Documento - COLOMBIE. CRAINTES POUR LA SÉCURITÉ. Les membres de communautés d'origine africaine vivant dans les bassins des rivières Jiguiamiandó et Curvaradó












PÚBLICO Índice AI: AMR 23/044/2005

16 de diciembre de 2005


Más información (actualización núm. 2) sobre AU 272/05 (AMR 23/037/2005, del 17 de octubre de 2005) y su actualización (AMR 23/038/2005, del 27 de octubre de 2005) – Temor por la seguridad


COLOMBIA Miembros de las comunidades afrodescendientes de las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó



Se cree que las comunidades afrodescendientes de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, en el departamento del Chocó, corren grave peligro, tras los informes que indican que han sido amenazadas por soldados y paramilitares respaldados por el ejército.


Según los informes, el 10 de diciembre tropas pertenecientes a la XVII Brigada del ejército colombiano amenazaron a los habitantes de la comunidad de Pueblo Nuevo, en la zona de la cuenca del río Jiguamiandó. Al parecer, los soldados dijeron a los miembros de la comunidad que iban a entrar en la zona con los paramilitares y que iban a quemar “toda esta mierda que no es de ustedes”.


Amnistía Internacional ha recibido informes sobre amenazas dirigidas contra comunidades de la región por el grupo paramilitar respaldado por el ejército Bloque Elmer Cárdenas que, según los informes, ahora actúa bajo el nombre de “Héroes del Atrato”, al parecer para disfrazar el hecho de que sigue realizando actividades paramilitares a pesar de estar participando en un proceso promovido por el gobierno y supuestamente destinado a desmovilizar los grupos paramilitares. Los testigos informan de que estos paramilitares están amenazando con asaltar comunidades afrodescendientes de las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó. Al parecer, los paramilitares han dicho, refiriéndose a las comunidades: “el problema de esos negros, que están con las mejores tierras del país, lo vamos a arreglar como sabemos [...]”.


Estas comunidades han intentado reafirmar su derecho como civiles a no ser arrastradas al conflicto entre las guerrillas izquierdistas y las fuerzas de seguridad del gobierno respaldadas por los paramilitares, insistiendo en que los grupos armados se mantengan fuera de las zonas en las que viven y que han declarado “zonas humanitarias de refugio”. Las comunidades civiles de la región se han enfrentado a repetidas amenazas de muerte y abusos contra los derechos humanos cometidos por los paramilitares, las fuerzas de seguridad y las fuerzas de guerrilla que actúan en la región. El 24 de octubre se encontró en un río cercano el cadáver de Orlando Valencia, miembro de la comunidad de la cuenca del río Curvaradó. Tenía un disparo en la cabeza. Según los informes, había sido secuestrado por paramilitares. Amnistía Internacional no tiene información que indique que se han realizado progresos en las investigaciones criminales sobre su muerte.


INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA


En los últimos años, muchas comunidades afrodescendientes han tratado de conseguir el título de propiedad de las tierras en las que sus comunidades llevan años viviendo. Entre estas comunidades se encuentran las de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó. Pese a obtener los títulos de propiedad, las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó han sufrido repetidas amenazas de muerte de los paramilitares y las fuerzas de seguridad. Los paramilitares han intentado obligar a las comunidades afrodescendientes a cultivar plantaciones de palmera africana –un cultivo comercial que se utiliza en productos que van del aceite para cocinar al jabón– y, según los informes, han ocupado parte de sus tierras. La relación entre las amenazas paramilitares y el cultivo de palmera africana ha sido reconocida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de los Estados Americanos, y por la Procuraduría de los Derechos Humanos. El 15 de marzo de 2005, tras recibir noticia de las repetidas amenazas de muerte por parte de paramilitares que actúan con el respaldo de la XVII Brigada, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una resolución en la que pedía a las autoridades colombianas que garanticen la seguridad de las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó.


El actual gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez ha entablado un proceso de diálogo con los grupos paramilitares respaldados por el ejército. La principal agrupación de grupos paramilitares, Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), declaró un cese de hostilidades en diciembre de 2002, pero desde entonces más de 2.300 personas han “desaparecido” o han sido asesinadas. Amnistía Internacional sigue documentando violaciones de derechos humanos cometidas por paramilitares –en connivencia con las fuerzas de seguridad– en zonas en las que supuestamente se han desmovilizado las unidades paramilitares. Los paramilitares matan con frecuencia a las personas a las que acusan de colaborar con la guerrilla. De igual modo, las fuerzas guerrilleras han matado a numerosos civiles a los que acusan de aliarse con sus enemigos.


ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en español o en su propio idioma:


- expresando preocupación por la seguridad de los habitantes de las comunidades afrodescendientes de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, en el departamento del Chocó, a raíz de las amenazas sobre incursiones de paramilitares respaldados por el ejército en la zona;

- pidiendo que se tomen todas las medidas que estas comunidades consideren adecuadas para garantizar su seguridad, de acuerdo con las repetidas resoluciones –la más reciente del 15 de marzo de 2005– emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de los Estados Americanos;

- pidiendo que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e imparcial sobre los vínculos entre las fuerzas de seguridad y los grupos paramilitares que actúan en Chocó, que se hagan públicos sus resultados y que los responsables de respaldar a esos grupos y participar en sus actividades sean llevados ante la justicia;

- instando a las autoridades a llevar a cabo una investigación exhaustiva e imparcial sobre el homicidio de Orlando Valencia;

- instando a las autoridades a tomar medidas inmediatas para desmantelar los grupos paramilitares, de acuerdo con las recomendaciones formuladas por la ONU.


LLAMAMIENTOS A:


Señor Presidente Álvaro Uribe Vélez

Presidente de la República, Palacio de Nariño, Carrera 8 No.7-2, Bogotá, Colombia

Fax: + 57 1 337 5890

Tratamiento: Excmo. Sr. Presidente Uribe


Sr. Sabas Pretelt de la Vega, Ministro del Interior y de Justicia, Ministerio del Interior

Av. Jiménez No 8-89, Bogotá, Colombia

Fax: + 57 1 560 4630

Tratamiento: Sr. Ministro


Dr. Mario Germán Iguarán, Fiscal General de la Nación, Fiscalía General de la Nación,

Diagonal 22B 52 01 (Ciudad Salite), Bogotá, Colombia

Fax: + 57 1 570 2000 (escucharán un mensaje diciendo que marquen la extensión 2017)


COPIA A:


Comisión Intereclesial Justicia y Paz, Calle 50, No13-19, Oficina 203, Bogotá, Colombia


y a la representación diplomática de Colombia acreditada en su país.


ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 27 de enero de 2006.

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