Documento - HONDURAS: Amenaza de crisis de Derechos Humanos, mientras la represión se intensifica.









Honduras: AMENAZA DE CRISIS DE DERECHOS humanOS, MIENTRAS LA REPRESIÓN SE INTENSIFICA




Amnesty International Publications


Publicado originalmente en agosto de 2009 por Amnesty International Publications

International Secretariat

Peter Benenson House

1 Easton Street

London WC1X 0DW

Reino Unido

www.amnesty.org


© Amnesty International Publications 2008


Índice: AMR 37/004/2009


Idioma original: inglés.


Edición española a cargo de:

EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI)

Valderribas, 13.

28007 Madrid

España


Todos los derechos reservados. Esta publicación tiene derechos de autor, si bien puede ser reproducida por cualquier medio, sin pago de tasas, con fines educativos o para llevar a cabo acciones de protección y promoción de los derechos humanos, pero no para la venta. Los titulares de los derechos de autor solicitan que se les comuniquen los usos mencionados con el fin de evaluar sus efectos. Para la reproducción de este texto en cualquier otra circunstancia, su uso en otras publicaciones o su traducción o adaptación, deberá obtenerse el permiso previo por escrito de la editorial, y podrá exigirse el pago de una tasa.







ÍNDICE



Honduras: AMENAZA DE CRISIS DE DERECHOS HUMANOS, MIENTRAS LA REPRESIÓN SE INTENSIFICA

Nosotros veníamos pacíficamente. De repente, la policía venía, y yo empecé de correr.Me agarraron y me gritaron: “¿Por qué apoyan al gobierno de Zelaya? A huevos o con candela Uds. tienen que estar con este gobierno”. Me golpearon. No me han informado la razón por la cual estoy detenido.

Fernando(nombre ficticio), maestro de 52 años, en una comisaría de Tegucigalpa, Honduras, 30 de julio de 2009

Una delegación de Amnistía Internacional visitó Honduras del 28 de julio al 1 de agosto de 2009 para investigar los informes sobre violaciones de derechos humanos cometidas tras el golpe de Estado, respaldado por el ejército, del 28 de junio. La delegación se reunió con representantes de una amplia diversidad de sectores de la sociedad civil, y visitó a personas detenidas, y a varias personas que recibían tratamiento en hospitales. Cuando así lo han solicitado, la identidad de los entrevistados se ha ocultado, para proteger su seguridad.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

La preocupación por los derechos humanos en Honduras se ha intensificado desde que el presidente, elegido democráticamente, José Manuel Zelaya Rosales fue depuesto el 28 de junio y expulsado del país por un grupo de políticos respaldado por el ejército y encabezado por Roberto Micheletti, ex dirigente del Congreso Nacional. El golpe de Estado respaldado por el ejército ha dejado Honduras extremadamente polarizado, y una sensación de inseguridad invade la vida diaria, entre la imposición repetida y arbitraria de los toques de queda y la represión de las manifestaciones pacíficas.

Las autoridades de factose han negado a permitir que el presidente Zelaya regrese a Honduras, y frustraron su intento de regreso el 5 de julio, al impedir que su avión aterrizara en el aeropuerto de Tegucigalpa.

La Organización de los Estados Americanos, agrupación regional de países, ha suspendido la pertenencia de Honduras a ella a consecuencia del golpe de Estado y de la negativa de quienes ocupan el poder a participar en iniciativas diplomáticas para buscar una solución negociada a la crisis que incluya la reinstauración de Manuel Zelaya en la presidencia. El 1 de julio de 2009, la Asamblea General de la ONU dictó una resolución en la que condenaba el golpe de Estado y pedía la restauración “inmediata e incondicional” del gobierno constitucional y del presidente designado por elección, Manuel Zelaya.

La deposición del presidente Zelaya y su expulsión del país han suscitado también una condena generalizada, y han dado lugar a la retirada de los representantes diplomáticos de los países de la Unión Europea y de casi todos los países latinoamericanos de Honduras.

Amnistía Internacional publica este resumen de conclusiones para destacar los motivos de honda preocupación en materia de derechos humanos que deben abordarse urgentemente. Entre ellos se encuentra el uso cada vez más desproporcionado y excesivo de la fuerza por parte de la policía y el ejército para reprimir las protestas legítimas y pacíficas en todo el país. Las mujeres manifestantes son especialmente vulnerables, y algunas mujeres y niñas que participan en manifestaciones están sufriendo, según los informes, abusos y violencia de género a manos de agentes de policía. Al menos dos manifestantes han muerto por disparos: Isis Obed Murillo, de 19 años, murió el 5 de julio en el aeropuerto de Toncontín, Tegucigalpa, donde los manifestantes aguardaban el regreso del presidente Zelaya. El 1 de agosto, Roger Abraham Vallejo, maestro de 38 años, murió en el hospital a consecuencia de las lesiones sufridas por un disparo en la cabeza, realizado según los informes por la policía al disolver una protesta en Tegucigalpa el 30 de julio de 2009.

Los periodistas y los defensores y defensoras de los derechos humanos que realizan su trabajo fundamental informando sobre los sucesos de Honduras también han sido blanco de ataques. Las crecientes restricciones a la capacidad de estas personas de circular libremente por el país, y la errática imposición de toques de queda, están frustrando la capacidad de la sociedad civil para vigilar las violaciones de derechos humanos cometidas en Honduras, y están limitando el trabajo fundamental y legítimo de estos colectivos.

A medida que las protestas van aumentando y extendiéndose por el país, los métodos violentos para reprimir la disidencia se intensifican, y la ciudadanía de Honduras se ve cada vez más expuesta a violaciones de sus derechos fundamentales.

USO EXCESIVO DE LA FUERZA

Amnistía Internacional siente honda preocupación por las políticas adoptadas por las autoridades de factopara reprimir la creciente oposición y, en especial, por los métodos empleados por la policía en respuesta a las manifestaciones generalizadas que han tenido lugar desde el 28 de junio de 2009. La policía y el ejército han convertido la fuerza excesiva en una práctica habitual, y cientos de manifestantes pacíficos han sido sometidos a detención arbitraria. Por ejemplo, el 30 de julio de 2009, la policía, con el respaldo del ejército, disolvió una marcha pacífica en El Durazno, en la capital, Tegucigalpa. Según testigos presenciales, la policía cargó sin previo aviso contra los miles de manifestantes, sembrando el pánico y el caos mientras la gente intentaba huir. Tras las filas de policías que cargaban contra los manifestantes se desplegó personal militar que, al parecer, gritaba animando a los policías que golpeaban a los manifestantes. Se ha informado de que muchos de los agentes de policía implicados en la acción violenta contra los manifestantes pertenecían a la unidad especial “Cobra”, unidad de élite de la policía hondureña.

Según testigos presenciales, la policía persiguió a los manifestantes, y golpeó a muchos de ellos mientras huían. Casi todas las personas entrevistadas por Amnistía Internacional afirmaron haber sido golpeadas por la policía con porras en la espalda, las nalgas y la parte posterior de las piernas; sus edades oscilaban entre los 19 y los 52 años.

La policía detuvo a cientos de manifestantes y los recluyó en varias comisarías diferentes de la capital. A la mayoría los recluyó en dos comisarías: la Jefatura Metropolitana núm. 3 (conocida normalmente como “Cuarta estación”) y la comisaría de Comayagua. La delegación de Amnistía Internacional pudo acceder a la “Cuarta estación” y entrevistar a muchos de los allí detenidos. Por aquel entonces, en esa comisaría permanecían recluidas al menos 75 personas, entre ellas al menos 10 estudiantes que habían participado en las protestas pacíficas.

A los 10 estudiantes entrevistados, la policía los había golpeado con porras en la espalda, los brazos y la parte posterior de las piernas. Cuando Amnistía Internacional los entrevistó unas dos horas después de ser detenidos, no les habían informado del motivo de su detención, y no se habían presentado cargos contra ellos. Varios estudiantes presentaban heridas visibles en los puntos donde los habían golpeado, al parecer mientras huían o cuando ya estaban bajo custodia policial.

Uno de los estudiantes recluidos en la comisaría dijo a Amnistía Internacional que en la marcha había más de 200 estudiantes, todos los cuales se comportaron pacíficamente en esta ocasión. La policía tiraban piedras, nos acorralaron, nos tiraron al piso bocabajo y nos golpearon – hay gente con fracturas, con heridas a la cabeza, nos golpearon las nalgas. Robaron las cámaras, nos golpearon si levantábamos las cabezas, nos golpearon cuando subimos a los carros de la policía. Dijeron: ‘Lloren y paramos’.”







Dos de los 10 estudiantes que participaron en la marcha pacífica del 30 de julio de 2009. En sus espaldas se aprecian claramente las marcas de las porras de la policía.

Cuatro estudiantes –A (30), D (19), B (21) y C (25)– dijeron a Amnistía Internacional que se estaban manifestando pacíficamente contra el gobierno de facto en nombre de grupos de estudiantes universitarios (UPNFM y UNAH), y recorrían la calle junto con los demás manifestantes cuando, de repente, la policía cargó contra ellos y todos los manifestantes echaron a correr. Los policías los golpearon mientras corrían y, cuando los agarraron, siguieron golpeándolos en el suelo. Los llevaron a un furgón policial. Una estudiante, “A”, tenía un gran corte y una contusión detrás de la oreja izquierda que, según afirmó, se los había causado una piedra que la policía les arrojó cuando los perseguía por la calle. Otros detenidos también presentaban lesiones que coincidían con que les hubieran arrojado objetos o les hubieran golpeado desde detrás.

Mientras varios policías golpeaban a “D”, de 19 años, y a “A”, uno de ellos gritó: Dejen esta mierda, ustedes deberían saber las consecuencias [de manifestarse]”. Cuando “A” suplicó a los policías que se detuvieran y alargó la mano hacia su amiga para ver si se encontraba bien, el policía gritó: “¡Cállense, cállense, hija de puta!”.

“A”: La foto muestra la hinchazón y el corte detrás de la oreja, y una de las contusiones e hinchazones en el brazo y la espalda causadas al alargar el brazo para consolar a su amiga mientras la policía las golpeaba.


Varias de las personas entrevistadas por Amnistía Internacional dijeron que los policías no llevaban identificaciones visibles. Según afirmaban, algunos policías les dijeron: “no nos miren, hijos de puta”. Otros llevaban el rostro tapado con un pañuelo. Algunos detenidos también dijeron a la delegación que se habían dado cuenta de que los agentes sólo utilizaban apodos entre ellos, lo que dificultaba aún más la identificación.

Fernando (nombre ficticio), maestro de 52 años detenido también el 30 de julio, dijo: “nosotros veníamos pacíficamente. De repente, la policía venía, y yo empecé de correr.Me agarraron y me gritaron: ‘¿Por qué apoyan al gobierno de Zelaya? A huevos o con candela Uds. tienen que estar con este gobierno’. Me golpearon. No me han informado la razón por la cual estoy detenido”.

Foto: Las contusiones de “Fernando” muestran claramente dónde le golpearon las porras de los policías.




El 1 de agosto de 2009, dos días después de la manifestación de El Durazno, Roger Abraham Vallejo, maestro de 38 años de edad, moría en el hospital a consecuencia de las lesiones causadas por un disparo en la cabeza, realizado según los informes por la policía al disolver la protesta. No se ha confirmado si la bala era de goma o munición real. Un testigo presencial dijo a Amnistía Internacional: “Lo vi [a Roberto Abraham Vallejo] en el suelo, con una herida en la sien izquierda. No sé. Habían cuatro casquillos, no sé mucho sobre las armas pero a mí me parecían como balas de un arma corta. Lo llevé al centro médico, todavía tenía las señales vitales pero los ojos estaban abiertos y estaba inconsciente, en un coma”. Este testigo describió el incidente de la siguiente manera: “Una patrulla avanzaba hacia los manifestantes, y cuando se giraba rápido, un policía que estaba sentado encima se cayó. Creo que los policías que estaban al lado de la carretera, mirando desde detrás de unos árboles, pensaban que los manifestantes le habían hecho algo para que se cayera, y empezaron a tirar desde el lado izquierda de la carretera”.

Todas las personas recluidas en la “Cuarta estación” quedaron en libertad sin cargos unas horas después de su detención.

VIOLENCIA DE GÉNERO DURANTE LA MANIFESTACIÓN

Algunas de las mujeres detenidas, y también algunos testigos, aseguraron que a las mujeres, mientras yacían en el suelo tras ser detenidas, los policías las tocaron de forma sexual con las porras. Todas las entrevistadas dijeron que las habían golpeado en las nalgas y en la parte posterior de las piernas.

Una mujer dijo a Amnistía Internacional que, cuando la detuvieron, un policía le preguntó: “¿por qué no estás pisando [manteniendo relaciones sexuales] con tu marido?”.

L, una mujer de 34 años a quien la policía golpeó, pero no detuvo, en la misma manifestación, dijo a Amnistía Internacional que ella siempre había creído que “la policía es para protegernos, no para dañarnos”, y que se había quedado conmocionada y traumatizada por la violencia que ella y su madre, de 59 años, habían sufrido a manos de agentes de policía durante la dispersión de las protestas. L y su madre fueron golpeadas repetidamente con porras por policías en la espalda, los muslos y las nalgas. L dijo también a Amnistía Internacional que un policía le metió la porra por la blusa. El policía le dijo: “si en esto andas [manifestándose], pues esto es lo que vas a merecer”. L contó cómo su madre trató de cubrirse con un trozo de tela, y el policía le gritó: “Este pañuelo no te va a salvar”.

Juanita”, entrevistada en el Hospital Seguridad Social el 30 de julio de 2009, es profesora en la universidad, y asistía a la manifestación pacífica como miembro del grupo de la Universidad Pedagógica. Tenía un tobillo fracturado que requería cirugía. Sufrió la lesión cuando huía de unos agentes de policía que la empujaron tan fuerte que cayó a cuatro o cinco metros de distancia. Dijo a la delegación que la policía le había estado arrojando piedras y gritándole: “váyanse a la mierda, bestias, déjennos trabajar”. Según su relato, había policías tanto por delante como por detrás, y la gente corría asustada de un lado a otro, sin salida.

Unos transeúntes la encontraron herida y la llevaron a una iglesia para esperar a la ambulancia, que tardó horas en llegar. Mientras tanto, el gas lacrimógeno se filtraba en el edificio, lo que aumentaba su angustia y su incomodidad.


Foto: La pierna de “Juanita” escayolada, mientras aguardaba tratamiento adicional para sus lesiones.


EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS NORMAS SOBRE LA REUNIÓN PACÍFICA, LA LABOR POLICIAL Y EL USO DE LA FUERZA

Sobre la base de los convincentes testimonios recogidos durante su visita a Honduras, Amnistía Internacional considera que las fuerzas de seguridad han llevado a cabo operaciones de cumplimiento de la ley contra manifestantes pacíficos en las que el uso de fuerza desproporcionada y excesiva ha sido sistemático y generalizado. El uso de fuerza excesiva y detenciones masivas como política para manejar manifestaciones y protestas pacíficas viola normas internacionales de derechos humanos en las que Honduras es parte.

El artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), en el que Honduras es parte, establece el “derecho de reunión pacífica”, mientras que el artículo 7 consagra el derecho a no ser sometido a tortura o trato o pena cruel, inhumano o degradante.

El Código de Conducta de la ONU para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley establece en su artículo 2 que “[e]n el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas”. Además, el artículo 3 establece que “[l]os funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas”. El Código subraya que sólo debe emplearse la fuerza en las circunstancias más extremas y, cuando se utilice, debe ser proporcional a la situación: por ejemplo, la fuerza que sea estrictamente necesaria para impedir que se cometa un delito o para detener a una persona. Más allá de este conjunto, sumamente limitado, de circunstancias, no debe emplearse ningún tipo de fuerza. El uso de armas de fuego debe limitarse exclusivamente a las circunstancias más extremas.

El artículo 9.1 del PIDCP establece que “[t]odo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta”. Además, el artículo 9.2 establece que “Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella”.

En las siete semanas transcurridas desde el golpe de Estado respaldado por el ejército en Honduras, varios cientos de personas que protestaban contra el gobierno de factohan sido sometidas a detención y reclusión arbitrarias.

También se han producido denuncias generalizadas según las cuales la policía no está manteniendo un registro adecuado de las personas detenidas. Esto suscita honda preocupación, ya que las personas bajo custodia son vulnerables a otras violaciones graves de derechos humanos tales como la tortura, los malos tratos y la desaparición forzada.

Los mandos policiales deben establecer de inmediato procedimientos para impedir nuevas violaciones de derechos humanos. La Fiscalía General tiene la obligación de investigar activamente todos los informes de abusos, malos tratos y tortura, y debe garantizar que los responsables son procesados. Según Sandra Ponce, fiscal especial de Derechos Humanos, las denuncias que se han presentado contra la policía y el ejército por violaciones de derechos humanos se están investigando. Sin embargo, Amnistía Internacional no tiene conocimiento de que las denuncias hayan prosperado. Amnistía Internacional insta a la oficina de la fiscal especial de Derechos Humanos a que esas denuncias se investiguen de forma rigurosa e imparcial, y pide a las autoridades policiales y militares que cooperen plenamente con las investigaciones.

usO DE PERSONAL militar EN ACTIVIDADES CIVILES DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY

Varios de los detenidos relataron cómo los militares, desplegados tras la policía que cargó contra la multitud, gritaban: “¡dalen, dalen!”, animando a los policías que golpeaban a los manifestantes. También se han recibido informes de personal militar que arrojaba piedras a los manifestantes que huían.

Desde el golpe de Estado, se han establecido controles, al cargo de militares y policías, en las principales carreteras de Honduras. A los activistas de derechos humanos y a los periodistas que intentan observar lo que está sucediendo les obstaculizan y, a menudo, les impiden cruzar esos controles. La autorización para cruzarlos depende del criterio del ejército, y ocasionalmente de la policía, y se aplica arbitrariamente.

Varias organizaciones no gubernamentales habían viajado a El Paraíso, en el sur del país, a finales de julio, cuando los manifestantes convergían cerca del punto de la frontera hondureña con Nicaragua por el que el presidente Zelaya trataba de regresar a Honduras. Estas organizaciones dijeron a Amnistía Internacional que habían recogido testimonios de personas detenidas y puestas bajo custodia de militares. Las detenciones solían ser breves, y la mayoría de los detenidos quedaban en libertad sin cargos.

El uso de personal militar junto con la policía para controlar manifestaciones y desempeñar funciones de policía civil suscita preocupación. El Código de Conducta de la ONU para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley establece que la policía rinde cuentas y responde ante las comunidades a las que sirve, y es representativa de esas comunidades. Para ello, debe existir una separación clara de poderes entre el ejército y la policía. En general, no debe utilizarse al ejército para desempeñar funciones de policía civil. Para contar con un cuerpo de policía que rinda cuentas de sus actos, debe existir una cadena de mando clara y un registro comprobable de las decisiones tomadas durante la gestión de una operación policial. Sin esa rendición de cuentas, el peligro de que se cometan violaciones graves de derechos humanos –tales como tortura, malos tratos y desaparición forzada– se intensifica.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN, ASOCIACIÓN Y CIRCULACIÓN

Todas las personas tienen derecho a la libertad de opinión, expresión, reunión y asociación. Estos derechos están consagrados en varios tratados de derechos humanos en los que Honduras es parte y que está obligado a respetar. Desde la deposición del presidente Zelaya, Honduras vive en una atmósfera de tensión y polarización, y la libertad de expresión se ve limitada y atacada constantemente mientras los periodistas tratan de informar a la opinión pública hondureña sobre lo que está sucediendo. La policía y el ejército niegan el derecho a la libertad de expresión e información, mediante el cierre de medios de comunicación, la confiscación de equipo y materiales, y agresiones físicas contra periodistas y operadores de cámara que informan de los sucesos.

Roberto Barra, periodista gráfico chileno independiente, contó a Amnistía Internacional que, el jueves 30 de julio, estaba informando sobre una manifestación pacífica en la que estaba tomando fotos de las personas a las que la policía había golpeado. Oyó a alguien que gritaba: “¡Quítales las cámaras!”, y unos 20 policías lo rodearon, exigiéndole que les entregara la cámara. Como él se negó, los agentes lo golpearon y forcejearon con él para quitarle sus dos cámaras. Según el testimonio de Roberto: “A mí no sólo me quitaron mis cámaras. Me golpearon gritando: ‘Ustedes son los responsables por esta situación, por dar una mala imagen afuera, hijo de puta; ustedes [periodistas] son comunistas como todos los demás’”.

El 13 de agosto, aún no le habían devuelto las cámaras confiscadas.

Fotos de Roberto Barra. En la primera se aprecia la abrasión que sufrió en el cuello al arrebatarle por la fuerza sus cámaras. En la segunda se ven las contusiones y los cortes que le causaron en la cabeza los golpes de la policía.

La delegación de Amnistía Internacional escuchó numerosos informes según los cuales, desde el golpe de Estado, se han interrumpido, o incluso bloqueado completamente, durante periodos de tiempo varios programas de radio de especial interés, como el programa para jóvenes “La Bullaranga” y el programa “Tiempo de hablar”, ambos producidos por organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos de las mujeres. Lo mismo ha sucedido con el programa “Voces contra el olvido”, producido por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH). El ejército y el gobierno de facto han cerrado medios de comunicación como Radio Globo, Canal 36, Maya TV y Radio Progreso o han interrumpido sus emisiones, especialmente durante los días inmediatamente posteriores al golpe de Estado del 28 de junio.

Jorge Otts Anderson es el propietario de una pequeña emisora de televisión, “La Cumbre”, en Colón, en el interior del país. Desde dos días después del golpe de Estado, ha sufrido el acoso de militares y policías.

Vinieron a capturarme pero yo salía corriendo. Después cortaron la luz hasta el día de hoy [31 de julio]. Cada día llegan policías al canal de TV.” Varias personas le advirtieron “que no venga porque allí están, en un carro afuera de la estación de televisión. Desde el 30 de junio he tenido solamente 7 días de trabajo. No tengo ningún ingreso, me fue la publicidad porque escucharon lo que había pasado. No tengo energía [electricidad]. A dos otros medios les ha pasado lo mismo, pero ellos tienen luz”.

Amnistía Internacional siente honda preocupación por las amenazas y agresiones perpetradas por policías y militares contra trabajadores de los medios de comunicación que desempeñan de forma legítima su importante labor de informar de lo que está sucediendo en Honduras. Los periodistas, los fotógrafos y el personal técnico que informa de los sucesos no deben ser objeto de agresiones violentas o intimidación, y deben poder llevar a cabo sus actividades legítimas sin temor por su seguridad ni miedo a las represalias. La policía y las fuerzas armadas deben detener de inmediato cualquier acto de este tipo, y deben rendir cuentas de los abusos que ya se han cometido.

TOQUES DE QUEDA

Los toques de queda introducidos por el gobierno de facto se están aplicando de forma arbitraria y están teniendo un efecto negativo sobre los derechos humanos. Su condición jurídica es cuestionable, ya que no se publicó de inmediato la notificación en La Gaceta, conforme establece la legislación nacional. Tampoco se envió el toque de queda al Congreso, para su aprobación. En su lugar, las horas de toque de queda se anuncian cada día en las emisoras de radio y televisión a las 14:00, las 18:00 y las 21:00 horas. Las horas de toque de queda varían de una región a otra y de un día a otro. En algunas regiones, como El Paraíso y otras zonas cercanas a la frontera con Nicaragua, en el sur del país, ha habido vigente un toque de queda de 24 horas al día.

La falta de información y los cambios de última hora respecto a las horas de toque de queda han provocado que se detenga a personas por violar un toque de queda que no sabían que existía. En una ocasión, el cambio en la hora del toque de queda se anunció a las seis y diez de la tarde, tan sólo 20 minutos antes del momento en el que entraría en vigor. Esto obligó a la gente a refugiarse donde podía si no le daba tiempo a llegar a su casa. La persistente obligación de cumplir el toque de queda tiene graves repercusiones para otros derechos humanos, como el acceso a tratamiento médico o la educación, y ha provocado a las personas pérdida de ingresos, en especial en las zonas donde se han impuesto los toques de queda más largos.

DEFENSORES Y DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS

Desde el golpe de Estado del 28 de junio, la capacidad de los defensores y defensoras de los derechos humanos de llevar a cabo su trabajo se ha visto seriamente limitada. Ha habido un aumento de la vigilancia a este colectivo, y varios miembros de distintas organizaciones de derechos humanos dijeron a Amnistía Internacional que los habían seguido o que habían recibido llamadas y mensajes de texto amenazadores en sus teléfonos móviles personales.

El Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura (CPTRT) dijo a Amnistía Internacional que, aproximadamente un mes antes (el 30 de junio), uno de sus representantes recibió una llamada anónima realizada desde un teléfono móvil. En ella le dijeron: “dejen de estar apoyando a delincuentes como Zelaya, y que den el mensaje al Dr. Almendares”. El Dr. Almendares es el director ejecutivo del CPTRT.

La directora de otra organización que trabaja específicamente sobre los derechos de las mujeres dijo a Amnistía Internacional que sus oficinas habían estado sometidas a vigilancia desde el primer día del golpe de Estado. Según su testimonio, la vigilancia la llevaban a cabo individuos en vehículos (algunos sin placas de matrícula) aparcados ante las oficinas, o individuos a pie. Esos individuos unas veces iban vestidos de civil y otras veces iban uniformados. La vigilancia era casi diaria, y ocurría más a menudo antes y después de las manifestaciones, a la hora a la que la organización celebra normalmente sus reuniones, o al final de la jornada laboral, cuando la gente sale de la oficina.

El 12 de agosto, Alex Matamoros, defensor de los derechos humanos que trabaja para el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), estuvo varias horas detenido por la policía.

“Habíamos estado atendiendo muchas denuncias de violaciones de derechos humanos. Esa vez sabíamos de dos personas a quienes les habían disparado la policía – fuimos a atenderlos y a ver si los habían llevado al hospital o qué […] mientras otro colega fue al hospital, me quedé donde había el disturbio [la quema de un autobús y un restaurante de comida rápida]. La gente impedía el paso de los bomberos porque querían que siguiera quemándose. Llego la policía antimotines, y empezó una persecución. Decidí quedarme para ver el accionar de la policía, en mi capacidad de defensor de derechos humanos.”

Alex Matamoros siguió diciendo: “Vi que entre otros seguían a tres jóvenes, que huyeron de ellos. Los jóvenes entraron en una empresa de carros de segunda mano, y la policía los atrapó. Los ataron las manos detrás de la espalda, y los golpeaban. Yo estaba a una distancia de unos 15-20 metros, y les dije que no tenían que golpearlos, que ya tenían las manos atadas y lo que estaban haciendo fue desproporcional. Al ver eso me atraparon a mí también. Cuando me identifiqué como defensor de los derechos humanos me ignoraron. Presenté mi carnet y me respondió el policía: ‘guarda esta mierda, aquí no hay derechos humanos’. Me pidió que sacara el cordón de mi zapato y me ataron a mí como a los jóvenes, con las manos atrás de la espalda. La única diferencia fue que no me tiraron al suelo como hicieron a los jóvenes. En todo este proceso me decían palabras sucias, ofensivas: ‘mierda, basura, hijo de puta’, ‘a ver si Mel [el presidente Manuel Zelaya] los va a salvar’, [...] y ‘si quieren pelearse con nosotros, ¡ármense!’”.

A Alex Matamoros lo llevaron a la comisaría junto con los tres jóvenes. Luego los trasladaron a otra comisaría. No le informaron de los motivos de su detención ni de los cargos en su contra hasta que le presentaron una declaración ya preparada que él se negó a firmar. Según dijo a Amnistía Internacional: “Vimos allí cargos como ‘daños a la propiedad privada’, ‘desorden’…”. Finalmente, hacia las tres y media de la madrugada, desesperado por quedar en libertad, firmó un documento. “No hubiera tenido que firmarlo, pero quería salir […] El documento dijo ‘por ahora libres’ hasta que concluyera la investigación, y mencionó cargos como ‘supuestos actos’ de destrucción de la propiedad privada, desorden y terrorismo.” Alex Matamoros observó que las hojas de cargos para todos los detenidos eran idénticas, pese a que las circunstancias de las detenciones eran diferentes. “Nos dejaron salir hacia las cuatro de la mañana, pero por causa del toque de queda no podríamos partir hasta las cinco de la mañana.”

Amnistía Internacional siente honda preocupación por el acoso contra los defensores y defensoras de los derechos humanos y por las amenazas y agresiones físicas de que han sido objeto al desempeñar su labor fundamental de vigilancia y promoción de los derechos humanos. Las personas que defienden los derechos humanos deben poder llevar a cabo su trabajo legítimo sin acoso, temor ni intimidación. Deben poder acceder a las zonas rurales del país sin restricciones. Las acciones del ejército y la policía que frustran su capacidad de actuar ponen en peligro los derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanas de Honduras afectados por la crisis política.

conclusionEs Y recomendaCionEs

Mientras las protestas se intensifican y se extienden por todo el país, la ciudadanía de Honduras está cada vez más expuesta a violaciones de sus derechos fundamentales.

Amnistía Internacional siente preocupación por que quienes desean participar en protestas pacíficas contra el gobierno de facto corren peligro de sufrir agresiones físicas o detenciones arbitrarias. La organización siente asimismo preocupación por que las mujeres manifestantes son especialmente vulnerables, y algunas mujeres y niñas que participan en manifestaciones están sufriendo, según los informes, abusos y violencia de género a manos de agentes de policía.

Amnistía Internacional observa además con inquietud las amenazas y agresiones físicas de policías y militares contra trabajadores de los medios de comunicación que desempeñan de forma legítima su importante labor de informar sobre lo que sucede en Honduras. La intimidación contra los defensores y defensoras de los derechos humanos, las crecientes restricciones a su capacidad de circular libremente por el país, y la errática imposición de toques de queda, están frustrando la capacidad de la sociedad civil para vigilar las violaciones de derechos humanos cometidas en Honduras, y están limitando el trabajo fundamental y legítimo de quienes defienden los derechos humanos.

Los mandos policiales y militares deben establecer de inmediato procedimientos para prevenir la violencia, los abusos y el uso de fuerza excesiva. La Fiscalía General tiene la obligación de investigar activamente todos los informes de abusos, malos tratos y tortura, y debe garantizar que los responsables son procesados. Amnistía Internacional insta a la oficina de la fiscal especial de Derechos Humanos a que las denuncias de este tipo se investiguen de forma rigurosa e imparcial, y pide a las autoridades policiales y militares que cooperen plenamente con las investigaciones.

Amnistía Internacional insta enérgicamente a la comunidad internacional a intensificar sus esfuerzos por encontrar una solución a la crisis política, con el fin de evitar que la escalada desemboque en una emergencia de derechos humanos en Honduras.



Cómo puedes ayudar

AMNISTÍA INTERNACIONAL EN EL MUNDO