Documento - Haiti: Don't turn your back on girls: Sexual violence against girls in Haiti

NO LES DEMOS LA ESPALDA

Violencia contra las niñas en Haití

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NO LES DEMOS LA ESPALDA

VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LAS NIÑAS EN HAITÍ


ÍNDICE

NOTA SOBRE TERMINOLOGÍA

LISTA DE TÉRMINOS

METODOLOGÍA


ÍNDICE 1

NOTA SOBRE TERMINOLOGÍA 1

LISTA DE TÉRMINOS 1

METODOLOGÍA 1

1/IntroducCiÓn 4

2/EL LEGADO DE LA VIOLACIÓN COMO ARMA POLÍTICA 6

3/DISCRIMINACIÓN, POBREZA Y DESIGUALDAD 8

4/UNA VERGÜENZA OCULTA 11

5/NIÑAS EN PELIGRO 14

6/VIOLENCIA SEXUAL EN LA COMUNIDAD Y LA FAMILIA 16

7/LAS RESPONSABILIDADES DEL ESTADO 20

8/INICIATIVAS NACIONALES 22

9/ConclusiÓn 26

10/RecomendaCionEs 27

NO LES DEMOS LA ESPALDA 28

NOTA SOBRE TERMINOLOGÍA

Este informe se centra en las experiencias de las niñas. Aunque se trata de experiencias que reflejan el patrón de violencia general contra las mujeres por motivos de género, el derecho internacional reconoce las especiales necesidades de protección de las personas menores de 18 años. Así, es dentro de este marco donde este informe trata de destacar las violaciones de los derechos humanos de las niñas.

A lo largo del informe se utiliza el término “niña” para referirse a las niñas y muchachas menores de 18 años. Esta terminología es conforme con el artículo 1 de la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, que establece: “se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad”.

Muchos estudios nacionales e internacionales que se centran en la violencia sexual abarcan tanto a mujeres como a niñas, y con frecuencia se aplican a ambos grupos de edad análisis similares sobre violencia de género. Por ello, a lo largo de este informe se hace referencia a mujeres y niñas cuando esta globalidad refleja la naturaleza de las investigaciones disponibles, los rasgos comunes de la experiencia o, en algunos casos, la ausencia de investigaciones centradas específicamente en niñas menores de 18 años.

Amnistía Internacional basa su trabajo sobre la violencia contra mujeres y niñas en la definición contenida en la Declaración de la ONU sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, cuyo artículo 2 establece:

Se entenderá que la violencia contra la mujer abarca los siguientes actos, aunque sin limitarse a ellos:

a) La violencia física, sexual y sicológica que se produzca en la familia, incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia relacionada con la explotación;

b) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada;

c) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra.

METODOLOGÍA

Este informe se basa en las investigaciones llevadas a cabo por Amnistía Internacional en 2007 y 2008, e incluye entrevistas con víctimas y supervivientes de violencia sexual. Las entrevistas se realizaron durante las visitas a Haití llevadas a cabo por los investigadores de Amnistía Internacional en septiembre de 2007 y marzo de 2008. Los nombres de las niñas se han cambiado para proteger su privacidad y para no poner en peligro su seguridad. De igual modo, se ha optado por no incluir imágenes de víctimas de violencia sexual.

A la hora de llevar a cabo su investigación, Amnistía Internacional recibió un apoyo y una ayuda inestimables de las organizaciones de mujeres y de derechos humanos de Haití. Las delegaciones de Amnistía Internacional se reunieron también con representantes del Ministerio de Asuntos y Derechos de la Mujer, el Ministerio de Asuntos Sociales y el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Además, las delegaciones se reunieron con agentes de policía, abogados que respaldan a las víctimas en su lucha por la justicia, directores de escuela, docentes, representantes de sindicatos de docentes y profesionales de la salud.



1/IntroducCiÓn

Blanche, de 16 años, salió de la casa de su abuela en Carrefour Feuilles al anochecer. Fue a una plaza cercana a hacer sus deberes. Como muchos otros escolares que viven en zonas de Puerto Príncipe donde no hay suministro eléctrico, iba a hacer sus deberes a la luz de una de las pocas farolas de alumbrado público de su barrio que aún lucía. Mientras estaba allí estudiando, un hombre se le acercó. Ella le pidió que se marchara, y él lo hizo, pero regresó poco después con otros hombres que apuntaron a Blanche con sus armas mientras el primero le desgarraba la ropa y la violaba. Finalmente, algunas personas del barrio ayudaron a Blanche a volver a su casa. Su abuela la llevó a una clínica, pero la disuadió de denunciar la agresión a la policía. Creía que no podía hacerse nada porque Blanche no conocía los nombres de sus atacantes. Ni el hombre que violó a Blanche ni los que le ayudaron han sido castigados por sus delitos.

La violencia, y en especial la violencia sexual, contra mujeres y niñas en Haití es omnipresente y generalizada. Aunque sigue habiendo poca información fiable sobre los niveles reales, los datos disponibles muestran claramente que Haití refleja la tendencia mundial de que el hogar y la comunidad son los lugares donde más riesgo corren las mujeres y niñas de ser víctimas de esta violencia.

La violencia contra mujeres y niñas afecta a todos los sectores de la sociedad. Sin embargo, hay ciertos factores que aumentan el riesgo. Los datos sugieren que la juventud es un importante factor de riesgo en Haití. Las organizaciones que prestan apoyo a las supervivientes de violencia sexual han revelado unos índices aterradores de violencia sexual contra las niñas. Los estudios realizados durante los últimos cuatro años sugieren que más de la mitad de las violaciones denunciadas son de niñas.1

Otra tendencia que ha emergido es la prevalencia de la violación a manos de grupos de hombres armados. Las organizaciones de mujeres y otras ONG que prestan asistencia y apoyo a las víctimas han señalado un aumento en el número de informes de violaciones de este tipo. Este aumento fue especialmente acusado durante la rebelión armada que derrocó al presidente Jean-Bertrand Aristide en febrero de 2004 y después de ella (véase infra, “El legado de la violación como arma política”), y desde entonces los niveles se han mantenido altos. Resulta especialmente preocupante el número de casos de violencia sexual denunciados cada año en vísperas del carnaval o durante su transcurso. En febrero de 2007 se informó en Puerto Príncipe, en tan sólo tres días, de 50 casos de violación de mujeres y niñas.2

Las consecuencias que la violencia sexual tiene para la salud de las niñas son profundas y duraderas. Además de las lesiones físicas inmediatas, las supervivientes pueden tener que enfrentarse a embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual (incluido el VIH) y problemas de salud mental, como trastorno de estrés postraumático, ansiedad y depresión. Cualquiera de estas cosas puede tener consecuencias especialmente graves para las niñas. Por ejemplo, el embarazo no deseado puede tener en las niñas un impacto superior al que tiene en las mujeres, ya que las niñas corren mayor peligro de mortalidad derivada de la maternidad y mortalidad perinatal. En el contexto específico de Haití, el embarazo puede dar lugar también a que la educación de las niñas se vea alterada, o a que las niñas abandonen permanentemente la escuela. Esto a su vez puede servir para afianzar aún más la discriminación de género y la pobreza entre mujeres y niñas.

En los últimos años, las autoridades han tomado medidas que indican un cierto reconocimiento de que la violencia contra las mujeres y niñas es un problema que debe abordarse. Por ejemplo, el Ministerio de Asuntos y Derechos de la Mujer se estableció en 1994 y ha emprendido iniciativas importantes para sensibilizar respecto a la violencia de género. En 2005 se adoptó un Plan Nacional de Lucha contra la Violencia Ejercida sobre las Mujeres 2006-2011. Si este plan se pone en práctica, podría traer consigo mejoras considerables en la prevención y el castigo de la violencia contra mujeres y niñas.

Sin embargo, pese a estas iniciativas, el gobierno haitiano está muy lejos de cumplir con su obligación de proteger a las niñas. El sistema de justicia es débil y, en gran medida, ineficaz. La Brigada de Protección de Menores de la policía tiene una lamentable escasez de personal. En marzo de 2008 contaba con tan sólo 12 agentes para todo el país, y no tenía ningún vehículo a su disposición. Por lo tanto, no es de extrañar que la mayoría de los que violan y atacan a niñas no sean llevados ante la justicia y puedan seguir cometiendo sus crímenes impunemente. Para muchas niñas, sobrevivir a la violencia sexual significa guardar silencio.

En 2005, un decreto presidencial clasificó la violación como un delito penal, no moral, y aumentó la pena máxima para los condenados por ella a 15 años de trabajos forzados, o cadena perpetua en caso de que la víctima sea menor de 16 años. Desde entonces se han celebrado varios juicios por violación, a los que se ha dado gran publicidad. Sin embargo, el índice de procesamientos por delitos sexuales sigue siendo extremadamente bajo. El hecho de que no se haga rendir cuentas a los responsables transmite un enérgico mensaje a las supervivientes y ayuda a explicar por qué tantas niñas piensan que no tiene sentido denunciar los delitos de violencia sexual.

La situación de la seguridad pública en Haití en la última década ha sido objeto de una honda preocupación internacional. El país sigue luchando con las secuelas de la rebelión armada de 2004. Además, ha hecho frente a serios desafíos planteados por oleadas de violencia de bandas de delincuentes y por varios desastres humanitarios devastadores, el último de los cuales ha dejado sin hogar a más de 150.000 personas.3Está claro que, en este contexto, la comunidad debe seguir teniendo como alta prioridad respaldar los esfuerzos para fortalecer el desarrollo, la buena gobernanza y el Estado de derecho en Haití.

Sin embargo, si, por la amenaza o las consecuencias de la violencia, un gran sector de la población no puede participar plenamente en su comunidad, no podrá haber seguridad. Este informe afirma que la violencia sexual contra las niñas, en especial la violación, es un fenómeno muy extendido en Haití y no puede seguir ignorándose. Amnistía Internacional considera que todos los seres humanos tienen derecho a gozar plenamente de sus derechos humanos. El género o la edad de una persona no altera su derecho a que sus derechos humanos se respeten, se protejan y se hagan realidad. Este informe concluye con una serie de recomendaciones a las autoridades haitianas y a la comunidad internacional para que garanticen que la protección establecida en el derecho internacional se hace realidad para todas las niñas haitianas.



2/EL LEGADO DE LA VIOLACIÓN COMO ARMA POLÍTICA

La mayoría de las violaciones ocurrían en el hogar de la víctima, bajo la mirada aterrada de la familia reunida. En algunos casos, un miembro de la familia, bajo amenaza de muerte, se veía obligado a violar a otro delante de la familia entera.4
Comisión Nacional de la Verdad y la Justicia, 1999

Muchos estudios, por ejemplo sobre países como Bosnia y Ruanda, han señalado la conexión entre crisis o inestabilidad política y la recurrencia de la violencia sexual.5Haití no es una excepción.

En 1991, el presidente Jean-Bertrand Aristide fue derrocado por un golpe de Estado militar. En los tres años de gobierno militar que siguieron, la violencia sexual contra mujeres y niñas, y en especial la violación, formaron parte de las tácticas represivas empleadas por las fuerzas militares y paramilitares del Estado. Según el informe elaborado en 1996 por la Comisión Nacional de la Verdad y la Justicia, la violación se convirtió en un arma política utilizada sistemáticamente para infundir temor y castigar a los sectores de la sociedad que se creía que respaldaban al gobierno democrático.

Durante su visita a Haití en 1999, Radhika Coomaraswamy, relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, concluyó que “tras el golpe de Estado militar, las mujeres haitianas siguen padeciendo lo que algunos interlocutores han denominado ‘violencia estructural’, que se concentra en los sectores más vulnerables y pobres”.6La relatora también informó de que, entre noviembre de 1994 y junio de 1999, Ministerio de Asuntos y Derechos de la Mujer registró 1.500 casos de niñas de entre 6 y 15 años que habían sido víctimas de abuso sexual y agresión.7

Aunque los informes generalizados de violaciones de mujeres a manos de grupos de hombres armados comenzaron durante el régimen militar (1991-1994), ahora estas violaciones se han convertido en práctica habitual de las bandas de delincuentes.

Durante la rebelión armada que derrocó al presidente Jean-Bertrand Aristide por segunda vez en febrero de 2004, y después de ella, la violación fue utilizada como arma por numerosas bandas en todo el país para aterrorizar a la población. Unas investigaciones sobre los abusos contra los derechos humanos cometidos entre febrero de 2004 y diciembre de 2005, publicadas en la revista médica The Lancet, calculaban que 19.000 de cada 100.000 niñas fueron violadas en Puerto Príncipe y su periferia durante ese periodo.8El estado de anarquía imperante y la ausencia de seguridad pública que acompañó al gobierno de transición haitiano entre marzo de 2004 y mayo de 2006 fueron factores que contribuyeron a esa elevada incidencia de los abusos sexuales.

3/DISCRIMINACIÓN, POBREZA Y DESIGUALDAD

El arraigo de la violencia sexual, exacerbada por la falta de acceso a la información, la prevención, el tratamiento y la atención sanitaria, atenta contra el derecho fundamental de la mujer a la vida, al más alto nivel posible de salud física y mental, a la igualdad de acceso a la educación, al trabajo, a la intimidad de la vida privada y a la no discriminación, entre otros derechos humanos.
Relatora especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias
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El contexto en el que las niñas de Haití sufren violencia sexual es el de una discriminación de género y una desigualdad omnipresentes. A menudo, la discriminación de género a la que se enfrentan las niñas se combina con otras formas de discriminación, como por ejemplo la discriminación por edad o por clase social, que conducen a una marginación y una victimización aún mayores. La distribución de los ingresos y las condiciones de vida, el acceso a la educación y el acceso a la atención médica son algunos de los ámbitos clave, en los que existen datos cualitativos y cuantitativos que muestran la interacción entre discriminación y pobreza.

Haití se caracteriza por sus elevados índices de pobreza y desigualdad social, y la brecha entre ricos y pobres se ha agrandado desde 2002.10La distribución de los ingresos es más desigual que en Latinoamérica, que ya es de por sí la región más desigual del mundo, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Una escalofriante estadística que muestra el alcance de esta división social es que el 10 por ciento más rico de los hogares haitianos controla el 68 por ciento de los ingresos totales de los hogares. La pobreza no sólo es generalizada, sino también extrema. En 2003, el 76 por ciento de la población vivía por debajo del umbral de pobreza (menos de dos dólares estadounidenses al día), mientras que más de 4,4 millones de personas (el 55 por ciento de la población) vivían en la pobreza extrema (menos de un dólar estadounidense al día).11

La discriminación de género y la desigualdad social combinadas dan lugar a que la pobreza afecte de manera desproporcionada a las mujeres. Casi la mitad de los hogares haitianos (el 46 por ciento) tienen como cabeza a una mujer. Según el último estudio sobre condiciones de vida en Haití, realizado en 2001, la incidencia de la pobreza extrema en zonas urbanas es significativamente mayor en los hogares cuya cabeza es una mujer. Por ejemplo, en algunas zonas urbanas la pobreza extrema afecta a casi dos de cada tres hogares encabezados por una mujer (el 64 por ciento).12

Respecto a la salud materna, sólo uno de cada cuatro partos (el 26 por ciento) está asistido por personal médico cualificado. Aunque no existen datos aparte que indiquen la mortalidad derivada de la maternidad de menores de 18 años, las estadísticas disponibles para las mujeres en general muestran claramente que un gran número de niñas y mujeres haitianas mueren por falta de asistencia médica adecuada. Las complicaciones relacionadas con el embarazo son responsables de casi una cuarta parte (el 24 por ciento) de todas las muertes de niñas de entre 15 y 19 años.13El índice de mortalidad derivada de la maternidad aumentó de 523 a 630 muertes por cada 100.000 nacimientos con vida entre los periodos de 1993-2000 y 1999-2006. Este índice está muy por encima de la media mundial del año 2000, de 386 muertes por cada 100.000 nacimientos con vida. En general, las complicaciones de salud relacionadas con el nacimiento son la causa de una de cada cinco muertes de niñas y mujeres de entre 15 y 49 años.

Un informe publicado en 2008 por Médicos Sin Fronteras (MSF) destacó la discriminación a la que se enfrentan las mujeres y niñas de barrios deprimidos que buscan atención médica en instituciones públicas: “las mujeres que viven en los barrios marginales se ven a menudo discriminadas a causa de su origen, su condición social o su aspecto. Esto acentúa la exclusión a la que se someten ellas mismas y disuade a las mujeres embarazadas de buscar atención médica”.14

Las mujeres y niñas sin recursos económicos tienen pocas opciones a la hora de hacer frente a embarazos no deseados. MSF también informó del riesgo que corren las mujeres y niñas a causa del estigma asociado a los embarazos no deseados y de los abortos autoinducidos o clandestinos: “la vida de las mujeres que realizan un aborto en su casa y, a causa de él, desarrollan una infección peligra cuando no pueden obtener ayuda médica. En Jude Anne [el hospital de obstetricia de MSF en Puerto Príncipe] obtienen la atención médica que necesitan, pero a menudo sienten vergüenza de haberse practicado un aborto y no se atreven a venir al hospital”.15

En virtud del Código Penal haitiano, cualquier persona que practique un aborto puede ser encarcelada, al igual que la mujer que consiente en que se le practique un aborto o se lo practica ella misma. Sin embargo, en la práctica, el aborto para salvar la vida de una mujer embarazada se tolera. Cualquier persona declarada culpable de practicar un aborto puede enfrentarse a una pena de entre tres y nueve años de prisión. Sin embargo, el estigma del embarazo no deseado y la inexistencia de abortos seguros y legales hacen que las mujeres sigan recurriendo a abortos autoinducidos o clandestinos, en ocasiones con consecuencias mortales. El Ministerio de Salud Pública informó de que, en 1999, el 8 por ciento de los casos registrados de mortalidad derivada de la maternidad se debieron a complicaciones derivadas de abortos clandestinos.16No hay datos más recientes, pero no hay indicios que sugieran que esta situación haya cambiado radicalmente en los últimos diez años. Las organizaciones de mujeres haitianas siguen haciendo campaña por la despenalización del aborto y, en el momento de redactar este informe, el Ministerio de Asuntos y Derechos de la Mujer estaba elaborando un proyecto de ley para su despenalización parcial.17

4/UNA VERGÜENZA OCULTA

Iba caminando por un callejón de Martissant [un barrio de Puerto Príncipe] cuando dos hombres me llamaron. Traté de huir, pero me apuntaron con sus armas, me taparon la boca y me amenazaron con dispararme si hacía ruido. Me llevaron a otro lugar y me violaron, los dos. A las once de la noche me dejaron marchar. Me dolía el vientre. No quiero que vuelva a pasar algo así.

Extracto de una carta escrita por Katia, de 16 años, a Amnistía Internacional



La violencia sexual contra niñas sigue siendo en gran medida un problema oculto. Entre las organizaciones de derechos humanos y de mujeres existe un consenso respecto a que la violencia de género contra las niñas es un fenómeno generalizado en Haití. Los estudios disponibles indican que más de la mitad de las violaciones de las que se ha tenido noticia se cometen contra niñas de 18 años o menos. Sin embargo, aún no se ha revelado el alcance real del problema. La ausencia de datos fiables y exhaustivos sobre la prevalencia, la naturaleza y las consecuencias de la violencia sexual en Haití es un serio obstáculo a la hora de elaborar estrategias efectivas para poner fin a la violencia contra las niñas.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que vigila el cumplimiento por parte de los Estados de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ha manifestado que los Estados deben alentar la recopilación de estadísticas sobre, entre otras cosas, la violencia contra mujeres y niñas.18De igual modo, tanto la Declaración de la ONU sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer como la Plataforma de Acción de Pekín, adoptada por la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en 1995, piden a los Estados que promuevan la investigación, recopilen datos y elaboren estadísticas sobre la violencia contra mujeres y niñas, y que hagan pública esa información.19

En 2006, el Ministerio de Asuntos y Derechos de la Mujer encargó un estudio sobre violencia en el hogar y violencia sexual en Haití, con el propósito de sentar la base para fortalecer la aplicación del Plan Nacional de Lucha contra la Violencia Ejercida sobre las Mujeres. Uno de los objetivos del estudio era proporcionar una imagen general de la información disponible sobre la naturaleza, el alcance y las causas de la violencia familiar y sexual en Haití y de las iniciativas emprendidas por el gobierno y la sociedad civil para prevenir estos delitos. El estudio, que se basaba en datos y casos previamente recopilados por organizaciones de mujeres y otras instituciones no gubernamentales que prestan servicios de salud y otras formas de ayuda a las víctimas, señaló: “La percepción general de las mujeres víctimas de la violencia, de quienes prestan servicios y de los miembros de la comunidad es que los niveles de violencia en Haití son muy elevados, y que esto se refleja en la familia. Todos ellos ven una relación entre la violencia social y sexual y la violencia en la familia [...] siendo la violencia física en la familia y la violencia sexual (violación) fuera de la familia las manifestaciones más habituales de la violencia”.20

El estudio concluye que, pese a los esfuerzos de las organizaciones de mujeres, no existe una “política de documentar las situaciones de violencia que permitiría conocer las dimensiones del problema [...] De hecho, no es posible saber, a nivel nacional ni regional, cuántas mujeres han presentado denuncias de violencia, cuál ha sido el resultado de esas denuncias y cuál es la situación actual de la víctima”.21 En sus recomendaciones al gobierno, el estudio subraya la necesidad de contar con un mecanismo único y unificado para recopilar y analizar información sobre la violencia contra las mujeres. Desde que se llevó a cabo el estudio, se ha elaborado un formulario único para que lo utilicen todas las instituciones que estén en contacto con niñas y mujeres que han sufrido violencia sexual. Sin embargo, en el momento de redactar este informe, la aplicación de esta medida estaba en una fase muy inicial

Los únicos datos disponibles actualmente sobre la violencia sexual contra las niñas son los recopilados específicamente por quienes prestan servicios, como los centros de salud o las organizaciones de mujeres, o los recopilados por ONG como parte de su investigación independiente o de los estudios que llevan a cabo en nombre del gobierno. Estos datos se recopilan utilizando diversas metodologías, incluidos estudios basados en la población e investigaciones cualitativas. Aunque estos datos distan de ser exhaustivos, ponen de manifiesto ciertas tendencias, en especial el elevado porcentaje de víctimas de violación de 18 años o menos.

Durante 2006, Kay Fanm registró 133 casos de violación y violencia sexual contra mujeres y niñas. El 55 por ciento de las víctimas de violación eran menores de 18 años.22Ese mismo año, 155 víctimas de violación acudieron en busca de ayuda a los 21 centros de SOFA en todo el país; 77 de ellas eran niñas menores de 18 años. Entre enero de 2007 y junio de 2008, SOFA documentó 238 violaciones, de las que 140 tenían como víctimas a niñas de entre 19 meses y 18 años.

El estudio más exhaustivo sobre la violencia en la familia es el contenido en el segundo y el tercer estudio demográfico y de salud, llevados a cabo en nombre del Ministerio de Salud en 2000 y 2005-2006. El cuestionario para este estudio fue rellenado por 10.757 mujeres de entre 15 y 49 años, y se seleccionó además una submuestra de mujeres para responder a un cuestionario sobre violencia (incluida violencia sexual) a manos de la pareja. En el grupo de edad de 15 a 19, el 10,8 por ciento de las participantes afirmaron haber sido víctimas de violencia sexual a manos de su pareja.23Prácticamente no se dispone de información detallada sobre la violencia sexual contra niñas menores de 15 años.


Este testimonio debe estar sólo en una página, en un lugar destacado, a ser posible. Y la parte final, subrayada, corresponde también a la cita destacada en la página 1 del pdf (“Being raped it makes you...)”]

Tenía 15 años, e iba a la escuela. Era la única de los niños de mi familia que iba a la escuela, porque mi madre no podía permitirse que los demás fueran también.

Un día discutí con mi tía, y esa tarde vino a mi casa con tres hombres. Todos iban armados [...] Me secuestraron, y me llevaron a otro barrio. Me dieron una paliza y luego me violaron. Después me dijeron que no tenían que haberme violado o golpeado, que tenían que haberme matado. Era un lugar desierto, por donde no pasaba nadie. Tuve que suplicarles que me dejaran marchar, y al final me dejaron ir, y fui a buscar a mi madre [...]

Después de aquello estuve cuatro meses sin poder dormir, ni tampoco comer. Cuando salía, mi madre se quedaba preocupada, porque me estaban amenazando. Decían que si se lo contaba a la policía me matarían. Mi madre no podía pagarme un psicólogo, así que tuve que luchar para superar aquello yo sola [...]

Presenté una denuncia. Fue entonces cuando empezaron a amenazarme, diciendo que si los denunciaba me harían esto y lo otro, y, para demostrarme que hablaban en serio, prendieron fuego a mi casa [...]

[En la comisaría de Cafétéria] me dijeron que harían lo necesario, pero nada sucedió. Después, uno de los hombres fue detenido [...] pero no pasó nada más. Unas dos semanas más tarde, ese mismo hombre pasó a mi lado en el barrio y me dijo: “Querías que me quedara en prisión, ya verás lo que voy a hacerte”, así que mi madre arregló las cosas para que pudiera marcharme del barrio una temporada.

[La segunda vez] que sucedió fue hace dos años, cuando yo tenía 20 [...] Un ladrón entró en casa [...] me violó. No podía gritar porque estaba sola en casa con los niños [...] Por aquel entonces había mucha violencia en el país, y todo el mundo tenía miedo [...]

A la mañana siguiente vine y les conté todo a las mujeres de aquí [...] Hicieron todo lo necesario para asegurarse de que no me había contagiado. Me dieron medicinas, atención médica. Fui a ver a un psicólogo... Todo aquello me ayudó [...] Aquí recibo ayuda médica y apoyo moral; aquí no tratan con la policía, porque con ella no se consigue nada.

Ahora mi principal problema es el barrio en el que vivo. En Haití, en este momento, si te violan, la sociedad te rechaza: no debes estudiar, no debes ir al hospital, debes quedarte en un rincón. La violación te convierte [...] en una persona sin derechos, una persona rechazada por la sociedad, y ahora, en el barrio en el que vivo, es como si me violaran cada día, porque cada día alguien me recuerda que he sido violada y que no soy nada, que debo quedarme en un rincón y no hablar, no decir nada.

Rose, entrevistada por Amnistía Internacional en marzo de 2008.


5/NIÑAS EN PELIGRO

Las niñas en Haití corren peligro de ser víctimas de violencia sexual. El informe elaborado en 2006 por el secretario general de la ONU, Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer, señalaba que los investigadores que indagaban cuestiones de salud pública habían identificado una serie de factores que ponían a las niñas y las mujeres en peligro de sufrir violencia. Los investigadores concluyeron que estos factores operan en distintos niveles: el individuo, la familia, la comunidad, la sociedad y el Estado. Entre ellos se encuentran:

  • en el nivel del individuo: ser joven, tener antecedentes de abusos durante la infancia, tener un bajo nivel educativo o económico, pertenecer a comunidades marginadas y excluidas;

  • en el nivel de la familia: el control masculino de la riqueza y la autoridad para tomar decisiones dentro de la familia, disparidades interpersonales importantes en materia de condición económica, educativa o de empleo;

  • en el nivel de la comunidad: el aislamiento de las mujeres y la falta de apoyo social, las actitudes comunitarias que toleran y legitiman la violencia masculina, la existencia de altos niveles de carencia de empoderamiento social y económico, en particular la pobreza;

  • en el nivel de la sociedad: roles de género que afianzan el dominio masculino y la subordinación femenina, y la tolerancia de la violencia como medio de resolución de conflictos;

  • en el nivel del Estado: la inadecuación de las leyes y políticas de prevención y castigo de la violencia, el bajo nivel de concienciación y sensibilidad por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los tribunales y los encargados de la prestación de servicios sociales.

El estudio continúa diciendo que estos análisis “señalan a las disparidades de poder fundadas en la discriminación y las desigualdades como los determinantes subyacentes de la violencia contra la mujer”, y que algunos de estos factores de riesgo “están vinculados con violaciones de los derechos humanos. Por ejemplo, las niñas y las jóvenes padecen violaciones de varios de los derechos garantizados por la Convención sobre los Derechos del Niño. Algunas de esas violaciones constituyen formas de violencia y otras incrementan el riesgo de violencia”.24

Los datos disponibles sobre la violencia sexual en Haití sugieren que pocos casos de violación se denuncian a la policía, y aún son menos los que llegan a ser enjuiciados. Al igual que sucede con otras formas de violencia contra mujeres y niñas, las víctimas de violación de Haití a menudo no están dispuestas a denunciar el delito, en gran parte a causa de la vergüenza, el miedo y las actitudes sociales que toleran y legitiman la violencia masculina. En su informe combinado al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el gobierno haitiano reconoció que “los prejuicios negativos contra la mujer, la presión del autor de la violencia o de su familia, incluso la propia familia de la víctima, son los que frenan a dicha víctima de recurrir a la justicia, por temor a las represalias o por escrúpulos de tener que hablar en público de un tema que reviste un carácter íntimo y humillante a la vez”.25Otro importante factor disuasorio a la hora de denunciar es la falta de confianza de las mujeres y niñas en que obtendrán una respuesta positiva y de apoyo por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Quienes intentan poner fin a estos abusos se enfrentan a varios obstáculos. Las actitudes sociales hacia las víctimas de violencia sexual, unas actitudes que culpan a la víctima en lugar de al violador, disuaden a las niñas a la hora de denunciar y hacer que los responsables rindan cuentas de sus actos. Otro factor clave que permite a los agresores quedar impunes es el hecho de que la violencia en el hogar generalmente se considera como algo perteneciente al ámbito privado y, por lo tanto, protegido del escrutinio público.

En muchas zonas rurales, el único representante del sistema de justicia es el juez de paz. Varias personas de organizaciones que trabajan apoyando a supervivientes de violencia sexual contra niñas dijeron a Amnistía Internacional que los jueces de paz a menudo animan a las mujeres y niñas que han sufrido abusos sexuales a aceptar indemnizaciones económicas de su agresor o de la familia de éste. Las organizaciones de mujeres han informado también de que, en las zonas rurales, es habitual que las niñas que se quedan embarazadas a causa de la violencia sexual sean obligadas a casarse con su agresor. Los jueces de paz, según informes, a menudo actúan como intermediarios en estos “acuerdos amistosos” entre la familia del agresor y la de la víctima, y lo justifican como una acción destinada a preservar el “honor” de la niña.

El tratar la violencia sexual como si fuera un asunto privado en lugar de un delito equivale a no hacer frente a la discriminación, los estereotipos de género y las desiguales relaciones de poder que conducen a esos abusos. También ayuda a perpetuar la impunidad de los responsables de violencia sexual.

El capítulo siguiente se centra en la violencia sexual en la familia y la comunidad y en la manera en que la interacción de estos factores de riesgo da lugar a una violencia sexual generalizada contra las niñas y a una impunidad persistente para sus agresores.

6/VIOLENCIA SEXUAL EN LA COMUNIDAD Y LA FAMILIA

La violencia en algunas comunidades haitianas ha ocupado los titulares de la prensa nacional e internacional en los últimos años. En una situación de secuestros, violencia delictiva, guerra de bandas y violentos enfrentamientos armados con las fuerzas de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), el número de casos conocidos de violencia sexual contra mujeres y niñas en su comunidad se ha multiplicado.

Aunque hay claros indicios de que el número de denuncias va en aumento, resulta difícil evaluar el alcance real de la violencia. En parte esto se debe a las persistentes actitudes entre las autoridades y la sociedad en general respecto a que la culpa es de la víctima, porque estaba en el lugar inadecuado en el momento inadecuado, porque vestía ropas inadecuadas o porque decía cosas inadecuadas. En este clima, no es de extrañar que la violencia sexual siga siendo algo sumamente vergonzoso para las víctimas y sus familias.

Una niña de 16 años que estaba recibiendo tratamiento de Médicos Sin Fronteras en noviembre de 2007 dijo al personal médico que la había violado un amigo de la familia, y describió las devastadoras consecuencias de un embarazo no deseado en una sociedad que sigue culpando y sometiendo al ostracismo a las víctimas de violación: “Me resistí, y él me dio un puñetazo, me arrojó cosas y me amenazó con un arma [...] Estaba agotada y asustada, así que me violó [...] Más tarde descubrí que me había quedado embarazada [...] Sufro muchísimo. No voy a la policía porque tengo miedo de que [el violador] se vengue o incluso me mate; me enseñó su arma cuando me violó [...] Mi padre solía darme dinero para que comprara comida, pero ahora no quiere verme porque mi barriga le hace sentirse avergonzado delante de sus amigos. Mi madre incluso me dice que me pague mi comida, y mi hermana me dice que vaya yo a buscar mi propia agua. La semana pasada estuve enferma; mi madre me llevó a MSF, pero me dijo que le devolviera el dinero del transporte [...] Estoy muy triste. ¿Cómo voy a poder cuidar del bebé cuando nazca?”.26

Las niñas normalmente no tienen capacidad para defenderse de la violencia sexual, y a menudo carecen de los recursos necesarios para denunciarla. Cuando los miembros de la familia son los autores de la violencia sexual contra las niñas, o cuando actúan en connivencia con ellos, la violencia en el ámbito familiar puede ser difícil de detectar sin un apoyo profesional adecuado y sin la intervención de personal de apoyo a las niñas dotado de formación adecuada y de recursos suficientes. Ante la falta de apoyo, muchas supervivientes se ven obligadas a sufrir en silencio.

La violencia en la familia muchas veces queda oculta. Las razones por las que a las supervivientes les resulta difícil denunciarla cuando se produce en el hogar y por las que a las sociedades les resulta tan difícil reconocerla y tomar medidas para erradicarla son complejas. Sin embargo, el resultado de esta actitud de no reconocer ni abordar el problema es un clima social en el que la violencia en la familia se considera algo normal, sin importancia o inevitable.

A largo plazo, la violencia en la familia puede tener unas consecuencias debilitantes, tanto físicas como psicológicas.

Debemos sacar a la luz el problema de la violencia doméstica, examinarlo como haríamos con cualquier otro problema de salud preventible y adoptar las mejores medidas disponibles.

LEE Jong-Wook, ex director general, Organización Mundial de la Salud27

Las consecuencias sociales también pueden ser de gran alcance y facilitar nuevas violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, la violencia sexual contra niñas es una violación de derechos humanos que puede dar lugar a violaciones del derecho de las niñas a la educación. Sonia fue violada cuando tenía ocho años. Dijo a Amnistía Internacional: “Iba a la escuela, pero lo dejé después de venir aquí [al refugio] porque mi padre me violó. Estaba en primer curso. Me encantaba copiar las lecciones, escribir. Cuando crezca me gustaría ser médico.” Sonia abandonó la escuela formal tras la violación. Sin embargo, es una de las supervivientes más afortunadas: encontró cobijo en un refugio para niñas víctimas de violencia sexual y la organización que lo gestiona se ha asegurado de que pueda recibir educación. Sin embargo, para muchas niñas la violencia sexual significa también el fin de su educación.

La educación es un elemento fundamental para que la gente pueda mejorar sus oportunidades en la vida y sus posibilidades de obtener unos ingresos decentes y un nivel de vida digno. Aunque no hay datos disponibles sobre la violencia en las escuelas en sí, los niveles imperantes de violencia sexual contra las niñas en la sociedad sugieren enérgicamente que este puede ser también un factor que limita el acceso de las niñas a la educación. Quienes trabajan con niñas supervivientes de violencia creen que realmente es así. Los abusos por razón de género que niegan a las niñas su derecho a la educación (entre ellos la violencia sexual) sólo sirven para reforzar la discriminación, la desigualdad y la pobreza.

Régina, una niña de 15 años que vive en un refugio para niñas víctimas de la violencia sexual, contó a Amnistía Internacional cómo, a cumplir los 10 años, al igual que miles de niñas, empezó a trabajar en el servicio doméstico. Finalmente huyó porque ya no soportaba más palizas, y estuvo cuatro años en el Foyer Maurice Sixto, un refugio para niñas que han abandonado el servicio doméstico, donde pudo continuar con su educación. Cuando cumplió los 14 años, se reunió con su madre, que entonces vivía con un nuevo compañero y con el hijo de éste. Régina siguió asistiendo a la escuela durante un tiempo, hasta que el compañero de su madre se negó a seguir pagándole las tasas escolares. En junio de 2006, Régina abandonó el hogar tras ser violada por su hermanastro de 17 años. A consecuencia de la violación, quedó embarazada. Regresó al Foyer Maurice Sixto y de ahí pasó al refugio en el que se encuentra ahora. En febrero de 2007 dio a luz a una niña. Régina dijo a Amnistía Internacional que confiaba en regresar a la escuela y poder ofrecer una educación a su hija de un año cuando crezca. Organizaciones como Foyer Maurice Sixto y Limyè Lavi, entre otras, proporcionan asistencia y apoyo, incluso educación, y facilitan la reunificación familiar a niños y niñas que han huido del servicio doméstico para escapar de los malos tratos o los abusos sexuales. Sin embargo, la respuesta de las autoridades a esta cuestión ha sido extremadamente limitada. En su primer informe periódico al Comité de los Derechos del Niño, publicado en el año 2000, el gobierno haitiano reconoció que la práctica del servicio doméstico infantil “tiende más bien a atrapar a los niños y niñas en una situación en la que no tienen derechos y son objeto de trato inhumano, sin tener en cuenta la salud, la educación o el desarrollo personal”.28

Quienes abusan sexualmente de las niñas a menudo amenazan a sus víctimas con más violencia a menos que guarden silencio. Algunas de las víctimas que se atrevieron a hablar con Amnistía Internacional dijeron que sus agresores las habían amenazado con matarlas si contaban a alguien lo sucedido. A muchas niñas las amenazaron con retirarles ayuda económica, por ejemplo el dinero para pagar las tasas escolares, a menos que guardaran silencio sobre la violencia y los abusos sexuales. El hecho de que la mayor parte de los hogares de Haití vivan en condiciones de extrema pobreza exacerba el riesgo de explotación sexual y el peligro de que ésta quede impune.

La pobreza y la marginación desempeñan un importante papel en el peligro de explotación sexual que sufren las niñas. La indiferencia oficial y la inacción –e incluso los abusos– de las autoridades ayudan a que esos delitos continúen impunemente. Laure, una joven que vivía en un refugio para víctimas de violencia sexual, dijo a Amnistía Internacional que, a los 16 años, fue coaccionada para mantener relaciones sexuales con el propietario del apartamento donde vivían ella, su madre y su hermana, y evitar así que las desalojara. “Me dijo que no se lo dijera a mi madre. Cuando yo no quería [tener relaciones sexuales con él] sacaba su arma y me obligaba a hacerlo. Me prometió que no sólo nos dejaría vivir en la casa sino que además pagaría mis tasas escolares y las de mi hermana [...] Decidí decírselo a mi madre [...] Mi madre fue a la comisaría [de Pétion-Ville] para presentar una denuncia, y a Kay Fanm. Pero al casero no le pasó nada. No es fácil detener a un traficante de drogas. Después [mi madre fue a ver a un policía al que conocía], le explicó lo sucedido. Él vino a nuestra casa y dijo que vería qué podía hacer [...] Mi madre y yo acabábamos de salir de un cibercafé cuando nos encontramos con el policía y un amigo suyo en la carretera. Le dieron una paliza a mi madre y el policía me violó.”

En los últimos años, las organizaciones de mujeres y los profesionales de la salud han informado de una alta incidencia de las violaciones a manos de varios hombres. Estos informes indican que las niñas corren mayor peligro de ser violadas por miembros de bandas armadas durante el carnaval. Varias niñas contaron a Amnistía Internacional cómo fueron violadas por bandas de hombres armados delante de transeúntes que no se atrevieron a intervenir.

Entre marzo de 2006 y diciembre de 2007, 200 niñas y mujeres buscaron tratamiento por violación en el Hospital Jude Anne de Puerto Príncipe. Muchas procedían de los barrios más pobres de la ciudad. Aproximadamente el 20 por ciento se habían quedado embarazadas a consecuencia de la violación.29

  • Stéphanie fue violada durante el carnaval en febrero de 2007 cuando se dirigía hacia su casa. Llevaba trabajando en el servicio doméstico en Puerto Príncipe desde los 12 años, pero no le pagaban por su trabajo –sólo recibía la comida y el alojamiento–, así que se pagaba sus estudios vendiendo productos en la calle. Regresaba a casa con su mercancía y sus ganancias del día cuando fue atacada por tres hombres con pasamontañas que la violaron a punta de pistola. Los transeúntes vieron el ataque, pero no intervinieron.

Stéphanie dijo a Amnistía Internacional: “No puedo ir a la policía porque tengo mucho miedo. Los atacantes me presionaron muchísimo para que no los denunciara, aunque no los conocía [...] es todo tan humillante [...] Tuve que quedarme callada.” Las únicas personas a las que Stéphanie sintió que podía contar lo de su agresión fueron las que trabajaban prestando apoyo con una organización de mujeres que proporciona ayuda y atención médica a víctimas de violación.

Durante el ataque, los agresores le robaron a Stéphanie toda su mercancía y el dinero, por lo que tuvo que abandonar sus estudios, pues no podía pagar las tasas escolares. Vive con temor a las represalias de sus agresores y al rechazo que sufriría por parte de los miembros de su comunidad si supieran lo que le ha pasado.

Todo el mundo tiene derecho a la integridad física y a no sufrir discriminación, al nivel más alto posible de salud física y mental, a la igualdad ante la ley, a participar en la vida pública y a la educación. Sin embargo, estos derechos humanos se niegan a niñas como Sonia, Régina, Laure y Stéphanie, que tienen que lidiar con las consecuencias de la violencia sexual sin apenas apoyo (si es que reciben alguno) de las autoridades obligadas a protegerlas.


7/LAS RESPONSABILIDADES DEL ESTADO

Las mujeres no pueden disfrutar de los derechos que les otorgan las leyes vigentes. A menudo, la práctica tiene precedencia sobre la ley. En general, las prácticas sociales perpetúan los comportamientos discriminatorios hacia las mujeres.
Ministerio de Asuntos y Derechos de la Mujer de Haití, 2006
30

Haití ha ratificado tres tratados que proporcionan un marco legal y un amplio conjunto de medidas que el Estado debe tomar para hacer realidad los derechos humanos de las niñas:

  • la Convención de la ONU sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que condena la discriminación contra las mujeres en todas sus formas y por la cual los Estados “convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer” (artículo 2);

  • la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará). En ella se establece que todas las mujeres tienen derecho a vivir sin violencia tanto en la esfera pública como en la privada (artículo 3). Los Estados Partes en esta Convención se han comprometido a prevenir, sancionar y erradicar esa violencia (artículo 7);

  • la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, que pide a los Estados Partes que adopten “todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual”. También establece las medidas que deben adoptarse para garantizar la protección del niño o la niña, incluidas, entre otras: “procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño” y “para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento [...] según corresponda, la intervención judicial” (artículo 19).

El derecho internacional obliga a los gobiernos a utilizar su poder para respetar, proteger y hacer realidad los derechos humanos.31 Esto incluye no sólo garantizar que sus propios funcionarios cumplen con las normas de derechos humanos, sino también actuar con la “diligencia debida” para abordar los abusos cometidos por individuos particulares (agentes no estatales).

Los Estados deben asegurarse de que los derechos reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos se hacen realidad en la práctica. El concepto de diligencia debida describe el grado de esfuerzo que un Estado debe hacer para convertir en realidad los derechos. El principio de la diligencia debida incluye la obligación de prevenir las violaciones de derechos humanos, investigarlas y castigarlas cuando ocurran, y proporcionar compensación y servicios de apoyo a las víctimas.32 La norma de la diligencia debida se aplica para evaluar si los Estados han cumplido con estas obligaciones.

Cuando los Estados saben, o deberían saber, que se cometen violaciones de derechos humanos y no toman medidas adecuadas para prevenirlas, también ellos son responsables, junto con los autores.

Es importante subrayar que la responsabilidad del Estado de ejercer la diligencia debida no reduce en modo alguno la responsabilidad penal de quien perpetra actos de violencia. Sin embargo, el Estado también es responsable si no previene, investiga y aborda los delitos adecuadamente. Además, cuando un Estado no actúa con suficiente diligencia a la hora de responder a la violencia contra las mujeres –utilizando el sistema de justicia penal y proporcionando reparación–, con ello viola a menudo el derecho de las mujeres a la igualdad ante la ley.

El derecho internacional de los derechos humanos impone ciertas obligaciones al Estado haitiano, la más evidente de las cuales es conformar su propia legislación con los tratados que ha ratificado y garantizar que sus funcionarios respetan todos los derechos humanos.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en su observación general 19, subraya la obligación de los Estados Partes de abordar la violencia contra mujeres y niñas. Deja claro que la violencia en la familia no es una cuestión privada, y establece que, independientemente del lugar donde tenga lugar la violencia o de quien sea el autor, el Estado debe prevenir, investigar y castigar todas las formas de violencia de género, proteger a las víctimas y facilitarles el acceso a la reparación y el resarcimiento.

Entre las medidas que Haití debe adoptar para cumplir con la norma de la diligencia debida se encuentran las siguientes: promulgar legislación contra diversas formas de violencia de género y penalizarlas; formar al personal del Estado, aplicando mecanismos y políticas prácticas para proteger los derechos de las mujeres y las niñas; y garantizar que las mujeres y las niñas víctimas de violencia pueden acceder a mecanismos legales, y que esos mecanismos son adecuados a sus necesidades.

El gobierno haitiano ha suscrito la Declaración y Plataforma de Acción de Pekín de 1995. Con ello, se ha comprometido a promover la mejora de la situación de las mujeres, con medidas como la eliminación de la discriminación y la lucha contra la violencia familiar y sexual.

En marzo de 2008, el gobierno haitiano presentó al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujeres su informe inicial y sus informes combinados del segundo al séptimo. En ellos se subrayan las medidas adoptadas para promover y proteger los derechos de las mujeres, y se toma nota debidamente de las deficiencias y las áreas en las que la debilidad del Estado sigue perjudicando a los derechos de las mujeres y las niñas.



8/INICIATIVAS NACIONALES

En 2005, en una iniciativa conjunta del gobierno haitiano, la sociedad civil e instituciones internacionales de desarrollo, así como todos los miembros de la Mesa Redonda Nacional contra la Violencia Ejercida sobre las Mujeres, se adoptó un Plan Nacional de Lucha contra la Violencia Ejercida sobre las Mujeres 2006-2011.33En él se establece una estrategia nacional para combatir la violencia contra las mujeres y se enumeran actividades que deben a emprenderse para:

  • establecer un sistema con el que reunir datos cuantitativos sobre la violencia contra las mujeres;

  • reforzar y aumentar los servicios de apoyo a disposición de las víctimas mediante diferentes instituciones;

  • prevenir la violencia contra las mujeres y buscar una respuesta nacional coordinada;

  • reforzar la capacidad de las instituciones públicas para que cumplan con su función en el Plan Nacional de Lucha contra la Violencia Ejercida sobre las Mujeres estableciendo sólidas asociaciones con organizaciones de mujeres y otras ONG.34

El trabajo realizado por el Ministerio de Asuntos y Derechos de la Mujer y por la Mesa Redonda Nacional ha sido fundamental para sensibilizar sobre la discriminación de género y la violencia sexual contra las mujeres. El Ministerio de Asuntos y Derechos de la Mujer y el Ministerio de Educación están llevando a cabo una revisión conjunta del material educativo con vistas a erradicar los estereotipos de género y otras formas de discriminación contra las mujeres y las niñas en el sistema educativo de Haití.

El Ministerio de Asuntos Sociales, mediante el Instituto de Bienestar Social e Investigación (Institut du Bien- Être Social et de Recherches, IBESR), es uno de los principales órganos responsables de proteger a los niños y niñas que viven en entornos desfavorecidos y apoyar a sus familias mediante sus agentes y una red de 200 trabajadores y trabajadoras sociales. Sin embargo, el IBESR y su Servicio de Protección a Menores apenas están operativos, y su presencia se limita a las tres ciudades principales: Puerto Príncipe, Gonaïves y Cap-Haitian.

Los informes proporcionados por las organizaciones de mujeres sugieren que en la policía imperan actitudes discriminatorias. En general, los agentes no reciben una formación adecuada para manejar las denuncias de mujeres y niñas que afirman haber sido víctimas de violación y otras formas de violencia sexual. Esta falta de formación respecto a cómo evaluar los casos y responder a las víctimas teniendo en cuenta el impacto psicológico de la violencia sexual puede dar lugar a que los casos no se traten adecuadamente y las supervivientes sufran una victimización adicional. Se han tomado medidas con el fin de elaborar un protocolo para ayudar a las mujeres y a las niñas víctimas de violencia cuando acuden a comisarías a denunciar el delito. En el momento de redactar este informe, la Mesa Redonda Nacional estaba trabajando junto con la Policía Nacional haitiana en un proyecto piloto que se estaba poniendo en marcha en dos comisarías para poner en práctica procedimientos especiales de respuesta a las mujeres y niñas víctimas de violencia. Es una iniciativa bienvenida, aunque aún es pronto para evaluar su impacto.

Haití carece de una ley específica que prohíba la violencia contra las mujeres. La legislación existente sobre la violencia no toma en consideración la relación entre la víctima y el agresor, ni tampoco las relaciones de poder entre ellos. Además, algunas formas de violencia contra las mujeres, como la violencia psicológica, no están prohibidas explícitamente en la ley.

En julio de 2005, el gobierno de transición adoptó un decreto por el que introducía cambios pequeños pero significativos en el Código Penal haitiano de 1835. La prensa de Haití informó ampliamente sobre la intención del gobierno de modificar algunos artículos del Código Penal relativos a la violación para brindar a mujeres y niñas mayor protección frente a la violencia sexual. Sin embargo, pese a la entrada en vigor del decreto,35el gobierno todavía no ha establecido un marco jurídico ni una política nacional para proteger a las mujeres y las niñas frente a todas las formas de violencia. Haití sigue siendo el único país de América que no ha promulgado legislación específica para proteger a las mujeres y las niñas frente a la violencia en el ámbito familiar, y uno de los pocos que no cuentan con legislación específica sobre la violencia sexual.36

La violencia en la familia sigue tratándose dentro de las leyes generales contra la agresión y las lesiones, dependiendo de las circunstancias del ataque y del grado de las lesiones sufridas por la víctima. Mientras se introduce legislación específica, deben aplicarse de manera coherente las leyes existentes en los casos en los que las víctimas son mujeres y niñas, especialmente los casos que entrañan violencia en la familia.

La ley prohíbe la violación, pero no aborda de forma explícita la violación conyugal o el incesto, pese a que gran parte de los casos de violencia sexual en el hogar de los que tienen constancia las organizaciones de mujeres pertenecen a estas categorías. Las penas por violación oscilan entre los 10 años de trabajos forzados y los 15 años de trabajos forzados si la víctima es menor de 16 años. Si la persona que comete la violación tiene algún tipo de autoridad sobre la víctima, el Código Penal establece cadena perpetua con trabajos forzados.

Lo inadecuado de la legislación existente y la lentitud o la inadecuación de las respuestas de la policía hacen que las supervivientes no tengan un acceso significativo a la justicia. Los grupos de mujeres informan de que la policía y los servicios sociales suelen mostrarse reacios a intervenir en lo que califican de asuntos domésticos, incluso cuando se sospecha la existencia de violencia o abusos graves. Sin embargo, se han realizado algunas intervenciones positivas en colaboración con organismos internacionales, como por ejemplo formación policial y el establecimiento de dos unidades de policía especiales para las mujeres y los menores víctimas de violencia doméstica.

Los derechos de la infancia siguen siendo un área inexplorada en Haití. Aunque el país ratificó en 1995 la Convención sobre los Derechos del Niño, apenas se ha hecho nada para darla a conocer entre la población o para aumentar la comprensión por parte de los legisladores y las autoridades de los derechos que garantiza. Gracias a los esfuerzos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y de la Coalición Haitiana para la Defensa de los Derechos de la Infancia (Coalition Haïtienne pour la Défense des Droits de l’Enfant, COHADDE), la Convención se ha traducido al criollo, una de las lenguas oficiales de Haití.37Sin embargo, no se ha promulgado legislación para incorporar las disposiciones de la Convención a la legislación nacional.

Desde 1997, las autoridades han estado debatiendo la posible introducción de una ley del menor que brinde protección a los niños y niñas de Haití, especialmente a los que trabajan en el servicio doméstico. En el momento de redactar este informe esa ley aún no se había acordado.

La Constitución haitiana (artículo 276.2) otorga a los tratados internacionales ratificados por Haití la misma categoría que a la legislación nacional. Además, establece la derogación de todas las leyes que estén en conflicto con las disposiciones de dichos tratados internacionales. Por lo tanto, en virtud de la Constitución, las disposiciones de los tratados internacionales pueden invocarse en los tribunales nacionales.

Uno de los principales motivos estructurales tras la persistente brecha entre lo que la legislación promete y lo que las niñas experimentan en realidad es el hecho de que no se aborden los persistentes y arraigados problemas del sistema de justicia penal. Esto se aplica especialmente a las mujeres y las niñas de zonas urbanas deprimidas o de comunidades rurales en las que, para la mayoría, la justicia sigue estando fuera del alcance. Sin el apoyo activo de las organizaciones de mujeres, las víctimas y supervivientes de violencia sexual sólo obtendrían justicia y reparación en casos sumamente excepcionales. Las deficiencias estructurales y sistémicas del sistema de justicia haitiano se han documentado abundantemente en otros lugares y quedan fuera del ámbito de este informe.38No obstante, es importante señalar que algunas de ellas tienen el efecto de impedir directamente a las mujeres y niñas el acceso a la justicia.

Con la notable excepción del Ministerio de Asuntos y Derechos de la Mujer, las autoridades han dado muestra de una ausencia de voluntad política de convertir las disposiciones del derecho internacional (especialmente la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención de Belém do Pará y la Convención sobre los Derechos del Niño) en una protección real para las mujeres y niñas. El gobierno de Haití es perfectamente consciente de este hecho. Por ejemplo, los informes combinados de Haití al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer señalan que los jueces que presiden los tribunales en los que se están juzgando casos de violencia sexual tienen un conocimiento limitado de estos tratados o de las obligaciones contraídas por Haití en virtud de ellos.

9/ConclusiÓn

Amnistía Internacional reconoce que las autoridades haitianas siguen enfrentándose a graves y prolongadas dificultades. La comunidad internacional también ha reconocido los enormes desafíos que plantean la constante crisis de seguridad pública, la sucesión de desastres humanitarios y las décadas de arraigada pobreza y marginación, y ha manifestado que comprende la necesidad de apoyar iniciativas para hacerles frente. No obstante, no se puede permitir que estos importantes motivos de preocupación ahoguen las necesidades de las niñas haitianas y la obligación de salvaguardar sus derechos humanos.

En Haití siguen sin escucharse las voces de demasiadas mujeres y niñas víctimas de violencia sexual. Sin embargo, cada vez son más las supervivientes que superan los numerosos obstáculos a los que se enfrentan y dan un paso adelante para contar su historia, arriesgándose a menudo con ello a sufrir el rechazo de sus comunidades. Las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres desempeñan un papel fundamental en la provisión de asistencia y apoyo a las supervivientes de violación y otras formas de violencia de género. Sus esfuerzos destacan en marcado contraste con el incumplimiento por parte del Estado de su obligación de proporcionar a las víctimas cobijo y protección, y de garantizar que las supervivientes tienen acceso a la justicia a través de un proceso legal y judicial que comprenda sus necesidades y las satisfaga.

Este informe muestra que, pese a los recientes esfuerzos por elaborar un protocolo para la asistencia y el apoyo a las víctimas, la respuesta de las autoridades a la violencia sexual contra las niñas sigue siendo inadecuada. Se desconoce la magnitud exacta de la desprotección que sufren las niñas, pero la información disponible sugiere la existencia de una crisis que afecta a las vidas de generaciones enteras de mujeres y niñas.

Para que las niñas puedan acudir a la policía y al sistema judicial cuando buscan protección y reparación, es preciso abordar la falta de confianza en estas instituciones. La discriminación y la actitud de muchos funcionarios que no comprenden que la violencia sexual contra las niñas es una violación grave de derechos humanos son otras de las barreras a la justicia y la protección que deben abordarse urgentemente.

Amnistía Internacional insta a las autoridades haitianas a tomar todas las medidas necesarias para cumplir con las obligaciones que han contraído en virtud del derecho regional e internacional de derechos humanos y para que el Plan Nacional de Lucha contra la Violencia Ejercida sobre las Mujeres pueda aplicarse de manera efectiva.

La organización aplaude la presentación en marzo de 2008 de los informes combinados inicial y del segundo al séptimo al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, un primer paso importante hacia la aplicación efectiva de la Convención. Es fundamental que las deficiencias que el gobierno haitiano ha reconocido en sus informes se aborden con un liderazgo fuerte, un compromiso político y recursos adecuados.

10/RecomendaCionEs

Amnistía Internacional insta a las autoridades haitianas a poner en práctica urgentemente el Plan Nacional de Lucha contra la Violencia Ejercida sobre las Mujeres. En particular, pide que se tomen medidas para abordar las necesidades especiales de las niñas que son víctimas de violencia sexual y que se dé prioridad a los siguientes elementos del Plan Nacional para poner fin a la continuada vergüenza de la violencia sexual contra las niñas en Haití.

Garantizar que se ponen en práctica, tanto en el ámbito nacional como en el local, medidas y programas para prevenir la violencia sexual.

Recopilar en todo Haití datos exhaustivos para medir de manera sistemática la naturaleza y el alcance de la violencia contra mujeres y niñas, y hacer públicos los resultados en las dos lenguas oficiales.

Investigar todas las denuncias de violencia sexual y llevar los casos a juicio.

Garantizar que las autoridades judiciales reciben formación adecuada sobre las disposiciones y la aplicación de los tratados internacionales y regionales de derechos humanos que son vinculantes para Haití y que tienen fuerza de ley en los tribunales haitianos.

Garantizar que la policía proporciona un entorno seguro y confidencial en el que las mujeres y las niñas puedan denunciar la violencia sexual; garantizar que se registran obligatoriamente todas la denuncias de violencia contra mujeres y niñas; y garantizar que todas las denuncias se investigan sin demora y de manera imparcial y efectiva.

  • Prestar asistencia legal de oficio a víctimas y supervivientes de violación y otras formas de violencia sexual.

  • Elaborar materiales educativos destinados a hacer frente a la discriminación y poner fin a la violencia contra las niñas; incorporar esos materiales a los programas de enseñanza de todos los niveles del sistema educativo.

Amnistía Internacional pide a la comunidad internacional que tome medidas para ayudar a las autoridades haitianas a dar prioridad a la aplicación del Plan Nacional de Lucha contra la Violencia Ejercida sobre las Mujeres y, en particular, a aquellos de sus elementos que ayudarán a poner fin a la violencia sexual contra las niñas.

NO LES DEMOS LA ESPALDA

VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LAS NIÑAS EN HAITÍ


La violencia sexual contra las niñas es un fenómeno omnipresente y extendido en Haití. Los estudios recientes sugieren que más de la mitad de las violaciones denunciadas son de niñas menores de 18 años. Continúa la prevalencia de violaciones a manos de grupos de hombres armados y resulta especialmente preocupante el aumento del número de violaciones durante el periodo de carnaval. En los últimos años, las autoridades han tomado medidas para abordar la violencia contra mujeres y niñas. Sin embargo, pese a estas iniciativas, el gobierno haitiano está muy lejos de cumplir con su obligación de proteger a las niñas.


La situación de la seguridad pública en Haití ha sido objeto de una honda preocupación internacional y Amnistía Internacional es consciente de los serios obstáculos a los que se enfrentan las autoridades haitianas desde hace tiempo. Fortalecer el desarrollo, la buena gobernanza y el Estado de derecho en Haití son cuestiones prioritarias. No obstante, no podrá haber seguridad si un gran sector de la población no puede participar plenamente en su comunidad por la amenaza o las consecuencias de la violencia.


Este informe se centra en la violencia sexual en la familia y la comunidad, los lugares donde más riesgo corren las mujeres y niñas de sufrirla. Ocupan un lugar central las experiencias de las niñas que hablaron con Amnistía Internacional y describieron las consecuencias que la violación ha tenido para su salud, su lugar en la comunidad y su futuro.

FOTOS Y PIES DE FOTO PARA NO LES DEMOS LA ESPALDA: VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LAS NIÑAS EN HAITÍ


1

Portada


Niña sentada en el patio de una escuela en el Haití rural.

© Amnistía Internacional

Cap. 3


Varias personas montan un mercadillo en una plaza rodeada por una alcantarilla abierta y un montón de basura, Puerto Príncipe, Haití.

© Amnistía Internacional




Cap.3


Niñas cruzando un río de camino a la escuela, Lavanneau, Haití.

© Amnistía Internacional


Cualquier cap.


Sesión comunitaria infantil de dibujo con Amnistía Internacional, Puerto Príncipe,© Amnistía Internacional

Cualquier cap.


Una niña copia los deberes de la pizarra, Puerto Príncipe, Haití.

© Amnistía Internacional



Niña de Puerto Príncipe, Haití, con una de las insignias elaboradas por un proyecto de mujeres de Sudáfrica para la campaña de Amnistía Internacional “No más violencia contra las mujeres”.

© Amnistía Internacional


[Esta podría quedar bien cerca de las conclusiones/recomendaciones, por el elemento de activismo.]

Cualquier cap.


Aula de Lavanneau, Haití.

© Amnistía Internacional

Cualquier cap.


Sesión comunitaria infantil de dibujo con Amnistía Internacional, Puerto Príncipe, Haití..

© Amnistía Internacional

Cualquier cap., pero en el 3 iría muy bien


Con los elevados índices de desempleo, la venta callejera es una de las estrategias que muchas mujeres adoptan para sobrevivir a la penuria, Puerto Príncipe, Haití.

© Amnistía Internacional



Cualquier cap.


Niña en un callejón entre dos aulas en una escuela rural de Lavanneau, Haití.

© Amnistía Internacional


Cualquier cap.


Dibujos realizados por niños y niñas de Martissant, una zona de Puerto Príncipe con altos índices violencia armada y sexual a manos de diversas bandas.

© Amnistía Internacional


El texto de la parte inferior dice:


¿Por qué no abrimos escuelas para que todos los niños y niñas de la sociedad puedan ir a la escuela? ¡¡¡Hay que enseñarles, por el futuro del país!!!”

Cualquier cap.


Dibujos realizados por niños y niñas de Martissant, una zona de Puerto Príncipe con altos índices violencia armada y sexual a manos de diversas bandas.

© Amnistía Internacional



Cualquier cap.


Sesión comunitaria infantil de dibujo con Amnistía Internacional, Puerto Príncipe, Haití.

© Amnistía Internacional



Cualquier cap.


Sesión comunitaria infantil de dibujo con Amnistía Internacional, Puerto Príncipe, Haití.

© Amnistía Internacional



Cualquier cap. Pero en el 3 iría muy bien

Callejón con alcantarilla, niños y un cerdo al fondo.

Niños y niñas juegan junto a una alcantarilla abierta en una de las calles principales de la zona de Cité Soleil, Puerto Príncipe, Haití.

© Amnistía Internacional


Cap. 2

Vehículos de transporte de personal de la ONU

Base de la ONU a la entrada de la zona de Cité Soleil, Puerto Príncipe, Haití. La base se estableció para tratar de abordar los elevados índices de violencia de bandas en la zona.

© Amnistía Internacional


Cap. 4

Carta de una niña

[Debe ir junto con el testimonio al principio del capítulo: carta de Katia]

Carta de Katia a Amnistía Internacional.


Cap. 2

Colegio

Paredes acribilladas a balazos de un colegio de Puerto Príncipe dañado durante los fuertes combates producidos en la zona entre bandas armadas y MINUSTAH en 2006.

Cualquier cap.

Paisaje con montañas al fondo

Afueras de la capital de Haití, Puerto Príncipe.

© Amnistía Internacional


Río con chozas

Barrio pobre junto al río en Cap Haitian, Haití.

© Amnistía Internacional


Grupo de niños

Niños y niñas que participaron en la sesión comunitaria de dibujo con la delegación de Amnistía Internacional.

© Amnistía Internacional


1 Véase, por ejemplo, Kay Fanm, Violence envers les femmes et les jeunes filles, Rapport Bilan 2006; SOFA, Rapport Bilan I, II, III, IV, V, VI y VII, que documenta, entre otros, casos de violencia sexual contra niñas entre enero de 2003 y junio de 2008; véase también Athena R. Kolbe y Royce A. Houston, “Human rights abuse and other criminal violations in Port-au-Prince, Haiti: a random survey of households”, The Lancet, 2006, vol. 368.

2 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual 2007, capítulo IV, Haití, párr. 52.

3 Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH), de las Naciones Unidas, Situation report #9, Haiti: Tropical Storm Hanna, Gustav, Ike update, 11 de septiembre de 2008, p. 1, http://ochaonline.un.org/haiti/Rapportsdesituation/OCHARapportsdesituationHaitisaisoncyclonique/tabid/4923/language/fr-FR/Default.aspx, visitado el 15 de octubre de 2008.

4 Commission Nationale de Vérité et Justice, Si M Pa Rele (Si no grito), Puerto Príncipe, 1996.

5 “La incidencia de la violencia contra la mujer en los conflictos armados, en particular la violencia sexual, inclusive la violación, está siendo cada vez más reconocida y documentada. Se ha comprobado violencia contra la mujer en situaciones de conflicto o posteriores a los conflictos en numerosos países.” Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer, Informe del Secretario General, 2006, párr. 145, http://www.un.org/spanish/aboutun/organs/ga/61/doc1.shtml, visitado el 26 de septiembre de 2008.

6 Relatora especial sobre la violencia contra la mujer, con inclusión de sus causas y consecuencias, Informe sobre la misión a Haití (1999), 27 de enero de 2000, párr. 7, doc. ONU E/CN.4/2000/68/Add.3.

7 Relatora especial sobre la violencia contra la mujer, con inclusión de sus causas y consecuencias, Informe sobre la misión a Haití (1999), 27 de enero de 2000, párr. 38, doc. ONU E/CN.4/2000/68/Add.3.

8 Athena R. Kolbe y Royce A. Houston, “Human rights abuse and other criminal violations in Port-au-Prince, Haiti: a random survey of households”, The Lancet, 2006, vol. 368, p 868. La elevada cifra representa la tasa bruta para el periodo de 22 meses basándose en una muestra de 1.260 hogares en la zona de Puerto Príncipe. La tasa bruta se utiliza para medir la incidencia de un suceso durante un periodo de tiempo, y se estima para una población de 100.000 habitantes. En este caso, el 3,1 por ciento de las mujeres que respondieron a la encuesta afirmaron haber sido víctimas de violencia sexual. Para calcular el total de víctimas del área objeto del estudio, los investigadores aplicaron la tasa bruta a la población estimada de Puerto Príncipe y su periferia en 2003 (2.121.000 habitantes). La tasa bruta se calculó de la siguiente manera: número de incidentes/número de personas-mes que vivían en el hogar×12×100.000.


9 Relatora especial sobre la violencia contra la mujer, con inclusión de sus causas y consecuencias, Integración de los derechos humanos de la mujer y la perspectiva de género: Violencia contra la mujer. Interrelaciones entre la violencia contra la mujer y el VIH/sida, 2005, párr. 14, doc. ONU E/CN.4/2005/72, http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/102/14/PDF/G0510214.pdf?OpenElement.

10 Según los Informes sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de 2002 y 2006, la distribución de los ingresos en Haití se hizo más desigual, con una variación de 0,50 a 0,65 en el coeficiente de Gini. La desigualdad en la distribución de los ingresos dentro de un país o una región se suele medir por el coeficiente de Gini, que varía de 0, que indica la igualdad perfecta, a 1, que indica una desigualdad total. El coeficiente de Gini para Haití oscila en torno al 0,65, mientras que el de Latinoamérica es de una media de 0,5. El segundo país más desigual de Latinoamérica es Brasil, con un coeficiente de Gini de 0,56 (2004).

11 Fondo Monetario Internacional (FMI), Haiti: Interim Poverty Reduction Strategy Paper, informe de país del FMI núm. 06/411, noviembre de 2006, p. 11, basado en un estudio sobre condiciones de vida en Haití llevado a cabo en 2001.

12 PNUD, La vulnérabilité en Haïti : Chemin inévitable vers la pauvreté? Rapport national sur le développement humain – Haïti, septiembre de 2004, p. 10, http://hdr.undp.org/en/reports/nationalreports/latinamericathecaribbean/haiti/haiti_2006_fr.pdf, visitado el 5 de julio de 2008.

13 Michel Cayemittes et al, Enquête Mortalité, Morbidité et Utilisation des Services, Haïti, 2005-2006, Calverton, Maryland, Estados Unidos: Ministère de la Santé Publique et de la Population, Institut Haïtien de l’Enfance et Macro International Inc, 2007, p. 194, http://www.measuredhs.com/pubs/pdf/FR192/FR192.pdf, visitado el 7 de julio de 2008.



14 Médicos Sin Fronteras, MSF Briefing Paper, A perilous journey: The obstacles to safe delivery for vulnerable women in Port-au-Prince, mayo de 2008, p. 19, http://www.msf.ca/fileadmin/documents/publications/MSF_HaitiReport_ENG_R3.pdf, visitado el 7 de julio de 2008.

15 Médicos Sin Fronteras, Haiti: Emergency Obstetrics in MSF's Jude Anne hospital, http://www.msf.org.au/stories/twfeature/2006/132-twf.shtml, visitado el 7 de julio de 2008.

16 Ministère de la Santé Publique et de la Population, Organisation Panamericaine de la Santé, Analyse des Causes de Décès, 1999, p. 12.

17 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Informes periódicos inicial, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo combinados de los Estados partes: Haití, 2008, p. 32, doc. ONU CEDAW/C/HTI/7, http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/416/27/PDF/N0841627.pdf?OpenElement, visitado el 9 de octubre de 2008.

18 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, recomendación general 19 (undécimo periodo de sesiones, 1992), párr. 24.c, Recopilación de las observaciones y recomendaciones generales aprobadas por los órganos de derechos humanos creados en virtud de tratados, doc. ONU HRI\GEN\1\Rev.1.

19 Declaración de la ONU sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, artículo 4.k, doc. ONU A/RES/48/104, y Plataforma de Acción de Pekín, párr. 130.

20 Ministère à la Condition Féminine et aux Droits des Femmes, Étude "Une réponse à la violence faite aux femmes en Haïti". "Étude sur la violence domestique et sexuelle en Haïti", 2007, p. 5, http://www.mcfdf.gouv.ht/pdf/violence.pdf, visitado el 7 de julio de 2008.

21 Ministère à la Condition Féminine et aux Droits des Femmes, Étude "Une réponse à la violence faite aux femmes en Haïti". "Étude sur la violence domestique et sexuelle en Haïti", 2007, p. 56, http://www.mcfdf.gouv.ht/pdf/violence.pdf, visitado el 7 de julio de 2008.

22 Kay Fanm, Violence envers les femmes et les jeunes filles, Rapport Bilan 2006.

23 Michel Cayemittes et al, Enquête Mortalité, Morbidité et Utilisation des Services, Haïti, 2005-2006, Calverton, Maryland, Estados Unidos: Ministère de la Santé Publique et de la Population, Institut Haïtien de l’Enfance et Macro International Inc, 2007, p. 305, http://www.measuredhs.com/pubs/pdf/FR192/FR192.pdf, visitado el 7 de julio de 2008.

24 Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer, Informe del Secretario General, 2006, párr. 99, , visitado el 26 de septiembre de 2008.

25 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Informes periódicos inicial, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo combinados de los Estados partes: Haití, 2008, p. 32.

26 Médicos Sin Fronteras, MSF Briefing Paper, A perilous journey: The obstacles to safe delivery for vulnerable women in Port-au-Prince, mayo de 2008, p. 11.

27 Organización Mundial de la Salid, Estudio multipaís de la OMS sobre salud de la mujer y violencia doméstica: Primeros resultados sobre prevalencia, eventos relativos a la salud y respuestas de las mujeres a dicha violencia, 2005, p. vi.

28 Comité de los Derechos del Niño, informes iniciales de los Estados Partes que debían presentarse en 1997, Haití, 21 de junio de 2002, párr. 2, doc. ONU CRC/C/51/Add.7. La traducción de la cita es de EDAI.

29 Médicos Sin Fronteras. MSF Briefing Paper, A perilous journey: The obstacles to safe delivery for vulnerable women in Port-au-Prince, mayo de 2008.

30 Ministère à la Condition Féminine et aux Droits des Femmes, Les termes de la problématique de genre en Haïti. Éléments de la condition et des situations des femmes en Haïti, 2006, p. 8. http://www.mcfdf.gouv.ht/pdf/condition_feminine.pdf, visitado el 11 de julio de 2008.

31 Véase, por ejemplo, el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

32 Véase, por ejemplo, la Observación General 31 del Comité de Derechos Humanos, comité experto que vigila el cumplimiento por parte de los Estados del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Véase también la Observación General 19 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.

33 La Mesa Redonda Nacional está compuesta por representantes gubernamentales (el Ministerio de Asuntos y Derechos de la Mujer, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y el Ministerio de Población y Salud Pública), ONG (la Coordinadora Nacional para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CONAP), la Unidad de Investigación y Acción Médico-legal (URAMEL), el Grupo Haitiano de Investigación sobre el Sarcoma de Kaposi y las Infecciones Oportunistas (Groupe Haïtien d’Etudes du Sarcome de Kaposi et des Infections Opportunistes, GHESKIO), Objetivo Cero Sida (Promoteurs Objectif ZéroSida, POZ), Solidaridad Internacional Haití y Médicos del Mundo Francia) y organismos internacionales de desarrollo (el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), la Organización Panamericana de la Salud (PAHO), la Organización Mundial de la Salud (OMS), MINUSTAH y CGF/Fods Kore Fanm).

34 Concertation Nationale contre les violences faites aux femmes, Plan National de Lutte Contre les Violences faites aux Femmes en Haïti, Prévention, Prise en Charge et Accompagnement des Victimes de Violence Spécifiques Faites aux Femmes, 2006-2011, p. 15.

35 Décret modifiant le Régime des Agressions Sexuelles et Éliminant en la Matière les Discriminations Contre la Femme dans le Code Pénal. En ausencia de Parlamento durante el gobierno de transición (2004-2006), el decreto fue aprobado por el Consejo de Ministros el 6 de julio de 2005, y entró en vigor el 11 de agosto de 2005, cuando se publicó en Le Moniteur, año 160, núm. 60.

36 Comisión Interamericana de Mujeres. Véase: http://www.oas.org/CIM/english/LawsViolence.htm, visitado el 11 de julio de 2008.

37 COHADDE, Rapport Alternatif au Comité des Droits de l’Enfant, 1 de febrero de 2002.

38 Véase, por ejemplo: Amnistía Internacional, Haiti: Open letter to the President of the Republic of Haiti, René García Préval regarding Amnesty International’s recommendations for the protection and promotion of human rights (Índice AI: AMR 36/011/2006); Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Haití: ¿Justicia frustrada o estado de derecho? Desafíos para Haití y la comunidad internacional, 2005 (OEA Ser.L/V/II.123); International Crisis Group, Haiti: Justice Reform and the Security Crisis, Policy Briefing Latin America/Caribbean Briefing N°14, Puerto Príncipe/Bruselas, 31 de enero de 2007; experto independiente de la ONU sobre Haití, Situación de los derechos humanos en Haití, Informe presentado por el Experto independiente, Sr. Louis Joinet, 24 de enero de 2006, doc. ONU E/CN.4/2006/115.

2/2/09

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