Documento - Cuba: Represión sistematica - Acoso y detenciones breves por motivos politicos

Amnesty International Publications

Publicado originalmente en 2012 por Amnesty International Publications

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© Amnesty International Publications 2012

Índice: AMR 25/007/2012

Idioma original: inglés.

Edición española a cargo de: EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI) Valderribas, 13. 28007 Madrid

España

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ÍNDICE

4Información General

Detenciones breves, acoso e intimidación de opositores políticos 6

Presos de conciencia 9

Las Damas de Blanco 12

Periodistas independientes 14

Recomendaciones 16

Información GENERAL

El gobierno cubano mantiene una campaña permanente de acoso y detenciones breves contra los opositores políticos para impedirles exigir respeto por los derechos civiles y políticos. Desde que Amnistía Internacional publicó, en junio de 2010, su último informe sobre el respeto por la libertad de expresión en Cuba (Restricciones a la libertad de expresión en Cuba, Índice: AMR 25/005/2010), la situación se ha deteriorado, con un aumento constante del número de detenciones arbitrarias. En Cuba, las críticas al gobierno no se toleran, y se castigan sistemáticamente con detenciones breves y arbitrarias, “actos de repudio” (manifestaciones encabezadas por partidarios del gobierno con la presunta participación de agentes de seguridad del Estado, con el objetivo de acosar e intimidar a quienes critican al gobierno), intimidación, acoso y procesamientos penales de motivación política.

Las autoridades siguen negando a quienes desean un cambio político en Cuba su derecho a expresar y compartir sus ideas libremente y sin represalias. La represión es sistemática. Los manifestantes pacíficos, los periodistas independientes y los activistas de derechos humanos son detenidos como medida habitual por ejercer su derecho a la libertad de expresión, asociación, reunión y circulación. Los activistas a menudo son detenidos como medida preventiva para impedirles asistir a manifestaciones públicas o reuniones privadas.

Pese a la represión, las restricciones de estos derechos se encuentran, en todo Cuba, con una resistencia constante, lo que da lugar a miles de detenciones. Dos organizaciones que observan la situación de los derechos humanos en el país informaron mensualmente de centenares de detenciones breves durante 2011.

La mayoría de las personas detenidas en estas circunstancias pueden ser presos de conciencia, aunque sean puestas en libertad tras un periodo breve de detención, a menudo de tan sólo unas horas. De las personas que se encuentran actualmente detenidas, la organización ha adoptado recientemente a cuatro presos de conciencia, detenidos exclusivamente por el ejercicio pacífico de sus libertades fundamentales. Amnistía Internacional pide una vez más al gobierno cubano que ponga en libertad inmediata e incondicional a todos los presos de conciencia, hayan sido o no acusados o juzgados.

La liberación, en 2011, de decenas de presos políticos y de los últimos presos de conciencia que permanecían encarcelados desde la represión de marzo de 2003 no fue el prólogo de un cambio en la política de derechos humanos. La gran mayoría de los liberados se vieron obligados a exiliarse, mientras las autoridades cubanas se mostraban decididas a contener mediante nuevas tácticas la disidencia y las críticas contra el gobierno. La intimidación, el acoso, las detenciones múltiples y las restricciones a la circulación se han utilizado abundantemente contra los opositores políticos, para impedirles llevar a cabo sus actividades o como represalia. También es habitual someter a vigilancia a quienes se oponen al gobierno. Los “actos de repudio” –manifestaciones encabezadas por partidarios del gobierno con la presunta participación de agentes de seguridad del Estado, con el objetivo de acosar e intimidar a quienes critican al gobierno– se han convertido en práctica corriente. Las integrantes del movimiento Damas de Blanco, en particular, han sido blanco de represión en varios lugares de Cuba en los que el movimiento cuenta con representantes. Los informes de malos tratos y palizas durante los actos de repudio y la detención se han convertido en motivo de una mayor preocupación.

Cuba no tolera ninguna crítica al Estado realizada fuera de los mecanismos oficiales establecidos bajo control gubernamental. Las leyes sobre “desorden público”, “ultraje”, “desacato”, “peligrosidad” y “atentado” se utilizan para procesar a quienes se oponen al gobierno. No hay ninguna organización política o de derechos humanos a la que se haya permitido obtener el reconocimiento jurídico. Los sindicatos y las asociaciones de abogados independientes de los afiliados al Partido Comunista de Cuba no pueden operar legalmente, y sus miembros son sometidos a medidas represivas. Todo desafío a la política oficial da invariablemente como resultado una acción de represalia que incluye la violación de los derechos humanos.

Para justificar su arsenal de leyes y prácticas represivas, las autoridades cubanas siguen alegando que los opositores políticos actúan bajo el patrocinio o la influencia del gobierno estadounidense, y que sus actividades son una amenaza para la seguridad nacional, la integridad de Cuba y la revolución. Tras el endurecimiento, en la década de 1990, del embargo económico impuesto por Estados Unidos, se introdujo una legislación draconiana teóricamente dirigida a proteger la soberanía cubana. Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente al gobierno estadounidense que levante su embargo, ya que perjudica enormemente el disfrute, por parte de la población cubana, de una diversidad de derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al alimento, la salud y el saneamiento. No obstante, Amnistía Internacional considera que las actividades llevadas a cabo por la disidencia cubana constituyen un ejercicio legítimo de la libertad de expresión, reunión y asociación. En Cuba, estas libertades están gravemente limitadas, tanto en la ley como en la práctica. Además, independientemente de la política exterior estadounidense respecto a Cuba, las autoridades cubanas son las únicas responsables de las violaciones de los derechos civiles y políticos. Ellas son las que deben garantizar la protección de estos derechos reconocidos universalmente. El gobierno debe asimismo reconocer y permitir la expresión pacífica y legítima de la disidencia en Cuba.

DETENCIONES BREVES, ACOSO E INTIMIDACIÓN DE opositores políticos

Las detenciones breves tanto de activistas políticos y de derechos humanos como de periodistas independientes se están haciendo cada vez más frecuentes. Esta práctica, además, menoscaba el respeto en Cuba por los principios y normas internacionales sobre la privación de la libertad y sobre la libertad de expresión, asociación y reunión.

El número de detenciones breves ha experimentado un fuerte incremento en los últimos 24 meses. Según los datos registrados por el Centro de Información Hablemos Press (CIHPRESS), agencia de noticias independiente que observa los abusos contra los derechos humanos en toda Cuba, el número de detenciones de que se ha tenido noticia se cuadruplicó de 2009 a 2010, y se duplicó de 2010 a 2011. En 2011, la organización –a la que, como a todos los grupos considerados críticos con el gobierno, se le ha negado el reconocimiento oficial– tuvo noticias de 3.835 detenciones, que mensualmente oscilaban entre 181 y 576 casos. De igual modo, la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) recibió informes de 2.784 casos de abusos contra los derechos humanos entre enero y septiembre de 2011, consistentes la mayoría en detenciones breves y arbitrarias. Para 2010, la CCDHRN documentó 2.074 casos.

Aunque el incremento de los casos registrados podría atribuirse parcialmente a una mejora de la capacidad de observación y a un intercambio más fácil de la información sobre los abusos contra los derechos humanos (debido al mayor acceso a teléfonos móviles), no se puede negar que las autoridades cubanas han redoblado la represión contra la disidencia. Las autoridades no toleran que se critiquen abiertamente las políticas gubernamentales o los abusos contra los derechos civiles y políticos. Los agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y del Departamento de Seguridad del Estado (DSE) detienen sistemáticamente a los activistas que celebran manifestaciones pacíficas en espacios públicos, alegando que están creando “desorden público”. Los informes sobre uso de fuerza excesiva por parte de las autoridades y de palizas durante la detención son cada vez más frecuentes.

Los detenidos normalmente permanecen recluidos unas horas o, en ocasiones, unos días en comisarías u otros centros de detención, y durante ese tiempo son sometidos frecuentemente a interrogatorio, intimidación y amenazas. También se ha informado de palizas durante la detención. Las personas detenidas normalmente son amenazadas con cargos penales o con la cárcel si no cesan en sus actividades “contrarrevolucionarias”. Algunas han permanecido detenidas durante semanas sin conocer los cargos exactos que se les imputaban.

Ivonne Malleza Galano e Ignacio Martínez Montejo estuvieron detenidos sin cargos, junto con Isabel Haydee Álvarez, durante 52 días, tras participar en una manifestación antigubernamental pacífica el 30 de noviembre de 2011. A Ivonne Malleza Galano las autoridades la mantuvieron recluida en régimen de incomunicación durante 10 días, sin que pudiera contactar con el mundo exterior, ni siquiera con su familia o sus abogados. Hasta el 10 de diciembre no le permitieron realizar una llamada telefónica para informar a su familia y sus amistades de su paradero, y sus familiares no pudieron visitarla hasta el 12 de diciembre. Amnistía Internacional los adoptó a los tres como presos de conciencia, detenidos exclusivamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y reunión. Los tres quedaron en libertad sin cargos el 20 de enero de 2012.

Los informes de detención en régimen de incomunicación son cada vez más frecuentes. Durante días, los familiares de las personas detenidas desconocen su paradero. Las autoridades no les informan de los motivos y el lugar de la detención, ni siquiera aunque los familiares vayan de una comisaría a otra preguntando por el paradero de los detenidos. La detención en régimen de incomunicación viola los derechos de las personas privadas de libertad, y es una práctica que las autoridades cubanas deben dejar de utilizar. Las personas recluidas en régimen de incomunicación pueden no ser representadas por un abogado de su elección. Además, no tienen derecho a comunicar su detención ni el lugar donde se encuentran a un familiar o a cualquier otra persona que elijan, y sus familias viven con la ansiedad de no saber qué les ha sucedido.

El 21 de febrero de 2012, José Daniel Ferrer García, ex preso de conciencia, fue detenido en La Habana y recluido en régimen de incomunicación, sin poder notificar su paradero a sus familiares o a otras personas de su elección. Al día siguiente fue trasladado a un centro de detención de la provincia de Camagüey, y el 24 de febrero quedó en libertad sin cargos en su provincia natal de Santiago de Cuba. Mientras estuvo detenido, fue amenazado con ser encarcelado si continuaba con sus actividades de disidencia como coordinador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), agrupación de organizaciones opositoras con sede en el este de Cuba.

En enero de 2012, Iris Tamara Pérez Aguilera fue detenida en cuatro ocasiones en Placeta, Villa Clara, durante unas manifestaciones organizadas para pedir la liberación de los presos de conciencia Ivonne Malleza Galano, Ignacio Martínez Montejo e Isabel Haydee Álvarez. En febrero fue detenida de nuevo, en dos ocasiones, durante las manifestaciones que pedían la libertad de Yasmín Conyedo Riverón y su esposo, Yusmani Rafael Álvarez Esmori, ambos presos de conciencia detenidos desde el 8 de enero de 2012.

El domingo 19 de febrero de 2012, 25 integrantes de las Damas de Blanco fueron detenidas en la provincia de Santiago de Cuba para impedirles asistir a una misa en el Santuario de Nuestra Señora de la Caridad en la localidad de El Cobre. Los servicios de seguridad del Estado y la policía han establecido férreos controles en torno al Santuario, donde se espera que el Papa Benedicto XVI celebre una misa a finales de marzo, durante una visita de tres días a Cuba. Las Damas de Blanco temen que no se les permita asistir al evento como represalia por su movilización constante y sus críticas al gobierno.

Actos de repudio

Amnistía Internacional cree que se está alentando a los manifestantes progubernamentales a acosar e intimidar impunemente a quienes propugnan un cambio político por medios pacíficos.

Los actos de repudio son manifestaciones coordinadas por el gobierno y llevadas a cabo normalmente ante las casas de opositores políticos; a ellas asisten partidarios del gobierno, agentes estatales y miembros de las fuerzas de seguridad, y tienen como finalidad acosar e intimidar a los opositores. A menudo se utilizan para impedirles viajar para participar en actividades. Durante los actos de repudio, los opositores políticos y los activistas de derechos humanos son sometidos a abusos físicos y verbales por grupos de personas que corean lemas progubernamentales. La policía suele estar presente, pero no interviene para impedir las agresiones. En esos actos suelen participar las Brigadas de Respuesta Rápida, una estructura establecida en 1991 y compuesta por voluntarios del Partido Comunista cuya tarea es hacer frente a cualquier señal “antirrevolucionaria”.

Tanto los activistas locales de derechos humanos como otras personas creen que estos actos están organizados por los servicios de seguridad de Cuba para intimidar a la oposición.

Los actos de repudio suelen ir seguidos de la detención de las personas contra las que se dirigen. En enero de 2012, 40 opositores fueron detenidos tras actos de este tipo. También se ha detenido a periodistas que informaban sobre estos actos y tomaban fotografías. El 17 de diciembre, Eynor Díaz Allen, periodista del Centro de Información Hablemos Press en Guantánamo, estuvo detenido durante 48 horas, y su cámara le fue confiscada por agentes del Departamento de Seguridad del Estado. Estaba documentando un acto de repudio contra Obayemi Grant Guerra, miembro del Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia.

Presos de conciencia

En el momento de redactar este informe, Amnistía Internacional ha adoptado a cuatro presos de conciencia en Cuba: Antonio Michel Lima Cruz, Marcos Máiquel Lima Cruz, Yasmín Conyedo Riverón y el esposo de ésta, Yusmani Rafael Álvarez Esmori.

Presos de conciencia Antonio Michel Lima Cruz y Marcos Máiquel Lima Cruz

Hasta tres años de cárcel por cantar una canción de protesta en la calle

Los hermanos Antonio Michel Lima Cruz y Marcos Máiquel Lima Cruz llevan encarcelados desde el día de Navidad de 2010. Ambos pertenecen al Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba –agrupación de organizaciones de toda la isla– y al Movimiento Impacto Juvenil Republicano. Los dos son periodistas independientes, y cofundadores del periódico online Candonga, cerrado por las autoridades cubanas en 2009.

Fueron detenidos en la madrugada del 25 de diciembre de 2010 mientras se encontraban en una celebración navideña con un grupo de familiares y amigos en su domicilio de la ciudad de Holguín, en el este de Cuba. Hacían sonar canciones de un grupo de hip-hop cubano que critica la falta de libertad de expresión en el país, y bailaban ondeando la bandera cubana en la calle, delante de su casa. Poco después de medianoche, llegaron unos policías y unos agentes del Departamento de Seguridad del Estado, acompañados de unos 40 simpatizantes del gobierno. La policía entró por la fuerza y detuvo a los hermanos, mientras se realizaba un acto de repudio contra las demás personas que había en la casa. Ese mismo día, la policía regresó y detuvo al padre y a la madre de los dos hermanos, así como a varios amigos que se encontraban en el domicilio familiar en ese momento. Todos ellos permanecieron recluidos varios días, antes de quedar en libertad sin cargos.

Tras un juicio sumario, en mayo de 2011 Antonio Michel y Marcos Máiquel fueron condenados a dos y tres años de prisión, respectivamente, por “ultraje a los símbolos de la patria” y “desórdenes públicos”. En la actualidad permanecen recluidos en la prisión de La Ladrillera, en la provincia de Holguín. Antonio Michel sufre problemas de próstata y, según los informes, no recibe tratamiento médico suficiente. Al haber cumplido más de la mitad de su condena, podría optar a la libertad condicional, pero las autoridades se han negado a responder a las peticiones de su familia y su abogado. Su madre, Adisnidia Cruz Segredo, integrante de las Damas de Blanco, ha sufrido un acoso reiterado de las autoridades en sus intentos de asistir a la iglesia los domingos. La mañana del domingo 26 de febrero de 2012, la policía la mantuvo detenida varias horas, impidiéndole asistir a misa con las demás Damas de Blanco de la provincia de Holguín.

Amnistía Internacional cree que las condenas de Antonio Michel y Marcos Máiquel son de motivación política, debidas a su ejercicio pacífico de la libertad de expresión, y las considera desproporcionadas para los presuntos delitos. La organización ha adoptado a los dos hermanos como presos de conciencia, y ha pedido su liberación inmediata e incondicional.

Presos de conciencia Yasmín Conyedo Riverón y YusmanI Rafael Álvarez Esmori

Yasmín Conyedo Riverón, de 24 años, y su esposo, Yusmani Rafael Álvarez Esmori, de 23, permanecen detenidos desde el 8 de enero de 2012 por cargos de “atentado” contra un agente del Estado, punibles con hasta cinco años de prisión. Yasmín es la representante de las Damas de Blanco en la provincia de Villa Clara, y también es una periodista independiente. Yusmani es miembro de la Liga Juvenil Democrática de Las Villas.

Ambos fueron detenidos la mañana del domingo 8 de enero de 2012 en su casa de la ciudad de Santa Clara, en la provincia de Villa Clara, en el centro de Cuba. Un grupo de partidarios del gobierno realizó un acto de repudio ante su casa, al parecer para impedir que Yasmín asistiera a misa con otras Damas de Blanco. Yasmín y Yusmani fueron detenidos y recluidos en comisarías locales, junto con otras siete Damas de Blanco, hasta las cuatro de la tarde de ese mismo día. Una vecina, que es instructora política local del Partido Comunista de Cuba (PCC), abordó a Yasmín cuando estaba a punto de entrar en su casa, tras ser puesta en libertad. La insultó y la abofeteó. La tía de Yasmín, que había salido de la casa de ésta, respondió abofeteando a su vez a la mujer. Entonces, dos policías detuvieron a Yasmín y a Yusmani, que también acababa de regresar tras haber sido liberado. La tía de Yasmín ha informado dos veces a las autoridades locales de que fue ella, y no Yasmín, quien abofeteó a la instructora política del PCC, pero no ha recibido respuesta. La propia instructora del PCC ha pedido al fiscal local que retire los cargos contra Yasmín y Yusmani.

Yasmín y Yusmani también permanecieron detenidos varias horas el 25 de diciembre de 2011 cuando trataban de asistir a una misa navideña. Yasmín tiene una hija de seis años. Amnistía Internacional cree que su detención y posible condena es una respuesta a sus actividades pacíficas de disidencia, y que tiene como finalidad transmitir un mensaje intimidatorio a otras personas que critican al gobierno. La organización ha adoptado, por tanto, a Yasmín y a Yusmani como presos de conciencia, y ha pedido su liberación inmediata e incondicional.

52 días de reclusión por protestar contra la pobreza

Los presos de conciencia Ivonne Malleza Galano, Ignacio Martínez Montejo e Isabel Haydee Álvarez estuvieron detenidos sin cargos durante 52 días, tras participar en una manifestación antigubernamental pacífica.

El 30 de noviembre de 2011, Ivonne Malleza Galano, integrante de las Damas de Blanco, y su esposo, Ignacio Martínez Montejo, fueron detenidos por agentes de policía mientras participaban en una manifestación pacífica en el Parque de la Fraternidad, en La Habana. La manifestación protestaba contra el hambre y la pobreza, y los dos detenidos sostenían una pancarta con el lema “Cese el hambre, la miseria y la pobreza en Cuba”.

A Ivonne Malleza Galano la esposaron y la metieron en un vehículo policial. Dos agentes llegaron, trataron de confiscarle la pancarta y los detuvieron, a ella y a Ignacio Martínez Montejo. Las grabaciones de vídeo difundidas en Internet muestran cómo unos policías detienen a Ivonne Malleza Galano en el Parque de la Fraternidad mientras la multitud se congrega en torno a ella y pide a los agentes que la dejen marchar. Isabel Haydee Álvarez, que estaba contemplando la manifestación, fue detenida tras protestar y decir que las autoridades debían dejar libre a la pareja.

Ivonne Malleza Galano, Isabel Haydee Álvarez e Ignacio Martínez Montejo quedaron en libertad sin cargos el 20 de enero. Al quedar en libertad, unos agentes de los servicios de seguridad del Estado les dijeron que se enfrentarían a “condenas severas” si continuaban con sus actividades de disidencia. Amnistía Internacional los había adoptado como presos de conciencia, ya que estaban recluidos exclusivamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión, y había pedido su liberación inmediata e incondicional.

Muerte bajo custodia

El preso de conciencia Wilman Villar Mendoza murió el 20 de enero de 2012 en el Hospital Juan Bruno Zayas, en la ciudad de Santiago de Cuba, a donde había sido trasladado desde la prisión a causa de los problemas de salud derivados de la huelga de hambre que había emprendido en protesta por su juicio injusto y su encarcelamiento. Wilman Villar Tenía 31 años.

Miembro del la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), fue detenido el 14 de noviembre de 2011 por participar en una manifestación pública contra el gobierno cubano en Contramaestre, provincia de Santiago de Cuba. Durante aquella manifestación fueron detenidos también otros ocho miembros de UNPACU.

Mientras estuvo detenido, los agentes de seguridad del Estado lo amenazaron, según los informes, con hacerle “desaparecer” y lo presionaron para que cesara en sus protestas públicas y abandonara el grupo disidente. Le dijeron que, de lo contrario, lo juzgarían por “desacato”, “resistencia” y “atentado” contra un agente del Estado, todos ellos cargos relativos a una detención anterior, ocurrida en septiembre de 2011. Wilman Villar Mendoza quedó en libertad el 17 de noviembre, y luego fue citado a comparecer el 24 de noviembre ante el Tribunal Municipal de Contramaestre, donde fue juzgado a puerta cerrada. Los jueces no aceptaron la declaración de su esposa ni la de ningún otro testigo llamado en su defensa. La esposa de Wilman Villar Mendoza no pudo entrar en la sala hasta el final del juicio.

Wilman Villar Mendoza fue condenado a cuatro años de prisión. Desde el Tribunal Municipal de Contramaestre fue trasladado directamente a la prisión de Aguaderas, en Santiago de Cuba. Ese mismo día inició una huelga de hambre para protestar por su encarcelamiento y su condena. Interrumpió la huelga de hambre el 23 de diciembre, y la reanudó seis días después. Amnistía Internacional lo ha adoptado como preso de conciencia, detenido exclusivamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión.

Las Damas de blanco

El gobierno cubano está llevando a cabo una campaña de acoso e intimidación contra las Damas de Blanco. Esta organización fue creada por un grupo de mujeres familiares de los 75 presos de conciencia encarcelados en marzo de 2003 por expresar pacíficamente sus opiniones contrarias al gobierno. Las Damas asistían a misa todos los domingos en la capital, La Habana, vestidas de blanco, para rezar por la liberación de sus familiares. Después, realizaban una procesión desde la iglesia hasta un parque cercano, llevando flores blancas.

Posteriormente surgió un grupo de solidaridad, denominado Damas de Apoyo, que respaldaba las actividades organizadas por las Damas de Blanco y participaba en ellas. A principios de 2012, los dos grupos se fusionaron, y ahora se considera a todas Damas de Blanco. Tras la liberación de todos los presos de conciencia encarcelados durante la represión de marzo de 2003, las Damas de Blanco han estado haciendo campaña por la liberación de presos políticos, y por el levantamiento de las restricciones a las libertades civiles y políticas fundamentales en Cuba.

Las Damas de Blanco han sufrido un acoso e intimidación constantes al intentar llevar a cabo sus actividades pacíficas. Son sometidas a frecuentes actos de repudio por parte de simpatizantes del gobierno y miembros de las fuerzas de seguridad, y también a detenciones arbitrarias breves cuyo objetivo es alterar sus actividades.

Las autoridades les han impedido una y otra vez asistir a actividades en la sede de la organización, en el centro de La Habana. El evento organizado allí el 23 de febrero de 2012 para conmemorar el segundo aniversario de la muerte por huelga de hambre del preso de conciencia Orlando Zapata Tamayo fue severamente reprimido. No se permitió a nadie entrar en el edificio desde la mañana anterior. Las autoridades desviaron el tráfico para que no pasara ante la sede, y situaron agentes de policía para verificar los documentos de identidad de todos los peatones que pasaban por la zona. La tarde del 23 de febrero, decenas de simpatizantes del gobierno se congregaron durante horas ante el edificio para llevar a cabo un acto de repudio, y gritaron insultos contra las 40 Damas de Blanco que se encontraban en su interior. Muchas de las Damas habían atravesado la isla para asistir, y temían ser detenidas si trataban de salir del edificio, por lo que se vieron obligadas a permanecer allí hasta el día siguiente. Otro evento para conmemorar el Día de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 2011, fue reprimido de manera similar. En los días previos al Día de los Derechos Humanos, 32 Damas de Blanco fueron detenidas y amenazadas con nuevas detenciones si salían de sus casas el 10 de diciembre para participar en actividades. El domingo 11 de diciembre, 48 Damas de Blanco fueron detenidas durante su marcha semanal por la 5ª Avenida, en La Habana, tras haber asistido a misa en la iglesia de Santa Rita de Casia.

Desde mediados de 2011, las Damas de Blanco han incrementado sus actividades en las provincias orientales de Cuba y han sido sometidas a la creciente represión de la disidencia emprendida por las autoridades, especialmente en la provincia de Santiago de Cuba. Esta represión se ha centrado particularmente en impedir a las Damas de Blanco viajar para asistir los domingos a servicios religiosos, después de los cuales normalmente llevan a cabo una marcha silenciosa. A las Damas de Blanco se les ha impedido constantemente asistir a la misa dominical en la Catedral de la ciudad de Santiago de Cuba y de la cercana localidad de El Cobre. La mañana del domingo 21 de agosto, la casa de Aimée Garcés Leyva en Palma Soriano, provincia de Santiago de Cuba, estuvo varias horas rodeada por un centenar de personas, entre ellas agentes de policía y simpatizantes del gobierno. Cuando Aimée Garcés Leyva y otras diez Damas de Blanco trataron de salir para asistir a misa, los policías las empujaron y les tiraron del pelo antes de obligarlas a subir a unos autobuses. Las condujeron a un lugar a unos kilómetros de allí, donde las subieron a unos vehículos policiales y las abandonaron cerca de sus ciudades natales, en las provincias de Santiago de Cuba y Holguín, en muchos casos a varios kilómetros de sus casas. También ha habido actos similares de represión contra las Damas de Blanco en las provincias vecinas de Holguín, Granma y Guantánamo, donde se han utilizado detenciones breves y actos de repudio para impedirles asistir a misa o celebrar actos como el de conmemoración del Día de los Derechos Humanos.

En 2005, las Damas de Blanco fueron galardonadas con el Premio Sájarov a la libertad de conciencia que concede el Parlamento Europeo. Sin embargo, las autoridades cubanas negaron el permiso para salir del país a las representantes de la organización que habían sido invitadas a asistir a la ceremonia de entrega de premios en Estrasburgo, Francia. La autorización para que los ciudadanos y ciudadanas de Cuba viajen fuera del país está sumamente restringida, y es casi imposible de obtener para las personas a las que se considera críticas con el gobierno.

Periodistas independientes

Los periodistas independientes de Cuba trabajan bajo la amenaza constante de detenciones arbitrarias, intimidación y acoso por parte de las autoridades. A consecuencia de las restricciones a la libertad de expresión, no pueden compartir información independiente sin sufrir la represión directa de las autoridades. Amnistía Internacional siente preocupación por la detención de más de 65 periodistas independientes desde marzo de 2011. Algunos han sido detenidos en varias ocasiones.

José Alberto Álvarez Bravo, de La Habana, fue detenido 15 veces entre abril y octubre de 2011. El 12 de julio, unos agentes de seguridad del Estado lo detuvieron en su casa y confiscaron su ordenador, unidades de almacenamiento USB, una cámara digital, libros y documentos. Permaneció detenido más de 72 horas. Del 15 al 19 de abril, durante el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, unos agentes de la seguridad del Estado le prohibieron salir de su casa e informar sobre las manifestaciones organizadas por diversos grupos opositores. Ha sido detenido con frecuencia cuando se dirigía a la iglesia de Santa Rita de Casia, en Miramar, La Habana, donde las Damas de Blanco se reúnen cada domingo.

Los periodistas independientes cubanos informan sobre sucesos o cuestiones que normalmente no aparecen en los medios de comunicación estatales: por ejemplo, publican artículos sobre la represión y los abusos contra los derechos humanos, testimonios de presos e información sobre las condiciones de reclusión, y reportajes sobre las condiciones económicas y sociales que afectan a la población de Cuba. Los periodistas independientes desempeñan una labor fundamental al investigar y sacar a la luz las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad de Cuba y, por ello, son sometidos a una represión constante por las autoridades cubanas.

En los últimos años, ha habido un incremento del periodismo independiente en Cuba, aunque la población cubana tiene un acceso muy limitado a esa información. El Estado posee y controla todos los medios de comunicación y de difusión de la información en el país. Los periodistas independientes no tienen acceso a los medios estatales, y el acceso a Internet está al alcance de muy pocas personas. Algunos de los medios que se utilizan para difundir la información y eludir los controles gubernamentales son el acceso limitado y restringido a Internet, los teléfonos móviles y las redes –no en la web– de intercambio de información, como la distribución de unidades de almacenamiento USB o CD con la información.

Caridad caballero batista

Más de 17 detenciones desde julio de 2011 por informar sobre manifestaciones y abusos contra los derechos humanos.

Caridad Caballero Batista es una periodista independiente con sede en Holguín, en el este de Cuba, y es miembro de la Alianza Democrática Oriental –organización no reconocida oficialmente– y de las Damas de Blanco. Desde 2006 ha estado informando sobre los abusos contra los derechos humanos y sobre las condiciones de vida en Cuba. Según dijo a Amnistía Internacional, las autoridades la han sometido durante años a un acoso, una intimidación y una vigilancia constantes. El teléfono, esencial para su trabajo como periodista, se lo desconectan repetidamente como medida adicional de presión contra ella y para impedirle enviar sus reportajes.

Caridad Caballero Batista ha sido detenida arbitrariamente en varias ocasiones a causa de sus actividades como periodista y de su participación en las Damas de Blanco. Según dijo a Amnistía Internacional, desde principios de 2012 ha sido detenida en nueve ocasiones, la última el 4 de marzo, cuando se dirigía a la iglesia en Holguín. Su esposo fue detenido junto con ella, y ambos fueron conducidos al centro de detención de Pedernales. Ambos quedaron en libertad sin cargos tres horas después. La intención de la detención era impedirles asistir a misa junto con otras Damas de Blanco.

El 24 de mayo de 2011, Caridad Caballero Batista fue detenida en su casa por agentes de seguridad del Estado con el fin de impedirle asistir al juicio de Antonio Michel Lima Cruz y Marcos Máiquel Lima Cruz en Holguín. En varias ocasiones, la detuvieron cuando se dirigía a Santiago de Cuba para asistir a misa con otras Damas de Blanco. Según dijo a Amnistía Internacional, durante las detenciones ha sido golpeada y sometida a malos tratos por agentes de seguridad del Estado y por partidarios del gobierno, y ha sido amenazada con ser acusada de cargos en virtud de la Ley 88, la Ley de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, la misma en virtud de la cual se condenó a la mayoría de los 75 presos de conciencia encarcelados en la represión de marzo de 2003. Pese a sus numerosas detenciones, Caridad Caballero Batista nunca ha sido juzgada. En todas las ocasiones ha sido puesta en libertad al cabo de unas horas o unos días: la detención más larga duró 80 horas.

Recomendaciones

Amnistía Internacional formula las siguientes recomendaciones al gobierno de Cuba, para lograr un mayor respeto por el derecho a la libertad de expresión, asociación, reunión y circulación. Ante los abusos aquí detallados, el gobierno debe adoptar importantes decisiones políticas para garantizar la protección de los derechos humanos fundamentales y evitar que estos abusos se repitan. El Estado de derecho debe aplicarse a todos los ciudadanos y ciudadanas, sean cuales sean sus opiniones, y el gobierno debe proteger a quienes se ocupan de observar y denunciar las violaciones de derechos humanos: miembros de organizaciones de derechos humanos, familiares de víctimas, testigos, abogados y periodistas, entre otros.

Amnistía Internacional pide a las autoridades cubanas que:

pongan en libertad inmediata e incondicional a todos los presos de conciencia que se encuentran encarcelados exclusivamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión;

cesen el acoso, la intimidación y la persecución contra activistas de derechos humanos, periodistas independientes y personas críticas con el gobierno que ejercen pacíficamente su derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación;

garanticen que ninguna persona es detenida o encarcelada exclusivamente por ejercer de forma pacífica su derecho a la libertad de opinión, expresión, asociación y reunión. Toda persona detenida por este motivo debe ser puesta en libertad de forma inmediata e incondicional;

permitan a los periodistas y medios de comunicación independientes trabajar con libertad y sin temor a represalias, restricciones ilegítimas y procesamientos arbitrarios;

garanticen que toda persona es informada, en el momento de su detención, de los motivos específicos de su arresto;

pongan fin a la práctica de la detención en régimen de incomunicación, ya que viola los derechos de las personas privadas de libertad;

permitan, de acuerdo con las normas internacionales, el acceso de todas las personas detenidas a un abogado de su elección –así como a su familia y, si es necesario, a un médico– inmediatamente después de su arresto y durante todo el periodo de detención preventiva;

se aseguren de que los interrogatorios a las personas detenidas se llevan a cabo en presencia de un abogado defensor, para garantizar que las declaraciones de los detenidos han sido realizadas libremente, y no a consecuencia de coacción;

den instrucciones a las Brigadas de Respuesta Rápida para que cesen de inmediato todos los actos de repudio y otros actos de intimidación, acoso y agresión contra las personas que expresan opiniones contrarias al gobierno, contra los familiares de dichas personas y contra sus hogares. Las actividades de las Brigadas deben estar estrictamente reguladas por la ley;

garanticen que se lleva a cabo una investigación independiente e imparcial sobre todas las denuncias de malos tratos a manos de agentes de policía y de los servicios de seguridad del Estado, y que los agentes implicados en estas denuncias son sancionados debidamente;

retiren o reformen la legislación que limita indebidamente el derecho a la libertad de expresión, asociación, reunión y circulación, para permitir un debate público abierto sobre los derechos humanos y las políticas gubernamentales. En particular, la organización pide a las autoridades que:

revisen los artículos 53 y 62 de la Constitución y otras disposiciones jurídicas que limitan ilegalmente el derecho a la libertad de expresión, con el fin de hacerlas conformes con las normas internacionales;

reformen las disposiciones del Código Penal, como el artículo 91, que son tan vagas que se prestan a abusos de las autoridades del Estado para restringir la libertad de expresión;

deroguen la Ley 88 –Ley de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba–, que facilita el encarcelamiento de presos de conciencia al restringir ilegalmente el ejercicio de libertades fundamentales;

garanticen que se eliminan las restricciones legales a la formación y el funcionamiento de partidos políticos, ONG y sindicatos;

ratifiquen de inmediato, y sin reservas que limiten su aplicación, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales;

cursen una invitación para visitar el país al relator especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, la relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados y la relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y les permita acceso sin trabas a todas las personas y grupos de la sociedad civil.

www.amnesty.org

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