Documento - Brasil: "Ha llegado la muerte": La matanza de la Casa de Detencao de Sao Paulo




BRASIL

"HA LLEGADO LA MUERTE"1

LA MATANZA DE LA CASA DE DETENÇÃO DE SÃO PAULO



INTRODUCCIÓN 2

Acción de Amnistía Internacional 4


INFORMACIÓN GENERAL 5

La estructura penitenciaria 5

La estructura policial 8


LA MATANZA 11

La Casa de Detenção 11

Los disturbios en el Pabellón 9 de la Casa de Detenção antes de la matanza 11

La respuesta de las autoridades civiles a los disturbios 11

El relato de los jueces 14

Los relatos de la policía 15

Los relatos de los presos 17

El tratamiento a los heridos 23


DESPUÉS DE LOS ACONTECIMIENTOS 24

El tratamiento médico a los heridos 24

Retención oficial de información y abusos contra los familiares 27

Pruebas periciales 29

Las investigaciones oficiales 34

Procedimientos judiciales 37


CONCLUSIONES 39


RECOMENDACIONES 41


APÉNDICE: Selección de normas internacionales aplicables 43




BRASIL

"HA LLEGADO LA MUERTE"2

LA MATANZA DE LA CASA DE DETENÇÃO DE SÃO PAULO




INTRODUCCIÓN


El 2 de octubre de 1992 estalló un motín en la Casa de Detenção, un centro penitenciario de São Paulo. Se produjo una lucha entre los presos, que luego se hicieron con el control del Pabellón 9 de la cárcel. Las fuerzas de choque de la policía militar irrumpieron en la prisión para sofocar los disturbios. Cuando se retiraron, 11 horas más tarde, había 111 internos muertos.


"La policía llegó disparando. Abrieron la puerta y nos dijeron que saliéramos. Les dijimos que no teníamos armas. Cuando un muchacho se levantaba de la cama para salir, un agente le disparó tres veces desde la puerta. El muchacho se arrastró por el suelo. Luego entraron otros tres policías. Hicieron un disparo cerca del retrete y mataron a otro. Un agente gritó: 'Aquí hay más vivos', y entraron otros tres agentes con metralletas y dispararon contra los tres que estaban junto al retrete."


Seis de los nueve internos que ocupaban la celda de este preso resultaron muertos. Al terminar la operación de la policía militar, se vio claramente que aquello había sido una matanza a sangre fría de presos indefensos. A los supervivientes los obligaron a desnudarse y a pasar entre dos hileras de agentes de la policía militar, que los golpeaban con porras y azuzaban perros contra ellos. A los presos heridos los remataban a tiros, y también mataban a los que habían usado para sacar los cuerpos de las celdas.


Al director de la cárcel, que quería negociar con los presos, le impidieron materialmente hacerlo. En efecto, cuando se aproximaba al Pabellón 9 con un megáfono, la policía militar irrumpió en el pabellón, y otros miembros del personal de la prisión tuvieron que apartar al director para evitar que lo aplastaran.


Inmediatamente después de la matanza, la policía militar destruyó pruebas que podrían haber resultado decisivas para determinar las responsabilidades individuales en los homicidos. Según un funcionario de la prisión, "la policía militar estaba más interesada en modificar el escenario del crimen que en retirar a los presos heridos". Aunque estaban presentes tres jueces, incluido el juez responsable de prisiones, no hicieron ningún esfuerzo por impedirlo. Parece ser que aceptaron sin más que la policía militar no permitiera que el personal civil examinara los pisos superiores del pabellón.


El investigador de la policía que inspeccionó el lugar del crimen no visitó las celdas donde habían muerto la mayoría de los presos hasta una semana más tarde. En este tiempo, desaparecieron pruebas de vital importancia. El investigador indicó en su informe que no había encontrado ni una sola bala o casquillo. Sin embargo, su conclusión tras el examen del resto de las pruebas materiales fue que la mayoría de los disparos se había efectuado desde las puertas de las celdas y hacia el fondo y los lados de éstas, y que no encontraron resistencia alguna. Esta conclusión coincide con las averiguaciones de Amnistía Internacional.


Muchos de los 108 presos, con heridas de diversa consideración producidas por golpes, puñaladas, disparos de bala y mordeduras de perro, tuvieron que esperar varios días para recibir tratamiento médico. Un preso pasó diez días con cinco balas alojadas en el cuerpo, una de ellas cerca de la columna. El tratamiento dado a las familias de los presos fue extremadamente cruel, ya que tuvieron que esperar 36 horas en el exterior de la prisión hasta que se colocó en la puerta una lista de fallecidos. Ni siquiera entonces les dijeron a qué depósito habían trasladado los cadáveres, y algunos familiares tuvieron que buscar en varios para poder encontrarlos e identificarlos.


Durante la última década, la policía militar de la zona de the São Paulo ha empleado con frecuencia medios letales. En 1991, una cuarta parte de las muertes violentas ocurridas en São Paulo fueron causadas por agentes de policía. Catorce de los oficiales de alta graduación que estuvieron al mando de las operaciones de la Casa de Detenção tenían pendientes juicios militares por un total de 148 casos de homicidio o intento de homicidio. Algunas operaciones anteriores en las que la policía militar había intervenido para sofocar disturbios penitenciarios también se habían saldado con aparentes ejecuciones extrajudiciales, aunque no en la escala de la matanza de octubre de 1992. Sin embargo, a pesar de este historial, el secretario de estado para Seguridad Pública dio a la policía militar carta blanca para aplastar la rebelión.


Se abrieron ocho investigaciones distintas sobre la matanza. En todas ellas se llegó a la conclusión de que se habían cometido "excesos" o "delitos militares", y que a la mayoría de los presos la muerte les había sorprendido cuando se encontraban indefensos en el interior de sus celdas. Sin embargo, ninguna de las investigaciones señaló responsabilidades individuales por la matanza, aunque Amnistía Internacional cree que había indicios suficientes para hacerlo.


No obstante, el fiscal militar ha presentado cargos contra 120 agentes de la policía militar y soldados por homicidio, intento de homicidio y daños físicos graves. El fiscal describió la matanza como "la mayor carnicería registrada hasta la fecha en una cárcel del mundo [en la que] las condenas a prisión de los detenidos se convirtieron de una forma arbitraria e ilícita en sentencias de muerte".


Este informe es el resultado de una investigación sobre el terreno realizada por una delegación de investigación de Amnistía Internacional en los días posteriores a la matanza. Los delegados pudieron elaborar un excepcional informe sobre lo que había ocurrido en cada una de las celdas del Pabellón 9 de la Casa de Detenção. También pudieron evaluar las pruebas periciales y documentar el inadecuado tratamiento que se había dado a las pruebas balísticas, equivalente a un intento de encubrimiento por parte de los agentes. El análisis llevado a cabo por Amnistía Internacional sobre los acontecimientos que condujeron a la matanza revela que el gobernador y el secretario para Seguridad Pública de São Paulo no cumplieron con sus responsabilidades al ceder totalmente el control de la prisión a la policía militar, y por tanto pueden ser considerados responsables de lo ocurrido.


Este informe concluye con una serie de recomendaciones que Amnistía Internacional considera fundamentales para garantizar que los responsables de la matanza comparecerán ante los tribunales y para evitar futuras violaciones de derechos humanos. Amnistía Internacional recomienda vivamente que continúen las investigaciones sobre la matanza y que se lleven a cabo pruebas balísticas fundamentales. A largo plazo, Amnistía Internacional recomienda que los delitos comunes cometidos por agentes de la policía militar en acto de servicio pasen de la jurisdicción militar a la civil, que se establezca un servicio pericial independiente y que las autoridades federales estudien la forma de hacerse cargo de las investigaciones y acciones judiciales sobre delitos de derechos humanos, siempre que éstas no hayan sido llevadas a cabo adecuadamente por las autoridades estatales.

La matanza de la Casa de Detenção es el colofón de un historial de impunidad de los responsables de ejecuciones extrajudiciales de presos en anteriores motines penitenciarios y de civiles en las calles de São Paulo. En los días sucesivos y durante las subsiguientes investigaciones oficiales, se pusieron también en marcha técnicas y prácticas consolidadas para asegurar la impunidad de los agentes de la policía militar que cometen violaciones de derechos humanos y para sabotear futuros procedimientos penales. Con el fin de evitar futuras violaciones de derechos humanos, no se debe permitir que estas prácticas prevalezcan.


Acción de Amnistía Internacional


En respuesta a los informes iniciales sobre el número de víctimas mortales y las circunstancias de su muerte, Amnistía Internacional nombró una delegación de investigación compuesta por dos personas: un funcionario del Secretariado Internacional de la organización y el doctor Mariano Castex, patólogo forense argentino y miembro de la Academia Argentina de Ciencias, que se desplazó hasta São Paulo desde Buenos Aires. Entre el 6 y el 16 de octubre, los delegados pasaron más de 20 horas en la Casa de Detenção, entrevistando a directores del servicio penitenciario, a funcionarios de prisiones y a reclusos, visitando a los heridos en la enfermería de la cárcel y visitando a los presos del Pabellón 9 y examinando sus celdas. La delegación también se reunió con el recién elegido secretario de Seguridad Pública de São Paulo, doctor Michel Temer, responsable de la policía y del servicio penitenciario, con un representante del Ministerio Público de São Paulo, doctor José Silvino Perantoni, con el asesor especial para Asuntos Penitenciarios del secretario de Seguridad Pública, doctor Antonio Filardi Luiz, con el nuevo director de la Casa de Detenção, doctor Amador Bueno de Paula, y con el relator de la comisión de investigación del gobierno federal, doctor Marcelo Lavenere, presidente del Colegio de Abogados de Brasil. También mantuvo reuniones con grupos de derechos humanos, con representantes del Colegio de Abogados de Brasil y con familiares de los presos. La organización agradece las facilidades dadas para visitar la cárcel y reunirse con las autoridades estatales.


En Londres, Amnistía Internacional mantuvo reuniones en noviembre con el procurador general de la República, doctor Aristedes Junqueira, y con el gobernador de São Paulo, Luiz Antonio Fleury Filho; en enero de 1993 se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores, profesor Fernando Henrique Cardoso.

En relación con los sucesos del 2 de octubre, los miembros de Amnistía Internacional en todo el mundo enviaron llamamientos inmediatos al gobernador del estado de São Paulo instándole a constituir una Comisión Independiente de Investigación para investigar todas las circunstancias de la muerte de 111 presos bajo custodia estatal. Tras el anuncio de que las investigaciones las llevaría a cabo la policía civil y militar de São Paulo, Amnistía Internacional envió un comunicado al ministro de Justicia brasileño expresándole su preocupación por la ineficacia de anteriores investigaciones policiales sobre graves incidentes carcelarios en los que se habían visto implicados agentes de policía en diversos estados de Brasil. La organización trataba de conseguir que se creara una Comisión Independiente de Investigación cuyos componentes, de acuerdo con los Principios de las Naciones Unidas sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias, debían ser personas de reconocida imparcialidad, competencia e independencia, a las que se darían plenos poderes para llamar a declarar a testigos y solicitar el examen de pruebas.


La noticia de las muertes de la Casa de Detenção levantó una ola de indignación nacional e internacional. La prensa brasileña cubrió el suceso con una minuciosidad sin precedentes, investigando y siguiendo algunos de sus aspectos durante varios meses. En Brasil se abrieron ocho investigaciones. En el ámbito del estado de São Paulo, hubo una investigación de la policía civil, otra de la policía militar, una investigación judicial, otra del servicio penitenciario, una investigación del Ministerio Público y una del Parlamento estatal. En el ámbito federal, el Consejo Nacional de Derechos Humanos creó una Comisión Federal de Investigación, y el Consejo Federal de Política Criminal y Penal también abrió una investigación sobre el caso. En este informe, Amnistía Internacional utiliza algunas de las pruebas presentadas para estas investigaciones y algunas de las conclusiones obtenidas. Entre el material utilizado figura el informe del Instituto Criminalístico de São Paulo y las autopsias del Instituto Médico Legal.


INFORMACIÓN GENERAL


La estructura penitenciaria


Brasil es una república federal con 26 estados y el distrito federal de Brasilia. A excepción de una prisión federal situada en Brasilia, las cárceles son competencia estatal. La población penitenciaria brasileña es de 120.000 individuos, de los que 51.500 cumplen condena en São Paulo. De éstos, unos 31.000 se encuentran en establecimientos penitenciarios y 20.000 están distribuidos entre comisarías y otros centros de detención. Según el secretario de Justicia de São Paulo, en el estado hay 128.166 órdenes de encarcelamiento no ejecutadas, cifra que asciende a 350.000 en todo el país. Durante muchos años, Amnistía Internacional ha expresado a las autoridades brasileñas su preocupación por la grave superpoblación de las prisiones del país y por las violaciones de derechos humanos se que producen en el sistema penitenciario. (Véase AMR 19/05/90 Beyond the Law: Torture and Extrajudicial Executions in Urban Brazil).

En todos los estados brasileños, y en el de São Paulo hasta 1991, el servicio penitenciario cae directamente bajo la responsabilidad administrativa del secretario de estado para Justicia, una secretaría independiente del servicio de policía. En marzo de 1991, el nuevo gobernador de São Paulo, Luiz Antonio Fleury Filho, ex secretario de Seguridad Pública, transfirió la responsabilidad del servicio penitenciario al secretario de Seguridad Pública. Esta decisión fue muy criticada en su momento por el Colegio de Abogados de São Paulo y por otros grupos de derechos humanos, que argumentaban que la conjunción de la responsabilidad del servicio penitenciario y policial en la misma persona podría tener consecuencias fatales.


También hay una responsabilidad judicial sobre las cárceles. El Juiz Corregedor, juez de vigilancia penitenciaria, es responsable del bienestar de los presos bajo custodia. La responsabilidad de supervisar la aplicación de las sentencias de prisión es del Juiz o Vara de Execuções Penais, el juez o tribunal de sentencias penales. El Ministerio Público es asimismo responsable de iniciar las investigaciones sobre excesos o desviaciones de las sentencias penales. Todos estos miembros del poder judicial son responsables de efectuar visitas regulares a los establecimientos penitenciarios e intervenir en casos de abuso. En todo Brasil se han producido quejas en las que se acusa a estos funcionarios judiciales de no cumplir con su responsabilidad de realizar inspecciones frecuentes y adecuadas de los establecimientos penitenciarios.


También hay consejos penitenciarios locales, cuyos miembros, elegidos por el gobernador de cada estado, son expertos en derecho y representantes comunitarios locales. Estos consejos también deben inspeccionar las cárceles. En el ámbito federal, existe el Consejo Nacional de Política Criminal y Penal, una de cuyas obligaciones es la inspección y la supervisión de los establecimientos penitenciarios de todo el país.


Según la Ley de Sentencias Penales (7.210/1984):


"Todas las autoridades son responsables de la integridad física y moral de los presos que cumplen condena y de los que se encuentran en espera de juicio".


Siempre que hay problemas en una prisión, se acude al juez de vigilancia penitenciaria y a los jueces de sentencias penales para salvaguardar la integridad de los presos y decidir el tipo de medidas a tomar. En anteriores incidentes, el secretario de Justicia también ha estado presente o ha desempeñado un papel activo en las negociaciones.


Anteriores incidentes en prisiones de São Paulo


Durante la pasada década, las condiciones de las cárceles brasileñas han provocado una espiral de protestas, motines e intentos de fuga. La mayoría de las revueltas han sido sofocadas por la policía, a menudo con medios letales. Las palizas en represalia por las sublevaciones de los presos son algo habitual. También hay indicios de que en el pasado la policía ha llevado a cabo ejecuciones extrajudiciales tras los motines.


El 15 de septiembre de 1986 se produjo un motín en la cárcel Presidente Venceslau, situada en el interior del estado de São Paulo. Tras fracasar las negociaciones, la policía militar asaltó la prisión el 16 de septiembre por la mañana. Murieron 13 presos. Según la investigación oficial, nueve de ellos no habían participado ni en la toma de rehenes ni en el motín. En todos los casos, la causa de la muerte había sido "golpes en la cabeza con un instrumento contundente". La televisión brasileña filmó a la policía golpeando con las culatas de sus rifles a los presos que yacían en el suelo, y estas imágenes se retransmitieron en los boletines de noticias. El informe de la investigación indicó:


"La policía militar y probablemente los guardias de la prisión fueron los responsables de las muertes. No fue posible determinar responsabilidades concretas".


No se tomaron medidas disciplinarias ni se entablaron acciones penales contra los responsables, aunque las muertes fueron calificadas oficialmente como "homicidios".

Hasta el 2 de octubre de 1992, el mayor número de víctimas mortales registrado en un motín carcelario se había producido en 1987, en la penitenciaría estatal de São Paulo. El 29 de julio, un intento de fuga desembocó en un motín de dos días en el que los presos tomaron rehenes. El gobernador del estado ordenó intervenir a las fuerzas de choque de la policía militar. Murieron 30 presos y un guardia, y más de 100 presos resultaron heridos. Según parece, una vez concluidos los disturbios, algunos presos fueron sacados de sus celdas y asesinados fríamente, y otros fueron salvajemente apaleados. También se dijo que se habían hecho desaparecer pruebas importantes del lugar de los hechos.


La conclusión de la investigación oficial fue que había sido necesaria una actuación policial enérgica para rescatar a los rehenes. No se excluía categóricamente la posibilidad de que se hubieran cometido excesos durante la operación, pero se afirmaba que esto era comprensible, dada la situación de amenaza de sus vidas con que se habían enfrentado los agentes. También se aceptaba la posibilidad de que algunos presos hubieran recibido malos tratos tras el motín por parte de los guardias y de la policía militar:


"No se descarta que la policía haya cometido excesos, pero no es posible evaluarlos dentro de las circunstancias".


El Colegio de Abogados de São Paulo realizó su propia investigación, y concluyó que la mayoría de las muertes se habían producido después de la rendición de los presos y de la liberación de los rehenes. En su informe, el Colegio de Abogados criticaba la investigación oficial por la insuficiencia de los exámenes periciales y las autopsias realizados, la demora en tomar declaración a presos y guardias, la falta de protección de los testigos frente a las coacciones y por no examinar a más de 100 presos heridos. No se tomaron medidas disciplinarias ni se entablaron acciones penales contra ninguno de los implicados en violaciones de derechos humanos después del motín.


A pesar de la respuesta del secretario de Justicia de São Paulo, que se produjo en 1990, tratando de restar importancia a estas conclusiones, Amnistía Internacional siguió preocupada por las graves dudas planteadas por el informe del Colegio de Abogados y por la impunidad concedida a las reconocidas violaciones de derechos humanos cometidas en estos incidentes. Amnistía Internacional cree que este clima de impunidad de que gozaron anteriores ejecuciones extrajudiciales cometidas en prisiones contribuyó a las actitudes mostradas durante los disturbios de la Casa de Detenção, el 2 de octubre de 1992.


La estructura policial


Brasil cuenta con tres cuerpos principales de policía. La policía federal, que depende del Ministerio de Justicia (institución federal), se ocupa de un número limitado de delitos, como el contrabando, las drogas y los casos que traspasan las fronteras de un estado. En el ámbito estatal está la policía civil, responsable de la investigación de delitos, y la policía militar, organizada en batallones y responsable del mantenimiento del orden público, que suele ser la que efectúa las detenciones y patrulla las calles. Ambos cuerpos dependen del secretario de estado de Seguridad Pública. Muchos abogados de derechos humanos creen que la militarización de la policía ha sido la causa de la tendencia a combatir el delito y los problemas de orden público con tácticas más propias de una operación militar. Según la ley, los agentes de la policía militar sólo son responsables ante tribunales militares. Estos tribunales, que desde 1977 han juzgado todos los casos en los que se han visto implicados agentes de la policía militar de servicio, tiene todo un historial de desestimación o absolución de casos contra la policía militar por presuntas violaciones de derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales y tortura. Por lo general, los agentes de la policía militar no son apartados del servicio activo durante el tiempo que están en espera de ser juzgados.


El uso de medios letales por parte de la policía de São Paulo


En el estado de São Paulo hay 72.000 agentes de la policía militar, 28.000 de los cuales están estacionados en el Gran São Paulo. Durante la pasada década ha despertado una considerable preocupación la frecuencia con que ciertos sectores de la policía militar suelen recurrir al uso de medios letales. La siguiente tabla demuestra el aumento de las víctimas mortales fruto de acciones policiales durante los últimos siete años, y compara estas cifras con la proporción de los heridos por la policía y de los policías muertos o heridos.


SÃO PAULO: HOMICIDIOS Y HERIDAS RELACIONADOS CON LA POLICÍA (1986-1992)


Año

Personas muertas por la policía

Personas heridas por la policía

Policías muertos en acto de servicio

Policías heridos en acto de servicio

1986

357

175

34

326

1987

293

164

23

249

1988

411

159

22

223

1989

586

167

25

241

1990

588

251

21

256

1991

1.140

225

78

165

Ene-Sept 1992

1.264

271

52

279


Fuente: Secretaría de Seguridad Pública de São Paulo


Las fuerzas policiales de São Paulo se enfrentan con una tasa de criminalidad muy elevada y con altos índices de delitos violentos. Además, la preocupación de la opinión pública por la cuestión es considerable. No obstante, si se compara el número de homicidios que se producen anualmente en São Paulo con el número de civiles muertos por la policía, se observa una preocupante tendencia a hacer cada vez más uso de medios letales en los últimos años. En 1991, el 25 por ciento de las muertes violentas en São Paulo fueron causadas por la policía.


SÃO PAULO: HOMICIDIOS FRENTE A DISPAROS MORTALES HECHOS POR LA POLICÍA


Año

Nº de homicidios

Nº de homicidios cometidos por la policía

Porcentaje de homicidios cometidos por la policía

1987

4.462

305

7

1989

5.546

532

10

1991

4.556

1.140

25


Fuente: Secretaría de Seguridad Pública de São Paulo


En el informe de la Comisión Federal de Investigación sobre la matanza de la Casa de Detenção se compararon estas cifras con las del Departamento de Policía de Nueva York, cuyos agentes fueron responsables de la muerte de 27 civiles durante 1991, mientras que en el caso de la policía de São Paulo la cifra ascendió a 1.140 civiles en el mismo año. La policía de Nueva York hirió al doble de personas de las que mató, mientras que la de São Paulo mató al triple de personas de las que hirió.


En septiembre de 1992, el periódico Folha de São Paulo calculó, basándose en estas cifras oficiales, los homicidios cometidos por agentes de policía durante el mandato de los cuatro últimos gobernadores. El índice había aumentado con el gobierno de Fleury hasta llegar a una media de un homicidio cometido por la policía cada siete horas en São Paulo. Extrapolando esta media, era de prever que la policía militar de São Paulo matara aproximadamente 111 personas al mes.



SÃO PAULO: HOMICIDIOS COMETIDOS POR LA POLICÍA MILITAR (1978-92)


Gobernador

Años

La policía militar de São Paulo mata a una persona

Paulo Maluf

1978-82

Cada 30 horas

Franco Montoro

1982-86

Cada 17 horas

Orestes Quercia

1986-91

Cada 17 horas

Antonio Fleury Filho

1991-92

Cada 7 horas


Fuente: Folha de São Paulo


Ausencia de procesamientos por presuntas ejecuciones extrajudiciales


Según el informe de la Comisión Federal de Investigación sobre la matanza, el número de procesos por homicidio o intento de homicidio que tienen pendientes en los tribunales militares 14 oficiales de alta graduación que estaban al mando en la operación de la Casa de Detenção asciende a 148 entre todos, en circunstancias descritas por la Comisión como "esos famosos tiroteos en los que casi siempre 'aparecen' armas en las manos de las víctimas".


El periodista de televisión Caco Barcellos investigó durante siete años los expedientes judiciales oficiales sobre casos en que los disparos de la policía militar habían tenido consecuencias mortales en el periodo comprendido entre 1970 y 1992. El resultado de su trabajo fue un libro, Rota 66: A Historia da Policia que Mata, publicado en agosto de 1992. El libro llama la atención sobre la gran frecuencia con que ciertos batallones de la policía militar, sobre todo el Batallón 1 (llamado Rondas Ostensivos Tobias de Aguiar, ROTA), recurren al disparo mortal en sus acciones. Dando detalles de los casos, el autor sugiere que en muchos de ellos se había tratado de ejecuciones extrajudiciales. Tras el examen de los expedientes judiciales de estos casos, Barcellos llega a la conclusión de que el 57 por ciento de las víctimas de estos disparos en el Gran São Paulo no tenían antecedentes delictivos. El libro también destaca la frecuencia con que estos homicidios quedan impunes en el sistema de justicia militar, ofrece ejemplos de cómo se encomienda a agentes acusados de homicidios ilegítimos y pendientes de juicio la investigación de otros agentes acusados en casos similares, y nombra a varios agentes responsables de entre 34 y 45 disparos mortales. Algunos de ellos habían estado suspendidos del servicio en la calle entre 1982 y 1991, pero volvieron a las unidades ROTA en 1991, bajo el gobierno de Fleury. Varios de estos agentes estaban al mando en la operación de asalto al Pabellón 9 el 2 de octubre de 1992.


En dos actos de promoción para la presentación del libro, el periodista y los asistentes fueron amenazados por varios de los agentes mencionados. Al parecer, uno de ellos le advirtió que tuviera cuidado, ya que había disgustado al alto mando. Barcellos fue seguido por algunos de estos hombres en vehículos policiales cuando abandonó los actos (véase AMR 19/23/92/s, AV 295/92). Tras informar sobre la matanza del 2 de octubre en un informativo de televisión, Caco Barcellos volvió a ser amenazado. El método usado esta vez fueron las interferencias de la policía militar en el sistema interno de radio de una empresa vinculada a aquella para la que trabajaba Barcellos. Durante toda la tarde del 7 de octubre, el sistema de radio de la emisora radiofónica CBN fue interferido con voces que decían a los periodistas, entre maldiciones: "Caco Barcellos no debe volver a la Casa de Detenção, le tenemos vigilado, estamos encima de él". Después de esto, Caco Barcellos abandonó el país temporalmente por motivos de seguridad.


Los expedientes policiales de todos los mandos implicados en el asalto a la Casa de Detenção (excepto los del jefe de la operación, coronel Ubiratan Guimarães) se entregaron a la Comisión Especial de Investigación de la Asamblea Legislativa. Por ellos se supo el número de disparos mortales atribuidos oficialmente a cada agente:


HISTORIAL PREVIO DE LOS MANDOS RESPONSABLES DE LAS OPERACIONES EN CADA PISO DEL PABELLÓN 9


Piso a su cargo

Homicidios anteriores en los que ha estado implicado el oficial al mando

Número de muertes estimadas en las celdas de ese piso el 2 de octubre de 1992

Primer piso

17

7

Segundo piso

40

68

Tercer piso

28

4

Cuarto piso

17*

10


* No se incluye su presunta participación en el homicidio de cinco presos de los 15 que murieron en la Casa de Detenção en 1982, ni en el homicidio de seis presos con problemas mentales en el Manicomio Judiciario de Franco da Rocha en 1983.



A la luz del pasado historial de esos agentes y fuerzas policiales, era de prever que la decisión de enviar estas unidades, y en concreto la ROTA, a la Casa de Detenção para sofocar los disturbios del 2 de octubre provocaría un baño de sangre.

LA MATANZA


La Casa de Detenção


La Casa de Detenção se construyó en 1954, con capacidad para 3.500 reclusos. Destinada originalmente a presos preventivos, su uso se fue extendiendo a reclusos que cumplían sentencia. El 2 de octubre de 1992, había 7.257 internos. La prisión está dividida en nueve pabellones. El Pabellón 9 aloja primarios, es decir, presos que han delinquido por primera vez, aunque para ser exactos, en este caso se trata de internos que se encuentran recluidos por primera vez en la Casa de Detenção (pueden haber estado en otras cárceles por otros cargos), algunos en espera de juicio. La población reclusa del Pabellón 9 está compuesta principalmente por hombres jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y los 25 años. Es uno de los pabellones más inestables, ya que los presos aún no se han acostumbrado a la vida en prisión. El 6 de octubre, el doctor Filardi Luiz, del Secretariado de Seguridad Pública, indicó a Amnistía Internacional y a otras organizaciones que el 2 de octubre en el Pabellón 9 había 2.076 presos, aunque informaciones oficiales posteriores cifraron en 2.069 el número de internos que se encontraban en el pabellón esa noche, distribuidos en 248 celdas.


Los disturbios en el Pabellón 9 de la Casa de Detenção antes de la matanza


Aunque no es posible confirmar todos los detalles de los acontecimientos que desembocaron en la invasión del Pabellón 9, ésta es la reconstrucción partiendo del relato de los presos y del personal de la prisión.


En el pabellón había 15 guardias de servicio y 2.069 presos. Hacia las 13:30 estalló una lucha entre dos presos en el segundo piso. Uno fue apuñalado y el otro golpeado violentamente en la cabeza. Los separaron, y otros presos vieron cómo tres guardias golpeaban a uno de ellos. Los dos presos heridos fueron retirados por los guardias para que recibieran tratamiento médico. Después, los guardias trataron de separar a los dos grupos rivales de presos que apoyaban a los contendientes y cerraron las verjas de acceso al primer piso. Estos guardias se vieron atrapados entre los grupos rivales y un tercer grupo, más grande, de 500 o 700 presos que volvían al pabellón desde el campo de fútbol. Algunos de los presos dijeron a los funcionarios que se fueran ("esto no tiene nada que ver con ustedes"), y los funcionarios abandonaron el ala. Los presos se hicieron con el control del pabellón, rompieron los cerrojos de las celdas y comenzaron a fabricarse armas con tuberías, cuchillos, trozos de madera y tejas.


La respuesta de las autoridades civiles a los disturbios


Según los informes, los guardias de la prisión hicieron sonar la alarma a las 14:15, alertando a los guardias del exterior. El director de la cárcel, el doctor José Ismael Pedrosa, dijo en las investigaciones posteriores que también había entrado en contacto con el batallón de la policía militar encargado de la vigilancia de los muros exteriores de la cárcel, así como con el Secretariado de Seguridad Pública y los jueces de sentencias penales. A las 14:30, el coronel Ubiratan Guimarães, jefe de la policía metropolitana de la ciudad de São Paulo, llegó a la Casa de Detenção y reunió a los batallones 1, 2 y 3 de las tropas de choque. En el Batallón 1 está encuadrada la compañía de Rondas Ostensivos Tobias Aguiar, ROTA; el Batallón 2 es una fuerza de choque equipada con escudos antidisturbios que se usa para el control del orden público, y el Batallón 3 cuenta con las perreras (16 perros policía), el Grupo de Acciones Tácticas Especiales (GATE), que se ocupa de la desactivación de explosivos y el rescate de rehenes, el Comando de Operaciones Especiales (COE) y el Grupo Policial de Operaciones Especiales (GPOE). En muy poco tiempo se presentaron los soldados de todos estos batallones, incluidas varias unidades de ROTA, que al parecer llegaron por propia iniciativa. Según la investigación de la policía militar, el número total de efectivos de la policía militar que participaron en la operación fue de 347. Según las descripciones de los testigos, los policías no llevaban cosidas a sus uniformes las placas de identificación con sus nombres. A las 15:00 horas llegaron el asesor para Asuntos Penitenciarios, doctor Antonio Filardi Luiz, y el jefe del servicio penitenciario de São Paulo, Elio Nepomuceno.


La cuestión crucial consiste en cómo funcionó la cadena de mando y cómo se dieron las órdenes para que la policía militar entrara en el pabellón. El doctor Antonio Filardi Luiz, del Secretariado de Seguridad Pública, declaró a la Asamblea Legislativa que antes de llegar a la prisión había ordenado a su director por teléfono que entregara el mando de la cárcel al coronel Guimarães. Esta orden fue confirmada por teléfono por el entonces secretario de Seguridad Pública para São Paulo, doctor Pedro Franco de Campos, y se dio antes de la llegada de los jueces.


En contra de lo habitual en anteriores disturbios carcelarios, el secretario de Seguridad Pública no visitó personalmente la cárcel en ningún momento de la operación. En casos anteriores, tanto el secretario de Justicia como el de Seguridad Pública (ambos cargos ocupados entonces por el doctor Campos) habían estado presentes para supervisar las operaciones. Campos mantuvo el contacto con el coronel Ubiratan Guimarães por teléfono y por radio. Tras entregar el mando a la policía militar, parece ser que no consultó con ninguna de las autoridades civiles allí presentes, ni siquiera con los jueces, para decidir las medidas a tomar. Según su propio testimonio, dijo al coronel Guimarães:


"Está al mando de la operación policial. Si, según su apreciación de la situación, cree necesario entrar en el Pabellón 9, puede hacerlo."


Al ser preguntado por la Asamblea Legislativa, el doctor Campos afirmó que no sabía qué batallones de la policía militar estaban desplegados en la Casa de Detenção, ni solicitó información al respecto. Tampoco dio instrucciones sobre un uso mínimo de medios letales dentro de la prisión. En efecto, el secretario de Seguridad Pública dio carta blanca a la policía militar.


Según un rotativo, cuando se le preguntó sobre la matanza del 2 de octubre, declaró:


"En casos así, la policía tiene órdenes de disparar a matar. No tiene nada de raro que usaran ametralladoras. Al fin y al cabo, estaban en juego las vidas de los hombres encargados de hacer cumplir la ley". (Diario Popular 4/10/92)


También afirmó que el asalto se había ordenado ante el peligro de que 7.500 presos se escaparan de la Casa de Detenção. Los directores de la cárcel insisten en afirmar que no hubo intento de fuga ni toma de rehenes, y que este punto quedó claro en su momento.


Aunque en ocasiones anteriores el gobernador del estado había participado directamente en las decisiones tomadas para resolver los motines carcelarios, en este caso Antonio Fleury Filho se encontraba fuera de São Paulo, haciendo campaña para las elecciones en Sorocaba, y declaró a la prensa que no le habían informado de que la policía había asaltado el pabellón hasta las 17:35, cuando el hecho ya se había producido. El secretario de Seguridad Pública dijo a la Asamblea Legislativa que había informado al gobernador sobre los disturbios de la prisión a las 15:30. A esa hora ya se había cedido el mando de la operación a la policía militar. Resulta difícil creer que el secretario de Seguridad Pública no informara al gobernador acerca de esto. El gobernador no dio contraorden alguna.


El director de la cárcel insistió ante la policía militar sobre su deseo de negociar con los presos y se acercó al pabellón con un megáfono. Se suponía que la policía militar lo protegía de los proyectiles con sus escudos. Sin embargo, ante la Asamblea Legislativa declaró:


"Me impidieron materialmente negociar".


El personal de la cárcel y otros civiles dijeron en las investigaciones oficiales que, en el momento en que el director trataba de negociar con el megáfono, las fuerzas de la policía militar lo echaron a un lado al irrumpir en el Pabellón 9. El doctor Antonio Filardi Luiz lo describió como "una estampida". Parece ser que el director de disciplina de la cárcel tuvo que tirar de él para evitar que fuera "aplastado".


Por consiguiente, el asalto de la policía al pabellón se precipitó antes de que el juez de vigilancia penitenciaria llegara y de que se hubieran hecho intentos serios de negociación.


A partir de ese momento prohibieron a los civiles acercarse al pabellón y, al parecer, los apuntaron con armas de fuego para impedir que lo hicieran. Se permitió un acceso limitado a las 19:00 y a las 22:30. No se devolvió el pleno control al personal y a las autoridades de la prisión hasta las 3:00 horas del 3 de octubre.

En declaraciones hechas después de los acontecimientos, los presos del vecino Pabellón 8 dijeron que la policía militar hizo los primeros disparos desde los muros de la prisión contra el Pabellón 9 mientras el director y los agentes de la policía militar corrían hacia dicho pabellón. Puede que esto haya hecho creer a los policías que estaban en tierra que los disparos procedían de los presos del Pabellón 9. Sin embargo, el oficial al mando de los guardias del muro afirmó en posteriores investigaciones que sus tropas no habían disparado, y dijo que las pruebas balísticas hechas a sus armas confirmaban esta afirmación.


El relato de los jueces


El papel desempeñado por los jueces ─la autoridad legal independiente responsable del servicio penitenciario y de la integridad física y moral de los presos que cumplen sentencias y esperan juicio─ es crucial. Los dos jueces de sentencias penales llegaron a la cárcel a las 15:45. El doctor Luiz Augusto San Juan Franca, juez de vigilancia penitenciaria, llegó una vez que la policía militar había asaltado el pabellón. La impresión dada por el informe de los tres jueces, dado a conocer el 8 de octubre, es que no ejercieron ningun tipo de autoridad independiente en la prisión.

En su informe, los jueces no dan detalles acerca de quién dio la orden de asaltar el pabellón. Tampoco dan noticia de ninguna deliberación mantenida entre ellos, el director de la cárcel y la policía para tomar la decisión de cargar o para establecer procedimientos que aseguraran el uso mínimo de medios letales. El informe no aclara si, como parece, sus intentos de negociar quedaron anulados por la policía militar.


Aproximadamente una hora u hora y media después, "cuando los militares nos informaron de que la rebelión había sido dominada, pero que ningún civil podía entrar aún en el pabellón" los jueces no preguntaron por qué no podían inspeccionar las instalaciones, para lo cual tenían todas las facultades legales, ni insistieron en hacerlo, sino que se retiraron a una de las dependencias de los directores. Según posteriores indicios, uno de los jueces de sentencias penales abandonó la prisión a las 18:30.


A eso de las 19:00, los dos jueces que permanecían en la prisión visitaron la planta baja del Pabellón 9 acompañados por el coronel de la policía militar Wilton Parreira, el doctor Filardi y el doctor Nepomuceno. (El coronel Parreira quedó al mando de toda la operación desde las 17:15 aproximadamente, hora en que el coronel Ubiratan Guimarães se había retirado tras resultar herido por la explosión de un televisor.) En la planta baja vieron cientos de cuchillos hechos a mano, tuberías de metal, pedazos de madera, cadenas y piedras tiradas al suelo. Afirmaron que "allí no se veían armas de fuego". Vieron a "muchos presos desnudos, sentados en el suelo con las manos sobre la cabeza". Visitaron habitaciones de la planta baja que habían sido destruidas. Vieron presos que eran conducidos en grupos escaleras arriba, hacia sus celdas. En vez de preguntarles y de insistir en efectuar una minuciosa inspección de todos los pisos del pabellón, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de tiros y tableteos de ametralladora que se habían escuchado, los jueces afirman:


"los jueces decidieron permanecer en la planta baja para no estorbar en la operación de reacomodo de los presos en sus celdas."


Regresaron a una de las dependencias de la dirección, situada en el Pabellón 6, y abandonaron la cárcel a las 22:30. Antes de hacerlo, el teniente coronel Edson Faroro, jefe de las tropas de choque del Batallón 2, les informó de que el número de muertos superaba los 50. Los jueces no intentaron ver a los muertos o a los heridos ni proteger el escenario del crimen. En su calidad de jueces, habrían estado en una magnífica situación para iniciar la fase de instrucción de cualquier investigación y, en concreto, para garantizar que no se destruyeran pruebas. Sin embargo, de su informe se desprende que ni siquiera habían percibido que se hubiera cometido crimen alguno. A las 8:00 horas del día siguiente, el director de la cárcel les informó de que habían muerto 110 presos.


Los relatos de la policía


Los mandos de la policía militar, en declaraciones efectuadas en las investigaciones oficiales y a la prensa, afirmaron que habían mantenido una feroz lucha con los presos, que les disparaban y los atacaban con cuchillos y con pedazos de madera y de tubería. Aunque cuando se les preguntó muchos de ellos admitieron que no habían visto a ningún preso disparando, mantuvieron esta versión.


La policía militar negó haber irrumpido en el Pabellón 9 y afirmó que si el juez de vigilancia penitenciaria les hubiera dado órdenes en sentido contrario, las habrían obedecido. (Sin embargo, no esperaron a que llegara.) Aunque los mandos afirmaron que la operación se había efectuado ordenadamente y que tenían un plan claro para hacerse con el control del Pabellón, no llevaban ningún plano del edificio y tuvieron que preguntar a un preso por dónde se iba a las escaleras. Una vez que entraron las tropas del GATE a desmantelar las barricadas montadas por los presos, se asignó la misión de recuperar el control de cada uno de los cuatro pisos del pabellón a pelotones compuestos por unos 16 agentes del GATE y de ROTA, mandados por un capitán. Al final, se hizo entrar a las fuerzas de choque para registrar las celdas y organizar la bajada de los presos al patio central.


En sus declaraciones a la Comisión Federal de Investigación y a la Asamblea Legislativa, los mandos, oficiales y soldados de la policía militar se contradijeron varias veces. Por ejemplo, varios agentes y todos los civiles presentes afirman que no se oyeron disparos antes del asalto al pabellón, y que los presos no ofrecieron resistencia ni dispararon en la planta baja. Sin embargo, el jefe de la operación declaró ante la Comisión Federal que se habían oido disparos antes del asalto y que en cuanto las tropas entraron en el pabellón los presos dispararon contra ellas. No obstante, de la versión policial se desprende claramente que, al entrar parte de los policías, les lanzaron diversos objetos (palos, cuchillos y tuberías). La policía también afirma que les tiraron bolsas de plástico con orina y heces, aunque esto está sin confirmar. El personal de la cárcel sugiere que el lanzamiento masivo de armas por las ventanas de las celdas al patio central era la acostumbrada señal de rendición, ya que los presos se daban cuenta de que las fuerzas de choque iban a entrar en el pabellón, y no querían ser sorprendidos con armas que los comprometieran. Sin embargo, el lanzamiento se efectuó con cierta violencia e hirió a algunos policías.

Los oficiales que estaban al mando de la operación en cada planta afirman que los presos les dispararon y que las tropas dispararon en dirección a los destellos. Al ser interrogados en la Asamblea Legislativa, también dieron versiones contradictorias de sus actos. En su testimonio, algunos afirman que, tras dominar a los presos, éstos se abalanzaron contra ellos (desde detrás de las puertas cerradas) y los atacaron con cuchillos, que los heridos los atacaron desde el suelo y que hubo peleas cuerpo a cuerpo, en las que se defendieron con revólveres y ametralladoras. El capitán al mando de la toma del primer piso describió como sigue las peleas cuerpo a cuerpo:


Capitán: "Pelea cuerpo a cuerpo no quiere decir que llegaran a agarrarnos. Éso no es cuerpo a cuerpo. El cuerpo a cuerpo es a partir del momento en que la persona se acerca y percibimos a dos metros de distancia que esa persona está armada con un cuchillo y a punto de atacar. Y ¿cómo nos defendemos? Disparando."


Diputado: "Es decir, que veían que llevaba un cuchillo y disparaban."


Capitán: "Exactamente."


Policías heridos


La policía militar también se contradijo en sus informaciones sobre sobre cuántos agentes habían resultado heridos en la Casa de Detenção. La cifra oficial de heridos pasó en los días siguientes de 22 a 32 y luego a 48, y la graduación de los agentes de la lista también se modificó. Sólo el 10 de octubre, ocho días más tarde, se presentaron a la prensa nueve agentes con heridas leves, seis de ellos con señales de bala en la pierna o el brazo y los otros tres con señales de arma blanca. Al parecer, los heridos fueron examinados y tratados en el hospital militar, pero el Instituto Médico Legal, institución civil que examinó a los presos heridos en la Casa de Detenção, no tuvo acceso a los policías heridos para examinarlos y efectuar un informe oficial de sus heridas. Al ser interrogados en la Asamblea Legislativa, los agentes de la lista de heridos revelaron que a uno de ellos le había disparado un sargento de la policía, otro había sido alcanzado por una bala perdida, el otro se había herido en la muñeca con su propio escudo y la herida en la ingle que presentaba el cuarto podría ser anterior a los sucesos de la Casa de Detenção.


Armas de fuego encontradas por la policía


A las 21:00 del 2 de octubre, la policía militar enseñó al director de la cárcel y a otras autoridades civiles una carretilla con 13 armas de fuego, junto con balas presuntamente disparadas por ellas, como prueba de que los presos les habían disparado. El informe balístico sobre estas armas afirmaba que todas mostraban señales de herrumbre y mal almacenamiento. Durante las investigaciones, la policía sólo supo explicar en siete de los casos dónde se habían encontrado y quién las había localizado. En todos los casos el autor del hallazgo había sido un integrante de ROTA. El director de disciplina de la cárcel puso en tela de juicio cómo habían podido encontrar exactamente esas armas y las balas disparadas por ellas en el transcurso de dos horas si "el lugar estaba a oscuras y lleno de agua mezclada con sangre y detritos." El personal de la prisión no encontró ningún arma más después de los sucesos. Según el director, en los cinco años anteriores sólo se habían encontrado dos armas de fuego en todo el complejo penitenciario. Los presos afirmaron que si hubieran tenido armas de fuego sin duda habría habido víctimas mortales entre los policías. La Comisión Federal de Investigación llegó a la siguiente conclusión:


"En otras palabras, estas armas 'plantadas' no son otra cosa que los famosos cabritos, que en la jerga policial significa armas colocadas artificialmente en el lugar del crimen para justificar acciones [policiales] ilegales".

La comisión recomendó que se aplicara a la policía militar el artículo 347 del código penal y se la acusara de falsificación de pruebas.


Otro argumento esgrimido después por las autoridades policiales ante la prensa y las comisiones de investigación para justificar la cantidad de disparos fue que las tropas estaban especialmente asustadas por el alto índice de infección del virus VIH existente en la cárcel (los servicios médicos penitenciarios estimaban que el 17 por ciento de los reclusos del sistema penitenciario de São Paulo son seropositivos). Los policías, que llevaban revólveres y ametralladoras, alegan que los presos los amenazaron con cerbatanas hechas con fundas de bolígrafos y mondadientes mojados en su propia sangre. Aunque resulta creíble que los presos se hayan servido del temor al SIDA para asustar a los policías y tratar de impedir que se acercaran, la teoría de las cerbatanas es bastante fantástica. No obstante, las tropas policiales tenían verdadero miedo a contagiarse, y aseguran que sus mandos les dijeron antes de entrar en la cárcel que todos los presos tenían SIDA. Al parecer, a algunos también les dijeron que los presos tenían ametralladoras.


Los relatos de los presos


Los presos, en declaraciones hechas durante las investigaciones y en entrevistas, insistieron en que no tenían armas de fuego, no habían tomado rehenes ni tenían ningún plan de fuga, y en que la situación podría haberse resuelto negociando. Esta versión coincide con la del personal y la dirección de la prisión.


En sus declaraciones, los presos describen una serie de oleadas de homicidios durante la operación policial, que se sucedieron de la siguiente forma:

1. La policía dispara en pasillos y galerías.

2. La policía entra en cada piso y mata a los presos en las celdas.

3. La policía ordena a los presos que se desnuden y bajen corriendo al patio por las escaleras. A los que resbalan o van despacio, los disparan. Los perros muerden a algunos. Los presos pasan entre los policías, que los golpean con porras.

4. Hacen sentar a los presos desnudos en el patio. Algunos presos llevan a los muertos y a los heridos. Se hace salir a algunos heridos diciendo que van a recibir tratamiento, pero se cree que son ejecutados. Se ejecuta a algunos de los que llevan los cuerpos.

5. La policía inspecciona a los muertos y heridos y apuñala a los presos para ver si hay alguno vivo escondido entre los muertos. Al parecer, disparan a los que encuentran escondidos. Hacen volver a los presos a las celdas.


Homicidios en los pasillos y las celdas


Lo que sigue (salvo que se produzcan otras declaraciones) son testimonios e indicios reunidos por los delegados de Amnistía Internacional en entrevistas hechas a presos y a personal de la prisión y en la inspección a las celdas y los pasillos del Pabellón 9.


En medio del desorden, algunos de los presos se refugiaron en celdas que no eran las suyas, por lo que no siempre existe relación directa entre los muertos y los ocupantes habituales de las celdas. En algunos casos todos los presos refugiados en una celda murieron y no hay testimonios. No obstante, los presos que la policía utilizó para retirar los cuerpos de los muertos de pasillos y celdas han podido dar cierta información sobre la ubicación y el estado de los cuerpos que transportaron. Algunos de los presos se desnudaron antes de que la policía llegara para indicar que se rendían. A otros los hicieron desnudarse después.


El Pabellón 9 tiene cuatro pisos, que reciben el nombre de pavimento. La planta baja es el Pavimento 1, el primer piso, el Pavimento 2, etc. Las celdas están numeradas de acuerdo con el pavimento y con su posición en los pasillos. La letra I tras un nombre de celda indica que ésta es interna, es decir, que da al patio, mientras que la letra E significa que es externa, es decir, que da a los terrenos de la cárcel. Así, la celda 351─I es una celda del segundo piso que da al patio.

Lo que sigue son los relatos de los presos, seguidos de las observaciones efectuadas por los delegados de Amnistía Internacional en las celdas respectivas el 12 de octubre.


Primer piso ─ Pavimento 2


Celda 252─I Mataron a los tres internos de la celda en sus camas. Estos presos eran los carteros del pabellón. La celda está al lado derecho del pasillo, justo donde desemboca la escalera. Hay señales de bala en la pared, a la altura del pecho.


Celda 284─E Murieron cuatro presos. Amnistía Internacional no examinó esta celda.


Segundo piso ─ Pavimento 3: La mayoría de los homicidios se produjeron en este piso.

Celda 385─E. Parece ser que en esta celda se refugiaron seis presos; cinco de ellos murieron y uno sobrevivió.

─ Hay señales de bala a ras del suelo y también en el techo, estas últimas provocadas por disparos efectuados desde debajo de las literas improvisadas que cruzaban el techo.


Celda 384─E. Murieron dos presos, uno en la zona del retrete y otro en la cama. Cuatro sobrevivieron.

─ Hay señales de bala en la zona del retrete y en la pared, desde el suelo hasta una altura de 80cm.


Celda 383─E. En esta celda se refugiaron seis presos. Todos murieron, uno bajo las literas y cinco en el espacio entre las literas de arriba y las de abajo.

─ Hay 14 señales de bala indicadas por el equipo que visitó el lugar del crimen; están por todo el techo sobre las literas.


Celda 379─E Había seis internos en la celda. A tres los mandaron salir. A los otros tres los mataron. Los presos dijeron a la Comisión Federal que, al salir de la celda y caminar por el pasillo, oyeron disparos en su celda y en celdas vecinas.

─ Hay señales de bala y manchas de sangre en la zona del retrete y las sábanas están cubiertas de sangre.


Celda 377─E. De los 10 presos refugiados en la celda, al menos siete murieron; tres de ellos eran de otras celdas.

─ Hay señales de bala a ras del suelo y en la zona del retrete.


Celda 375─E. Murieron los 10 presos. La policía olvidó retirar sus cuerpos, que fueron encontrados por funcionarios y presos la mañana del sábado 3 de octubre. Los cadáveres estaban sentados contra la pared en posturas de defensa, con los brazos delante de la cara o tras la cabeza, como demostró la fotografía. El director de disciplina de la cárcel también confirmó que estos cadáveres se encontraron en una celda del segundo piso "todos sentados con las manos en la cabeza, con quemaduras de pólvora en la cara y disparos en la cabeza, el pecho y la garganta." Estos cuerpos fueron trasladados al baño de la enfermería del Pabellón 4, que servía de depósito. En este lugar, dos curas y una monja que se hallaban de visita en el pabellón el 3 de octubre vieron los cadáveres, algunos de los cuales aún conservaban las posturas defensivas debido al rigor mortis, por ejemplo con las manos detrás de la cabeza.

─ Se observan señales de bala en la pared del fondo de la celda que, por su posición, pueden haber sido originadas por disparos efectuados a los presos cuando estaban sentados contra la pared. También hay manchas de sangre en la pared.


Celda 351─I Mataron a dos presos en la cama. Un compañero de celda encontró sus cuerpos la mañana del 3 de octubre. Yacían con las cabezas colgando cerca de unos orificios de bala en la pared. También habían sido apuñalados.

- Hay orificios de bala y manchas de sangre cerca de la cama, que pueden haber sido producidos por disparos efectuados a los presos cuando yacían en la cama. También hay señales de cortes en una sábana o cortina.


Celda 350─I El cuerpo de João Gonçalves da Silva, acurrucado en la zona de baño, fue encontrado por su compañero de celda la mañana del 3 de octubre, como muestra la fotografía. La autopsia indica que le dispararon tres veces.

─ También hay señales de disparos efectuados en la litera desde abajo.


Celda 349─I Mataron a tres presos en la celda.


Celda 348─I Mataron a tres presos sentados. Los presos que llevaron sus cuerpos escaleras abajo afirman que tenían la cabeza acribillada de balazos a quemarropa y quemaduras de pólvora en la cara.


Celda 346─I Mataron a cuatro presos de la celda, a uno de ellos probablemente en el pasillo.

─ Hay manchas de sangre en el techo del pasillo fuera de la celda y en la pared encima de la puerta. Hay señales de bala y manchas de sangre cerca de una de las camas de la celda.


Celda 373─E En la celda se refugiaron ocho presos, de los que murieron seis. Otros presos dicen que había un charco de sangre en la esquina de la celda.

─ Hay señales de balas a la altura de la cama, y también marcas de disparos hechos desde abajo hacia las literas, así como manchas de sangre en tres paredes y en el techo.


Celda 331─I Mataron a tres presos de esta celda.


Celda 345─E En la celda había cinco presos. Mataron a cuatro, sobrevivió uno.

─ Hay manchas de sangre en el techo.


Celda 339─E Mataron a seis presos en la celda.

─ Hay señales de bala en las paredes cerca del suelo y a la altura del pecho.


Celda 307─E. Se refugiaron nueve presos. Mataron a seis. Según Dionisio Paiva Filho:


"La policía llegó disparando. Abrieron la puerta y nos dijeron que saliéramos. Les dijimos que no teníamos armas. Cuando un muchacho se levantaba de la cama para salir, un agente le disparó tres veces desde la puerta. El muchacho acababa de llegar el viernes anterior. Se arrastró por el suelo. Luego entraron otros tres policías. Dispararon una vez cerca del retrete y mataron a otro. Un agente gritó: 'Aquí hay más vivos', y entraron otros tres agentes con metralletas y dispararon una ráfaga contra los tres que estaban junto al retrete. Cuando salieron, nos escondimos debajo de los cadáveres. Nos pusimos a los muertos encima y nos rociamos de sangre simulando estar muertos. Pasé una hora con un cadáver encima, muy asustado. Dos horas después, volvieron y nos ordenaron que, si estábamos vivos, nos desnudáramos y saliéramos corriendo de la celda. Había seis muertos. Uno en el suelo, otro en un banco, tres en la esquina, cerca del retrete, y uno en la cama. Dos de los muertos eran Paulo Roberto de Luiz y José Martins de Vieira Rodrigues. Tres de nosotros sobrevivimos."


─ Hay sábanas con señales de bala o de arma blanca, quemaduras de pólvora y manchas de sangre.


Tercer piso ─ Pavimento 4 En este piso murieron cuatro presos. Amnistía Internacional no examinó ninguna celda.


Cuarto piso ─ Pavimento 5


Celda 512─E. En esta celda se refugiaron 13 presos. Mataron a seis e hirieron de bala a cuatro. Luis Carlos dos Santos Silva presentaba cinco heridas de bala, una cerca de la columna, dos en la pierna derecha, una en las nalgas y una en el pie izquierdo. A Daniel Soares le dispararon dos veces en la ingle. Aparecido Donizete Domingos presentaba siete heridas de bala, tres en el pecho, dos en el estómago y dos en el brazo. Según Luis Carlos dos Santos Silva:


"Estaba en mi celda con mis ocho compañeros y otros cuatro que habían huido de otras. Nos mandaron echarnos al suelo boca abajo, con las manos en la cabeza. Vinieron uno o dos policías y comenzaron a disparar hacia el interior de la celda con ametralladoras. También disparaban a las literas desde abajo. Nos hicieron desnudarnos y correr. Si no lo hacíamos, nos matarían, nos dispararían. Nos ordenaron quitarles la ropa a los muertos, pero no logramos hacerlo. Después del tiroteo, tuvimos que bajar al patio. Pasé más de dos horas bajo la lluvia.


"Salimos de la celda cuatro heridos. Sólo he visto a dos de ellos, falta uno de mi celda que no sé dónde está. Dejamos vivos a algunos otros. Un amigo mío, José Carlos dos Santos, estaba vivo cuando me fui, le oí hablar, pero murió más tarde. No sé si los demás sobrevivieron."


Es probable que el cuarto preso que no pudo localizar fuera José Ronaldo Vilela da Silva.


Según Antonio Carlos Beloso da Silva, en ese momento había 13 presos en la celda:


"La policía pasó. Ya estábamos echados en el suelo. Seis murieron en el acto. Sobrevivieron siete, cuatro heridos y tres sin daño. Un superviviente que murió, José Ronaldo Vilela da Silva, estaba vivo cuando bajó las escaleras. Tenía un tiro en el cuerpo. El suelo y las paredes de la celda estaban llenos de sangre."


Según los informes de la autopsia, Stefano Ward da Silva Prudente murió de 13 disparos, José da Silva de ocho, Elias Palmijiano de cinco, Olívo Antonio Luiz de cuatro y José Ronaldo Vilela de seis.

─ Hay señales de bala en las paredes y cerca de una cama.


Los presos pasan entre los policías y bajan al patio


Varios presos describieron cómo los policías, después de matar a algunos de sus compañeros en las celdas, les hicieron desnudarse, correr por el pasillo y bajar al patio. El suelo estaba muy resbaladizo. El pabellón estaba inundado de agua procedente de tuberías y bocas de incendio rotas y los presos habían derramado aceite en los pasillos y las escaleras para dificultar el acceso de la policía. Las propias escaleras estaban rotas y en mal estado, y muchos de los presos resbalaban y caían. La policía militar, apostada en los pasillos, los golpeaban con porras cuando iban pasando. Claudio de Abril, que 10 días después de la matanza mostraba graves contusiones en las piernas, la espalda y el estómago, dijo que, mientras corría entre más de 100 policías, recibió unos 21 golpes de porra, uno de ellos entre los ojos.


Roberto Soares describió a la Comisión Federal de Investigación cómo "estaba andando por el pasillo del cuarto piso en una fila de presos desnudos y, aunque tenía la cabeza baja, vio como un agente de la policía militar extraía una bayoneta de la bota y se la clavaba en la espalda al preso que estaba tres puestos por delante de él, para después empujarlo por el hueco del ascensor".


Algunos presos fueron mordidos por los perros de la policía cuando bajaban por las escaleras. Los delegados de Amnistía Internacional apreciaron mordeduras de perro en algunos de los presos a los que examinaron. El Instituto Médico Legal registró entre nueve y 12 heridas que podrían haber sido causadas por mordeduras de perro. Los presos entrevistados declararon que los policías llevaban a los perros atados con correas cuando éstos les mordieron.


Según parece, la policía no se abstuvo de golpear a los heridos. José Iran de Oliveira, que tenía graves quemaduras por haber quedado atrapado en un incendio en la secretaría, situada en la planta baja, relató a Amnistía Internacional:


"Varios policías me reventaron todas las ampollas y quemaduras que tenía en los brazos con porras y con las botas. Era peor si gritabas, porque te pegaban más. Tuve que quedarme callado y aguantar. Un hombre me ayudó.".


Después de desnudarse y descender a la planta baja, los presos tuvieron que sentarse con la cabeza entre las rodillas en el patio central del pabellón, y pasaron así unas dos horas, en la oscuridad y bajo la lluvia. Según parece, les dijeron que si tosían o estornudaban les dispararían.


Alcides Carvalho Filho describió a Amnistía Internacional cómo, mientras estaba sentado en el patio, pudo ver algunos detalles de lo que ocurría:


"Todo el mundo estaba en el patio. Había que tener la cabeza entre las piernas y no levantarla. A algunos que la levantaron les golpearon. Yo levanté la cabeza y vi a dos presos acarreando cuerpos, muertos o heridos. Unos diez minutos después, volví a levantarla. Vi a dos perros ─pastores alemanes─ entrar en la barbería y oí sus ladridos y unos gemidos apagados de los presos."


Según varias informaciones sin confirmar, a los heridos los llevaban a la barbería de la planta baja y luego dejaban entrar a los perros para que los remataran. Los familiares de Claudio José de Carvalho afirmaron que cuando identificaron su cadáver observaron varias mordeduras de perro en la zona genital. El Instituto Médico Legal no apreció señales de lesiones causadas por perros en los cadáveres examinados. "No se observaron mutilaciones ni heridas causadas por mordeduras de perro".


Ejecución de los heridos


En un momento dado, parece ser que la policía dijo que si alguno de los heridos deseaba recibir tratamiento médico se levantara. Se levantaron dos o tres hombres, a los que se llevaron y, al parecer, mataron.


"Algunos levantaron la mano. La policía militar los llevó hasta la verja y subieron las escaleras. Luego, un minuto o minuto y medio después, oímos disparos arriba, lo que nos hizo pensar que los habían sacrificado."


"Llevé varios cuerpos de presos a los que había visto vivos y desnudos en el patio y a los que luego encontré muertos."


Algunos presos son obligados a cargar los cuerpos y luego ejecutados


Seleccionaron a varios presos para que transportaran los cadáveres de las celdas y los pasillos y los pusieran en un montón en el pasillo y en el gimnasio del primer piso, donde los vieron más tarde los funcionarios de la prisión y el investigador que acudió al lugar del crimen. Parece ser que los policías temían que los muertos y heridos les contagiaran el SIDA, y al parecer ésa fue la razón por la que hicieron que otros presos los transportaran. Varios presos declararon que después algunos de los que habían llevado los cuerpos, entre los que se encontraba un preso conocido como 'Tubarão', fueron ejecutados.


Milton Marques Viana dijo que él había llevado algunos cadáveres:


"con tiros en el pecho, la cara, el estómago y la boca. Me di cuenta de que habían matado a nuestros heridos. Varios de los que transportamos los cuerpos sobrevivimos, pero otros fueron ejecutados."


Gilberto Rosa Saldanha dijo "Ametrallaron a seis personas que vinieron con nosotros a llevar los cuerpos; los mataron en el descansillo del segundo pavimento." Según Genivaldo Araujo dos Santos, "Dispararon contra todos, incluido un anciano de la 212E que estaba transportando cuerpos".


Luiz Henrique Soares, otro de los que transportaron cuerpos, en su testimonio ante la Comisión Federal de Investigación relató:


"Yo estaba mirando cuando le dispararon en la cabeza con un revólver a uno de los presos que estaba transportando cuerpos, justo después de haber llevado uno al gimnasio. Cayó con los ojos abiertos sobre el cuerpo que acababa de llevar".


Muchos presos también contaron cómo la policía iba comprobando si había presos aún vivos entre los cuerpos de las celdas y clavándoles bayonetas. Según uno, "Si estabas herido, comprobaban con una bayoneta si aún vivías". Dos de los presos examinados por los delegados de Amnistía Internacional habían sido apuñalados en los pies. Otro tenía puntos en la cabeza, según él por una herida de bayoneta. Una de las enfermeras afirmó que los presos también habían sido apuñalados en las nalgas. Genivaldo Araujo dos Santos fue apuñalado cerca del ano y su herida requirió cinco puntos. Las puñaladas en los pies y las nalgas indican que los presos estaban tumbados cuando los apuñalaron. El segundo batallón de las fuerzas de choque llevaba navajas en las botas durante la operación.


Según parece, a los presos que presenciaron ejecuciones sumarias durante la operación policial, los policías les decían: "Miren cómo matamos a los malhechores".


El tratamiento a los heridos


De los testimonios se desprende que muchos de los heridos fueron ejecutados. La desproporción entre el número de muertos y de heridos parece confirmar esta teoría. Los representantes del Consejo Federal de Medicina que visitaron la Casa de Detenção el 12 de octubre hicieron hincapié en esta desproporción.


Los informes iniciales del 3 de octubre indicaban que había 35 heridos. Los delegados de Amnistía Internacional examinaron a unos 18. Aunque estaba claro que algunos necesitaban tratamiento hospitalario, ninguna de sus heridas era grave ni interesaba órganos vitales. El número de heridos examinados por el Instituto Médico Legal desde el 12 de octubre fue de 108, de los cuales 73 presentaban lesiones atribuibles a palizas, 5 a disparos de bala, entre 9 y 12 a mordeduras de perro y 4 a puñaladas, mientras que otro presentaba quemaduras. De los presos examinados por Amnistía Internacional, más de cinco presentaba heridas de bala. Los médicos del Instituto Médico Legal no examinaron a los heridos hasta 10 días después, y consideraron que, de los 108, sólo dos presentaban heridas graves. La proporción de 111 muertos frente a dos heridos graves resulta muy sorprendente. Si se acepta que sólo cinco de los presos supervivientes tenía heridas de bala, esto significa que los policías dispararon contra 108 presos, de los que mataron a 103.

El director de disciplina de la cárcel dijo a los delegados de Amnistía Internacional que había tratado de controlar a todos los heridos que eran sacados de la cárcel y de insistir en que fueran acompañados por un funcionario de la prisión. Sin embargo, la policía le impidió hacerlo encañonándole el pecho con una ametralladora. Según él, los ocho primeros presos que fueron trasladados al Centro de Urgencias de Santana estaban vivos cuando abandonaron la cárcel, y algunos de ellos con heridas que, en su opinión, no parecían revestir riesgo alguno para sus vidas. No obstante, todos murieron poco antes o poco después de llegar al hospital. El director de disciplina dijo que creía que algunos de ellos habían sido ejecutados en el camino hacia el hospital.


El informe del Partido de los Trabajadores, que disiente de la investigación de la Asamblea Legislativa, cotejó las fichas hospitalarias del ingreso de cada preso en el hospital con la descripción facilitada por el director de disciplina de la cárcel cuando dejaron la prisión. Este examen indicó que dos de los presos que el director describió como vivos y hablando cuando subieron al coche celular de la policía eran José Ronaldo Vilela da Silva (de la celda 512─E) y Antonio Marcio dos Santos Fraga (de la celda 307─E). Amnistía Internacional tiene testimonios de otros presos en los que se afirma que los dos internos estaban vivos, y se dice que el primero de ellos bajó por sus medios al patio. Según los informes de la autopsia, ambos presos murieron de disparos que les atravesaron los pulmones. Si éstas hubieran sido sus lesiones antes de entrar en el coche celular, no habrían podido hablar ni caminar. Las autoridades podrían identificar a los policías responsables de cada coche celular que trasladó muertos y heridos al Centro de Urgencias de Santana.


DESPUÉS DE LOS ACONTECIMIENTOS


El tratamiento médico a los heridos


Un delegado de Amnistía Internacional visitó el 6 de octubre en la enfermería del Pabellón 4 a los presos heridos. Había siete presos, cinco de los cuales se encontraban tendidos sobre delgadas colchonetas de gomaespuma colocadas en el suelo. Afirmaron que los habían tratado otros presos que hacían labores de enfermería siguiendo las órdenes de los médicos.


José Iran de Oliveira estaba tendido en una colchoneta de gomaespuma en el suelo y presentaba signos evidentes de necesitar tratamiento hospitalario. Había quedado atrapado en el incendio declarado en la planta baja y sufría quemaduras de primer y segundo grado en toda la cara, el cuello y uno de los brazos. No lo habían llevado al hospital. Algunas de las quemaduras de la mano y el brazo le supuraban. Afirmó que no había recibido tratamiento. El único material de primeros auxilios al que había tenido acceso había sido una venda, que se había quitado porque estaba sucia.


Luis Carlos dos Santos Silva aún tenía cinco balas alojadas en el cuerpo, dos en la pierna derecha, una en la espalda, cerca de la columna, una en las nalgas y otra en el pie izquierdo. Durante la noche del 2 de octubre lo habían trasladado al hospital Mandaqui, donde había permanecido en una camilla durante más de 24 horas sin que nadie le atendiera. "No hicieron nada. No me sacaron las balas. No me dieron nada, ni siquiera una pastilla". Lo devolvieron a la Casa de Detenção el 4 de octubre sin haberle extraído las balas. Estaba especialmente preocupado por la bala alojada cerca de la columna y había pedido a su abogado que intentara garantizarle tratamiento. Esta bala no se la extrajeron hasta el 12 de octubre.3


Otros observadores de derechos humanos que visitaron la cárcel el 6 de octubre pudieron acceder al ala de castigo del Pabellón 6, donde vieron a presos heridos del Pabellón 9 que ocupaban celdas de castigo. Uno de ellos, Luis Carlos Alves, dijo que orinaba sangre y que necesitaba tratamiento. Las autoridades alegaron que algunos de estos hombres habían participado en la pelea que se desencadenó inicialmente en el Pabellón 9 y que estaban en el ala de castigo por su propia seguridad.


Los delegados de Amnistía Internacional elevaron una protesta a las autoridades, entre ellas a los directores del servicio penitenciario y al secretario de Seguridad Pública, para que se prestara tratamiento médico adecuado a los presos heridos. En una visita posterior, el 12 de octubre, los delegados observaron ligeras mejoras: los presos ya no estaban en colchonetas en el suelo, sino en camas, y tenían menos quejas. No obstante, el tratamiento dejaba mucho que desear.


Según los médicos de la cárcel, los presos heridos que no habían sido trasladados a la enfermería del Pabellón 4 permanecían en el Pabellón 9 y visitaban la enfermería diariamente o se les hacían llegar las medicinas. Los médicos atendían diariamente a unos 80 presos de toda la cárcel con este sistema. Sin embargo, el tratamiento era administrado en general por presos que actuaban de enfermeros; algunos de ellos tenían formación previa, pero otros no.

Los presos que necesitaban tratamiento hospitalario debían ser custodiados hasta el hospital por la policía militar. En el caso de los que resultaron heridos el 2 de octubre, esto resultó totalmente inadecuado, ya que eran testigos de la matanza. Los presos estaban aterrorizados de verse entregados a la custodia de la policía militar. En una reunión celebrada el 21 de octubre con el secretario de Seguridad Pública de São Paulo, un delegado de Amnistía Internacional indagó sobre la posibilidad de establecer un cuerpo especial de guardias de seguridad penitenciaria encargados de custodiar a los presos en sus traslados al hospital y a los tribunales. El secretario respondió que estaba estudiando la creación de un servicio especial de seguridad penitenciaria que se ocuparía de todas las cuestiones de seguridad de las cárceles, incluidos los disturbios.


En vista de estos problemas, algunos miembros del Consejo Médico Federal tuvieron reuniones con el secretario de Salud de São Paulo para sugerir que médicos ajenos al servicio penitenciario visitaran la prisión para ayudar en la atención de los heridos. Aunque se llegó a este acuerdo, no se organizó la visita. José Iran de Oliveira no recibió tratamiento hospitalario. Sin embargo, sí visito la cárcel un equipo médico del Instituto Emílio Ribas para realizar pruebas del SIDA a los presos supervivientes que las habían solicitado, temerosos de haberse contagiado con el contacto de sus quemaduras y heridas abiertas con la sangre de otros presos heridos y muertos.


Medios médicos en la Casa de Detenção


El Pabellón 4 fue proyectado como hospital o enfermería de la cárcel, pero ha terminado albergando presos, en su gran mayoría presos con privilegios y los conocidos como justiceiros (miembros de bandas parapoliciales culpables de homicidios tipo "escuadrón de la muerte"). Algunos de estos justiceiros actuaban como enfermeros de los presos de la enfermería. Sólo había un piso del Pabellón 4 dedicado a presos enfermos. Las instalaciones consistían en una habitación con dos camas (el 6 de octubre) y sitio en el suelo para otros internos, así como un ala especial para presos contagiosos e infecciosos (con hepatitis, meningitis y SIDA). El quirófano había sido transformado en despachos. Se informó a Amnistía Internacional que en la cárcel trabajaban 12 médicos, entre ellos un psiquiatra, para atender a 7.300 presos.


El personal médico de la prisión explicó que el traslado de presos para que recibieran tratamiento en hospitales públicos les planteaba varios problemas. En estos centros no se recibía con agrado a los presos por razones de seguridad, y además estaba el problema de los agentes de la policía militar que los custodiaban. Por lo general, la policía militar aprovechaba estas oportunidades para atemorizar a los presos y, a menudo, sirviéndose de retrasos, les hacía faltar a citas concertadas, que luego costaba meses volver a conseguir.


El personal médico de las cárceles de São Paulo depende jerárquicamente del director de cada prisión. Por consiguiente, el criterio profesional de los médicos y las necesidades presupuestarias pueden quedar postergadas por otras consideraciones. Los médicos y los enfermeros de la cárcel se quejaban de una falta de medios crónica: había un solo aparato para tomar la presión sanguínea a 7.300 presos, no había camillas ni sillas de ruedas. Poco antes del 2 de octubre se presentó al gobernador del estado, para su envío al parlamento, una propuesta para transferir la infraestructura médica del sistema carcelario al control del director de Servicios Médicos Penitenciarios. Esto habría supuesto para la Casa de Detenção un presupuesto médico autónomo. Se estimó que de esta forma la proporción del presupuesto de la cárcel dedicada a necesidades médicas aumentaría entre el 1 y el 10 por ciento, aproximadamente.


Retención oficial de información y abusos contra los familiares


Aunque las autoridades militares y civiles conocían la cifra de 111 muertos como muy tarde a las 8:00 horas del 3 de octubre, la información se retuvo deliberadamente hasta la emisión de un comunicado oficial a las 16:30, 30 minutos antes de que cerraran los colegios electorales para las elecciones municipales de São Paulo.


Durante todo el 3 de octubre, los familiares esperaron a las puertas de la cárcel sin que se les diera información oficial. Una mujer, esposa de un preso, trepó por una pared y, comunicándose a gritos con los presos, hizo llegar algunos mensajes a los familiares que esperaban abajo. Éstos le daban los nombres de sus parientes, y los presos contestaban a gritos si estaban vivos o muertos. Así se enteraron algunos de la muerte de sus familiares.


La noche del 2 de octubre se informó a la prensa de que habían muerto ocho presos en luchas internas entre bandas en una rebelión en la Casa de Detenção. Estos fueron los presos trasladados al Centro de Urgencias de Santana. Cuando el 2 de octubre un abogado del Colegio de Abogados de São Paulo trató de ejercer el derecho constitucional de los abogados a acceder a los presos, el director de la cárcel le dijo: "Escucha, hijo, no puedo autorizarte a entrar porque, según las órdenes del secretario de Seguridad Pública, aquí quien manda es la policía militar."

Durante el 3 de octubre se permitió la entrada a curas y monjas del servicio pastoral penitenciario católico, para que hablaran con los presos y los funcionarios, traumatizados y en muchos casos llorando. Aún estaban limpiando el Pabellón y deshaciéndose de colchonetas manchadas de sangre.


El 4 de octubre colocaron en la puerta de la cárcel la lista de los 111 muertos. A los familiares no les notificaron las muertes personalmente, sino que se les permitió visitar el centro durante dos horas y así se enteraron de cómo habían muerto sus seres queridos por los relatos de sus compañeros de celda. La prensa informó del caso de una mujer que entró creyendo que su hijo estaba vivo y se enteró por otros presos que había muerto: le habían disparado por no salir de debajo de la cama donde se había escondido. También se permitió a los abogados del Colegio de Abogados de São Paulo visitar el Pabellón 9 el 4 de octubre.


Como la lista de fallecidos no indicaba en qué depósito se encontraban los cuerpos, los familiares iniciaron un vía crucis por los depósitos de la ciudad para localizarlos e identificarlos antes del entierro. Algunos tuvieron que visitar varios depósitos. En la lista de los presos fallecidos hubo varios errores. Tres de los que figuraban como muertos resultaron estar vivos.

El 6 de octubre las autoridades de la cárcel aún no habían hecho pública una lista de supervivientes para tranquilizar a los familiares que aguardaban. Este hecho, junto con la desconfianza de las cifras oficiales y los relatos de los presos sobre cadáveres evacuados en secreto de la cárcel en camiones de basura, contribuyó a aumentar la ansiedad de las familias, que creían que sus familiares también habían muerto. El 5 de octubre, los presos colgaron una pancarta desde la ventana de una celda que decía que habían muerto 280 presos. Inicialmente los funcionarios de la cárcel pensaron que el número de víctimas mortales superaba los 111. El 6 de octubre, en el recuento diario oficial de los presos faltaban 36 internos del Pabellón 9 que, según parece, aparecieron más tarde. A los familiares que no pudieron llegar a la cárcel el primer domingo les dijeron que tendrían que esperar hasta el domingo siguiente para visitarlos y verificar con sus propios ojos que estaban vivos. Los abogados de derechos humanos consideraron la posiblidad de presentar hábeas corpus para que las autoridades se vieran obligadas a presentar a los presos supervivientes y confirmar que estaban vivos. En los días que siguieron, algunos abogados de derechos humanos cotejaron la lista oficial de fallecidos con las de los depósitos de cadáveres y los registros de inhumaciones. Varios abogados visitaron la cárcel con listas de presos que se sospechaba que habían desaparecido, diciendo en voz alta cada nombre para verificar si estaban vivos. Si las autoridades hubieran actuado de una forma más humanitaria, sin duda esto no habría sido necesario.


Aunque existía un registro central, las autoridades alegaron que no podrían haber publicado la lista de los supervivientes antes del 8 de octubre porque los archivos del Pabellón 9 habían ardido durante la revuelta y porque los presos usaban diversos alias que, según las autoridades, los familiares no conocían. Sin embargo, cada preso tenía un número que sus familiares solían conocer. Esta lista de números no se publicó hasta el 8 de octubre. En el pasado y en anteriores situaciones de disturbios ya se había demostrado la arrogante negligencia de las autoridades a la hora de llevar el registro de los retenidos bajo custodia del estado. Ya en 1987, el secretario de Justicia de São Paulo había declarado a una delegación de Amnistía Internacional que los expedientes carcelarios se informatizarían "en breve" para facilitar el control interno en este tipo de incidentes y la reclasificación de los presos por reducciones de pena o traslado a regímenes menos estrictos (una importante causa de quejas y disturbios penitenciarios previos). Durante los cinco años transcurridos, esa informatización no se había llevado a cabo en la Casa de Detenção. El doctor Filardi Luiz informó a Amnistía Internacional que los ordenadores habían llegado el 29 de septiembre de 1992 y que estaban esperando que se formara al personal para utilizarlos.


La insensibilidad hacia los familiares culminó con la carga de la policía contra los que esperaban ante las verjas de la cárcel el 3 y el 5 de octubre. En estas actuaciones, los agentes, que se habían quitado las etiquetas de identificación, golpearon a los familiares y les azuzaron los perros. Una de las principales peticiones de los presos visitados por políticos y observadores de derechos humanos el 6 de octubre fue que se tratara a sus familias con respeto.


Pruebas periciales


Los organismos responsables de reunir y examinar las pruebas periciales, como el Instituto Médico Legal y el Instituto Criminalístico, dependen del secretario de Seguridad Pública de cada estado. Amnistía Internacional cree que estas instituciones deben ser independientes del servicio policial, en interés de la independencia profesional. Las normas internacionales sobre la investigación de presuntas ejecuciones extrajudiciales recomiendan la independencia legal en tales casos. Durante el periodo de gobierno militar (1964─85), varios médicos forenses firmaron certificados de defunción falsos de presos políticos que habían muerto bajo tortura o ejecutados. Durante muchos años, los médicos forenses han luchado por ser independientes de las estructuras policiales y por lograr que a su profesión se le asignen mayores recursos y se le conceda más valor.


Las pruebas del "lugar del crimen"


Durante los días posteriores a la matanza, la policía militar modificó el "lugar del crimen" y destruyó valiosas pruebas que podrían haber resultado decisivas para atribuir las muertes a individuos concretos. Esto es un delito que viola el artículo 347 del código penal. Se prohibió a los civiles la entrada a los pisos superiores del pabellón mientras la policía ordenaba a los presos retirar los cadáveres de los pasillos y celdas donde se encontraban y apilarlos en el primer piso. Los mandos de la policía militar afirmaron que la decisión de trasladar los cuerpos se tomó tras consultar con la autoridad civil. Los jueces presentes no hicieron nada para tratar de proteger el lugar del crimen.


Según el director de disciplina de la cárcel: "Durante cuatro horas la policía militar estuvo más interesada en modificar el lugar del crimen que en retirar a los presos heridos".


No apareció en el lugar ningún miembro del Ministerio Público estatal para investigar o garantizar los derechos de los presos.


El investigador de la policía en el lugar del crimen, doctor Oswaldo Negrini, enviado por la comisaría de la policía civil más cercana, llegó el 2 de octubre a las 21:30. Examinó la planta baja y el primer piso. Observó indicios de incendios y una barricada en la planta baja. En el primer piso contó entre 80 y 85 cuerpos apilados en el pasillo. Fotografió la pila, pero no cada cadáver por separado porque, según declaró, había "una falta total de seguridad e higiene y no había electricidad". Tampoco recogió balas ni casquillos.


En vez de volver al lugar al día siguiente, el investigador en el lugar del crimen no volvió al pabellón hasta una semana más tarde. (Intentó efectuar una visita el 7 de octubre pero, debido a desórdenes internos, no visitó el pabellón hasta el 9 de octubre.) Por consiguiente, la primera vez que inspeccionó las celdas fue el 9 de octubre, cuando todas habían sido limpiadas y los presos las habían arreglado para tratar de volver a la vida normal. Entretanto se perdió una información fundamental. El investigador inspeccionó los pasillos y las 19 celdas en las que presuntamente se habían cometido los homicidios, y declaró que "en el lugar no había ni una sola bala ni un casquillo". Se tomaron muestras de aparentes orificios de bala en las paredes de las celdas y se las sometió a un examen para buscar restos de plomo, cuyos resultados indicaron que se habían usado armas del calibre 22, 32 y 38; se hizo otro examen para buscar restos de cobre, cuyos resultados indicaron el uso de ametralladoras. En las paredes de las celdas se confirmó la existencia de 166 orificios de bala, en los que también se analizó la existencia de rastros de sangre "cuando fue necesario". Según el investigador, sólo había manchas de sangre aún visibles en las paredes en sólo tres lugares. Nueve zonas dieron positivo en las pruebas para detectar la presencia de sangre humana. Los delegados de Amnistía Internacional que inspeccionaron las celdas y los pasillos el 12 de octubre observaron manchas de sangre en muchas más zonas y notaron que el equipo criminológico sólo había señalado y numerado el 50 por ciento de las aparentes señales de bala de las paredes de las celdas.


En el informe criminalístico final del "lugar del crimen" se afirmaba:


"En todas las celdas examinadas la trayectoria de los proyectiles disparados indica que los disparos se hicieron desde la puerta, con las armas apuntando hacia el fondo y los laterales de las celdas... no se observaron señales que pudieran denotar disparos de armas en direcciones opuestas a las descritas, e indicar así enfrentamientos entre las víctimas de los disparos y los que disparaban apostados en la parte delantera de las celdas."


Tras recabar información del personal del centro y de los presos, el investigador estimó que aproximadamente 85 presos habían muerto dentro de sus celdas y unos 26 en otros lugares.

El informe criminalístico concluye que no fue posible llegar a conclusiones más completas, ya que "el lugar presentaba claras muestras de haber sido violado, y por tanto los análisis técnicos no eran fiables."


Los presos, los funcionarios de la prisión y el investigador del lugar del crimen han afirmado que vieron policías que fotografiaban y filmaban los sucesos dentro del Pabellón 9. El Grupo Especial de Operaciones suele filmar las operaciones policiales para usar las filmaciones como material de formación. Un agente de la policía militar informó que había tomado un vídeo con ese fin, pero el agente al que entregó la cinta negó que ésta llegara a grabarse. El Grupo de Operaciones Especiales negó la existencia de cintas de vídeo y se negó a entregar las cintas. Sin embargo, el periódico Folha da Tarde pudo hacerse con un carrete de película tomada por la policía durante la operación, e hizo llegar algunas de estas fotos a Amnistía Internacional. Las fotos figuran en este documento.


Pruebas balísticas


El experto en el lugar del crimen indicó que el 9 de octubre no se habían encontrado balas en la cárcel y que no había retirado ninguna el 2 de octubre porque no había luz. Del total aproximado de 5.000 balas que, según los informes, dispararon se encontraron 515 en los cuerpos de los presos muertos. La policía militar había tenido mucho cuidado en destruir las pruebas del lugar del crimen. Sin embargo, el 12 de octubre los presos mostraron a Amnistía Internacional varias balas que habían recogido del patio.


El 12 de octubre, los delegados de Amnistía Internacional observaron cómo un médico extraía a Luis Carlos dos Santos Silva un proyectil que tenía alojado cerca de la columna. En ese momento, no parecía que este proyectil quedara registrado como parte de la investigación oficial. Puede que lo hayan tirado o que los presos lo hayan guardado de recuerdo. El departamento de balística del Instituto Criminalístico sólo tenía registrado un proyectil extraído de un preso herido.


El departamento de balística del Instituto Criminalístico informó a los jefes de las investigaciones de la policía civil y militar que, como habrían hecho falta 76 años para comparar los proyectiles extraídos de los cadáveres con las armas utilizadas por los 347 agentes de la policía militar durante la operación, no era posible ni siquiera intentarlo. Esto equivalía a negar información a los tribunales.


Las autoridades saben qué unidades de la policía operaron en cada piso durante ciertos periodos y cuál era el calibre de las armas que utilizaban. Mediante los testimonios y algunas de las pruebas materiales, también es posible determinar en ciertos casos el lugar y el piso (esto último con toda probabilidad) donde encontraron la muerte algunas de las víctimas. Cotejando cuidadosamente las pruebas, podría reducirse considerablemente el trabajo de comprobación balística. Podrían compararse los proyectiles extraídos de determinados presos con las armas de fuego de los agentes de policía que actuaron en el piso correspondiente. El departamento de balística podría haber comenzado por uno o dos casos (por ejemplo, el caso de los dos presos que al parecer fueron ejecutados cuando los trasladaban al Centro de Urgencias de Santana, o de los tres que recibieron disparos casi a bocajarro). Sin embargo, ni siquiera se intentó esta investigación limitada.


No se tomó en cuenta la idea de solicitar la ayuda de otros laboratorios balísticos, ni del país ni del extranjero. Dada la escala de la matanza objeto de la investigación y la gran preocupación internacional que suscitó, tal cooperación internacional habría sido perfectamente posible si se hubieran mantenido los procedimientos habituales de identificación y almacenamiento de los proyectiles.


Las armas usadas por la policía militar en la operación tardaron varios días en ser entregadas al Instituto Criminalístico, y no se conservaron allí, sino que se enviaron a los tribunales militares. Sin embargo, se comprobaron las características de tiro de todas estas armas. Los proyectiles de estas pruebas, adecuadamente separados y etiquetados, se podrían al menos haber comparado con los extraídos de los cadáveres de los presos, y los resultados haberse utilizado para establecer responsabilidades individuales. El jefe del Instituto Criminalístico informó a un diputado en febrero de 1993 que estos proyectiles de las pruebas se habían "desechado".


Las pruebas balísticas habrían sido una de las formas más importantes de determinar responsabilidades individuales sobre los homicidios ilegítimos perpetrados en el curso de la operación policial. Los errores cometidos por el departamento de balística del Instituto Criminalístico muestran, en el mejor de los casos, una gran negligencia e incompetencia, e incluso podrían considerarse intentos deliberados de poner en peligro el desarrollo de los procedimientos penales sobre el caso.


Autopsias


En Brasil, las autopsias se realizan siguiendo un formato fijo. Al patólogo se le formulan cinco preguntas básicas sobre el tipo de lesiones y los posibles instrumentos causantes, y éste debe indicar la causa física de la muerte (por ejemplo, trauma cerebral), pero no proporcionar elementos que contribuyan a establecer su causa legal (por ejemplo, muerte natural, suicidio, muerte accidental u homicidio).


Con este método suele perderse una importante información para futuros procedimientos penales, ya que el patólogo no responde a preguntas más concretas. Es preciso decir que esto no es culpa de los patólogos, que en muchos casos intentan proporcionar toda la información posible, sino de cómo están formuladas las tareas asignadas a ellos y, por consiguiente, los procedimientos judiciales que rigen la prestación de testimonio pericial.


Por consiguiente, los expertos profesionales trabajaron sin recibir orientación alguna por parte de la investigación oficial, y se limitaron a proporcionar informes de autopsias hechas siguiendo una fórmula rutinaria sobre cadáveres que no iban acompañados de ninguna información pertinente sobre las circunstancias de su muerte, y bajo la presión impuesta por el gran número de cadáveres y el poco tiempo disponible.


Los principios 12 y 13 del Conjunto de Principios sobre la eficaz prevención e investigación de ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, de las Naciones Unidas (véase apéndice) proporcionan directrices claras para la realización de autopsias en tales casos, entre las que figura la necesidad de dar a los patólogos acceso a la información pertinente y de concederles el tiempo necesario para realizar una minuciosa investigación. Asimismo, se estipula que "deberán incluirse en el informe de la autopsia fotografías detalladas en color de la persona fallecida, con el fin de documentar y corroborar las conclusiones de la investigación".


Disponiendo probablemente de muy poco tiempo, los patólogos se limitaron a extraer proyectiles que "en opinión de los expertos" habían sido letales. Cuando se realiza la autopsia de víctimas que pueden haber sido tiroteadas por más de una persona, es sumamente importante registrar todos los proyectiles, sus calibres y el lugar del que fueron extraídos, así como etiquetar y almacenar cada proyectil por separado.


En el formato de autopsia estándar, a los patólogos brasileños no se les pide que indiquen la trayectoria de los proyectiles (aunque algunos lo hicieron en este caso). En varias autopsias de la Casa de Detenção, los patólogos indican "falta de información", "limitaciones técnicas" y efectos "causados por la manipulación y el transporte" de los cuerpos, que les impedían "estimar la trayectoria interna de los proyectiles". En los informes de las autopsias no se adjuntaron fotografías.


Las autopsias fueron realizadas por 23 patólogos forenses de cuatro institutos médicos legales diferentes. Revelaron la siguiente información estadística: de los 111 muertos, 103 murieron por herida de bala, siete por herida de arma blanca y uno por ambas cosas. Había 2 presos con 16 heridas de bala, 16 presos con 15 heridas de bala y 19 con 13 heridas de bala. Dicho de otra forma, a más del 30 por ciento de los presos muertos les dispararon más de 13 proyectiles. De los 515 proyectiles encontrados en los cuerpos, 176 habían entrado por detrás. A 41 presos les dispararon por la espalda. Varios disparos en las nalgas y las piernas, efectuados desde arriba, indican que al menos 12 de estos últimos yacían boca abajo cuando les dispararon por la espalda. Las quemaduras de pólvora asociadas a heridas de bala indican que tres de los presos recibieron disparos desde una distancia muy corta (menos de 50 centímetros). Doce presos mostraban clásicas "heridas de defensa" en los antebrazos y las manos. A 5 les dispararon en la cabeza desde arriba, a 49 en el pecho, cerca del corazón, y a 37 en el cuello o la nuca. Había 33 presos que presentaban heridas de bala en la cara.


Aunque hay declaraciones de testigos que aseguran que la policía apuñaló a los presos con cuchillos, e indicios de que algunos policías llevaban este tipo de arma, no puede descartarse que las heridas atípicas que presenta un pequeño número de presos, por ejemplo, cortes en la garganta, hayan sido causadas por otros presos en el desorden inicial. Una minuciosa investigación de las circunstancias de cada muerte resolvería estas dudas.


La presencia de varios disparos muy juntos indica que los presos estaban inmóviles cuando les dispararon, o que los disparos se realizaron con armas de fuego automáticas de gran velocidad. La proporción de los proyectiles extraídos de los cadáveres era de cuatro balas de revólver de calibre 38 por cada una de ametralladora. Sin embargo, como ya se ha dicho, en la mayoría de los casos los patólogos forenses sólo extrajeron el proyectil que consideraron causante de la muerte, y dejaron los demás en el cuerpo. La gran proporción de proyectiles en el tórax (34,2 por ciento) y la cabeza (26,2 por ciento) indica que los disparos se efectuaron con el fin de causar la muerte. Como declaró el secretario de Seguridad Pública a la prensa, "en una situación como ésta, las órdenes son tirar a matar" (Diario Popular 4/10/92).


Posible valor de estas pruebas


El coronel Ubiratan ofreció pruebas a la Comisión Federal de que "en el caso de los revólveres del .38" usados por las fuerzas de choque, cada revólver tiene munición individualizada para cada miembro de la tropa y, en el caso de las ametralladoras, cada una tiene un registro que debe firmar el agente que la saca para tomar parte en una operación, de modo que si se extrae un proyectil de un cadáver, es posible determinar quién lo disparó, ya que todas las armas están identificadas".


Teniendo en cuenta las facilidades para identificar la munición, habría sido posible atribuir responsabilidades individuales en al menos algunos de los homicidios perpetrados el 2 de octubre en la Casa de Detenção si el departamento de balística del Instituto Criminalístico hubiera actuado adecuadamente.

Aunque algunos de los informes técnicos podrían haber sido más completos, en los informes de las autopsias, los informes criminalísticos y las declaraciones de los testigos sigue habiendo abundancia de indicios que hacen posible deducir, en algunos de los casos, la posición en la que se disparó al preso. Esto permitiría a los expertos determinar si el preso estaba en posición de rendirse, ya incapacitado cuando se produjo el disparo. Esto permitiría a un tribunal decidir si un homicidio fue legítimo o no. Por ejemplo, es difícil imaginar una explicación inocente para una muerte de un tiro por la espalda en una celda.


Amnistía Internacional cree que, si se analizan e interpretan cuidadosamente las pruebas disponibles y se lleva a cabo el cotejo balístico pertinente, aún no es demasiado tarde para atribuir responsabilidades individuales en algunas de las muertes.

Las investigaciones oficiales


El 21 de octubre, las organizaciones de derechos humanos Americas Watch, el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional y la Comisión Teotonio Vilela presentaron una queja contra Brasil ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Organización de Estados Americanos) por la violación de los artículos 4, 5, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (ratificada por Brasil en septiembre de 1992) en relación con la matanza de la Casa de Detenção. En respuesta, el secretario de Justicia y Ciudadanía del estado de São Paulo dio a conocer el 11 de noviembre un informe preliminar afirmando que aún no se habían agotado las vías de solución en el ámbito nacional. El informe señalaba que el Ministerio Público del estado había creado una comisión para proporcionar asistencia legal a los familiares de las víctimas que habían presentado demandas de indemnización. También indicaba que "están en marcha por lo menos siete procesos de investigación".


A continuación se indican los resultados de estas investigaciones hasta la fecha, y se resumen los informes publicados:


1. La Investigación de la policía civil, dirigida por el jefe de la policía Claudio Gobetti, concluyó en febrero de 1993 con la afirmación de que se había producido un "exceso y abuso de autoridad". Esta investigación proporcionó una lista de agentes de policía que dijeron haber disparado sus armas para proteger sus vidas, y no recomendó que se presentara ningún cargo.


2. La Investigación de la policía militar, dirigida por el coronel Luiz Gonzaga de Oliveira, pretendía determinar responsabilidades por los delitos militares que hubiera podido cometer la policía militar en servicio activo. Como la policía militar sólo responde ante los tribunales militares, esta investigación sería fundamental para cualquier intento de llevar ante los tribunales a los responsables de violaciones de derechos humanos. El coronel Luiz Gonzaga de Oliveira llegó a la conclusión de que la policía había cometido "excesos", pero que "era imposible determinar responsabilidades individuales, ya que no existían pruebas sobre quién disparó a quién".


El comandante en jefe de la policía militar de São Paulo, al enviar los resultados de la investigación al fiscal militar, concluyó: "El plan táctico establecido por el coronel Ubiratan Guimarães era, desde nuestro punto de vista, perfecto. No se cometieron excesos en la operación policial en lo que se refiere a la entrada al pabellón. No obstante, pueden haberse cometido durante la operación, probablemente por la cantidad de obstáculos y resistencia desplegados por los presos, que se valieron de una serie de actos delictivos."


"En conclusión, aunque la entrada de las tropas fue totalmente necesaria, el informe técnico indica que se cometieron excesos; los indicios de disparos efectuados en las celdas sugieren que durante loa operación se cometieron delitos militares."


Tras esta conclusión, cinco de los mandos de la policía militar responsables de la operación del 2 de octubre, que habían sido relevados de sus puestos en espera de los resultados de la investigación, volvieron al servicio activo, aunque no a las mismas unidades. El coronel Ubiratan Guimarães ya estaba retirado.


3. El servicio penitenciario (COESPE) también abrió una investigación sobre los acontecimientos, la Investigación Interna del servicio penitenciario.


Estas tres investigaciones de ámbito estatal fueron supervisadas por miembros del Ministerio Público de São Paulo, que asignó a cada una de ellas un fiscal y un juez del Tribunal de Justicia con el fin de que estuvieran presentes en el momento de recabar pruebas, según los informes, para garantizar la independencia de las investigaciones. También se invitó a observadores de organizaciones de derechos humanos. Los resultados de las investigaciones de la policía civil y militar se comunicaron a los tribunales civiles y militares respectivamente.


Los informes de los fiscales que acompañaban las investigaciones de la policía civil y la militar, publicados en febrero y marzo de 1993, absolvían al ex secretario de Seguridad Pública y a los civiles de toda responsabilidad penal en la matanza.


4. El propio Ministerio Público del estado de São Paulo llevó a cabo una Investigación Civil Pública,* por medio de la cual pueden examinarse graves infracciones cometidas por el poder ejecutivo y violaciones de los derechos de los ciudadanos, y hacer recomendaciones al respecto. Sin embargo, como los delitos cometidos por agentes de la policía militar siguen bajo la jurisdicción de los tribunales militares, lo único que se puede hacer con los resultados de la investigación a este respecto es comunicarlos a la justicia militar para que los añada a la investigación de la policía militar.


5. La judicatura de São Paulo abrió una Investigación Judicial que no halló responsables de incumplimiento de sus obligaciones legales a los jueces que se encontraban presentes en la cárcel el 2 de octubre.


6. La Asamblea Legislativa del Estado de São Paulo abrió una Comisión Especial de Investigación con vistas públicas. El 1 de diciembre, la mayoría de los diputados de esta comisión, pertenecientes al partido del gobernador del estado, dieron a conocer su informe, en el cual concluían que se había cometido "Un exceso que merece nuestra crítica y el deseo de que no se repita". El informe fue ampliamente criticado por no afirmar que se había cometido "una matanza" y no atribuir responsabilidades.


Dos diputados estatales del Partido de los Trabajadores, en desacuerdo con el informe de la mayoría, publicaron un "voto particular" que daba a conocer al público varios de los documentos examinados por la comisión especial y resumía y citaba las declaraciones de varios testigos. En sus conclusiones, este informe no encontraba circunstancias atenuantes que justificaran la acción de la policía ante la ley, y recomendaba que se procesara a los agentes y soldados de la policía militar por el incumplimiento de determinados artículos del código penal militar. También recomendaba que se acusara al secretario de Seguridad Pública, a su asesor y a los jueces presentes de prevaricación, delito tipificado en el código penal como inacción por razones de promoción personal. Este voto particular también fue firmado por un diputado del PSDB. Un diputado del PDS, ex secretario de Seguridad Pública, emitió otro voto particular en el que afirmaba que la policía había matado a los 111 presos "en legítima defensa en cumplimiento de su obligación legítima".


7. El Consejo Nacional de Derechos Humanos, órgano asesor del Ministerio de Justicia, creó una Subcomisión para investigar la matanza. Esta comisión la componían el procurador general de la República, el jefe del Colegio Federal de Abogados y un representante de la Asociación de Prensa de Brasil. Tras estudiar el historial de disparos con consecuencias mortales que presenta la policía militar en São Paulo, el informe indicaba que "el episodio de la Casa de Detenção fue en cierto modo el resultado lógico de esta política de violencia implantada en el estado de São Paulo", en el que "la tortura" y "las ejecuciones sumarias" eran los "métodos de trabajo" de la policía.


El informe, aprobado por unanimidad por el Consejo de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia el 14 de diciembre, describía la operación de la policía militar como "una acción sin la planificación adecuada, sin coordinación, una acción criminal, violenta por excelencia e irresponsable", para después concluir: "La policía militar de São Paulo, a través de los miembros de sus fuerzas de choque, mató sin justificación alguna a 111 presos que estaban bajo la custodia y la responsabilidad del estado. La responsabilidad penal de este acto es de sus autores, y la civil, del estado." El informe recomendaba: "La matanza no debe quedar impune, y sus responsables directos e indirectos deben recibir un castigo ejemplar"


Sin embargo, el Consejo de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia es sólo un órgano asesor y no tiene facultades para garantizar que sus recomendaciones se ponen en práctica. En una reunión con Amnistía Internacional, celebrada en enero de 1993, el ministro brasileño de Asuntos Exteriores, Fernando Henrique Cardoso, mencionó el caso de la Casa de Detenção como ejemplo típico de la inexistencia de mecanismos mediante los cuales el gobierno federal pueda garantizar en cada estado que los responsables de delitos de derechos humanos comparecen ante los tribunales o que se cumplen las obligaciones de derechos humanos internacionales contraidas por Brasil.

8. El Consejo Nacional de Política Criminal y Penal publicó un informe el 20 de octubre. El relator, un ex secretario de Justicia del estado de São Paulo, contaba que durante sus investigaciones "había encontrado en los círculos judiciales personas de extraordinaria reputación y excelente formación que deseaban olvidar el debido proceso legal y aprobaban la ejecución sumaria de 111 presos que se hallaban bajo la custodia del estado". El relator recomendó mejorar el control de las condiciones de las cárceles, con acuerdos de cooperación entre los consejos médicos regionales y el servicio penitenciario, y mejorar también los procedimientos de libertad condicional.


Aunque los distintos informes de investigación varían en la interpretación de los hechos y en el tono de las conclusiones, ninguno niega que se hayan cometido excesos o delitos militares ni que la muerte de la mayoría de los presos se haya producido cuando se encontraban indefensos en sus celdas. Estos resultados coinciden con los de la investigación de Amnistía Internacional. No obstante, a pesar de la existencia de ocho investigaciones distintas, ninguna de ellas ha atribuido responsabilidades individuales con relación a los delitos enumerados, a pesar de que, en opinión de Amnistía Internacional, había suficientes indicios para hacerlo. Esto indica que las autoridades brasileñas deben reconsiderar los procedimientos de investigación seguidos en estos casos con el fin de que sus resultados sean más efectivos.


Procedimientos judiciales


El 2 de marzo de 1993, un fiscal civil de lo penal presentó cargos contra el teniente coronel Edson Faroro por el delito común de "coacción ilegal" por haber ordenado a los presos que retiraran los cuerpos de los muertos de celdas y pasillos. El doctor Ismael Pedrosa, ex director de la Casa de Detenção, también fue acusado de "coacción ilegal" por ordenar a los presos del segundo piso que cargaran esos cadáveres en camiones para llevarlos a los depósitos.


Se abrió otra investigación de la policía civil para determinar si tres guardias de la cárcel acusados de haber golpeado a un preso al comienzo de los disturbios eran responsables del delito de "abuso de autoridad".


El 2 de marzo, el fiscal militar Luiz Roque Lombardo Barbosa presentó cargos contra 120 agentes y soldados de la policía militar acusándolos de los 'delitos militares' de homicidio, intento de homicidio y daños físicos graves en acto de servicio. El fiscal afirmó que la matanza era "la mayor carnicería registrada hasta la fecha en una cárcel del mundo, [en la que] las condenas de prisión de los detenidos se convirtieron de una forma arbitraria e ilícita en sentencias de muerte ─111 muertes".


El fiscal describió de esta forma la primera etapa de la operación: "la policía militar enloqueció, e impelida por la intención de matar (animus necandi), procedió a ocupar todos los pisos del pabellón disparando innumerables veces sus armas contra los presos que estaban en el interior de sus celdas o corrían desesperados por los pasillos". "No hubo enfrentamiento". El fiscal también hizo referencia al hecho de que los presos "colgaron por las ventanas sábanas y papeles con frases que indicaban su deseo de paz, y arrojaron al patio sus cuchillos y estiletes, tratando de mostrar que no se resistían a la policía".


Al examinar la cuestión de la premeditación y la intencionalidad, el fiscal afirmó: "Se descubrió que varios policías habían eliminado los galones, insignias y nombres de sus uniformes antes de entrar al Pabellón 9, lo que no hace sino confirmar una intención criminal previa".


El fiscal acusó al coronel Ubiratan Guimarães de todos los homicidios e intentos de homicidio del pabellón, argumentando que bajo su mando "se procedió a la desastrosa operación sin estrategia ni planificación ninguna". "Debe observarse que el coronel Ubiratan conocía perfectamente el tipo de violencia que utilizaban habitualmente algunos de los hombres bajo su mando, y aun así permitió que entraran en el pabellón". Según la doctrina de "consecuencias dañinas previstas", el coronel Guimarães era "responsable de asumir el riesgo del resultado" (Artículo 33, I, 2 del Código Penal Militar). Así, según el fiscal, en lugar de detener la operación, incluso una vez iniciada, cuando podían preverse sus trágicas consecuencias, prefirió permitir que siguiera adelante.


El fiscal detalló los delitos cometidos en cada piso y acusó a los mandos, agentes y soldados de la policía militar que actuaban en esos pisos de los homicidios e intentos de homicidio que se produjeron en ellos. A continuación, pasó a detallar una segunda fase de la operación, cuando los presos tuvieron que pasar por entre los policías militares, que los golpearon, los apuñalaron y azuzaron los perros contra ellos. El fiscal acusó a los policías responsables de los perros y a los agentes que participaron en este hecho, así como a los mandos de la policía militar presentes en esta fase, por no evitar los abusos y, por consiguiente, contribuir directamente a ellos.

El fiscal solicitó que se tomaran una serie de medidas adicionales para sostener las acusaciones; entre estas medidas figuraba que se entregaran las cintas de vídeo en las que se grabó la operación y que las armas confiscadas permanecieran en el tribunal todo el tiempo que durase el proceso. Dado el gran número de acusados, también solicitó que se aceleraran los procedimientos legales.


El 8 de marzo de 1993, el juez del Primer Tribunal Militar de São Paulo, Paulo Antonio Prazak, aceptó los cargos presentados por el fiscal y acusó a dos coroneles, tres tenientes coroneles, cuatro comandantes, nueve capitanes, 25 tenientes, 17 sargentos, 20 cabos y 40 soldados de la policía militar.

CONCLUSIONES


Hay indicios abrumadores de que la policía militar, en la operación llevada a cabo en la Casa de Detenção el 2 de octubre de 1992, mató a sangre fría a los presos, en la gran mayoría de los casos cuando ya se habían rendido. Estos homicidios no fueron excesos accidentales o lamentables, sino parte de una acción deliberada y concertada.


La matanza de la Casa de Detenção es el colofón de un historial de impunidad de los responsables de ejecuciones extrajudiciales de presos en anteriores motines penitenciarios y de civiles en las calles de São Paulo. Amnistía Internacional cree que esta pauta de impunidad contribuyó directamente a las actitudes que prevalecieron durante el asalto a la Casa de Detenção, el 2 de octubre de 1992. En los días posteriores al hecho y durante las investigaciones oficiales, se pusieron en marcha técnicas y prácticas consolidadas para asegurar la impunidad de los agentes de la policía militar que cometen violaciones de derechos humanos y sabotear futuros procedimientos penales.


La operación llevada a cabo parece haber pasado por alto los códigos internacionales en vigor sobre el uso de la fuerza y de las armas de fuego, ya que en la revuelta del 2 de octubre en el Pabellón 9 de la Casa de Detenção no se había producido toma de rehenes ni intento de fuga alguno y no suponía una amenaza inmediata para las vidas de los que estaban fuera del pabellón. Las negociaciones propuestas fueron saboteadas por la precipitada e injustificada entrada de la policía militar al pabellón antes de que se hubiera hecho ningún intento serio por establecer el diálogo.


Hay abrumadores indicios de que la mayoría de los presos, incluidos los heridos, fueron ejecutados extrajudicialmente por la policía militar cuando ya se habían rendido y estaban indefensos en sus celdas. Las pruebas periciales indican que los disparos se hicieron desde la puerta hacia el fondo y los lados de las celdas, y que no hubo cruce de disparos. La elevada proporción de proyectiles (60,4 por ciento) disparados en la cabeza y el tórax de los presos indica que no se intentó hacer el mínimo uso posible de la fuerza o las medidas represivas, sino que hubo una clara intención de causar víctimas.


También hay claras muestras de que se ejecutó a varios de los presos heridos en diversos lugares, como el primer piso o un vehículo policial que los trasladaba al hospital. Los presos, incluidos los heridos, también fueron golpeados, mordidos por perros de la policía y apuñalados. Hay testimonios que coinciden en que varios presos de los que fueron utilizados para trasladar los cuerpos de los muertos fueron ejecutados posteriormente. Los supervivientes fueron tratados con extrema crueldad y torturados psicológicamente (entre otras cosas, les obligaron a presenciar las ejecuciones).


El gobernador y el secretario de Seguridad Pública de São Paulo abdicaron de su responsabilidad para con la vida y el bienestar de los presos bajo custodia estatal al decidir el 2 de octubre dar el mando de la Casa de Detenção directamente a la policía militar antes de la llegada del juez de vigilancia penitenciaria. Podría haberse previsto que la decisión de enviar para sofocar los disturbios de la Casa de Detenção a unidades como la ROTA y a agentes con un historial de disparos mortales desembocaría en un baño de sangre. Además, el que no se diera directriz alguna sobre el uso mínimo de la fuerza por parte de la policía militar durante su acción dentro de las instalaciones penitenciarias fue tanto como dar a estas unidades licencia para matar.


Haciendo caso omiso de su responsabilidad para con la vida y el bienestar de los presos bajo custodia estatal y de su obligación de hacer respetar las leyes, los jueces presentes en el lugar de los acontecimientos no hicieron valer su autoridad independiente para evaluar la situación, para ordenar a la policía militar que hiciera el mínimo uso de la fuerza ni para conservar pruebas fundamentales después de la matanza.


Los mandos responsables de la operación no impusieron limitación alguna a sus subordinados. En sus declaraciones en las investigaciones públicas, los oficiales de alta graduación no declararon haber supervisado la operación durante su transcurso. Al permitir a los agentes de la policía militar entrar en el pabellón sin sus insignias y etiquetas de identificación, los mandos parecen haber indicado que podían cometerse delitos con impunidad, y que se comprendía la intención de cometerlos.


Esta última conclusión se ve reforzada por el hecho de que inmediatamente después de la matanza la policía militar alteró o destruyó las pruebas existentes en el lugar. Por ejemplo, se retiraron los cadáveres del lugar donde habían caído y se eliminaron otros indicios. Los oficiales al mando dieron las órdenes para esta operación.


Ni el servicio penitenciario ni la comunidad médica civil (hospitales y médicos civiles) proporcionaron una atención médica adecuada a los heridos. No se cumplieron las normas internacionales, como los Principios de Ética Médica de las Naciones Unidas, que recomiendan igual atención médica para los presos que para los no detenidos. Por ejemplo, un preso con cinco heridas de bala permaneció sin atención durante 24 horas en un hospital civil y luego fue devuelto a la cárcel sin habérsele extraído los proyectiles, cosa que sólo se hizo después de 10 días.


Se produjeron retrasos en la reunión de pruebas periciales en el lugar del crimen y en el examen de las heridas de los presos supervivientes, retrasos que resultaron muy perjudiciales. Las celdas donde se habían cometido homicidios no fueron inspeccionadas hasta una semana más tarde, y los médicos forenses no examinaron a los presos heridos hasta después de 10 días. En este lapso de tiempo se perdió mucha información importante.


Sin embargo, quedaron suficientes indicios, sobre todo balísticos, para poder atribuir la responsabilidad individual de algunas de las muertes. Al no haber ni siquiera intentado comparar los proyectiles extraídos de los cadáveres de los presos con las armas usadas por la policía militar, y al haberse deshecho de los proyectiles obtenidos en las pruebas realizadas con dichas armas, que podrían haber sido de gran valor para un futuro cotejo, pueden haberse puesto en peligro todas las futuras acciones penales. El trato así dado a unas pruebas cruciales por parte del departamento de balística del Instituto Criminalístico puede calificarse, como mínimo, de completamente negligente e incompetente, y podría considerarse un intento deliberado de ocultar responsabilidades individuales.


Las familias de las víctimas fueron tratadas con una total falta de respeto, y no se les informó individualmente del destino de los presos muertos bajo custodia del estado.


La investigación de la policía militar, que no intenta atribuir responsabilidades individuales ni siquiera sobre algunas de las muertes de la Casa de Detenção, sigue la misma pauta insatisfactoria de anteriores investigaciones llevadas a cabo por este cuerpo y es buena muestra de lo inadecuado que resulta asignar estas investigaciones a la misma fuerza acusada. La conclusión del comandante en jefe de la policía militar sobre la investigación, calificando de "perfecto" el plan de la operación para asaltar el pabellón, y su negativa a atribuir culpa alguna a los oficiales al mando por no ejercer limitaciones sobre sus subordinados, resulta sumamente preocupante.


De hecho, el que ninguna de las ocho investigaciones sobre la matanza haya atribuido responsabilidades individuales pone en tela de juicio la eficacia de estos procedimientos de investigación.


Sin embargo, el fiscal militar fue capaz de aprovechar la abundancia de indicios disponibles en las investigaciones de la policía civil y militar para presentar cargos contra 120 jefes, agentes y soldados de la policía militar por los delitos contra los derechos humanos cometidos en la Casa de Detenção el 2 de octubre. Amnistía Internacional cree que, sólo con que existiera la voluntad política de hacer comparecer a los responsables ante los tribunales y se proporcionaran los recursos y la experiencia profesional adecuados para sostener las acusaciones, a las autoridades brasileñas no les sería imposible garantizar que la matanza de la Casa de Detenção no queda impune.


RECOMENDACIONES


Amnistía Internacional llama la atención de las autoridades brasileñas sobre el apéndice adjunto, una recopilación de algunas de las normas internacionales aplicables a este caso. Además de estas normas internacionales, deben tenerse en cuenta las siguientes recomendaciones.


1. Debe establecerse una responsabilidad clara, tanto individual como de cadena de mando, en las ejecuciones extrajudiciales y otros delitos contra los derechos humanos cometidos en la Casa de Detenção el 2 de octubre; los responsables deben ser llevados ante los tribunales.


Deben continuar efectuándose investigaciones detalladas para facilitar a los fiscales todas las pruebas necesarias para mantener cada acusación. En concreto, deben explorarse todas las vías, incluida la solicitud de ayuda internacional, para garantizar que se llevan a cabo las comparaciones balísticas pertinentes. Es preciso volver a efectuar las pruebas con las armas de la policía militar que se encuentran en los tribunales militares, y comparar los resultados con los proyectiles extraídos de los cadáveres de los presos.


Además, dada la gravedad del caso que se estudia y la acumulación de casos en los tribunales militares, es preciso tratar de agilizar los procedimientos. Para conseguirlo, el caso podría asignarse en exclusiva a uno de los nuevos tribunales militares creados recientemente en São Paulo.


Debe hacerse todo lo posible para proteger a los testigos y a sus familias de amenazas, intimidaciones y violencia.


2. Las familias y las personas a cargo de las víctimas muertas bajo custodia estatal deben recibir del estado una compensación justa, incluidas indemnizaciones económicas, sin que se produzcan retrasos indebidos.

3. Debe efectuarse una minuciosa revisión de todos los planes operativos para sofocar los disturbios penitenciarios, con el fin de establecer directrices para estas operaciones que garanticen que se agotan todas las posibilidades de negociación antes de emplear la fuerza, y que se cumplen las normas internacionales sobre el mínimo uso de la fuerza y de armas de fuego. Debe considerarse la posibilidad de formar un grupo de negociadores expertos.


Las autoridades deben considerar la creación de un cuerpo independiente de encargados de seguridad en las cárceles, compuesto por individuos formados y preparados para actuar en disturbios carcelarios y para desarrollar operaciones relacionadas con la seguridad, como los registros y el traslado de presos desde las cárceles a tribunales y hospitales civiles.


4. En vista del número de casos en que los tribunales militares no han condenado a agentes de la policía militar acusados de violaciones de los derechos humanos tales como torturas y ejecuciones extrajudiciales, el legislativo debe estudiar la posibilidad de transferir la jurisdicción de los delitos comunes cometidos por agentes de la policía militar en servicio activo a tribunales comunes.


Sin perjuicio de su derecho a la defensa, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que sean sospechosos o estén acusados de cometer ejecuciones extrajudiciales o de cualquier otro abuso grave contra los derechos humanos deben ser suspendidos del servicio activo, y en patricular de tareas de vigilancia en la calle, en espera del resultado de las investigaciones.


5. Debe considerarse la posibilidad de establecer un servicio pericial profesional e independiente vinculado a la judicatura y no a la policía.


6. Amnistía Internacional celebra que el Ministerio de Justicia brasileño haya anunciado que establecerá una revisión del sistema de prisiones de la República. Estaba previsto que en 1990 hubiera concluido una revisión similar. La organización recomienda que la nueva revisión fije claramente los objetivos que los servicios penitenciarios deberán conseguir para cumplir con el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, de las Naciones Unidas, con las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, también de las Naciones Unidas, y con el Artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, según el cual "toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano".


Entre los objetivos de reforma deben figurar la mejora de los procedimientos administrativos y unos procedimientos de revisión de condena y concesión de libertad condicional más eficaces.


Debe respetarse el principio de que las autoridades penitenciarias y las policiales sean independientes.


7. Deben establecerse directrices a través de los canales adecuados para recordar a cada juez su obligación de supervisar los lugares y las condiciones de detención.


8. Deben tomarse medidas para mejorar la atención médica en el servicio penitenciario brasileño y para garantizar que dicha atención se ajusta a los criterios médicos profesionales. Deben considerarse las propuestas para que la infraestructura y el personal médico de las cárceles dependa de una autoridad médica, no penitenciaria. Amnistía Internacional ve con buenos ojos la propuesta de que los Consejos Médicos Regionales desempeñen una función más directa y de supervisión respecto a la atención médica en el servicio penitenciario. Estos Consejos Médicos Regionales deben estudiar la forma de lograr un mayor intercambio entre los hospitales civiles y el servicio penitenciario.


9. Amnistía Internacional comprende que Brasil es una república federal en la que cada estado tiene jurisdicción sobre los delitos cometidos en su territorio. No obstante, nunca debe permitirse que el "principio federativo" justifique una impunidad persistente y notoria de los delitos contra los derechos humanos cometidos en suelo brasileño. El gobierno brasileño es responsable del cumplimiento de los tratados y convenios internacionales ratificados por su país. Por consiguiente, Amnistía Internacional recomienda que el gobierno federal estudie los mecanismos que funcionan en otros estados federales y que permiten a las autoridades y los tribunales federales hacerse cargo (investigar y procesar) de casos de violaciones de derechos humanos que no han sido investigados de una forma rápida, exhaustiva e imparcial por las autoridades estatales y llevar ante los tribunales a los acusados.


10. Debe hacerse comprender claramente a todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que bajo ninguna circunstancia se tolerarán violaciones de los derechos humanos tales como la tortura y las ejecuciones extrajudiciales, y que quienes las cometan serán castigados de acuerdo a la ley.


Apéndice: Selección de normas internacionales aplicables


Las siguientes normas internacionales son particularmente aplicables en el caso estudiado.


El Artículo 3 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, de las Naciones Unidas, hace referencia al uso de la fuerza por parte del personal encargado de hacer cumplir la ley:


"Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas". [...]


Los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de hacer cumplir la Ley, de las Naciones Unidas, aprobados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado el 7 de 1990, contienen directrices más detalladas.


Los Principios sobre la Eficaz Prevención e Investigación de Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias y Sumarias, de las Naciones Unidas, aprobados por la Asamblea General de la ONU en diciembre de 1989, están directamente relacionados.


Principio 2


"Con el fin de evitar las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, los gobiernos garantizarán un control estricto, con una jerarquía de mando claramente determinada, de todos los funcionarios responsables de la captura, detención, arresto, custodia y encarcelamiento, así como de todos los funcionarios autorizados por la ley para usar la fuerza y las armas de fuego".


Principio 3


"Los gobiernos prohibirán a los funcionarios superiores o autoridades públicas que den órdenes en las que autoricen o inciten a otras personas a llevar a cabo cualquier ejecución extralegal, arbitraria o sumaria. Toda persona tendrá el derecho y el deber de negarse a cumplir esas órdenes. En la formación de esos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deberá hacerse hincapié en las disposiciones expuestas."


Principio 9


"Se procederá a una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial de todos los casos en que haya sospecha de ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, incluidos aquéllos en los que las quejas de parientes u otros informes fiables hagan pensar que se produjo una muerte no debida a causas naturales en las circunstancias referidas. Los gobiernos mantendrán órganos y procedimientos de investigación para realizar esas indagaciones. La investigación tendrá como objetivo determinar la causa, la forma y el momento de la muerte, la persona responsable y el procedimiento o práctica que pudiera haberla provocado. Durante la investigación se realizará una autopsia adecuada, se recopilarán y analizarán todas las pruebas materiales y documentales y se recogerán las declaraciones de los testigos. La investigación distinguirá entre la muerte por causas naturales, la muerte por accidente, el suicidio y el homicidio".


Principio 11


"En los casos en los que los procedimientos de investigación establecidos resulten insuficientes debido a la falta de competencia o de imparcialidad, a la importancia del asunto o a los indicios de existencia de una conducta habitual abusiva, así como en aquellos en los que se produzcan quejas de la familia por esas insuficiencias o haya otros motivos sustanciales para ello, los gobiernos llevarán a cabo investigaciones por conducto de una comisión de encuesta independiente o por otro procedimiento análogo. Los miembros de esa comisión serán elegidos en función de su acreditada imparcialidad, competencia e independencia personal. En particular, deberán ser independientes de cualquier institución, dependencia o persona que pueda ser objeto de la investigación. La comisión estará facultada para obtener toda la información necesaria para la investigación y la llevará a cabo conforme a lo establedido en estos Principios."


Los Principios del 12 al 14 ofrecen recomendaciones detalladas sobre las normas de los exámenes forenses:


"No podrá procederse a la inhumación, incineración, etc., del cuerpo de la persona fallecida hasta que un médico, a ser posible experto en medicina forense, haya realizado una autopsia adecuada. Quienes realicen la autopsia tendrán acceso a todos los datos de la investigación, al lugar donde fue descubierto el cuerpo, y a aquél en el que se suponga que se produjo la muerte".


"El cuerpo de la persona fallecida deberá estar a disposición de quienes realicen la autopsia durante un período suficiente con objeto de que se pueda llevar a cabo una investigación minuciosa. En la autopsia se deberá intentar determinar, al menos, la identidad de la persona fallecida y la causa y forma de la muerte. En la medida de lo posible, deberán precisarse también el momento y el lugar en que ésta se produjo. Deberán incluirse en el informe de la autopsia fotografías detalladas en color de la persona fallecida, con el fin de documentar y corroborar las conclusiones de la investigación. El informe de la autopsia deberá describir todas y cada una de las lesiones que presente la persona fallecida e incluir cualquier indicio de tortura".



"Con el fin de garantizar la objetividad de los resultdos, es necesario que quienes realicen la autopsia puedan actuar imparcialmente y con independencia de cualesquiera personas, organizaciones o entidades potencialmente implicadas".


El Principio 15 ofrece protección a los testigos:


"Los querellantes, los testigos, quienes realicen la investigación y sus familias serán protegidos de actos o amenazas de violencia o de cualquier otra forma de intimidación. Quienes estén supuestamente implicados en ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias serán apartados de todos los puestos que entrañen un control o poder directo o indirecto sobre los querellantes, los testigos y sus familias, así como sobre quienes practiquen las investigaciones."


El Principio 18 obliga al gobierno federal brasileño a tomar ciertas medidas para asegurar que todos los acusados de perpetrar tales ejecuciones comparecen ante los tribunales:


"Los gobiernos velarán por que sean juzgadas las personas que la investigación haya identificado como participantes en ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, en cualquier territorio bajo su jurisdicción. Los gobiernos harán comparecer a esas personas ante la justicia o colaborarán para extraditarlas a otros países que se propongan someterlas a juicio. Este principio se aplicará con independencia de quienes sean los perpetradores o las víctimas, del lugar en que se encuentren, de su nacionalidad, y del lugar en el que se cometió el delito."


El Principio 20 ofrece compensaciones a las familias de las víctimas:


"Las familias y las personas que estén a cargo de las víctimas de ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias tendrán derecho a recibir, dentro de un plazo razonable, una compensación justa y suficiente."


El principio de que los detenidos y presos deben tener acceso a la atención médica se establece en el Artículo 22 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, de las Naciones Unidas:


"Se dispondrá el traslado de los enfermos cuyo estado requiera cuidados especiales, a establecimientos penitenciarios especializados o a hospitales civiles. Cuando el establecimiento disponga de servicios internos de hospital, éstos estarán provistos del material, del instrumental y de los productos farmacéuticos necesario para proporcionar a los reclusos enfermos los cuidados y el tratamiento adecuados. Además, el personal deberá poseer sufiente preparación profesional".


También se establece en el Principio 1 de los Principios de ética médica aplicables a la función del personal de la salud, especialmente los médicos, en la protección de personas presas y detenidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de las Naciones Unidas:


"El personal de salud, especialmente los médicos, encargado de la atención médica de personas presas o detenidas tiene el deber de brindar protección a la salud física y mental de dichas personas y de tratar sus enfermedades al mismo nivel de calidad que brindan a las personas que no están presas o detenidas."


1"Chegou a Morte" fue el grito que oyeron los presos cuando la policía militar entró en el Pabellón 9.

2"Chegou a Morte" fue el grito que oyeron los presos cuando la policía militar entró en el Pabellón 9.

3Los médicos de la cárcel dijeron a los delegados de Amnistía Internacional que era habitual no extraer las balas de heridas 'que no eran graves'. Después de visitar la Casa de Detenção el 25 de octubre de 1989, el Colegio de Abogados de São Paulo y el Consejo Médico Regional informaron sobre un preso, Claudemir de Oliveira, que llevaba más de un año esperando a que le operaran para extraerle una bala de la columna. No podía ponerse de pie ni andar. Amnistía Internacional supo que este preso había muerto de SIDA en diciembre de 1989, sin que le hubieran extraído la bala.

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