras consultas.




DISTRIBUCIÓN POR EL SI


El Secretariado Internacional ha enviado directamente este documento a los coordinadores de Paraguay y a los coordinadores PABRAN.


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(1) Un escándalo oculto, una vergüenza secreta: Tortura y malos tratos a menores, Amnistía Internacional, ACT 40/38/00/s.

(2) Última Hora, 13 de febrero del 2001.

(3) Ibíd.

(4) Tercer Informe sobre la situación de los derechos humanos en Paraguay, 9 de marzo del 2001.

(5) Ibíd.

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