Documento - Colombia: La política de seguridad democrática no es una política de derechos humanos

AMNISTÍA INTERNACIONAL

COMUNICADO DE PRENSA

Índice de AI: AMR 23/142/2002/s (Público)

Numero del Servicio de Noticias: 233/02

16 de diciembre de 2002

Redactado originariamente en español en el Secretariado Internacional

Colombia: La política de seguridad democrática no es una política de derechos humanos

Al completar una visita de una semana a Colombia, una delegación de Amnistía Internacional afirmó que sus profundas inquietudes por la política de seguridad del Presidente Álvaro Uribe han quedado confirmadas.

La delegación se reunió con el Vicepresidente de la República y el Ministro del Interior, así como con congresistas, la Corte Constitucional, representantes del cuerpo diplomático y sectores de la sociedad civil incluyendo defensores de derechos humanos.

Amnistía Internacional reiteró que el gobierno tiene el derecho y la obligación de reinstaurar el orden público. Sin embargo, la organización considera que la impunidad con la cual se ha saldado la gran mayoría de los abusos masivos a los derechos humanos y/o al derecho internacional humanitario cometidos por las fuerzas armadas, sus aliados paramilitares y los grupos alzados en armas, es uno de los factores decisivos en la continuación de tales violaciones.

"Por esto, expresamos ante las autoridades nuestra alarma ante el proyecto ley que otorga facultades de policía judicial a las fuerzas de seguridad," manifestó Javier Zúñiga, Director de Estrategia de Amnistía Internacional y jefe de la delegación.

"Dichas facultades son simplemente contrarias a los más elementales principios del derecho, independientemente de cualquier salvaguardia que podría incorporarse, y por lo tanto deberían ser retiradas," continuó.

La política de "seguridad democrática" tal y como se manifiesta en los proyectos de ley actualmente debatidos en el Congreso, no constituye una política de derechos humanos sino al contrario conducirá, de ser aprobadas los proyectos en su forma actual, a agudizar los problemas de protección de derechos humanos de Colombia. Sin embargo, la organización estimó como positiva la información recibida de las autoridades sobre el inicio de la elaboración de un programa nacional de acción en derechos humanos. Por su parte la delegación de Amnistía Internacional hizo hincapié en la importancia de involucrar seriamente a la sociedad civil en dicha elaboración e incorporar le recomendaciones formuladas por la comunidad internacional.

La seguridad democrática es nada más ni nada menos que la defensa de los derechos humanos, y no el debilitamiento de instituciones claves como la Fiscalía General de la Nación, la Corte Constitucional y la Defensoría del Pueblo.

Es más, la defensa de los derechos humanos no se puede concebir sin un ataque frontal a la impunidad del pasado, del presente y del futuro.

"Por ejemplo, las negociaciones recientemente iniciadas con los grupos paramilitares, las referencia a posibles indultos y amnistías en los proyectos de ley ya mencionados, y las reservas introducidas en la ratificación del Estatuto de la Corte Penal Internacional, no deben convertirse en contratos de impunidad tanto para los miembros de grupos paramilitares, de las fuerzas armadas y de la guerrilla responsables de crímenes de guerra, de lesa humanidad y otros crímenes bajo el derecho internacional," continuó.

"En conjunto con la propuesta ley de armas, la creación de redes de informantes y los soldados campesinos, esto podría significar vestir el fenómeno paramilitar con un nuevo traje legal."

Al mismo tiempo Amnistía Internacional destacó que, aunque se están realizando numerosos allanamientos, incluyendo de sedes de grupos defensores de derechos humanos, y detenciones que involucran a un gran número de ciudadanos, todavía no se ve un esfuerzo serio para llevar a cabo las centenares de órdenes de captura pendientes en contra de líderes paramilitares y guerrilleros, y miembros de la fuerza pública implicados en violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

Ante la clara tendencia hacia la creación de un marco institucional de impunidad, Amnistía Internacional recordó que si el estado colombiano no puede o no quiere juzgar a los responsables de violaciones de derechos humanos, no quedará otro remedio que recurrir a la justicia internacional.

"Aunque estén amparados por la impunidad en Colombia, los responsables de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, sean guerrilleros, militares o paramilitares, podrán ser perseguidos por la justicia en cualquier otro país, o llevados ante la Corte Penal Internacional," señaló Javier Zúñiga.

"Como lo vimos en el caso de Augusto Pinochet, las víctimas cuyo inalienable derecho a la justicia y la verdad les había sido denegado durante un cuarto de siglo, pudieron acudir a la justicia internacional que, de no haber mediado el estado de salud del ex mandatario chileno, hubiera conducido a su enjuiciamiento en España e incluso en Chile."

Amnistía Internacional concluyó afirmando que una verdadera paz y reconciliación no se puede imponer a costa del derecho a verdad, justicia y reparación integral de toda persona cuyos derechos humanos han sido violados.

"La solución del conflicto pasa por la negociación, pero los términos de esta negociación no pueden ser impuestos a las víctimas de violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario por los mismos victimarios," manifestó Amnistía Internacional.

Documento público

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