Documento - Guatemala. Legitimidad en peligro. Derechos humanos y elecciones 2003

[N[No publicar antes del 19 de septiembre de 2003]Público

Amnistía Internacional

Guatemala

Legitimidad en peligro

Derechos humanos y elecciones 2003

			Resumen
Índice AI: AMR 34/051/2003/s

Los ciudadanos de Guatemala acudirán a las urnas el próximo 9 de noviembre de 2003 para elegir nuevo presidente, vicepresidente y miembros del Congreso, en un ambiente que Amnistía Internacional (AI) teme que amenace la legitimidad de las instituciones políticas, electorales y judiciales del país.

En Guatemala, los años electorales se han caracterizado siempre por el aumento de las violaciones de derechos humanos, y, lamentablemente, lo habitual es el fraude electoral, tanto en la campaña como en el propio acto electoral. Con respecto a los comicios del año 2003 en particular, son motivo de especial preocupación para Amnistía Internacional diversos factores que sugieren que los niveles de violencia política podrían alcanzar cotas excepcionalmente elevadas, y el hecho de que hay razones especiales para temer que lleguen a perpetrarse actos de fraude de importancia fundamental.

En este documento se exponen en primer lugar los antecedentes y la información general pertinente a estas elecciones: las circunstancias en que van a celebrarse, datos sobre los candidatos, sobre sus partidos políticos, sobre las instituciones que deben organizar y supervisar la contienda electoral y sobre las cuestiones que han de sopesar los votantes.

Se describen a continuación, en un intento de evaluarlas, las repercusiones del fraude y la violencia que ya se han producido en relación con las elecciones. Se toman asimismo en consideración en el texto varias cuestiones que Amnistía Internacional cree que deben tenerse presentes a la hora de analizar si los próximos comicios serán realmente libres, justos y transparentes, y si se celebrarán en un ambiente ajeno a toda intimidación y consecuente con el Estado de Derecho. Entre esos factores figuran la legalidad de la candidatura del general Efraín Ríos Montt o, si se quiere, la controversia que la rodea.

En el informe se repasan luego las reacciones de la comunidad internacional ante los últimos sucesos en Guatemala relacionados con las elecciones, y se enumeran después las iniciativas que los miembros de la organización tomarán para ejercer presiones en favor de unas elecciones libres y justas, sin violencia ni violaciones de derechos humanos, celebradas en un contexto de respeto al Estado de Derecho. El documento concluye con las recomendaciones que en relación con las elecciones Amnistía Internacional ha formulado a los candidatos en particular y a la comunidad internacional en su conjunto.

Este texto resume el documento titulado Guatemala: Legitimidad en peligro. Derechos humanos y elecciones 2003(Índice AI: AMR: 34/051/2003/s), publicado por Amnistía Internacional en septiembre de 2003. Quienes deseen más información o emprender acciones al respecto deben consultar el documento en su integridad. Encontrarán asimismo una amplia variedad de documentación y materiales de la organización sobre este y otros asuntos en http://www.amnesty.org. Pueden recibirse también por correo electrónico los comunicados de prensa de Amnistía Internacional: http://web.amnesty.org/ai.nsf/news

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), MADRID, ESPAÑA

[No publicar antes del Fecha de embargo: 18 19 de Septiembre de 2003]

Público

Amnistía Internacional

Guatemala

La legitimidad política, electoral y judicial en peligro

Derechos Humanos y Elecciones 2003 en Guatemala

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ÍNDICE

Introducción 1

El contexto de las elecciones: El historial del gobierno saliente en materia de derechos humanos 2

La candidatura de Ríos Montt: cuestión central en las elecciones 3

Los otros candidatos 5

Los programas 5

Irregularidades en la campaña para las elecciones de noviembre 8

El derecho al voto 8

Uso indebido de fondos y falta de transparencia en las donaciones 9

Cuestiones relativas al método de financiación de las elecciones 11

Violencia relacionada con las elecciones 11

«Jueves Negro» y «Viernes de Luto»: ¿Crónica de una violencia anunciada? 13

Pasividad gubernamental 15

Nuevas prácticas intimidatorias tras la decisión de la Corte de Constitucionalidad 16

Asalto a la sede de la Procuraduría de los Derechos Humanos 16

La candidatura de Ríos Montt: análisis de los aspectos jurídicos realizado por Amnistía Internacional 17

Realidades políticas y misiones internacionales de observación 18

Preocupación internacional 18

Recomendaciones de Amnistía Internacional y programa de acción para la campaña electoral 20

Recomendaciones de AI a los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de Guatemala 20

Recomendaciones de AI a segundos gobiernos y a la comunidad internacional 21

Misiones de observación electoral 21

Contactos con los candidatos 21

La violencia relacionada con las elecciones y el sistema electoral de Guatemala 22

Las elecciones y el apoyo político y económico a las instituciones guatemaltecas, al proceso de paz y a la presencia internacional en Guatemala 22

Recomendaciones a las instituciones financieras internacionales y a las empresas multinacionales que operan en Guatemala 23

Apéndice I: 24

Apéndice II 29

Guatemala

La legitimidad política, electoral y judicial en peligro

Derechos humanos y eElecciones 2003 en Guatemala

Introducción

Los ciudadanos de Guatemala acudirán a las urnas el próximo 9 de noviembre de 2003 para elegir nuevo presidente, vicepresidente y miembros del Congreso, en un ambiente que Amnistía Internacional teme que amenace la legitimidad de las instituciones políticas, electorales y judiciales del país.

En Guatemala, los años electorales se han caracterizado siempre por el aumento de las violaciones de derechos humanos, y, lamentablemente, lo habitual es el fraude electoral, tanto en la campaña como en el propio acto electoral. Con respecto a los comicios del año 2003 en particular, son motivo de especial preocupación para Amnistía Internacional diversos factores que sugieren que los niveles de violencia política podrían alcanzar cotas excepcionalmente elevadas, y el hecho de que hay razones especiales para temer que lleguen a perpetrarse actos de fraude de importancia fundamental.

En esta ocasión, analistas electorales de Guatemala y el extranjero han advertido ya de que, además del habitual recurso a la falsificación o alteración del censo electoral y los resultados de las elecciones, es muy posible que el proceso en su conjunto sea ahora manipulado (de hecho ya lo ha sido) mediante presiones, amenazas, violencia, terror, intimidación y el indebido uso de los recursos municipales y del Estado.

En este documento se exponen en primer lugar los antecedentes y la información general pertinente a estas elecciones: las circunstancias en que van a celebrarse, datos sobre los candidatos, sobre sus partidos políticos, sobre las instituciones que deben organizar y supervisar la contienda electoral y sobre las cuestiones que han de sopesar los votantes.

Se describen a continuación, en un intento de evaluarlas, las repercusiones del fraude y la violencia que ya se han producido en relación con las elecciones. Se toman asimismo en consideración en el texto varias cuestiones que Amnistía Internacional cree que deben tenerse presentes a la hora de analizar si los próximos comicios serán realmente libres, justos y transparentes, y si se celebrarán en un ambiente ajeno a toda intimidación y consecuente con el Estado de Derecho. Entre esos factores figuran la legalidad de la candidatura del general Efraín Ríos Montt o, si se quiere, la controversia que la rodea.

En el informe se repasan luego las reacciones de la comunidad internacional ante los últimos sucesos en Guatemala relacionados con las elecciones, y se enumeran después las iniciativas que los miembros de la organización tomarán para ejercer presiones en favor de unas elecciones libres y justas, sin violencia ni violaciones de derechos humanos, celebradas en un contexto de respeto al Estado de Derecho. El documento concluye con las recomendaciones que en relación con las elecciones Amnistía Internacional ha formulado a los candidatos en particular y a la comunidad internacional en su conjunto.

El contexto de las elecciones: El historial del gobierno saliente en materia de derechos humanos

El presidente saliente de Guatemala, Alfonso Portillo, llegó al poder en enero de 2000 como candidato del Frente Republicano Guatemalteco (FRG). Al asumir su cargo, el entonces nuevo presidente prometió muchas cosas: progresos en la aplicación de los Acuerdos de Paz de 1996 con los que se puso fin al prolongado conflicto civil que había padecido Guatemala; la puesta en práctica de las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), patrocinada por la Organización de Naciones Unidas (ONU); el retorno al respeto del Estado de Derecho, con la disolución de la tristemente célebre agencia de información militar conocida como Estado Mayor Presidencial (EMP) o Guardia de Seguridad Presidencial; y progresos en algunos de los más notorios casos de violación de los derechos humanos no resueltos que la opinión pública local e internacional consideran que deben aclararse si se desea mantener la confianza en la voluntar y la capacidad del Estado de Guatemala para combatir la impunidad y restablecer el respeto por el Estado de Derecho.

El gobierno Portillo ha defraudado estrepitosamente las expectativas suscitadas por sus promesas. Pocos han sido los progresos realizados en la implementación de los elementos relacionados con los derechos humanos que incluían los Acuerdos de Paz; las escasas sentencias condenatorias dictadas en relación con causas emblemáticas que afectaban a los derechos humanos, conseguidas tras prolongadas batallas libradas con valor y arrostrando peligros por parte de familiares y grupos locales de derechos humanos, han sido no pocas veces recurridas y anuladas; el EMP sigue funcionando pese a que, uno tras otro, se han ido cumpliendo los plazos que el propio presidente había fijado para su prometida disolución;(1) al mismo tiempo, aproximadamente a lo largo de los tres últimos años, el país ha experimentado una ola renovada de abusos contra los derechos humanos. Entre los principales objetivos de los abusos están los defensores de los derechos humanos y el personal judicial que ha participado en los esfuerzos por hacer frente o por sacar a la luz la impunidad de que disfrutan quienes han perpetrado matanzas generalizadas y otras atrocidades durante los años del prolongado conflicto. Los periodistas que han informado sobre estas y otras cuestiones relacionadas con los derechos humanos también han sido objeto de reiteradas violaciones. A medida que se acerca la fecha de celebración de las elecciones, la violencia contra estos tres sectores se ha incrementado aún más si cabe, como se detalla a continuación.

La candidatura de Ríos Montt: cuestión central en las elecciones

Es generalizada la opinión de que uno de los factores de mayor importancia que explican la renovada ola de represión y violencia política que ha caracterizado al gobierno Portillo ha sido el control ejercido en la sombra por el general Ríos Montt. El general, fundador del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), el partido en el poder, fue el militar, hombre fuerte y jefe del Estado durante lo que comúnmente se considera que fue el periodo de mayor dureza represora de la campaña de contrainsurgencia del ejército guatemalteco en las zonas rurales del país (1982-1983). El general se enfrenta en Guatemala y en el extranjero a diversos procesos judiciales por genocidio y otros crímenes de lesa humanidad por su responsabilidad en las matanzas del ejército que la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) concluyó que habían constituido genocidio en cuatro zonas específicas de Guatemala.

Amnistía Internacional comparte la opinión de que la función del general en el contexto de las órdenes que se dieron para la comisión de atrocidades masivas, así como su alta responsabilidad de gobierno en tales circunstancias durante los años del conflicto, son razón más que suficiente para que quede excluido de la posibilidad de que ejerza responsabilidad pública alguna. Y pese a ello, durante el gobierno Portillo el general ha ejercido el cargo de presidente del Congreso, puesto que ha utilizado para inundar los tribunales de justicia con partidarios suyos, para orquestar una campaña de terror a través del aparato clandestino de seguridad de Guatemala y su, así denominada, «estructura paralela de poder»(2), y para garantizar la aprobación de los pagos a los que fueron auxiliares civiles del ejército, las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), con objeto de «compensar» a sus integrantes por los servicios prestados durante el conflicto. La interpretación más habitual que se ha hecho de que se da a la materialización de esos pagos ha sido que, con ellos, se estaba comprando de hecho el respaldo continuado de las Patrullas al FRG. También se teme que los patrulleros pagados ahora por el FRG puedan estar siendo empleados para amenazar a otras personas en áreas rurales del país para que no vayan a votar el 9 de noviembre, o para que lo hagan al FRG. Ha sido también motivo de profunda inquietud para grupos de derechos humanos de Guatemala y del extranjero, Amnistía Internacional entre ellos, el hecho de que las PAC, responsables de violaciones masivas de derechos humanos durante el conflicto, estuvieran recibiendo tales pagos, mientras que, sin embargo, los pagos indemnizatorios del gobierno a las víctimas de las atrocidades masivas perpetradas durante los años del conflicto hayan sido extremadamente limitadaos y esporádicaos.(3)

Además de su atroz historial en el terreno de los derechos humanos, puede considerarse que, en aplicación de la Constitución guatemalteca de 1985, según quedó enmendada en 1993, el general debería quedar excluido de concurrir en a las elecciones como candidato a la presidencia, puesto que en ella se prohíbe tal posibilidad para toda persona que hayahubiera participado en un golpe de Estado (incluidos los familiares hasta determinado grado de consanguinidad).(4) Pese a ello, el general trató de presentarse en cada una de las dos últimas elecciones presidenciales. En ambas ocasiones, la Corte de Constitucionalidad resolvió que la candidatura del general era inconstitucional. De forma similar, cuando en 1991 el general Ríos Montt recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos argumentando que la aplicación del artículo 186 de la Constitución por parte de los tribunales de su país había violado sus derechos, protegidos en virtud de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Comisión no admitió a trámite su recurso dado que el artículo 186 no conculca en modo alguno la Convención. Es decir, la Comisión consideró que la prohibición de su candidatura era conforme con el ordenamiento constitucional guatemalteco y no conculcaba norma internacional alguna.

Sin embargo, en la campaña electoral para los comicios de este año, y gracias al control que el general ha logrado sobre la Corte de Constitucionalidad asegurándose de que entre sus miembros hay partidarios suyos, Ríos Montt ha conseguido que esta institución haya resuelto, tras prolongadas disputas con la Corte Suprema de Justicia (CSJ),que en esta ocasión sí pueda presentarse, y que la suya sea una de las dos únicas candidaturas que se han presentado formalmente a la elección hasta el momento de redactarse este informe, a principios de septiembre de 2003. Conforme a la información disponible, la decisión de la Corte de Constitucionalidad se fundamentó en la aceptación del argumento del general según el cual el artículo 186 no es aplicable a su candidatura porque la actual Constitución entró en vigor en 1985 y el golpe de Estado en el que él estuvo implicado ocurrió en 1982. Los adversarios políticos del general, numerosos miembros o ex miembros de alto rango de la judicatura de Guatemala y los grupos de derechos humanos del país han cuestionado enérgicamente esta decisión. La legalidad y las repercusiones de tal medida se analizan pormenorizadamente en párrafos posteriores. En cualquier caso, hay que dejar constancia clara desde el principio que la candidatura de Ríos Montt es uno de los factores que muchos sectores de la sociedad guatemalteca y en el extranjero temen que pueda servir para acrecentar enormemente los peligros de una agudización de la violencia y del fraude electoral, tanto durante la campaña como en el propio acto electoral de noviembre.

Y ello es así porque, conforme al ordenamiento jurídico de Guatemala, y en virtud de su calidad de presidente del Congreso, el general ha gozado de inmunidad para ser procesado por, entre otras cosas, los crímenes de lesa humanidad de los que se le acusa. Si su candidatura no resulta elegida en los comicios perderá su situación de inmunidad y los procesos entablados por estos presuntos crímenes en Guatemala y el extranjero contra su persona (y otros miembros del ejército) podrían suponerle una grave amenaza. Las circunstancias, por consiguiente, parecerían ciertamente ser las más oportunas para que el FRG utilizase todos los medios a su alcance, sin descartar los ilegales, como la posibilidad del fraude electoral y actos de intimidación y violencia, con objeto de tratar de garantizar la victoria del general, y por ende, su inmunidad .

Por supuesto, no es descartable tampoco que otros partidos realicen ese tipo de actos fraudulentos o de violencia, como de hecho ya ha ocurrido,(5) para desalojar del poder al FRG y asegurarse el acceso al lucrativo botín político que en Guatemala tradicionalmente se viene desviando de los dineros públicos y a través de prácticas empresariales corruptas por parte de quienes ejercen el poder en el país.

Los otros candidatos

A principios de septiembre de 2003, ocho eran los partidos políticos que habían presentado candidatos a la presidencia y vicepresidencia del país, aunque más de una veintena de partidos, muchos de ellos constituidos en realidad en apresuradas alianzas sólo para las próximas elecciones, podrían finalmente presentar candidatos para diputados al Congreso o incluso para los altos cargos de la presidencia y vicepresidencia. Es de esperar que el número de partidos que concurren a estas elecciones, e incluso los nombres de los candidatos que los representan, fluctúen a medida que se aproxime la fecha de la cita electoral, pero, de momento, los contendientes de mayor importancia son los que se relacionan a continuación según el apoyo popular del que aparentemente gozaban hasta agosto de 2003:(6)

Según los informes, el favorito es el candidato presidencial Óscar Berger, de la Gran Alianza Nacional (GANA). Esta alianza la constituyen el Partido Patriota (PP) el Movimiento Reformador (MR) y el Partido de Solidaridad Nacional (PSN).

Tras esta formación, las encuestas parecen situar en segundo lugarpuesto a Álvaro Colom, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), seguido de Leonel López Rodas, del Partido de Avanzada Nacional (PAN), formación política del ex presidente Álvaro Arzú, que concurre ahora como candidato para la alcaldía de la Ciudad de Guatemala. En cuarto lugar iría Fritz García Gallont, del Partido Unionista (PU), siendo el general Ríos Montt y el Frente Republicano Guatemalteco (FRG) los que ocupasen la quinta posición en las preferencias de los electores.

Los programas

Los partidos han presentado diversas promesas electorales sobre muy diversas variadas materias, como la concesión del derecho de voto sufragio para los guatemaltecos residentes en el extranjero, el desarrollo rural, la creación de empleo, la reducción de la pobreza, más derechos y recursos para la mujer, lucha contra la corrupción y restablecimiento de la fe de la ciudadanía en las instituciones del país. El Frente Republicano Guatemalteco (FRG) ha prometido avances en materia de salud y educación y, según parece, ha realizado esfuerzos para concitar el voto de la población indígena agrícola diciéndoles, por ejemplo, que los demás partidos sólo representan a los «blancos» y a los «ricos».

En cualquier caso, una de las principales cuestiones sobre las que todos los partidos parecen sentirse obligados a tomar postura es la de la seguridad ciudadana, lo que incluye especialmente hacer promesas de lucha contra la reciente ola de homicidios de niñas y jóvenes, y el fenómeno del incesante crecimiento de los secuestros y la delincuencia común que se atribuye a las bandas callejeras, o «maras», de Guatemala. Si bien Amnistía Internacional se muestra plenamente favorable a que se emprendan investigaciones y se ponga fin a la ola de violencia contra la mujer, además de estar de acuerdo en que la seguridad ciudadana es un motivo legítimo de preocupación, y que debe hacerse frente a la delincuencia común, la organización no desea dejar pasar la oportunidad para recordar que atacar exclusivamente a las bandas callejeras no va a servir por sí sólo para solventar los profundamente enraizados problemas sociales, políticos y económicos que padece el país, y que son los que verdaderamente contribuyen a los elevados índices de delincuencia de Guatemala, como tampoco servirá un programa de esas características para atajar los gravísimos problemas que el país tiene en el terreno de los derechos humanos.

Por lo que respecta a los demás asuntos sobre los que los candidatos han manifestado su intención de actuar, los resultados del proceder del gobierno Portillo han puesto claramente de manifiesto la extrema realidad práctica en Guatemala del tópico político universal según el cual no importa lo que digan los candidatos, pues una vez elegidos, los que se alzan con la victoria rara vez cumplen las promesas. Tampoco puede olvidarse el frecuente carácter marcadamente personalista de los partidos políticos guatemaltecos, conforme a la vieja tradición del caudillo u hombre fuerte, y que como tales a menudo carecen de una ideología definida.

Estos factores ayudan a explicar buena parte de las extrañas alianzas que habitualmente se forman en Guatemala en periodo preelectoral para la presidencia, y este año no es una excepción. Así, y en el contexto de las próximas elecciones, los mismos partidos que critican la candidatura del general Ríos Montt, entre otras cosas por su presunta implicación en violaciones de derechos humanos ocurridas en el pasado y por la corrupción generalizada que ha caracterizado los años del FRG en el poder,(7) están presentando candidatos para los más altos cargos del país y para el Congreso que cuentan, también, con dudosos historiales en esos ámbitos. Otras formaciones políticas más pequeñas, por su parte, han denunciado, por ejemplo, que los Unionistasestán presentando en sus listas de diputados a personas que han estado implicadas en escándalos financieros relacionados con la privatización de fondos estatales; que la lista nacional de la GANA está encabezada por Otto Pérez Molina, secretario general del PP, a quien, cuando era alto mando militar durante los años del conflicto, se le relacionaba desde todos los ámbitos con las matanzas perpetradas durante ese periodo; y que la UNE, formación a la que se considera y ella misma se presenta en términos generales como «simpatizante con los derechos humanos», ha designado como candidato a la vicepresidencia a Fernando Díaz Durán, destacado asesor militar durante las matanzas.

Entretanto, junto con el general Ríos Montt, el FRG presenta a Rosenda Pérez para ocupar un escaño en el Congreso. Rosenda Pérez es una prominente líder de ex miembros de las PAC, estrechamente relacionada con la organización de algunas de las violentas manifestaciones de ese colectivo para exigir sus partidas de «compensación». Otros candidatos al Congreso por el FRG han estado presuntamente implicados en los recientes y tristemente célebres actos sucesos de violencia política que han dado en conocerse como «jueves negro» y «viernes de luto», sucesos acontecimientos que se detallan en párrafos posteriores de este documentoinforme. Como Pero también otros partidos más pequeños han tenido que reconocer que algunos de sus candidatos habían sido miembros de las PAC.

Irregularidades en la campaña para las elecciones de noviembre

Serán muchas las agencias e instituciones que se desempeñarán como observadoras de las próximas elecciones en Guatemala, como ya ha ocurrido en otras ocasiones en el pasado. Mediante su presencia, pero también aportando asesoramiento técnico y realizando las pertinentes actividades de observación de los procedimientos que se sigan, tratarán de garantizar que las elecciones sean libres y justas, que no haya fraude ni corrupción y que los comicios se celebren de conformidad con el Estado de Derecho.

Sin embargo, e independientemente de que todas estas condiciones lleguen realmente a cumplirse el día mismo de la cita electoral (y la experiencia sugiere que no será eso lo que ocurra), la campaña electoral ha experimentado a estas alturas incidencias que parecería que han puesto ya en peligro, al menos hasta cierto punto, la celebración de los comicios y sus resultados. Estas irregularidades se han producido ya en diversos aspectos del proceso electoral, como los referidos al derecho al voto, al uso indebido de fondos, a la delegación de importantes funciones a agencias implicadas previamente en estafas de diversa índole y, quizás lo más importante, las tácticas intimidatorias contra candidatos, votantes potenciales y periodistas que se ocupan de las noticias electorales.

El derecho al voto

Según la información aparecida en la prensa guatemalteca, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), encargado de supervisar las elecciones, había descubierto, hasta agosto del año en curso, que el 45 por ciento del personal del ejército se encontraba inscrito en el censo electoral. El artículo 248 de la Constitución de Guatemala prohíbe expresamente el derecho al voto a todo militar en activo.

También en agosto, el propio TSE informó de que 238 municipalidades aún no le habían proporcionado la lista de residentes fallecidos desde las últimas elecciones. La verificación del censo electoral debía haber concluido al acabar el mes de agosto, con lo que el TSE no dispone ahora de tiempo para entablar las actuaciones judiciales que previamente había anunciado que emprendería contra las municipalidades que no hubieran comunicado los datos que se les pedían. En su lugar, la institución afirma ahora que enviará inspectores propios para verificar los datos personales de los votantes inscritos y suprimir a los fallecidos del censo electoral.

En respuesta a las denuncias generalizadas de grupos locales de derechos humanos y de políticos de la oposición según las cuales es de esperar que el FRG falsifique el censo electoral, organice votaciones múltiples y hasta el «voto de los muertos», se han anunciado algunas medidas con las que tratar de garantizar que sólo votarán quienes tengan derecho a ello, y que sólo lo harán una vez. Por ejemplo, la edad de cada votante figurará con tinta indeleble en el documento que le acredite el derecho al voto, y los supervisores de los colegios electorales recibirán instrucciones para que cotejen esos documentos con los de identidad al efecto de que se aseguren, además, de que los electores residen en las áreas en las que depositan su voto. De todos modos, cuando todavía no han llegado a ponerse en práctica estas medidas, ya se están recibiendo informes sobre personas que están inscribiéndose en municipalidades distintas a las de su lugar de residencia habitual.

También se ha expresado el temor de que ni siquiera con la indicación explícita de la edad en los documentos que acreditan el derecho al voto ni con el control exhaustivo de los documentos de identidad pueda ponerse coto al fraude. Los analistas recuerdan que la producción de buena parte de la documentación oficial del país corre a cargo de la Tipografía Nacional, el organismo oficial responsable de estos asuntos, institución que hace bien poco tiempo se ha visto envuelta en un notable escándalo.(8)

Entretanto, varios grupos de la sociedad civil han iniciado su propio proyecto de verificación de datos, denominado «Mirador Electoral 2003». Forman parte de este proyecto Acción Ciudadana, el grupo de derechos humanos Centro para Acción en Derechos Humanos (CALDH), la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), que a su vez desempeña funciones de supervisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE), y el Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (INCEP). Incluso la Cámara de Industriaha indicado su disponibilidad para ayudar a garantizar que las elecciones se celebran debidamente, y otros proyectos de observación que se han propuesto han formulado llamamientos para que la juventud del país realice labores de observación del proceso de inscripción y sufragio.

Por su parte, el «Mirador Electoral 2003» ha afirmado que hasta la fecha no ha encontrado irregularidad alguna en el censo electoral general, dado que el incremento de votantes inscritos desde las últimas elecciones parece ajustarse al crecimiento de población desde entonces. La coalición pretende ahora realizar muestreos en 20 municipalidades de las que se han recibido informes persistentes sobre irregularidades.

Uso indebido de fondos y falta de transparencia en las donaciones

Como se ha visto, aunque la corrupción de todo tipo ha sido desenfrenada durante el gobierno del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), parece que algunos casos concretos de uso indebido de fondos, como los pagos a las PAC(9) y el uso indebido de dinero y equipamiento del Estado en la Tipografía Nacional, parecen haber sido concebidos para que afectasen al proceso electoral.

Estos incidentes se han intensificado a medida que se aproxima la fecha de las elecciones. En julio de 2003 por ejemplo, el FRG parece que estuvo claramente implicado en la violencia política generalizada que se desató en la capital. Una muchedumbre de personas protestaba aparentemente contra el bloqueo en aquel momento de la candidatura de Ríos Montt, y atacó, entre otras, las sedes de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte de Constitucionalidad, del Tribunal Supremo Electoral, domicilios de políticos de la oposición y locales y dependencias de medios de comunicación que creían, o les habían dicho, que lideraban la oposición a la candidatura del general. Los periodistas que se ocupaban de informar de los disturbios, o aquellos a quienes se asociaba con la cobertura electoral, también fueron objeto de agresiones.

Han llegado a conocerse pruebas convincentes de que el FRG no sólo armó a la muchedumbre y organizó y dirigió los actos de violencia, sino que proporcionó también fondos para traer a la capital en vehículos colectivos a los alborotadores, alimentarlos, proporcionarles alojamiento e incluso entretenerlos durante los disturbios. Se ha denunciado también que entre los vehículos proporcionados por el FRG había algunos que habían sido adquiridos con dinero del Fondo de Inversión Social (FIS), que recibe millones de dólares de la cooperación internacional. Parece ser que algunos de los vehículos llevaban claramente distintivos del gobierno de Guatemala. (Una vez más, véanse párrafos posteriores para una información detallada sobre los disturbios del «jueves negro» y el «viernes de luto».)

Se ha denunciado también repetidas veces que el gobierno del FRG ha realizado transferencias secretas e ilegales de fondos, que el Congreso había presupuestado para fines específicos, con objeto de dedicarlos a otros usos. En otros documentos Amnistía Internacional ha informado sobre la desorbitada transferencia de fondos de áreas como nutrición y salud, en momentos de hambrunas y epidemias, al tristemente célebre Estado Mayor Presidencial (EMP).(10) Ahora, sin embargo, y a medida que se aproxima la fecha de las elecciones, el dinero destinado a proyectos públicos se transfiere, según los informes, a instituciones controladas por la Presidencia, al parecer para que las obras públicas sean administradas por organismos presidenciales, lo que permitiría al FRG reclamar el mérito directo de su ejecución, o ser considerado como el responsable de los beneficios a la población.(11) En agosto, la diputada Nineth Montenegro denunció, por ejemplo, que el dinero presupuestado para el Ministerio de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas destinado a la construcción de un puente, había sido transferido a una dependencia de la Presidencia, que después se encargaría, sin la oportuna sanción oficial ni, de hecho, las aptitudes y conocimientos necesarios, de supervisar la construcción.

La diputada Montenegro sospechaba también que 13 millones de quetzales (1.633.165,88 dólares estadounidenses, según los tipos de cambio al 27 de agosto de 2003) que la Secretaría para el apoyo a las comunidades indígenas, dependiente del gobierno, había destinado, sin fundamento discernible alguno y sin fines especificados, a comunidades sin determinar, bien podrían haberse empleado en la compra de herramientas y aperos de labranza como un ejercicio más, apenas disimulado, de compra de votos. De forma similar, Nineth Montenegro sospechaba también que la transferencia de ciertos fondos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación al Ministerio de Educación, Deporte y Cultura para pagar los salarios de personal docente recientemente contratado, en realidad no era otra cosa que un medio para comprar el voto de aspirantes a docentes del Estado, procurándoles los escasos nuevos puestos de enseñante, difíciles de conseguir, que hay en Guatemala.

La agencia independiente de noticias CERIGUAinformó en agosto sobre otro caso de aparente compra de votos por parte del gobierno en el departamento de Sololá, donde se proporcionó inesperadamente a las mujeres tejados de aluminio, fertilizantes y acceso a nuevos programas crediticios.

Pero quizá el ejemplo más flagrante del que se ha tenido noticia en relación con la compra de votos ha sido el de la ex dirigente de las PAC y candidata al Congreso por el FRG, Rosenda Pérez, quien en agosto amenazó a ex miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil, en una reunión política celebrada en el departamento de El Petén, con la pérdida de sus pagos de compensación y otros créditos si no prestaban su apoyo al FRG.

Cuestiones relativas al método de financiación de las elecciones

Relacionada con la cuestión del indebido uso de fondos está la forma en que se financian los comicios en Guatemala, que muchos consideran una invitación a la corrupción y a la subordinación. El sistema consiste en que cada partido político recibe del Estado una pequeña suma por voto obtenido en la última cita electoral en que presentó candidatos. Aparte de esos ingresos, las campañas de los partidos se las financian ellos mismos a título particular, sin necesidad de declarar sus fuentes de financiación, que incluso pueden ser anónimas, lo cual, según se ha denunciado, puede significar que narcotraficantes u otros con intereses personales puedan apoyar cuantiosamente a sus candidatos favoritos, de quienes luego esperan los correspondientes «favores». Analistas electorales locales aseguran que éste es un aspecto clave de los comicios que debe reformarse si lo que realmente se desea es que las elecciones, y de hecho el proceso político de Guatemala en su conjunto, lleguen a ser realmente transparentes y se caractericen por la capacidad de rendición de cuentas a la ciudadanía.

Violencia relacionada con las elecciones

No obstante, quizá el más flagrante factor de distorsión del proceso electoral sea el recurso a la violencia y las amenazas para intimidar y eliminar a candidatos y electores. En un aparente compromiso para tratar de evitar ese tipo de situaciones, al comenzar la campaña electoral los líderes políticos firmaron un pacto de no violencia. Sin embargo, salta a la vista que no se ha respetado, a poco que se haga un repaso, por somero que sea, de los sucesos que a diario jalonan la vida política en Guatemala. Desde que comenzó el año, por ejemplo, han muerto 11 líderes políticos, siendo la Alianza Nueva Nación (ANN) la formación más gravemente afectada. Sólo en el departamento de Chiquimula, al Este del país, les han matado a seis de sus dirigentes; a uno de ellos le cortaron la lengua. Estos homicidios le han sido atribuidos al FRG.

Pero también la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) ha sufrido bajas. El 2 de agosto, unos hombres armados tendieron una emboscada al candidato de la UNE a la alcaldía de San Miguel Pochuta, departamento de Chimaltenango. Sobrevivió el candidato, pero no su esposa. Tres días después, tres desconocidos mataron a tiros a Ismael Mancur Donis, ex alcalde de San Miguel Petapa, en el departamento de Guatemala, y candidato al Congreso por la UNE. Cinco días más tarde, el 10 de agosto, unos hombres que ocultaban el rostro con pasamontañas mataron a tiros, en el departamento de Santa Rosa, a Fernando Reyes, tras asistir a una reunión política de su partido.

El Partido Unionista (PU) también estuvo en el punto de mira en el mes de junio. Según la información disponible, el alcalde de San Cristóbal Verapaz, departamento de Alta Verapaz, perteneciente al Frente Republicano Guatemalteco (FRG), mató a tiros a uno de los líderes del PU. Parece ser que al alcalde no le gustaban las consignas de apoyo a su partido que la víctima estaba pintando en unas piedras.

Además de los muertos, otros muchos políticos, y familiares suyos, han sido objeto de amenazas y, algunos, han decidido retirar sus candidaturas temiendo por su vida, fenómeno que, obviamente, supone también una grave distorsión del proceso electoral.

También se han registrado disturbios al intentar celebrar mítines de campaña, aparentemente para intimidar a los votantes. El 22 de agosto, por ejemplo, partidarios del FRG parece que arrojaron piedras contra el helicóptero en el que dirigentes del Partido de Avanzada Nacional (PAN) se dirigían al interior del país para participar en diversos mítines electorales.

El FRG se ha defendido de las denuncias de los violentos ataques contra mítines de las formaciones políticas rivales que se le atribuyen asegurando que los partidos opositores han falseado o exagerado esos informes para justificar la escasa asistencia a sus actos. Aunque también el FRG ha sido objeto de ataques durante sus actividades relacionadas con las elecciones. En junio de 2003, el propio general Ríos Montt y partidarios suyos fueron apedreados, por ejemplo, al llegar a la zona del Rabinal, en Baja Verapazín. Llegaron justo el día en que los habitantes del pueblo procedían a inhumar por segunda vez a las víctimas que en su área había provocado la campaña de contrainsurgencia del ejército, campaña orquestada y ejecutada durante el gobierno de Ríos Montt a principio de la década de los ochenta. Las víctimas habían sido recientemente exhumadas de fosas comunes. El general Ríos Montt y su séquito hubieron de ser evacuados en helicóptero para garantizar su seguridad.

Después de este suceso se han intensificado las amenazas y otros actos de intimidación contra los peritos antropólogos que llevaron a cabo las exhumaciones y ayudaron a identificar a los familiares muertos de los residentes en el pueblo. Estos profesionales pretendían, con su esfuerzo, reunir pruebas con las que fundamentar las actuaciones judiciales que los habitantes del lugar están tratando de poner en marcha contra los presuntos responsables de las matanzas. También han sido objeto de amenazas e intimidación los activistas locales de derechos humanos, los sacerdotes mayas que oficiaron los ritos de nueva sepultura, los familiares de las victimas y periodistas que han informado sobre las exhumaciones y las actuaciones judiciales en el Rabinal y otros sucesos violentos relacionados con las elecciones. A fines de agosto, Thelma Peláez Pinelo de Lam, titular de la Fiscalía de hechos delictivos contra miembros o grupos de Derechos Humanos y Derechos Indígenas, denunció que su despacho había sido objeto de un asalto, llevado a cabo al parecer por un miembro del Estado Mayor Presidencial (EMP). El suceso tuvo lugar al día siguiente de haber anunciado Thelma Peláez la identificación del automóvil del EMP que había estado siguiendo a los peritos y a otras personas que trabajaban con ellos en las exhumaciones del Rabinal.

Las amenazas y actos de intimidación en la zona del Rabinal parecen ser la represalia contra la comprensible reacción airada de los habitantes de la localidad ante la presencia del FRG el día de la reinhumación de las víctimas, pero son también, indudablemente, reflejo de los esfuerzos que tanto militares como el FRG están realizando para impedir los intentos de la población local de demostrar las responsabilidades existentes por la violación de derechos humanos ocurridas mientras el general Ríos Montt era jefe del Estado.

Hasta la fecha se ha hecho caso omiso de las exigencias de grupos locales de derechos humanos y de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA) para que se investiguen las amenazas, y de la orden judicial por la que se pide al Ministerio de Defensa Nacional que aporte información sobre el automóvil del EMP.

«Jueves Negro» y «Viernes de Luto»: ¿Crónica de una violencia anunciada?

Pero los sucesos de violencia política quizás más alarmantes en el contexto de la actual campaña electoral se produjeron los días 24 y 25 de julio que, como se ha explicado, se conocen en Guatemala como el «jueves negro» y el «viernes de luto».

A primeras horas de la mañana del jueves 24 de julio empezaron a converger en la Ciudad de Guatemala, procedentes de las zonas rurales del país, camiones que transportaban a millares de campesinos, muchos de ellos, según los informes, ex miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) o empleados del gobierno. Una vez en la capital, parece ser que se distribuyó entre la multitud armas de fuego, machetes, garrotes, neumáticos y gasolina con los que prenderles fuego. Testigos de los hechos han afirmado que a las personas que vestían camisetas que los identificaban como empleados gubernamentales se les dieron otras sin distintivos.

Días antes, los esfuerzos del general Ríos Montt por concurrir a las elecciones como candidato presidencial habían quedado una vez más temporalmente bloqueados en los tribunales guatemaltecos. El general denunció públicamente que esa decisión era «ilegal» y advirtió que «cuando no estamos en ley, puede venir la violencia». Asimismo, anunció que «puede ocurrir que la dirección y los cuadros del partido no estén en condiciones de controlar a sus simpatizantes», palabras que muchos observadores consideraron que se trataba de una amenaza directa de la violencia que después se desató.

Los manifestantes, dirigidos por hombres que ocultaban el rostro y que parecen haber sido reconocidos como empleados del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), amenazaron o de hecho perpetraron ataques contra las sedes de diversas entidades. Según parece, también se vio a conocidos diputados del FRG en el Congreso y a otros altos responsables de esa formación política impartiendo órdenes a las turbas armadas. Entre las instituciones objeto de ataque estuvieron las sedes de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte de Constitucionalidad, del Tribunal Supremo Electoral, del rotativo El Periódicoy de El Centro Empresarial, edificio que alberga la sede de un grupo de medios de comunicación que la turba consideró, o eso le habían hecho creer, que dirige la oposición, junto con «los ricos», a la candidatura del general Ríos Montt. Según cifras de la Cruz Roja, los alborotadores tomaron durante varias horas a unas cuatrocientas personas como rehenes en El Centro Empresarial.

Objetivo de los grupos armados fueron también los domicilios del ex presidente de Guatemala, Álvaro Arzú, y de Rodolfo Rohrmoser, uno de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad que habían votado contra la candidatura del general. Rohrmoser hubo de ser sacado de su residencia en helicóptero para salvar la vida. Con anterioridad, varios magistrados de la Corte de Constitucionalidad habían recibido amenazas de muerte.

También se vio a hombres con el rostro oculto en las inmediaciones de las sedes de varios importantes grupos de derechos humanos, por lo que, hacia el mediodía del jueves 24 de julio, cerraron sus puertas las dependencias de los más importantes. Algunos defensores de los derechos humanos, entre ellos dos a quienes el día anterior les habían dicho que si se los encontraba en las calles al día siguiente serían apaleados, buscaron refugio en la Fundación Myrna Mack, uno de los más destacados grupos de derechos humanos. Confiaban en que las limitadas medidas de seguridad de que disponían pudieran ofrecerles alguna protección a ellos: el sistema interamericano de protección a los derechos humanos había ordenado «medidas cautelares» para la Fundación Myrna Mack tras las recientes amenazas de que había sido objeto. Los líderes de derechos humanos allí congregados pidieron a los agentes de seguridad que custodiaban la Fundación que solicitaran refuerzos, pero les dijeron que eso no podía hacerse sin la orden expresa de sus superiores, orden que no habían recibido y que los agentes no parecían dispuestos a solicitar.

A lo largo del día también fueron objeto de ataque varios periodistas a los que, como se ha dicho, se consideraba relacionados con la oposición a la candidatura de Ríos Montt. Por ejemplo, a Juan Carlos Torres, reportero gráfico de El Periódico, lo empaparon en gasolina unos manifestantes armados que además le destruyeron su equipo de trabajo y, según parece, intentaron quemarlo vivo. El periodista logró huir, pero requirió atención médica hospitalaria. Entre otros informes de agresiones a periodistas figuran los referidos a Edgar Valle, de Notisiete, y su camarógrafo.

Héctor Ramírez, de Radio Sonora, murió tras lograr huir de las turbas. La información inicial indicaba que había fallecido a causa de un ataque al corazón. No obstante, un ex presidente de la Corte de Constitucionalidad posteriormente declaró en la televisión guatemalteca que su cráneo presentaba graves contusiones, y afirmó además que, en su opinión, esta muerte, ya obedeciera a las lesiones en la cabeza o al ataque al corazón que le provocaron, constituía homicidio.

La magnitud de los sucesos cobró tal naturaleza amenazante que todos los centros de enseñanza enviaron a casa a los escolares y las sedes judiciales cerraron sus puertas tras recibir varias amenazas de bomba. Se clausuraron también las embajadas extranjeras, si bien muchos de sus empleados no pudieron llegar a sus casas debido a que las turbas habían bloqueado la zona de la ciudad en que muchos de ellos viven.

De hecho, la situación pareció alcanzar tal grado de inestabilidad que algunas fuentes en Guatemala temieron la posibilidad de que llegara a producirse un golpe de Estado. La sola sugerencia de semejante posibilidad es ya de por si otro factor de desestabilización contra los esfuerzos por la celebración de unas elecciones sin ningún tipo de coacciones.

Pasividad gubernamental

A medida que iban sucediéndose los acontecimientos desde primeras horas de la mañana del 24 de julio eran generalizadas las exigencias de la sociedad civil, de la comunidad internacional y de autoridades gubernamentales, como el titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos, para que el gobierno hiciera algo por controlar los desórdenes y proteger a sus ciudadanos. Sin embargo, hasta las 3:10 de la tarde el presidente Portillo no anunció que, a las 2:30, había cursado órdenes a las fuerzas combinadas (unidades conjuntas del ejército y la policía) para que controlasen la violencia. A las 6:30 de la tarde aún no habían hecho acto de presencia esos efectivos, y no fue precisamente hasta esa hora que aparecieron policías que, actuando en solitario, lograron expulsar a los manifestantes que mantenían rehenes en El Centro Empresarial. Pese a todo, la policía no practicó detenciones.

Dado que el presidente no hizo ningún anuncio hasta las 3:10 de la tarde, los manifestantes dispusieron de gran cantidad de tiempo para abandonar la capital antes de que ningún tipo de presencia policial o militar fuera visible. Algunos de los manifestantes se dirigieron hacia el norte para salir de la ciudad, efectuando a su paso disparos contra los automóviles estacionados en las proximidades de la Embajada de Estados Unidos. Unos 300 manifestantes permanecieron frente al edificio de la Corte Suprema de Justicia, donde estuvieron custodiados por hombres armados que efectuaban disparos al aire. Finalmente, ya el viernes, los restos de las turbas se dispersaron y regresaron a sus lugares de origen tras unas declaraciones públicas del general Ríos Montt que sólo podían interpretarse como su sanción para que se retirasen.

Muchos han sido los que han pedido que se investigue la función que desempeñó el Frente Republicano Guatemalteco (FRG) en los actos de violencia y que se ponga en manos de la justicia a los responsables, entre ellos el hijo del periodista muerto en los disturbios. Sin embargo, esas investigaciones no se han llevado a cabo. Al contrario, parece que los disturbios acabaron por garantizar exactamente lo que el general quería. Cinco días después, el 30 de julio de 2003, la Corte de Constitucionalidad desestimó el recurso de inconstitucionalidad contra la decisión previa de la Corte de permitir al general concurrir a las elecciones. De este modo se revocaban de hecho las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad anteriores a las dos elecciones previas en Guatemala, permitiéndose la inscripción del general Ríos Montt como candidato presidencial. La Corte resolvió además que no admitiría a trámite más recursos sobre esta cuestión.

Quienes disienten de esta decisión de la Corte de Constitucionalidad, entre ellos algunos de los más eminentes juristas de derecho constitucional de Guatemala, que a su vez han sido además presidentes en el pasado del Colegio de Abogados de Guatemala o magistrados de la Corte Suprema de Justicia o de la Corte de Constitucionalidad, argumentan que tal decisión, de hecho, puede considerarse inconstitucional. Es más, han denunciado que el presidente de la Corte de Constitucionalidad, reconocido partidario del FRG, se había asegurado previamente de que entre los magistrados que tuvieran que resolver cuestiones importantes relativas a la candidatura de Ríos Montt hubiera siempre una mayoría de simpatizantes de esa formación política. Según los informes, esto se hizo presionando a los magistrados que no eran partidarios del FRG para que se inhibieran de participar en la toma de tales decisiones (entre las presiones hubo amenazas anónimas y otras formas de intimidación), y seleccionando, de entre los sustitutos oficiales disponibles, a aquellos con los que pudiera contarse que seguían las posturas del FRG.

Cuando todavía se estaba redactando este informe, a principios de septiembre de 2003, proseguía la enconada y profundamente divisoria controversia sobre las aspiraciones presidenciales del general, tanto a nivel popular y de calle como en los más altos niveles de la judicatura guatemalteca: la Corte Suprema de Justicia seguía estudiando los recursos presentados por otros partidos políticos que cuestionan la legalidad de la candidatura del general, a pesar de la resolución de la Corte de Constitucionalidad de no considerar nuevos recursos, y la propia Corte de Constitucionalidad había admitido un recurso del FRG contra la decisión de la Corte Suprema de Justicia de admitir esos otros recursos.

De este modo, Guatemala se encuentra ahora enfrentada a una dura prueba sobre la legitimidad e institucionalidad de sus tribunales de justicia, así como sobre sus procesos judicial y electoral. Preocupa profundamente a Amnistía Internacional que estas circunstancias estén abonando el terreno para nuevas controversias y violencia política.

Nuevas prácticas intimidatorias tras la decisión de la Corte de Constitucionalidad

No tardaron en producirse nuevas prácticas intimidatorias tras los sucesos del «jueves negro» y el «viernes de luto». Varios grupos de derechos humanos, periodistas, destacados miembros de la judicatura, organizaciones políticas y civiles de ámbito local y nacional, entre ellas partidos políticos, así como ciudadanos de a pie, constituyeron al poco de aquellos hechos un nuevo grupo denominado Frente Cívico con la intención de neutralizar la candidatura de Ríos Montt e intentar evitar el fraude electoral. El 11 de agosto, días después de anunciar el Frente Cívico su intención de emprender acciones legales contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad que habían votado a favor de la candidatura de Ríos Montt, destacados miembros de la coalición, como el candidato presidencial Álvaro Colom, recibieron cartas que los amenazaban de muerte redactadas en términos soeces. En las misivas se los acusaba de haber dañado la imagen de Guatemala y de haber socavado el Estado de Derecho a causa de las denuncias sobre los disturbios de julio y la decisión de la Corte de Constitucionalidad. En las cartas, además, se expresaba apoyo al general. Analistas locales han considerado muy significativo que los mensajes empleasen el lenguaje que se considera característico de los militares en Guatemala.

Los miembros de la Corte de Constitucionalidad que votaron contra la posibilidad de que el general se presentase como candidato a la presidencia también han denunciado que han seguido siendo objeto de amenazas y otras prácticas intimidatorias.

Asalto a la sede de la Procuraduría de los Derechos Humanos

Uno de los más preocupantes sucesos ocurridos tras los disturbios de julio fue el asalto de que fue objeto el 26 de agosto la sede de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Días antes, la Procuraduría había previsto la publicación de un informe sobre los sucesos del «jueves negro» y el «viernes de luto»; poco después se produjeron reiteradas y crecientes amenazas contra el personal de la institución, entre ellos el propio procurador. Finalmente, las dependencias de la Procuraduría en la Ciudad de Guatemala fueron objeto de asalto, durante el que fueron sustraídos computadoras, discos compactos y otros datos y material. Según los informes, el material robado hacía referencia a irregularidades electorales en las zonas rurales, a las conclusiones del procurador en relación con los actos de violencia política de julio, y a la reciente intensificación de los abusos contra las mujeres. El asunto está pendiente de investigación.

El informe del procurador de los Derechos Humanos sobre los violentos sucesos de julio se publicó finalmente el 30 de agosto, y en él se denunciaba que al menos 14 funcionarios públicos de la capital y de zonas rurales habían sido los responsables de los dos días de disturbios en la Ciudad de Guatemala. Se citaba también en el informe al presidente, al vicepresidente y al ministro de Gobernación por no haber cumplido las responsabilidades que constitucionalmente tienen asignadas de proteger a la ciudadanía y mantener la paz. Hasta la fecha no ha habido conclusiones oficiales sobre el asalto a la sede de la Procuraduría de los Derechos Humanos, y relevantes responsables gubernamentales han rechazado las conclusiones de la Procuraduría sobre la relación del FRG en la violencia de julio, o simplemente han hecho caso omiso de ellas.

La candidatura de Ríos Montt: análisis de los aspectos jurídicos realizado por Amnistía Internacional

Amnistía Internacional ha analizado las cuestiones jurídicas que se han planteado a medida que se ha ido desarrollando la controversia sobre la candidatura de Ríos Montt. Sin lugar a dudas, la cuestión clave es la prohibición constitucional de presentarse como candidata a la presidencia a toda persona que haya participado en un golpe de Estado o que haya accedido al poder por esos medios. Sobre este particular, el general aduce que, como se ha dicho, la decisión de la Corte de Constitucionalidad coincide con su punto de vista, es decir, que él accedió al poder mediante un golpe de Estado, pero que éste se produjo antes de que entrara en vigor esa disposición constitucional. Sin embargo, en opinión de Amnistía Internacional, la cuestión es que la elección a la que pretende presentarse como candidato se celebra al amparo de las disposiciones de la Constitución vigente, que claramente prohíbe su candidatura.

Por consiguiente, Amnistía Internacional considera que la decisión de la Corte de Constitucionalidad de autorizar la candidatura de Ríos Montt carece de justificación y fundamento jurídico y es, en consecuencia, inconstitucional.

Además, otra disposición pertinente de la Constitución es su artículo 46, que establece la preeminencia del Derecho Internacional, es decir, de los pactos y tratados internacionales en materia de derechos humanos, sobre el derecho interno. Tanto si se interpreta que ello significa que esos tratados prevalecen sobre el derecho interno, como si se entiende que quedan incorporados al derecho interno como un elemento de rango superior en él, las demás leyes y normas de rango inferior, y desde luego toda resolución jurisdiccional, deben ajustarse a lo que esos pactos y tratados disponen. Por consiguiente, no cabe duda alguna de que las decisiones de la Corte de Constitucionalidad deben ser consecuentes, y no al contrario, con ese Derecho Internacional superior.

En este respecto, la decisión de 1991 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la que ya se ha hecho referencia, es especialmente pertinente, puesto que establece que la prohibición constitucional de la candidatura del general Ríos Montt es conforme con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Realidades políticas y misiones internacionales de observación

Amnistía Internacional considera que la presencia de varias misiones internacionales de observación electoral que se han previsto, o que ya están sobre el terreno, serán de crucial importancia. Como ya se ha indicado, su función consistirá en aportar asesoramiento técnico sobre la organización de las elecciones, pero también determinar su «legitimidad», no sólo con respecto a cuestiones como la ausencia de toda forma de intimidación y violencia, el derecho al sufragio de los electores y la ausencia o presencia de fraude durante la votación o en los resultados, sino también en relación con los factores judiciales pertinentes, como los que se analizan en este informe.

En este respecto, según el artículo 272 de la Constitución, incisos a) a d), son competencia de la Corte de Constitucionalidad en todos los casos las decisiones sobre constitucionalidad o inconstitucionalidad, y, en los recursos contra la Corte Suprema de Justicia, es la propia Corte de Constitucionalidad la que actúa como Tribunal Extraordinario de Amparo.(12) No obstante, y dado que las decisiones de la Corte de Constitucionalidad pueden perfectamente ser judicial y políticamente irrevocables, Amnistía Internacional considera que, en la valoración que hagan del grado de legitimidad y justicia de las elecciones, las misiones internacionales de observación electoral deberían incluir la cuestión de la legitimidad constitucional de la decisión de la Corte de Constitucionalidad, así como en qué grado se cumple la normativa internacional.

En todo caso, si se confirman los más recientes informes de prensa de Guatemala, según los cuales el FRG ha perdido buena parte de los apoyos de que gozaba a causa de la violencia política del pasado mes de julio, con lo que podría no resultar victorioso en los comicios, y de hecho incluso podría no llegar siquiera a la posible segunda ronda electoral prevista para fines de diciembre, la cuestión del impacto de la candidatura del general Ríos Montt sobre la legitimidad de las elecciones será de menor importancia.

Preocupación internacional

La violencia política en Guatemala en la campaña electoral y las posibles repercusiones de la violencia y el fraude en la celebración y legitimidad de las elecciones han sido ampliamente condenadas en la propia Guatemala. La iglesia Católica guatemalteca, por ejemplo, pidió tras los sucesos de julio a sus feligreses que rechazaran toda candidatura que promoviera la violencia o la corrupción.

Aquellos sucesos suscitaron también numerosas expresiones de preocupación internacional. Entre otras muchas, citaremos aquí sólo las más destacadas:

La Organización de los Estados Americanos (OEA) ya había constituido una misión de observación electoral en el país desde el 10 de julio y había anunciado que mantendría una presencia en Guatemala a lo largo de todo el proceso electoral. El 19 de agosto, Valentín Paniagua, jefe de esa misión, manifestó su inquietud por los violentos sucesos de julio y pidió a los dirigentes del Frente Republicano Guatemalteco (FRG) y a las autoridades que identificaran y pusieran en manos de la justicia a los responsables. Ello contribuiría, según declaró, a acabar con «la escalada de violencia y con cualquier intento de entorpecer la voluntad de la sociedad guatemalteca en pro de la paz y de contribuir a la celebración de un proceso pacífico, transparente y justo».

De forma similar, los responsables de la misión de la Unión Europea en Guatemala manifestaron en un comunicado de prensa su preocupación tras los acontecimientos de julio y llamaron la atención «de las autoridades competentes sobre el hecho que la Policía Nacional Civil no hizo nada para reestablecer el orden público». Asimismo, y en respuesta a la situación de violencia, la Unión Europea adelantó las fechas previstas para la inauguración de su misión de observación electoral y envió un representante al país a fines de agosto para analizar los pormenores de su instalación. Ese mismo mes, el jefe de la misión de la Comisión Europea, Phillipe Combescot, y como reacción al asalto del 26 de agosto contra la sede de la Procuraduría de los Derechos Humanos, manifestó públicamente la convicción de la Comisión de que las estructuras paralelas de poder que funcionan en el país están relacionadas con el FRG y se ocultan tras esa formación política. Dejó asimismo clara la opinión de la Comisión de que el FRG había estado relacionado con los sucesos del «jueves negro», y advirtió que las relaciones de Guatemala con cada uno de los Estados miembros de la Comisión se verían gravemente afectadas si la selección del próximo gobierno del país no era resultado de los adecuados procesos legales.

Ya en el año 2002, altos responsables de Estados Unidos habían manifestado claramente que una victoria de Ríos Montt tendría efectos adversos sobre las relaciones comerciales y de asistencia estadounidenses con Guatemala. Tras los sucesos del «jueves negro» y el «viernes de luto», una delegación de congresistas estadounidenses visitó Guatemala y reiteró advertencias previas de que el propuesto Tratado de Libre Comercio con la región centroamericana, en el que estaría incluida Guatemala, se vería perjudicado si las próximas elecciones se ganaban fraudulentamente. Además, el Departamento de Estado estadounidense (equivalente al Ministerio de Relaciones Exteriores) ha advertido a los ciudadanos estadounidenses sobre las posibilidades de que se produzcan actos de violencia en el contexto de las próximas elecciones en Guatemala, medida que puede presagiar una «recomendación formal de no viajar» a Guatemala. Indudablemente, tal medida tendría una enorme repercusión sobre la industria y los ingresos procedentes del turismo en Guatemala.

Por su parte, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA) ha manifestado que los sucesos de julio indican la importancia crucial que tiene la revitalización de los Acuerdos de Paz y de las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), y ha pedido a los candidatos que estos elementos sean parte central de sus propuestas de programa político.

Recomendaciones de Amnistía Internacional y programa de acción para la campaña electoral

Por su parte, la preocupación de Amnistía Internacional (AI) ante el probable fraude, la corrupción y la violencia relacionada con las elecciones, que ya se han producido, y sus temores por que estos fenómenos puedan intensificarse ante la proximidad de las elecciones y durante su celebración, han movido a la organización a formular las siguientes recomendaciones a los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de Guatemala; a segundos gobiernos y la comunidad internacional; y a las instituciones financieras internacionales y empresas multinacionales que operan en Guatemala.

AI ha remitido una carta abierta a todos los candidatos con sus recomendaciones y sugerencias adicionales sobre las medidas que considera que los candidatos que se alcen con la victoria deben tomar para conseguir que Guatemala retome la senda del respeto a los derechos humanos y al Estado de Derecho. La carta abierta y las recomendaciones de AI se reproducen en los Apéndices I y II, respectivamente, del presente documento. Véase también el documento de Índice AI: AMR 34/052/2003/s.

La organización ha emprendido también un programa internacional de acción a través de los miembros de AI de todo el mundo, que establecerán contactos con sus respectivos gobiernos para hacerles llegar las recomendaciones que se relacionan en párrafos siguientes y que AI considera que los segundos gobiernos y la comunidad internacional pueden aplicar para tratar de asegurar que las elecciones de noviembre sean libres, justas y transparentes, y se celebren conforme al Estado de Derecho.

Recomendaciones de AI a los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de Guatemala

AI considera que corresponde a todos los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de Guatemala aclarar a toda la ciudadanía guatemalteca, y a la comunidad internacional, los programas que llevarán a cabo en relación con toda una variedad de importantes asuntos que afectan a los derechos humanos. Las recomendaciones que AI formula a tal efecto se reproducen en la carta abierta que figura en el Apéndice I de este documento.

AI ha formulado también un llamamiento a los candidatos a la presidencia para que se comprometan, en caso de resultar elegidos, a aplicar las recomendaciones concretas sobre un número determinado de áreas específicas. Estas recomendaciones, que se reproducen en el Apéndice II de este documento, se refieren a las siguientes cuestiones: la reactivación del los Acuerdos de Paz de 1996 y de las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH); el fortalecimiento del sistema de justicia y acabar con la impunidad; la reforma de las fuerzas armadas y del sistema nacional de seguridad, tal y como se pide en los Acuerdos de Paz; apoyar y garantizar la seguridad de los defensores de los derechos humanos; combatir la violencia y la discriminación contra la mujer; mejorar las condiciones de los sectores rurales e indígenas de Guatemala; ratificar y aplicar los instrumentos internacionales pertinentes y las recomendaciones de la comunidad internacional, como las formuladas, por ejemplo, por los diversos relatores especiales de la ONU que han visitado Guatemala en los últimos años; y cumplir los principios, decisiones y sentencias del sistema interamericano para la protección de los derechos humanos.

Recomendaciones de AI a segundos gobiernos y a la comunidad internacional

Además de sus recomendaciones a los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de Guatemala, AI sugiere las siguientes medidas que considera que los segundos gobiernos y la comunidad internacional pueden adoptar para contribuir a los esfuerzos que garanticen unas elecciones justas y transparentes en Guatemala, celebradas conforme al Estado de Derecho y las normas internacionales de derechos humanos, y para que los candidatos que resulten victoriosos en la contienda electoral se comprometan a adoptar medidas con las que mejorar la situación de los derechos humanos en el país.

Misiones de observación electoral

AI acoge muy satisfactoriamente las iniciativas para el envío de delegaciones internacionales para la observación de las elecciones en Guatemala. La organización insta las entidades, gobiernos y organizaciones intergubernamentales que han previsto enviar ese tipo de misiones que consideren su envío lo antes posible y que les asignen los fondos suficientes que les permitan permanecer durante el periodo postelectoral, momento en que la organización teme que todavía exista un elevado riesgo de que se produzcan nuevos actos de violencia relacionados con la política.

AI insta además a todas las misiones a que informen de forma exhaustiva, pública y en profundidad sobre cualquier indicio que observen de fraude previo a las elecciones, de uso indebido de fondos y de violencia relacionada con los comicios, así como sobre cualquier otro tipo de fraude o violencia durante la celebración de las elecciones. La organización insta a que los mandatos de las misiones de observación incluyan la determinación de la «legitimidad» de los comicios, no sólo con respecto a cuestiones como la ausencia de prácticas intimidatorias y de violencia, el derecho al voto, ausencia o presencia de fraude en el acto de votación y en los resultados, sino también en relación con los elementos judiciales que afectan al proceso, como la legitimidad de la candidatura del general Ríos Montt, conforme a lo ya expuesto en párrafos previos de este documento.

Contactos con los candidatos

AI insta a los segundos gobiernos, a los partidos políticos de los Estados de esos gobiernos y a las instituciones intergubernamentales, a que a su vez exhorten a los partidos guatemaltecos que concurren a las elecciones, y en particular a los que presentan candidatos a la presidencia y vicepresidencia, a que hagan público su compromiso y total oposición a toda forma de fraude o violencia relacionada con las elecciones, y en especial a la violación de los derechos humanos.

La organización insta además a los segundos gobiernos, y a los partidos políticos de esos Estados, a que exhorten también a los partidos guatemaltecos que concurren a las elecciones, y de nuevo en especial a los que presentan candidatos a la presidencia y vicepresidencia del país, a que expliciten tanto al electorado como a la comunidad internacional los programas que sus candidatos pretenden aplicar en relación con los asuntos que se mencionan en las recomendaciones del Apéndice II. En este respecto, AI considera que es de particular importancia que los candidatos dejen claras las iniciativas que emprenderán en relación con:

· La reactivación de los Acuerdos de Paz, y en particular en lo que respecta a la protección de los derechos humanos; a la lucha contra las desigualdades sociales y raciales; y a la desmilitarización de la sociedad, especialmente en lo que se refiere a la disolución del Estado Mayor Presidencial (EMP) y su sustitución por una entidad supervisada por las oportunas instituciones civiles ante las que rinda plenamente cuentas.

· La aplicación de las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), en especial en lo que se refiere a la lucha contra la impunidad, a la protección de los defensores de los derechos humanos, al esclarecimiento de la suerte de los «desaparecidos», y en particular de los niños y niñas que «desaparecieron» durante el conflicto, y a la compensación a las víctimas de la violencia promovida por el gobierno durante los años del conflicto.

· La aplicación de las recomendaciones de los diversos representantes de la comunidad internacional que han visitado Guatemala en los últimos años, concretamente el Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas; el Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; y el Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la independencia de magistrados y abogados; y el cumplimiento de los principios, decisiones y sentencias del sistema interamericano de protección de los derechos humanos.

La violencia relacionada con las elecciones y el sistema electoral de Guatemala

Los segundos gobiernos y las agencias intergubernamentales deben ejercer presiones sobre las autoridades para que adopten todas las medidas necesarias con las que garantizar la seguridad física de todos los que concurren a las elecciones, de los grupos que trabajan para supervisarlas y de todos los votantes. Deben plantear a las autoridades los casos de violencia o abusos relacionados con los comicios de los que tengan noticia, y deben ejercer presiones sobre las autoridades para que investiguen esos incidentes y pongan a los responsables en manos de la justicia.

Independientemente del resultado de las próximas elecciones, AI insta a los segundos gobiernos a que ejerzan presiones para que se lleve a cabo una reforma electoral en Guatemala con objeto de garantizar que en las futuras citas electorales no existe el fraude, la violencia ni las violaciones de los derechos humanos, y que los gobiernos que de ellas resulten elegidos actúan de forma transparente y de conformidad con el Estado de Derecho y las normas internacionales de derechos humanos.

Las elecciones y el apoyo político y económico a las instituciones guatemaltecas, al proceso de paz y a la presencia internacional en Guatemala

AI insta asimismo a los segundos gobiernos y a las instituciones intergubernamentales a que dejen claro a todos los partidos que concurren a las elecciones, y en especial a los que presentan candidatos a la presidencia y vicepresidencia del país, que la continuación del apoyo internacional al proceso de paz en Guatemala tiene como premisa unas elecciones libres, sin violencia ni intimidación, y celebradas conforme al Estado de Derecho y las normas internacionales de derechos humanos. Deben asimismo dejar claro que no podrá utilizarse ningún fondo de cooperación de sus países o instituciones que pueda llegar a negociarse con el nuevo gobierno electo, y en especial en lo que se refiere a las transferencias militares, de seguridad y policiales, en modo alguno que pueda contribuir a la continuación o agravamiento de los severos problemas que en materia de derechos humanos y seguridad ciudadana padece el país, y deben asimismo indicar que insistirán en el establecimiento de mecanismos de supervisión que garanticen que eso no ocurre.

Concretamente, y en relación con organismos y gobiernos que pertenezcan o sean Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), de la Unión Europea (UE) o del Grupo Consultivo, AI insta a que los países, actuando en solitario o de común acuerdo, dejen claro que su apoyo internacional a favor del proceso de paz en Guatemala debe tener como premisa elecciones transparentes en las que no haya violencia ni intimidación y que se celebren conforme al Estado de Derecho y a las normas internacionales de derechos humanos.

Recomendaciones a las instituciones financieras internacionales y a las empresas multinacionales que operan en Guatemala

AI exhorta a las empresas multinacionales con inversiones o presencia en Guatemala, al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y al Banco Mundial, a que públicamente dejen claro tanto a las autoridades actuales como a los partidos políticos que concurren a las elecciones, la importancia que dan a unas elecciones transparentes, celebradas de conformidad con el Estado de Derecho y las normas internacionales de derechos humanos, y que reconocen que un desarrollo sostenible que beneficie a todos no podrá generarse mientras no se acabe con las políticas y prácticas que dan pie al fraude electoral, a la violencia relacionada con las elecciones y a los abusos contra los derechos humanos.

Los bancos y empresas multinacionales deben plantear a las autoridades todos los casos de violencia relacionada con las elecciones que lleguen a su conocimiento, y ejercer presiones sobre ellas para que investiguen esos incidentes y pongan en manos de la justicia a los responsables. Los bancos y empresas multinacionales deben también ejercer presiones sobre las autoridades para que adopten las medidas precisas que garanticen la seguridad física de todos los que concurren a las elecciones, de los grupos que trabajan para supervisarlas y de todos los votantes.

Apéndice I:

Carta abierta de Amnistía Internacional a los candidatos presidenciales

en las elecciones guatemaltecas de noviembre del 2003

Amnistía Internacional, una organización internacional de derechos humanos con más de un millón y medio de miembros en más de 100 países del mundo, ha expresado reiteradamente a sucesivos gobiernos guatemaltecos la preocupación que suscita la grave situación de los derechos humanos en el país. Las elecciones del año 2003 brindan al país una oportunidad real de dar la espalda a su oscuro pasado. En este año de elecciones, Amnistía Internacional se dirige a ustedes, los candidatos a la Presidencia del país, con la esperanza de que, en reconocimiento de esta grave situación, se comprometan a dar prioridad política al respeto de los derechos humanos.

El respeto de los derechos humanos es una cuestión de crucial importancia, que incide en todos los aspectos de la vida pública. No es cuestión de retórica ni tiene por objeto apaciguar a la comunidad internacional. Los derechos humanos son un requisito fundamental para alcanzar la dignidad humana. Asegurar el respeto de los derechos humanos significa hacer respetar el Estado de Derecho para todos los ciudadanos. Significa aliviar la pobreza y la discriminación. Significa igualdad y tolerancia de las opiniones de todos los sectores de la sociedad. Los principios de derechos humanos son los cimientos de las sociedades democráticas y constituyen la piedra angular de los gobiernos y las instituciones del Estado que se esfuerzan por lograr seguridad y estabilidad para todos. Aunque la disponibilidad de recursos sea un factor importante al tratar de mejorar los derechos humanos, Amnistía Internacional ha podido comprobar que el factor clave para hacer realidad los derechos humanos es la determinación política.

El conflicto armado interno desgarró Guatemala, dividió profundamente a la población del país y militarizó a la sociedad, dejando un complejo legado de violencia estructural, militarización y fragmentación social. Este legado ha contribuido al vertiginoso crecimiento de los índices de delincuencia y homicidios tras el conflicto. Y también ha permitido, y fomentado, la perpetuación de una cultura de temor e impunidad, que ha llevado gradualmente a lo que se ha calificado de «anihilación de los derechos humanos».

En este contexto, y como consecuencia de la labor que realizan, los defensores de los derechos humanos y los miembros de la comunidad jurídica que han propugnado activamente la necesidad de mejorar la situación de derechos humanos, han acabado asesinados o están siendo constantemente hostigados y amenazados de muerte. Pocas veces se ha logrado enjuiciar con éxito por tales crímenes.

Amnistía Internacional es consciente de la complejidad de los retos que deberá afrontar el nuevo gobierno guatemalteco. Sin embargo, la organización cree firmemente que, para que el país pueda disfrutar de una estabilidad y seguridad duraderas, deben hacerse esfuerzos concertados para sobreponerse al legado del pasado.

Como candidatos a la Presidencia, ustedes tienen el solemne deber y responsabilidad de expresar inequívocamente su compromiso de hacer respetar los principios y normas internacionales de derechos humanos y el Estado de Derecho.

En este contexto, el apoyo al marco de transformación sociopolítica, económica y cultural alcanzado y representado por los Acuerdos de Paz facilitados por las Naciones Unidas y las recomendaciones de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, debe convertirse, con urgencia, en una prioridad política nacional.

Amnistía Internacional considera que la estricta adhesión a los compromisos de los Acuerdos de Paz y a las recomendaciones de la Comisión, debe constituir la piedra angular de un nuevo programa político nacional destinado a abordar las causas y consecuencias de los 36 años de conflicto civil que padeció el país y a proporcionar ciertas garantías de que las atrocidades del pasado no se repetirán en el futuro. Más aún, es de crítica importancia que la implementación de tal iniciativa tenga éxito para que continúe el apoyo internacional al proceso de paz de Guatemala, como subrayó el Grupo Consultivo en su reunión de mayo de este año.

Para que Guatemala se sobreponga con éxito a su pasado es necesario que cuente con un programa coherente para reforzar el sistema judicial y la administración de justicia y para garantizar la reinstauración del Estado de Derecho. Esta iniciativa debe asegurar que el Ministerio Público y todas las Fiscalías Especiales reciben el apoyo político y los recursos suficientes para poder llevar a cabo investigaciones judiciales exhaustivas, imparciales y sin dilaciones. Un programa amplio de protección de testigos debe ser un elemento integral de dicha política.

Además, la ineficacia –endémica– del sistema judicial permite que continúe una impunidad perniciosa y generalizada para los autores de las violaciones graves de los derechos humanos que se cometieron durante el conflicto armado, impunidad que a su vez debilita todavía más a las instituciones responsables de la administración de la justicia. Como candidatos a la Presidencia, ustedes tienen el deber de comprometerse a apoyar las iniciativas nacionales e internacionales para procesar a los responsables de las graves violaciones de derechos humanos del pasado, no sólo a fin de asegurar adhesión a la legislación interna y al derecho internacional, sino para detener cualquier deterioro adicional del sistema de justicia.

Como candidatos a la Presidencia, deben comprometerse explícitamente, además, a respaldar las investigaciones y las actuaciones judiciales subsiguientes contra aquellos grupos o individuos pertenecientes a estructuras o grupos armados ilegales implicados en los ataques que siguen padeciendo los defensores de los derechos humanos, actividades que están vinculadas con la corrupción y las violaciones de derechos humanos del pasado. A menos que estas estructuras paralelas se desmantelen, el vínculo entre impunidad, violaciones de derechos humanos y militarización no se quebrará, haciendo cada vez menos probable que Guatemala alcance la estabilidad.

Amnistía Internacional desea aprovechar esta oportunidad para expresar cuán importante considera su compromiso con medidas destinadas a consolidar el poder civil y la supervisión de éste sobre las fuerzas armadas. Como se ha documentado ya ampliamente, las Fuerzas Armadas guatemaltecas y los miembros de las llamadas «Patrullas de Autodefensa Civil», sus adjuntos civiles, perpetraron durante el conflicto atrocidades sistemáticas contra la población civil. En su informe final, valga recordar, la Comisión de Esclarecimiento Histórico, que patrocinan las Naciones Unidas, acusó al Estado de genocidio contra la población maya en cuatro regiones del país durante la década de los ochenta.

Si bien se ha observado cierto progreso en poner freno al poder militar desde que finalizó el conflicto civil, siguen sin implementarse compromisos de gran importancia del Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática. Las fuerzas armadas continúan participando en operaciones de seguridad internas: a través de unidades conjuntas de la policía y el ejército llamadas Fuerzas Combinadas y mediante la utilización de tropas en las operaciones regulares de orden público. Además, pese a que el actual gobierno del Presidente Alfonso Portillo prometió desmantelar el tristemente célebre Estado Mayor Presidencial antes de finales de octubre del 2003, Amnistía Internacional ve con suma preocupación que la legislación que rige su sustitución por un organismo civil, la Secretaría de Asuntos Administrativos y Seguridad de la Presidencia (SAAS), no hace sino consolidar el poder militar sobre cuestiones civiles y «recicla» al personal del Estado Mayor Presidencial asimilándolo en la SAAS. El presupuesto de las Fuerzas Armadas, además, no se ha alterado para ajustarlo a los compromisos de los Acuerdos de Paz. En consecuencia, los recursos asignados a otros ministerios y programas sociales han resultado sistemáticamente inadecuados.

La incidencia de la pobreza en Guatemala sigue estando determinada por una profunda dimensión étnica. La población indígena, la más castigada por la violencia del conflicto armado, continúa siendo estadísticamente la más marginada social y económicamente y, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la que muestra los indicadores de desarrollo más bajos. Es esta población la que, por encima de todo, padece asimismo las consecuencias del tan desigual sistema de distribución de la tierra de Guatemala. En los últimos años, la grave crisis rural de Guatemala ha afectado tanto a la población indígena como a la no indígena del país, llevando a una desnutrición generalizada y un desempleo crónico.

Amnistía Internacional considera imperativo que ustedes, los candidatos a la Presidencia, se comprometan con programas de desarrollo rural y de alivio de la pobreza que introduzcan medidas para facilitar el acceso de la población campesina a los recursos, incluida la tierra; tales políticas deben, asimismo, incluir medidas para asegurar la resolución en paz y armonía de los conflictos de tierras, como estipularon los Acuerdos de Paz. Sin la urgente implementación de un programa de estas características, existen todas las probabilidades de que se produzca una crisis social sin precedentes en el agro guatemalteco, con consecuencias sumamente inquietantes en el ámbito de los derechos humanos.

Los retos que tienen ante ustedes son considerables, pero no insuperables. Los Acuerdos de Paz y las recomendaciones de la Comisión de Esclarecimiento Histórico proporcionan un marco claro para efectuar mejoras sociales en Guatemala. Más aún, los observadores internacionales, como el Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos y los Relatores Especiales sobre la independencia de jueces y abogados, y sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, han presentado informes y recomendaciones detallados al gobierno de Guatemala, que podrían contribuir de forma significativa a la elaboración de políticas gubernamentales integrales en estas áreas.

Para acabar, Amnistía Internacional desearía subrayar la profunda preocupación que suscita la violencia política que ha marcado la campaña electoral hasta la fecha. En los últimos meses, Guatemala ha sido testigo del asesinato de activistas y candidatos de partidos políticos, ataques y actos de intimidación contra miembros de la judicatura, defensores de los derechos humanos y periodistas, y un incremento masivo de los homicidios y violencia contra las mujeres. Esta intensificación de la ola de violencia e intimidación no sólo demuestra la gravedad de la actual crisis de derechos humanos, sino que pone en peligro también las condiciones necesarias para la celebración de elecciones libres y transparentes.

Amnistía Internacional les insta, en su calidad de candidatos a la Presidencia, a mostrar con su ejemplo que condenan cualquier violencia política y a recalcar a la sociedad en general la importancia de mantener el Estado de Derecho durante los meses, potencialmente inestables, que se avecinan.

Por último, en vista de su crítica importancia, Amnistía Internacional les insta a tomar en consideración las cuestiones que abordamos en esta carta y las recomendaciones que la acompañan. Confiamos en que todos los candidatos a la Presidencia, así como el futuro gobierno del pa

'eds, acepten nuestra invitación a entablar un diálogo abierto con Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos para discutir estas cuestiones tan graves más a fondo y con la mayor urgencia.

Atentamente,

Irene Kahn

Secretaria General

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Apéndice II

Amnistía se permite exhortar a los candidatos a que se comprometan a implementar las siguientes recomendaciones en su programa electoral para asegurar que el próximo período presidencial culmine en la plena restauración del estado de derecho en Guatemala. Algunas de estas medidas requerirán directivas administrativas, otras la introducción de nueva legislación y enmiendas constitucionales, muchas solo requerirán la efectiva implementación de lo que ya está previsto en la legislación guatemalteca y en los Acuerdos de Paz. Todas requieren en primer lugar voluntad política:

Sobre los Acuerdos de Paz y las Conclusiones y Recomendaciones de la Comisión de Esclarecimiento Histórico

§ Establecer una agenda nacional para la revitalización de los Acuerdos de Paz como una prioridad estatal urgente, formulándose un programa de metas, responsabilidades y plazos para implementar la agenda, con particular atención a los aspectos relacionados a los derechos humanos;

§ Enfrentar la discriminación étnica y racial histórica, implementando urgente y plenamente el Acuerdo sobre la Identidad y los Derechos de la Población Indígena;

§ Evaluar la implementación de las recomendaciones de la Comisión de Esclarecimiento Histórico hasta la fecha, y establecer mecanismos para la ejecución de las recomendaciones pendientes de cumplimiento;

§ Implementar de manera urgente el sistema nacional de reparaciones para las víctimas del conflicto armado y garantizar su presupuesto. Desistir de remunerar a los victimarios acusados de haber violado los derechos humanos de la población durante el conflicto armado interno.

Sobre el Fortalecimiento del Sistema de Justicia y la lucha contra la Impunidad

§ Fortalecer la Procuraduría de los Derechos Humanos y las Fiscalías Especiales incrementando sus recursos humanos y presupuesto, y asegurando respaldo político a sus funciones;

§ Implementar de inmediato el programa de protección a testigos con un presupuesto adecuado;

§ Fortalecer el sistema de justicia, asegurando el fin de la impunidad, incluyendo la resolución urgente de pasados y actuales casos de violaciones a los derechos humanos, tales como los casos Mack, Gerardi, Dos Erres y de genocidio actualmente ante las autoridades nacionales;

§ Apoyar el establecimiento inmediato de la Comisión para la Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad(CICIACS) y comprometerse a dar seguimiento a su informe y conclusiones finales, incluyendo las relativas al enjuiciamiento de individuos señalados como responsables de violaciones de derechos humanos; asegurar la colaboración de las instituciones Estatales, en particular las Fuerzas Armadas, con la labor de CICIACS;

§ Aprobar la legislación pendiente en materia de acceso a la información (La Ley de Acceso a la InformaciónoHábeas Datay La Ley de Clasificación y Desclasificación de la Información Estatal Reservada) así como La Ley de Catastro;

§ Tomar medidas para la total abolición de la pena de muerte, comenzando por una moratoria en la aplicación de la pena de muerte y la conmutación de penas pendientes.

Sobre las Fuerzas Armadas y la Seguridad Nacional

§ Dictar de inmediato las normas apropiadas para la eliminación del Estado Mayor Presidencial(EMP) e implementar perentoriamente medidas concretas, eficaces y públicas que impidan la pervivencia de las prácticas atentatorias contra los Derechos Humanos y el Estado de Derecho que aquella entidad vino desarrollando;

§ Adoptar con la mayor prontitud las medidas necesarias para que las actividades legítimas de inteligencia sean atribuidas a una nueva entidad de naturaleza esencialmente civil que se encuentre sujeta a la supervisión y rendición de cuentas por parte de autoridades civiles. En este sentido, la entidad a crearse deberá contribuir al fomento de una cultura de paz y no contribuir a la militarización;

§ Reformar las fuerzas armadas tal y como se estableció en los Acuerdos de Paz, incluyendo la reducción del presupuesto militar y el fin de las operaciones conjuntas entre la policía y el ejército, denominadas las Fuerzas Combinadas;

§ Aplicar las estipulaciones de los Acuerdos de Paz en cuanto a la subordinación de las autoridades militares a las autoridades civiles.

Sobre los Defensores de los Derechos Humanos

§ Elaborar un plan dirigido al cumplimiento efectivo de los principios de la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos;

§ Elaborar y lanzar una campaña pública para promover el trabajo en derechos humanos que dignifique a aquellos que lo lleven a cabo.

Sobre la Violencia contra las Mujeres

§ Según lo exigido en los Acuerdos de Paz desarrollar una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer, tanto indígena como ladina, fundada en las disposiciones contenidas en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y en las recomendaciones emitidas por el Comité de Naciones Unidas que vigila el cumplimiento de este tratado por parte del gobierno de Guatemala;

§ Enfrentar la ola de violencia creciente en contra de las mujeres, llevando a cabo investigaciones prontas, exhaustivas, efectivas e imparciales, así como promoviendo el enjuiciamiento a los responsables, brindándose al efecto los recursos necesarios.

Compromisos Relacionados con el Sector Campesino y el Indígena

§ Según lo establecido en los Acuerdos de Paz y en coordinación con el sector campesino y el sector indígena, desarrollar programas para superar la crisis del campo en Guatemala, impulsándose, entre otras medidas, acciones para aliviar la pobreza rural, lograr la solución urgente de los conflictos de propiedad y tenencia de la tierra, brindar acceso a la tierra y conseguir la provisión de recursos suficientes para la población campesina.

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Compromisos relacionados con los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos y con la Comunidad Internacional

§ Implementar las recomendaciones en materia de los derechos humanos presentadas por el Grupo Consultivo después de su reunión de mayo 2003;

§ Implementar las recomendaciones de los expertos en materia de derechos humanos que han visitado Guatemala recientemente, incluidos los relatores especiales de la ONU sobre la situación de los pueblos indígenas, sobre la independencia de los jueces y abogados y sobre los defensores de derechos humanos así como los varios expertos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH);

§ Apoyar el establecimiento de una presencia permanente de la representación de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, dotada de las atribuciones y recursos suficientes para cumplir tareas de monitoreo y apoyo relativas al respeto eficaz de los Derechos Fundamentales en Guatemala;

§ Ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y dictar la normativa interna que permita su implementación íntegra y eficaz en lo que a Guatemala se refiere. ********

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§ (1) El último plazo dado por el presidente Portillo para la disolución del EMP ha sido el primero de noviembre de 2003, pero AI teme que la legislación que regule la institución civil que lo sustituya, la Secretaría de Asuntos Administrativos y Seguridad de la Presidencia (SAAS), podría de hecho consolidar y «reciclar», sencillamente, el personal, los métodos de trabajo y valores del EMP. Más información sobre el fracaso del gobierno Portillo en la tarea de disolver el EMP y sustituirlo por instituciones dependientes de las oportunas autoridades civiles con la adecuada capacidad de supervisión y vigilancia en el documento de Guatemala: ¿Servicios de inteligencia responsables, o represión reciclada? Disolución del EMP y reforma de los servicios de inteligencia, Índice AI: AMR 34/031/2003/s.

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§ (2) Más información sobre la «estructura paralela de poder» en El legado mortal de Guatemala: El pasado impune y las nuevas violaciones de derechos humanos, Índice AI: AMR 34/001/2002/s.

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§ (3) Véase Guatemala: Reaparecen las Patrullas de Autodefensa Civil (AMR 34/055/2002/s) en relación con los motivos de preocupación de AI sobre la reaparición de estos grupos y los pagos compensatorios abonados por el gobierno del FRG.

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§ (4) El artículo 186 de la Constitución de Guatemala establece que las siguientes categorías de personas no pueden presentarse como candidatas a la presidencia ni a la vicepresidencia del país: «a) El caudillo ni los jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar, que haya alterado el orden constitucional, ni quienes como consecuencia de tales hechos asuman la Jefatura de Gobierno; [….] c) Los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del Presidente o Vicepresidente de la República, cuando este último se encuentre ejerciendo la Presidencia, y los de las personas a que se refiere el inciso primero de este artículo.»

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§ (5) En páginas posteriores se describen algunos incidentes recientes en los que han estado implicados otros partidos políticos.

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§ (6) Esta clasificación se desprende de la prensa guatemalteca, basada, a su vez, en los resultados de recientes encuestas populares. Sin embargo, al evaluar el aparente orden de preferencia de los votantes, es importante tener en cuenta que notables miembros de la comunidad empresarial guatemalteca son los propietarios, o controlan de algún modo, la mayoría de la prensa del país, colectivo que se opone enérgicamente al FRG y a la candidatura del general Ríos Montt.

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§ (7) Son legión las acusaciones fundadas de corrupción que implican a responsables y partidarios del FRG. Entre los escándalos más notables que aún persisten figuran las denuncias según las cuales diversos testaferros abrieron 13 cuentas personales secretas en Panamá en nombre del presidente Portillo, el vicepresidente Francisco Reyes López y otros destacados miembros del FRG. En esas cuentas se ingresaron 1,5 millones de dólares estadounidenses de dinero del Estado de Guatemala. Al gobierno se le acusa también de desviar millones de quetzales (la moneda local) de fondos del Estado a bancos en los que tenían importantes intereses amigos del presidente, vinculados a su vez en repetidas ocasiones con el crimen organizado. Los fondos y los amigos, después, se evaporaron en el extranjero. Según los informes, parece que también fueron autoridades gubernamentales las que organizaron el traslado de fondos de bancos «amigos» al Banco del Ejército en unos momentos en que éste se encontraba al borde de la quiebra: parece ser que personal militar había vaciado las arcas de esta entidad para uso personal. Célebre también fue el caso «Guate-gate», en el año 2000, cuando se acusó al general Ríos Montt y a otros miembros del Congreso pertenecientes a su partido, el FRG, de alterar la legislación impositiva sobre licores después de haber promulgado el propio Congreso la correspondiente ley tributaria sobre esa materia. Una fiscal especial, encargada de indagar las denuncias de corrupción oficial, estuvo investigando éstas y otras irregularidades, entre ellas malversación de fondos y estafa en los Ministerios de Gobernación, Comunicaciones y Vivienda, así como en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Sin embargo, hubo de abandonar sus pesquisas y se vio obligada a huir del país en abril de 2003. Desde el lugar en que encontró asilo denunció que el gobierno le había negado protección a pesar de las reiteradas amenazas de muerte que había recibido en relación con sus indagaciones sobre corrupción, y que el Ministerio Público había ejercido presiones sobre ella para que abandonara las investigaciones que afectaban al presidente Portillo y a otros altos cargos gubernamentales. A lo largo del año 2003, el ejército guatemalteco, estrechamente vinculado con el FRG a través del general Ríos Montt, también ha tenido que hacer frente a denuncias en las que se aseguraba que había invertido ilegalmente 300 millones de quetzales (37.712.132 dólares estadounidenses, según los tipos de cambio al 4 de septiembre de 2003) en un fondo de pensiones en el extranjero, y que había vendido a precios artificialmente elevados armas adquiridas en terceros países, al parecer de forma ilegal, al Ministerio de Gobernación. Los periodistas y propietarios de los periódicos que han informado sobre estos escándalos han sido objeto permanente de amenazas y hostigamiento. Por su parte, Estados Unidos anunció el pasado mes de agosto que había incluido a Guatemala en la lista de los seis países en los que iba a investigar el blanqueo de dinero derivado de la corrupción y de la implicación oficial en el narcotráfico y otras actividades ilegales del crimen organizado.

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§ (8) Véase la Acción Urgente de Índice AI AMR 34/027/2002/s, sobre las acusaciones formuladas en el año 2002 por la entonces directora de esa institución y en las que aseguraba que el vicepresidente Reyes había abusado de su autoridad y había hecho un uso indebido de fondos del Estado al ordenar ilegalmente a la Tipografía Nacional que produjese unos folletos en los que se atacaba al entonces presidente de la Cámara de Comercio, Jorge Briz. Al parecer, los folletos pretendían arrojar dudas sobre las denuncias de Briz de que la Tipografía Nacional, por orden del vicepresidente, estaba produciendo documentos falsos de identidad para partidarios del gobierno con el fin de que pudieran votar más de una vez en las elecciones que se avecinaban. Tras sus denuncias, la entonces directora se vio obligada a huir del país al recibir amenazas de muerte. Los empleados que respaldaron sus acusaciones fueron objeto también de amenazas y uno de ellos acabó muerto. Su abogado y un miembro del Congreso de la oposición que actuaron en su favor fueron objeto de intimidaciones y han estado temporalmente en el exilio.

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§ (9) Véase Guatemala: Reaparecen las Patrullas de Autodefensa Civil (AMR 34/055/2002/s) en relación con los motivos de preocupación específicos de AI sobre las repercusiones sociales, políticas y para los derechos humanos de la reaparición de estas patrullas y los pagos compensatorios abonados por el gobierno del FRG.

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§ (10) Véase Guatemala: ¿Servicios de inteligencia responsables, o represión reciclada? Disolución del EMP y reforma de los servicios de inteligencia, Índice AI: AMR 34/031/2003/s.

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§ (11) De hecho, conforme a la Constitución, sería ilegal que el FRG se arrogara públicamente el mérito por tales proyectos, pues el artículo 223 afirma: «Una vez hecha la convocatoria a elecciones, queda prohibida al Presidente de la República, a los funcionarios del Organismo Ejecutivo, a los alcaldes y a los funcionarios municipales, hacer propaganda respecto de las obras y actividades realizadas.»

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§ (12) «a) Conocer en única instancia de las impugnaciones interpuestas contra leyes o disposiciones de carácter general, objetadas parcial o totalmente de inconstitucionalidad; b) Conocer en única instancia en calidad de Tribunal Extraordinario de Amparo en las acciones de amparo interpuestas en contra del Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, el Presidente y el Vicepresidente de la República; c) Conocer en apelación de todos los amparos interpuestos ante cualquiera de los tribunales de justicia. Si la apelación fuere en contra de una resolución de amparo de la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad se ampliará con dos vocales en la forma prevista en el artículo 269; d) Conocer en apelación de todas las impugnaciones en contra de las leyes objetadas de inconstitucionalidad en casos concretos, en cualquier juicio, en casación, o en los casos contemplados por la ley de la materia;».

§

§