Documento - México: Hay que poner fin ya a los diez años de delitos intolerables cometidos contra mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua

Amnistía Internacional

Comunicado de prensa



Índice AI: AMR 41/033/2003/s (Público)

Servicio de Noticias 186/03


Fecha de embargo: 16:30 h GMT del 11 de agosto de 2003


México: Hay que poner fin ya a los diez años de delitos intolerables cometidos contra mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua


(Ciudad de México.) La secretaría general de Amnistía Internacional, Irene Khan, ha manifestado que el hecho de que no se aborden los homicidios y secuestros de mujeres que se vienen cometiendo desde hace diez años en el estado de Chihuahua pone en duda la capacidad del gobierno mexicano para hacer realidad su retórica sobre los derechos humanos.


Durante su primera visita a México, donde se reunirá con el presidente Vicente Fox y con varios ministros de su gobierno, así como con líderes de partidos políticos y representantes de la sociedad civil, Irene Khan ejercerá presión para conseguir una intervención más efectiva de las autoridades federales a fin de que se investigue esta brutal situación de violencia contra las mujeres existente en Ciudad Juárez y Chihuahua y se pongan a disposición judicial a los responsables.


“La falta absoluta de medidas oficiales para abordar estos casos equivale a tolerarlos”, ha manifestado Irene Khan al presentar el informe México: Muertes intolerables,diez años de desapariciones y asesinatos en Ciudad Juárez y Chihuahua (AMR 41/026/2003/s) tras una visita a Ciudad Juárez, donde se ha reunido con madres de mujeres desaparecidas y asesinadas.


Según cifras oficiales, en Ciudad Juárez continúan desaparecidas 70 mujeres, y recientemente han desaparecido más en la ciudad de Chihuahua. Otras fuentes sitúan la cifra en 400 mujeres desparecidas desde 1993. Sus familias temen lo peor, dado el alarmante número de mujeres a las que se ha hallado muertas días, e incluso años, después de su desaparición.


Las investigaciones llevadas a cabo por Amnistía Internacional revelan que en los últimos diez años han sido asesinadas alrededor de 370 mujeres, al menos 137 de las cuales fueron víctimas de agresión sexual antes de morir. Además hay 75 cadáveres que aún no han sido identificados, y se piensa que podrían ser de mujeres de cuya desaparición se tiene noticia, si bien es imposible confirmarlo debido a la manifiesta falta de investigaciones forenses adecuadas.


A muchas de estas mujeres las secuestraron, las mantuvieron cautivas durantes varias días y las sometieron a humillaciones, a tortura y a las más espantosas formas de violencia sexual antes de sus muertes, que en la mayoría de los casos se produjo por asfixia causada por estrangulamiento o como consecuencia de palizas. Los cadáveres han aparecido ocultos entre escombros o abandonados en zonas desiertas de los alrededores de la ciudad.


Un considerable número de mujeres desaparecidas o asesinadas trabajaban en maquiladoras, y también han sido blanco específico de los agresores las meseras, las estudiantes y las mujeres que trabajan en la economía informal. En definitiva, las víctimas eran mujeres jóvenes, sin ningún poder en la sociedad, con hijos que criar y de extracción humilde, cuya muerte no supone ningún costo político para las autoridades locales.


“Para muchas de las mujeres que emigran a Ciudad Juárez y Chihuahua en busca de trabajo, la situación de violencia contra la mujer imperante allí ha convertido su sueño de encontrar nuevas oportunidades en una pesadilla —ha señalado Irene Khan—. Es vergonzoso que cuando comenzaron los secuestros y asesinatos las autoridades estuvieran varios años adoptando abiertamente una actitud de discriminación hacia las mujeres y sus familias en sus declaraciones públicas. En más de una ocasión culparon a las propias víctimas de su secuestro o asesinato por el modo en que iban vestidas o por trabajar en bares por la noche.”


En su informe, Amnistía Internacional afirma: “Sea por indiferencia, falta de voluntad, negligencia o incapacidad, lo cierto en que en los diez últimos años las autoridades competentes no han tomado medidas para investigar estos delitos”.


La organización de derechos humanos ha documentado retrasos injustificables en los primeros intentos de localizar a las mujeres desaparecidas, la ausencia de medias para dar seguimiento a las declaraciones de testigos y pruebas decisivas y la utilización de pruebas falsas y de tortura contra sospechosos detenidos. En algunos casos, se han realizado autopsias deficientes, como consecuencia de la cuales se han proporcionado a las familias de las víctimas datos contradictorios y erróneos sobre la identidad de los cadáveres, aumentando así su angustia en vez de proporcionarles la certeza necesaria para poder llorar la muerte de sus seres queridos.


La secretaria de Amnistía Internacional ha manifestado: “El sufrimiento de las familias de estas mujeres se ha intensificado una y otra vez, pues no sólo han hecho las autoridades caso omiso de sus peticiones de una investigación criminal formal desde el primer día en que se tuvo noticia de la desaparición de una mujer, sino que también se han hecho oídos sordos a sus peticiones de justicia”.


Aludiendo a las amenazas y a la intimidación de que han sido objeto familiares de víctimas, abogados y miembros de ONG, Irene Khan ha añadido: "Los verdaderos protagonistas de esta tragedia son las familias de estas mujeres, que luchan por la justicia sin ayuda de nadie y haciendo frente a la hostilidad”.


Asimismo, tras hacer hincapié en que las autoridades han intentado constantemente de deslegitimar a las familias y sus esfuerzos, la secretaría general de Amnistía Internacional ha instado a las autoridades a que respeten la dignidad y el derecho de estas personas a participar actívamente en el proceso de investigación.


Las autoridades del estado afirman que la mayoría de los asesinatos están “resueltos”. Aunque, de acuerdo con sus datos, han sido procesadas y declaradas culpables 79 personas, en la gran mayoría de los casos no se ha hecho justicia. Además, la calidad de las investigaciones y las denuncias de tortura a personas detenidas en relación con los homicidios pone en duda la integridad de los procedimientos penales entablados. Mientras tanto, los asesinatos continúan año tras año.


"Los casos de Ciudad Juárez y Chihuahua son sintomáticos de las deficiencias de la administración de justicia en todo el país”, ha afirmado Irene Khan.


Es necesario realizar con urgencia una profunda reforma estructural del sistema de justicia a fin de que su capacidad y sus procedimientos de investigación proporcionen acceso pleno a la justicia a las víctimas y un juicio justo a los acusados. El Diagnóstico Nacional sobre la Situación de los Derechos Humanos en México, realizado en el marco del Acuerdo de Cooperación Técnica entre el Gobierno de México y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, constituye una oportunidad ideal para abordar estos problemas estructurales subyacentes. Este acuerdo se basa en las apreciaciones de la sociedad civil del país y en las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos.


“El Diagnóstico Nacional y el Programa Nacional de Derechos Humanos en que se traducirá requieren el apoyo inequívoco de las autoridades federales en el más alto nivel —ha explicado Irene Khan—. La capacidad para abordar casos como los homicidios de Ciudad Juárez será indicativa de la eficacia de este proceso de reforma."


La secretaria general de Amnistía Internacional ha expresado su satisfacción por la realización de prometedores logros, como el reciente establecimiento, bajo los auspicios de la Secretaría de Gobernación, de una subcomisión interinstitucional que se ocupará específicamente de examinar los casos de Ciudad Juárez; no obstante, ha advertido: “Estas medias positivas han de considerarse a la luz de diez años de promesas vacías y de la continua falta de medidas para hacer participar a las familias de las víctimas en estas iniciativas. Es preciso poner fin ya a estos diez años de delitos intolerables”.


Para concluir, Irene Khan ha dicho: "El presidente Fox y su gobierno se han comprometido a promover la protección de los derechos humanos a todos los niveles, dentro y fuera del país. Estos casos de desaparición y asesinato de mujeres ocurridos en Ciudad Juárez y Chihuahua contienen muchos de los elementos que menoscaban la credibilidad de tal compromiso. La señal más clara de que las autoridades no toleran estos homicidios y secuestros será la aplicación plena de la medidas recomendadas por Amnistía Internacional y otras organizaciones”.


Información general


Fue hace diez años cuando se tuvo noticia de los primeros casos de secuestro y homicidio de mujeres y niñas que presentaban características similares. Se produjeron en Ciudad Juárez. Situada en el desierto, en la frontera con Estados Unidos, esta localidad es ya la más densamente poblada del estado de Chihuahua. Su situación geográfica la ha convertido en terreno abonado para el narcotráfico y otras formas de delincuencia organizada, lo que ha generado mucha violencia e inseguridad pública. El establecimiento de las maquiladoras, cuya rentabilidad se debe en gran medida a la contratación de mano de obra muy barata, ha atraído a gran número de trabajadores migrantes de otras partes de México. Muchos de éstos son mujeres, que viven y trabajan en condiciones precarias, lo que hace que estén aún más expuestas a sufrir violencia basada en el sexo.



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Documento público

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