Documento - El Salvador: Legalising discrimination
AMNISTÍA INTERNACIONAL
COMUNICADO DE PRENSA
Índice de AI: AMR 29/008/2003 (Público)
Numero del Servicio de Noticias: 273
http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR290082003
Embargado hasta el 3 de diciembre de 2003 06:00GMT
El Salvador: Legalizando la discriminación
En una carta abierta enviada hoy al presidente de El Salvador, Francisco Guillermo Flores Pérez, y otras autoridades, Amnistía Internacional ha instado a las autoridades a revisar la legalidad y constitucionalidad de la Ley Anti Maras que penaliza las actividades de las pandillas juveniles.
"Esta ley legaliza la discriminación en la sociedad salvadoreña" dijo Amnistía Internacional haciendo referencia a varios aspectos controversiales de la legislación.
La Ley Anti Maras se basa en la apariencia física y ámbito social de las personas, haciendo referencia directa a tatuajes y símbolos de identificación típicos de estos grupos, además de referirse en gran medida a menores de edad, a quienes se los juzga como adultos en las cortes de Justicia.
"Es irónico que una legislación que pretende disminuir los altos índices de criminalidad esté en contravención con normas internacionales de derechos humanos de las que el país es parte y la misma Constitución Nacional", señaló Amnistía Internacional.
Así mismo, la ley ha generado una serie de ataques por parte de miembros del Poder Ejecutivo contra funcionarios del poder judicial que se niegan a aplicar esta ley por considerarla inconstitucional y que viola los tratados internacionales de los que El Salvador es parte.
"Estos ataques vulneran la integridad profesional de los funcionarios del Poder Judicial y pueden poner en peligro su seguridad física", dijo Amnistía Internacional.
En su carta, Amnistía Internacional también insta a las autoridades salvadoreñas a analizar y atender las razones básicas que han generado el alto nivel de actividad criminal -- incluyendo el problema delincuencial entre los jóvenes - y que sólo a partir de ese análisis diseñen y pongan en práctica normas y políticas que lleven a soluciones reales y de largo plazo, en línea con las normas del estado de derecho.
"Los problemas económicos, sociales, educativos, la falta de oportunidades y la disponibilidad de armas entre los grupos de jóvenes deberían ser el aspecto clave de cualquier programa de gobierno que busque solucionar el problema de la violencia de manera seria", subrayó Amnistía Internacional.
"Mientras no se enfrenten estos temas fundamentales las iniciativas como el Plan Mano Dura y legislación puramente represiva como la Ley Anti Maras, no harán más que desperdiciar recursos y aumentar la población de las ya superpobladas prisiones", concluyó Amnistía Internacional.
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Redactado originalmente en español en el SI.