Documento - Guatemala. Defensores y defensoras de los derechos humanos en peligro

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Defensores y defensoras de los derechos humanos

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Defensores y defensoras de los derechos humanos

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Amnistía Internacional ve con gran temor el reciente incremento en el número de ataques, amenazas e intimidaciones contra defensores y defensoras de derechos humanos y los activistas sociales, actos con los que aparentemente se pretende hacer que abandonen su labor de derechos humanos. Los ataques han incluido asesinatos, intentos de asesinato, amenazas y allanamientos de oficinas de organizaciones de derechos humanos.

Aunque pocos ataques contra el colectivo de defensores se investigan debidamente, las investigaciones anteriores muestran que, en el pasado, los responsables de este tipo de ataques han sido personas que pertenecían a grupos clandestinos y a la delincuencia organizada. La expresión "grupos clandestinos" ha sido utilizada para hacer referencia a redes delictivas en las que participan el sector empresarial, compañías de seguridad privadas, delincuentes comunes, miembros de pandillas (bandas organizadas) y posiblemente miembros –tanto anteriores como en servicio– de las fuerzas armadas. Estas personas se han insertado en la estructura del Estado y utilizan su posición y contactos para controlar actividades ilegales lucrativas y garantizar inmunidad de procesamiento. Se sospecha que estos grupos han realizado algunos de los recientes ataques contra el colectivo de defensores de los derechos humanos.

Aunque el gobierno de Óscar Berger ha reiterado públicamente su compromiso de poner fin a la impunidad en el sistema de justicia penal y de combatir a los grupos clandestinos, estos compromisos no han producido resultados concretos. Apenas se ha avanzado en el establecimiento de un mecanismo efectivo para investigar y enjuiciar a los miembros de los grupos clandestinos. El establecimiento de una comisión apoyada por las Naciones Unidas, propuesto en el año 2004, fue rechazado por el Congreso de Guatemala cuando la Corte de Constitucionalidad del país opinó que partes del acuerdo podrían ser inconstitucionales.(1) No se observaron grandes avances para reactivar la iniciativa hasta dos años más tarde, en diciembre del 2006, cuando la ONU y el gobierno de Guatemala firmaron un nuevo acuerdo revisado para establecer la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). En febrero del 2007 se presentó la nueva propuesta al Congreso pero, en marzo, éste votó a favor de que se consultara a la Corte de Constitucionalidad. Existe el temor de que la CICIG fracase de la misma manera que ocurrió con el acuerdo anterior si la voluntad política no es suficientemente firme para sacarla adelante.

Según algunos informes, durante los primeros 40 días del año en curso se perpetraron cuatro asesinatos, un allanamiento y por lo menos 20 actos de intimidación contra defensores de los derechos humanos. Amnistía Internacional considera que la falta de voluntad política para abordar cuestiones que han persistido durante mucho tiempo como son la impunidad, la debilidad del sistema judicial y la existencia de grupos clandestinos en Guatemala, ha permitido que esta ola de ataques contra el colectivo que defiende los derechos humanos continuara sin levantar oposición.

Los casos siguientes ilustran algunas de las formas que adoptan los ataques y los actos de intimidación contra el colectivo de defensores y los líderes comunitarios de Guatemala, y muestran cómo se utilizan las amenazas, las intimidaciones y los ataques para que los activistas desistan de llevar a cabo su labor de derechos humanos o para obstaculizar tal labor. Esta acción forma parte de una serie de documentos de Amnistía Internacional destinados a ilustrar las distintas modalidades de represión que padece el colectivo de defensores de los derechos humanos en todo el mundo.

Asesinatos e intentos de asesinato de defensores de los derechos humanos

· Israel Carías Ortiz, miembro del Comité de Unidad Campesina (CUC), y sus dos hijos de 9 y 10 años de edad fueron asesinados el 6 de febrero. Según los informes, les salieron al paso cuando iban de regreso a su casa, en el municipio de Los Achiotes, departamento de Zacapa, y les dispararon a quemarropa. Informes preliminares indican que Israel recibió cuatro impactos de bala, y sus dos hijos fueron abatidos de un tiro en la cabeza cada uno. La madre de Israel falleció al enterarse de lo ocurrido.

Israel Carías Ortiz era un dirigente comunitario y miembro del CUC desde hacía mucho tiempo. Cuando lo mataron iba a presentarse como candidato a un puesto político regional con el CUC y había estado representando a su comunidad en una disputa sobre las tierras que ésta ha estado ocupando en Los Achiotes desde hace 45 años. Según los informes, estaba previsto que en el mes de marzo representantes de la Secretaría de Asuntos Agrarios y del Registro de Información Catastral visitaran la comunidad de Los Achiotes para hacer mediciones de las tierras: el primer paso para la resolución de la disputa.

Israel Carías Ortiz había recibido al parecer numerosas amenazas de muerte en el pasado y había denunciado estas amenazas al Ministerio Público y a la Procuraduría de Derechos Humanos.

· El dirigente sindicalPedro Zamora Álvarezfue asesinado hacia las 19:50 del 15 de enero de este año, cuando regresaba a casa en su camioneta desde la clínica local, acompañado de sus dos hijos de corta edad. Al parecer, un auto con cinco ocupantes lo aguardaba a unos 50 metros de su casa. Según los informes, los cinco individuos dispararon unas 100 balas contra la camioneta de Pedro Zamora. Unas 20 lo alcanzaron a él. Malherido, estrelló su vehículo contra un muro, antes de que, según los informes, uno de sus atacantes se acercara y lo rematara con un disparo a quemarropa en la cabeza. Uno de los hijos de Pedro Zamora resultó herido también en el ataque.

Como secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Portuaria Quetzal (STEPQ), Pedro Zamora Álvarez recibió numerosas amenazas de muerte en el pasado, que se cree debidas a su esforzada labor en cuestiones sindicales polémicas.

Según parece, los cuatro miembros restantes del comité ejecutivo del STEPQ han seguido recibiendo amenazas de muerte. El 17 de enero, Oscar Gianni González Donado y Lázaro René Reyes Mata recibieron en total tres llamadas telefónicas anónimas a sus teléfonos móviles. Al parecer, el autor de las llamadas, cuya voz se había distorsionado electrónicamente, les dijo que ellos, así como otros colegas y sus familias, serían asesinados en un plazo de nueve días.

El 6 de febrero se denunciaron formalmente las amenazas de muerte en la Procuraduría de Derechos Humanos y el Ministerio Público. Según los informes, las amenazas y los actos de intimidación han continuado.

· Los ecologistas Carlos Albacete Rosalesy Piedad Espinosa Albacetefueron víctimas de un aparente atentado contra su vida a las 12.20 de la noche del 10 de enero cuando regresaban en taxi a su casa desde el Aeropuerto Nacional La Aurora, en la Ciudad de Guatemala. Cuando el matrimonio se aproximaba a su casa, en la zona conocida como Carretera a El Salvador, observó un Volkswagen Golf de color gris estacionado a más o menos un kilómetro de la casa. El auto arrancó tras de ellos y los siguió hasta adelantar al taxi para, a continuación, hacer un giro de 180 grados a unos metros de distancia, bloqueando parcialmente la carretera.

Al menos tres hombres salieron del auto, empuñando armas de fuego. Llevaban gorros de lana negros y chalecos antibalas oscuros, e iban vestidos con ropas negras similares a las utilizadas por la policía pero sin las insignias de identificación. Abrieron fuego inmediatamente, obligando al taxista a acelerar para huir. Siguieron disparando desde detrás cuando el taxi los hubo sobrepasado, pero no lo persiguieron más.

Carlos Albacete sufrió heridas leves causadas por fragmentos de cristal. Los disparos dejaron también balas incrustadas en la carrocería del taxi, donde se contaron en total seis agujeros de bala. Cuando la policía llegó para investigar el incidente, al parecer los agentes no pusieron las balas recuperadas en bolsas para pruebas, sino que se las metieron directamente en el bolsillo.

Tanto Carlos Albacete como Piedad Espinosa trabajan para la organización ecologista guatemalteca Trópico Verde, dedicada a proteger la Reserva de la Biosfera Maya, una reserva de la naturaleza en la región de Petén, en el norte de Guatemala. Durante los últimos cuatro años, Trópico Verde se ha dedicado a denunciar activamente la usurpación de tierras de la reserva por parte de ganaderos y presuntos narcotraficantes.

Carlos Albacete y Piedad Espinosa ya han sido víctimas anteriormente de ataques y actos de intimidación.

Debido a graves temores por su seguridad, Carlos Albacete y Piedad Espinosa se vieron forzados a huir de Guatemala poco después de este atentado contra sus vidas. Según se informa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha solicitado a las autoridades guatemaltecas la implementación de medidas cautelares respecto de otro miembro deTrópico Verde que continúa haciendo campaña en Guatemala.

Según la información recibida, la investigación del atentado sufrido por Carlos Albacete y Piedad Espinosa parece haber sido limitada.

Amenazas de muerte e intimidación

· Los abogados del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH)–Francisco Soto, Angélica González, Otto Navarro y Jennifer Echeverría–, recibieron un mensaje que no era sino una amenaza de muerte. El 5 de febrero, a eso de las cuatro de la tarde, Angélica González, descubrió, impreso y pegado al parabrisas de su automóvil, el siguiente mensaje (que reproducimos exactamente)]: "deja de fastidiar con proteccion protegete vos misma que no entendes con tanto aviso decile al Pancho [Francisco] que se cuide y lo hijos y la mujer que siempre estan solos siempre los vemos y ustedes aboganster de mierda [clara alusión al equipo de Justicia y Reconciliación del CALDH al que pertenecen los cuatro abogados] que solo dinero quieren busquen otro trabajo sino un dia de estos saldremos a almorsar juntos como siempre nosotros invitamos ‘entiendan hijos de puta’"). El auto había estado aparcado frente a la oficina de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (COPREDH), donde Angélica González había asistido a una reunión.

El CALDH proporciona apoyo jurídico a las personas que buscan justicia para familiares masacrados durante el conflicto interno de Guatemala. Desde octubre del 2006 el CALDH ha estado participando en las actuaciones judiciales iniciadas contra antiguos oficiales del ejército, entre ellos el general José Efraín Ríos Montt, que fuera jefe del Estado, cuyos arresto y extradición han sido solicitados por España en aplicación del principio de jurisdicción universal para los crímenes contra la humanidad y a causa de los ciudadanos españoles que perecieron durante el conflicto interno guatemalteco (1960-1996).

· El activista medioambiental Flaviano Bianchini, ciudadano italiano que trabajaba como voluntario con el grupo ecologista guatemalteco Colectivo MadreSelva, ha denunciado que del 13 de enero al 5 de febrero fue sometido a vigilancia y amenazado. Se cree que estos incidentes guardan relación con el informe que presentó durante una conferencia de prensa celebrada el 5 de enero sobre la contaminación del río Tzalá en Sipakapa, departamento de San Marcos. En el informe se denuncia que el río, que es la principal fuente de abastecimiento de agua para la población indígena de la región, ha sido contaminado con metales pesados.

El 13 de enero, Flaviano Bianchini recibió una llamada anónima en su teléfono móvil, de un hombre que repitió "Cuidado, cuidado" antes de colgar. En el curso de los seis días siguientes recibió cinco llamadas idénticas. El 25 de enero recibió otra llamada anónima y esta vez la voz le dijo "deje de chingar". Recibió dos llamadas más con el mismo mensaje los días 2 y 5 de febrero.

Flaviano Bianchini ha estado investigando los efectos de la actividad minera sobre el medio ambiente en Guatemala, Honduras y El Salvador. El 19 de diciembre del 2006, el Colectivo MadreSelva presentó a los ministerios correspondientes una denuncia relacionada con la presunta contaminación del río Tzalá.

Flaviano Bianchini regresó a Italia el 10 de febrero, habiendo tenido que adelantar el retorno a su país debido a graves temores por su seguridad.

Allanamientos y robos

· Hacia las seis de la madrugada del 5 de febrero, un miembro del personal llegó a las oficinas que comparten en la Ciudad de Guatemala la Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UPDH), el Movimiento Nacional por los Derechos Humanos (MNDH) y la Asociación Comunicación para el Arte y la Paz (COMUNICARTE), y descubrió que las puertas habían sido forzadas, con señales evidentes de allanamiento.

Habían robado 13 computadoras, que contenían información sobre violaciones de los derechos humanos y sobre cuestiones mineras, en particular información sobre las consultas que se iban a celebrar próximamente con las comunidades indígenas afectadas por las actividades de las compañías mineras, así como datos económicos y operativos de las organizaciones que componen el Movimiento Nacional de Derechos Humanos. Se habían registrado los archivadores y escritorios y habían desaparecido memorias portátiles USB, así como documentos impresos sobre minería pertenecientes al MNDH y a COMUNICARTE. Faltaban también las cintas maestras de la colección documental completa de COMUNICARTE, sus cámaras y proyectores, y dinero. Los autores del allanamiento y robo habían dejado tras de sí heces humanas y guantes (presumiblemente utilizados por ellos durante el allanamiento).

Hacia las 8:40 de la mañana, mientras los miembros del personal aguardaban a la puerta de las oficinas la llegada de la policía, un Toyota Corolla rojo pasó por delante del edificio. Un individuo que viajaba en él se asomó por la ventanilla y filmó tanto al personal como el edificio.

La UPDDH investiga y documenta ataques y amenazas contra personas que defienden los derechos humanos en Guatemala. El 5 de febrero, la UPDDH había planeado presentar públicamente su informe de 2006 sobre los ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos en Guatemala. En él se denuncia que en 2006 se perpetraron 14 asesinatos y 278 ataques contra miembros de este colectivo.

El MNDH es una agrupación que aúna a la mayoría de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos de Guatemala y que presiona activamente al gobierno guatemalteco para que se investiguen las violaciones de derechos humanos, tanto las actuales como las que se cometieron en el pasado, y se lleve a los responsables ante la justicia. También proporciona información a organizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales.

COMUNICARTE trabaja en la producción de materiales audiovisuales sobre historia, memoria social y el conflicto armado interno.

¡ACTÚEN!

Amnistía Internacional insta a las autoridades guatemaltecas a investigar exhaustiva e imparcialmente todos los asesinatos, las amenazas y los actos de intimidación perpetrados contra defensores y defensoras de los derechos humanos, a hacer comparecer ante la justicia a los responsables, y a garantizar que quienes defienden los derechos humanos pueden desempeñar su legítima labor sin temor a amenazas, agresiones o robo de materiales relacionados con su trabajo de derechos humanos.

Envíen llamamientos a las autoridades guatemaltecas:

Ø expresando preocupación por la reciente ola de amenazas y ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos, y de allanamientos y robo de información en las oficinas de organizaciones de derechos humanos de Guatemala:

Ø pidiendo que se lleven a cabo sin dilación investigaciones exhaustivas e imparciales de los hechos y que se procese a los responsables;

Ø instando a las autoridades guatemaltecas a tomar medidas inmediatas y eficaces –acordes con los deseos de los defensores y defensoras de los derechos humanos–, para garantizar la seguridad de estas personas;

Ø recordando a las autoridades guatemaltecas que las personas que defienden los derechos humanos tienen derecho a llevar a cabo sus actividades sin restricciones ni temor a represalias, como estipula la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos (Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos);

Ø solicitando al gobierno de Guatemala que desarrolle un plan nacional de acción destinado a poner en práctica la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos con miras a garantizar que quienes defienden estos derechos puedan desempeñar su legítima labor sin temor a represalias.

Envíen sus llamamientos a:

Lic. Óscar Berger Perdomo

Presidente de la República de Guatemala

Casa Presidencial, 6 a. Avenida, 4-18 zona 1

Ciudad de Guatemala,

GUATEMALA

Fax: +502 221 4423

Tratamiento: Señor Presidente

Lic. Juan Luis Florido

Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público

Edificio Ministerio Público

15 Avenida 15-16, Zona 1, Barrio Gerona, 8vo. Nivel, Ciudad de Guatemala,

GUATEMALA

Fax: + 502 2411 9124

+ 502 2411 9326

Tratamiento: Señor Fiscal General

Ing. Carlos Roberto Vielmann Montes

Ministro de Gobernación

6ª. Avenida 13-71, Zona 1,

Ciudad de Guatemala,

GUATEMALA

Fax: +502 2413 8658

Tratamiento: Señor Ministro********

(1) El 7 de enero del 2004, el gobierno de Guatemala firmó un acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para establecer una Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS). El 6 de agosto del 2004, la Corte de Constitucionalidad opinó que algunos aspectos clave del acuerdo podrían ser inconstitucionales (véase el comunicado de prensa de Amnistía Internacional Guatemala: La opinión de la Corte de Constitucionalidad pone a prueba la voluntad política del Presidente Berger de acabar con la impunidad, Índice AI: AMR 34/015/2004, del 7 de agosto del 2004), tras lo cual el Congreso realmente archivó el proyecto.