Documento - Nicaragua: El articulo 204 y la legalizacion de la represion de la homosexualidad






Amnistía Internacional








NICARAGUA




El artículo 204 y la legalización de la represión

de la homosexualidad




Octubre de 1994 RESUMEN ÍNDICE AI: AMR 43/03/94/s

DISTR: SC/CO/GR



En virtud de una sentencia dictada por la Corte Suprema de Nicaragua en marzo de 1994, se mantendrá la legislación introducida en 1992 para penalizar la homosexualidad. Amnistía Internacional cree que esa ley podría conducir al procesamiento y encarcelamiento de personas que se convertirían en presos de conciencia.


A raíz de las enmiendas introducidas en el código penal de Nicaragua en 1992, el artículo 204 en la actualidad estipula que «comete delito de sodomía el que induzca, promueva, propagandice o practique en forma escandalosa el concúbito entre personas del mismo sexo». Además, contiene una disposición que convierte en delito mantener relaciones homosexuales en privado cuando una de las partes tenga responsabilidad sobre la otra.


AI se siente preocupada por los términos empleados en el artículo 204, amplios y difusos, que podrían permitir el procesamiento de personas por actividades tales como la defensa de los derechos de las lesbianas y los gays, facilitar información de salud con respecto a la sexualidad o mantener relaciones de carácter homosexual en circunstancias que no están penadas en el caso de ser heterosexuales. AI consideraría a las personas procesadas o encarceladas por estas actividades, o únicamente por su condición de homosexuales, como presos de conciencia.


A pesar de las graves preocupaciones expuestas por Amnistía Internacional y otros grupos de derechos humanos de dentro y fuera de Nicaragua, el artículo 204 entró en vigor en septiembre de 1992. En noviembre de 1992 se elevó ante la Corte Suprema de Nicaragua un recurso de inconstitucionalidad contra este artículo, pero fue desestimado en marzo de 1994. El fallo de la Corte Suprema y los argumentos en que se basa han incrementado el temor de que el artículo 204 pueda legitimar el procesamiento de personas únicamente por su homosexualidad o por manifestar libremente determinadas creencias.


AI considera que el artículo 204 vulnera las normas internacionales que garantizan el derecho a la no discriminación, a la libertad de expresión y a la vida privada. Amnistía Internacional está siguiendo muy de cerca la aplicación del artículo 204 y ha pedido al gobierno nicaragüense que garantice que el código penal nunca permitirá el procesamiento de presos de conciencia ni la violación de los instrumentos internacionales de derechos humanos que Nicaragua está obligada a cumplir.



Este informe resume un documento titulado Nicaragua: El artículo 204 y la legalización de la represión de la homosexualidad (Índice AI: AMR 43/03/94/s), publicado por Amnistía Internacional en octubre de 1994. Quienes deseen más información o emprender alguna acción al respecto deberán consultar el documento completo.













SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 8DJ, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL, ESPAÑA

NICARAGUA


El artículo 204 y la legalización de la represión

de la homosexualidad




En virtud de una sentencia dictada por la Corte Suprema de Nicaragua en marzo de 1994, se mantendrá la legislación introducida en 1992 para penalizar la homosexualidad. Amnistía Internacional cree que esa ley podría conducir al procesamiento y encarcelamiento de personas que se convertirían en presos de conciencia.


El 11 de junio de 1992, la Asamblea Nacional aprobó diversas enmiendas al código penal con respecto a los delitos sexuales. El artículo 204 del código penal, en su versión enmendada, estipula ahora que «comete delito de sodomía el que induzca, promueva, propagandice o practique en forma escandalosa el concúbito entre personas del mismo sexo, y sufrirá la pena de uno a tres años de prisión». También determina que si una de las personas implicadas en la relación homosexual goza de poder o autoridad sobre la otra, aún cuando sea en privado, se le podrá imponer una pena de dos a cuatro años de prisión por «seducción ilegítima».


Estas enmiendas sustituyen al artículo 205 del anterior código penal, cuyas disposiciones parecían tener como objetivo la ilegalización de los actos homosexuales cuando se realicen en público, sean coercitivos o estén implicados en ellos menores de edad. Las enmiendas suprimen esas disposiciones y amplían el delito de «sodomía», de modo que incurrirá en él quien «induzca, promueva, propagandice o practique» actos homosexuales «en forma escandalosa». Las relaciones homosexuales en las que una de las personas implicadas goza de poder o autoridad sobre la otra son sancionadas en el artículo 204 como «seducción ilegítima», independientemente de la edad y aunque se mantengan en privado, por lo cual se podría a aplicar a adultos que mantienen relaciones homosexuales en privado y de mutuo acuerdo. En el caso de relaciones heterosexuales, sólo se considera que hay «seducción ilegítima» cuando la persona sometida a la autoridad de la otra o dependiente de ella tiene entre 14 y 18 años de edad (Artículo 197).


Los términos empleados en la formulación del artículo 204 son tan amplios e imprecisos que podrían permitir el procesamiento de personas por actividades tales como la defensa de los derechos de las lesbianas y los gays, facilitar información de salud con respecto a la sexualidad o mantener relaciones homosexuales en circunstancias que no están penadas si se trata de heterosexuales. AI consideraría presos de conciencia a las personas procesadas o encarceladas por esas actividades o únicamente a causa de su homosexualidad.


AI define como presos de conciencia a las personas detenidas por sus creencias políticas, religiosas o de otro tipo, por su origen étnico, sexo, color o idioma. AI también considera presos de conciencia a las personas detenidas o encarceladas únicamente por su homosexualidad, e incluye en esta categoría a las personas arrestadas por tener relaciones homosexuales, cuando éstas se mantienen en privado, entre adultos y de mutuo acuerdo.


En junio de 1992, Amnistía Internacional trasmitió a la presidenta Violeta Barrios de Chamorro, con anterioridad a la fecha prevista para que ratificara la enmienda, sus preocupaciones acerca del artículo 204. La organización pidió que aclarara cuál se pretendía que fuera el ámbito de aplicación del artículo 204 y que garantizara que el código penal de Nicaragua no autorizaría nunca el encarcelamiento de presos de conciencia. No se ha recibido respuesta. En julio, la presidenta ratificó el proyecto de ley en el que incluía dicha enmienda. La nueva ley entró en vigor en septiembre de 1992.


El recurso de inconstitucionalidad


En noviembre de 1992, el grupo de abogados que integra el Centro de Derechos Constitucionales, junto con activistas gays y lesbianas y otros ciudadanos nicaragüenses, interpusieron un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia contra esa ley. El recurso presentaba detallados argumentos para demostrar que el artículo 204 del código penal reformado violaba 12 artículos de la Constitución Nicaragüense, incluido el derecho a la vida privada, a la libertad de expresión y el principio de igualdad ante la ley. Añadía que al violar esos derechos el artículo 204 contravenía las normas internacionales de derechos humanos.


El 4 de diciembre de 1992, el presidente de la Asamblea Nacional, Alfredo César, instó a la Corte a que, por razones de procedimiento, declarara improcedente el recurso, alegando para ello que los litigantes no habían podido demostrar por qué razón la ley les perjudicaba. El 21 de enero de 1993, la Procuraduría General de Justicia realizaba la misma recomendación. La Corte Suprema no emitió sentencia hasta marzo de 1994, con una demora que los activistas gays y lesbianas interpretaron como una táctica para ganar tiempo con el objeto de desviar la atención nacional e internacional de esta cuestión tan controvertida. Además, la sentencia se emitió después de que, en diciembre de 1993, se sustituyera a cuatro jueces de la Corte Suprema nombrados por el anterior gobierno sandinista.


El fallo de la Corte Suprema de marzo de 1994


En dicho fallo, la Corte Suprema desestimaba el recurso al concluir que el artículo 204 no vulneraba ninguno de los derechos garantizados por la Constitución. El fallo no rebatía detalladamente los argumentos alegados en el recurso, simplemente los desestimaba, mientras afirmaba que ninguno de los derechos constitucionales invocados por los litigantes guardaba relación con el caso en cuestión. A continuación, efectuaba diversas observaciones que dejan ver la intención de la ley y suscitan nuevas preocupaciónes por cuanto la ley podía conducir al encarcelamiento de presos de conciencia.


El fallo de la Corte Suprema, en lugar de clarificar la vaguedad y ambigüedad de los términos empleados en el artículo 204, añade confusión a los términos de «sodomía» y «forma escandalosa» ampliando su definición, lo cual podría dar lugar a interpretaciones judiciales diversas y contradictorias. El fallo define la sodomía como «una inversión sexual o sea el concúbito por vía rectal entre dos individuos del sexo masculino o entre mujeres» y como «una desviación de la vida normal que altera los fundamentos de una sociedad correcta, apegada a los principios éticos en que se desenvuelven para el bienestar de la familia y el pueblo en general». Con esta definición y empleo del término «sodomía» se amplía la definición dada en el texto del artículo 204 ─esto es, la promoción y práctica del sexo entre homosexuales de forma escandalosa─. El fallo parece utilizar el término «sodomía» como sinónimo de la homosexualidad en general.



En el artículo, el término «forma escandalosa» se emplea como un parámetro legal para determinar si la «inducción, promoción, propaganda o práctica» del sexo entre homosexuales constituye un delito penal. La Corte Suprema, en lugar de aclarar o definir esta confusa norma legal, la interpreta en un sentido amplio al calificarla de «alboroto, tumulto, desvergüenza, mal ejemplo». Con ello, el ámbito de aplicación del artículo va más allá de la penalización de los actos homosexuales públicos, y es aplicable a todo acto, realizado en público o en privado, que se considere constituye un «mal ejemplo» porque promueve la homosexualidad. En el fallo tampoco se definen los confusos términos de «inducción, promoción y propaganda». Tampoco se aclara la disposición por la cual se consideran ilegales las relaciones homosexuales mantenidas entre personas cuando una de ellas goce de poder o autoridad sobre la otra, lo que incluye específicamente los actos homosexuales realizados en privado y de mutuo acuerdo entre adultos. Consecuentemente, la interpretación de la Corte Suprema del artículo 204 no ofrece garantías de que la ley no se empleará para procesar a lesbianas y gays por mantener relaciones sexuales en privado ni a las personas que defiendan públicamente los derechos de los homosexuales.


La decisión de la Corte Suprema, lejos de desvanecer las preocupaciones de AI, incrementa sus inquietudes ante la posibilidad de que el artículo 204 se pueda emplear para encarcelar a personas únicamente por su condición de homosexuales o por expresar libremente sus creencias; estas personas serían presos de conciencia. Los argumentos empleados para desestimar el recurso, vagos y enormemente subjetivos, difuminan la distinción entre «sodomía» y «homosexualidad», y sugieren que la intención de la ley es penalizar de forma encubierta la homosexualidad. Por añadidura, el lenguaje utilizado en la decisión subraya los prejuicios existentes en las instancias oficiales hacia la homosexualidad. «La sodomía», se afirma, es «una amenaza a la sagrada institución del matrimonio y de la procreación... Autorizar el funcionamiento y la libertad de la sodomía, sería un atentado legal contra el aumento de la población nicaragüense y un retroceso de su avance político, económico y social».



El artículo 204 constituye una violación de las normas internacionales


Al quedar sometidos los defensores de los derechos de los gays y las lesbianas, educadores sanitarios y otros al riesgo de ser procesados por «inducción, promoción o práctica en forma escandalosa el concúbito entre personas del mismo sexo», el artículo 204 autoriza restricciones arbitrarias y excesivas al derecho a la libertad de expresión, lo cual contraviene el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), en el que se afirma que «toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole». Este derecho también se defiende en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). Al permitir el procesamiento de adultos por mantener relaciones homosexuales en privado y de mutuo acuerdo, el artículo 204 también representa una injerencia arbitraria en el derecho a la vida privada, garantizado en el artículo 17 del PIDCP y en el artículo 11 de la CADH. En marzo de 1994, el Comité de Derechos Humanos, encargado de controlar el cumplimiento del PIDCP, consideró que disposiciones similares del código penal de Tasmania, Australia, vulneraban el artículo 17 del Pacto al penalizar diversas formas de contactos sexuales entre hombres, incluidos actos realizados de mutuo acuerdo y en privado entre adultos, por lo que recomendaba su derogación.


Al imponer limitaciones arbitrarias e injustificadas al desarrollo, expresión y representación de la identidad homosexual, limitaciones que no se aplican a la identidad heterosexual, el artículo 204 también viola el principio de no discriminación, incluido en el artículo 2 del PIDCP y en el artículo 1 (1) de la CADH. En este principio se garantiza a todas las personas el pleno y libre ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en el Pacto y en la Convención, «sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social». Existe una considerable jurisprudencia internacional que sustenta la interpretación de que la discriminación debida a la orientación sexual está incluida en la categoría de «otra condición social» y por lo tanto queda prohibida.


El gobierno nicaragüense ha declarado que las normas internacionales invocadas por los litigantes «se hallan fuera de lugar porque están inspiradas en concepciones morales diferentes de las que predominan en nuestra sociedad» (declaración del presidente de la Asamblea Nacional ante la Corte Suprema). No obstante, las exigencias de la moralidad nacional no pueden justificar la intromisión arbitraria, excesiva y discriminatoria del Estado en los derechos individuales, cuyo carácter es universal. Además, estos derechos quedan garantizados en las normas internacionales sobre derechos humanos, incluido el PIDCP y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que tienen carácter vinculante para Nicaragua y se anteponen a las leyes nacionales. El Comité de Derechos Humanos, en su decisión de marzo de 1994 sobre la legislación de Tasmania, declaró que, para los efectos del artículo 17 del Pacto, resultaría inadmisible el considerar las cuestiones morales como un asunto de ámbito exclusivamente doméstico. El Comité argumentaba que esto permitiría que un importante número de estatutos que interfieren con el derecho a la vida privada evitaran la fiscalización por parte del Comité


Con la enmienda al artículo 204, Nicaragua se sitúa contra la manifiesta tendencia internacional hacia la despenalización. En Latinoamérica, únicamente Ecuador y Chile sancionan la homosexualidad en sus respectivos códigos penales. En el resto de América, los únicos países que tipifican como delito la «sodomía» son los de tradición jurídica anglosajona, como varios estados de los Estados Unidos y algunos países caribeños. Diversos organismos intergubernamentales encargados de vigilar el cumplimiento de las normas de derechos humanos internacionales o regionales se han manifestado contra la legislación que penaliza o restringe la homosexualidad en países como Rumania, el Reino Unido, Irlanda y Australia.


Según la información de la que dispone AI, hasta la fecha no se ha procesado a nadie con arreglo al artículo 204. No obstante, los activistas gays y lesbianas de Nicaragua, junto con defensores de los derechos humanos como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), afirman que la sola existencia de esta legislación alienta otras formas de discriminación y de violación de los derechos de los gays y las lesbianas, desde las agresiones físicas hasta la vulneración del derecho al trabajo, e interpretan la ley como una reacción del gobierno conservador de la Unión Nacional Opositora (UNO) contra el incremento visible desde finales de la década de los ochenta del activismo en defensa de los derechos de los homosexuales.


A la vista de estas preocupaciones, AI seguirá muy de cerca la aplicación del artículo 204. La organización insta al gobierno nicaragüense a que garantice que nunca se empleará este artículo para procesar a presos de conciencia, con arreglo a la definición de AI. También hace un llamamiento al gobierno para que estudie seriamente, en la primera oportunidad que se presente, la posibilidad de enmendar o derogar el artículo 204, para con ello garantizar que el código penal nicaragüense dejará de autorizar la intromisión ilegítima en los derechos fundamentales garantizados en los instrumentos internacionales de derechos humanos de los que Nicaragua es Estado parte.


"La sodomía es contraria a la ley natural y a la Ley Divina y su propagación en la sociedad nos haría merecedores del castigo bíblico que cayó sobre la ciudad de

Sodoma, de cuyo nombre precisamente se deriva el de la práctica antinatural del sexo, tipificado como delito en muchas legislaciones... La legislación de nuestro país no puede darse para gusto y satisfacción de un pequeño grupo de ideólogos y de practicantes de la sodomía." Exposición a la Corte Suprema de Justicia del Presidente de la Asamblea Nacional, Alfredo César Aguirre en declaraciones realizadas en 1992.


«El fortalecimiento de la familia y la moralidad pública no se logra estigmatizando y persiguiendo a un sector social» Dra. Vilma Nuñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH)



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