Documento - BOLIVIA. Comunicación de Amnistía Internacional a las Autoridades bolivianas sobre las muertes en la población de Warisata.Bolivia

Indice AI: AMR 18/011/2003


Sr. Ministro de Gobierno

Sr. Yerko Kukoc

Ministerio de Gobierno

Av. Arce esq. Belisario Salinas

La Paz, Bolivia Londres, 23 de septiembre de 2003



Sr. Ministro:


La información recibida por Amnistía Internacional sobre los incidentes del 20 de septiembre pasado en la población de Warisata, Departamento de La Paz, con el saldo luctuoso de seis muertos incluyendo una menor y varios heridos es motivo de gran preocupación para la organización. Una vez más nos dirigimos al Sr. Ministro, y en su nombre a las autoridades bolivianas, con el interés de obtener información y conocer las medidas que se están tomando para evitar que hechos de esta naturaleza se repitan.


Según la información recibida por Amnistía Internacional , el día 20 de septiembre, fuerzas conjuntas del ejercito y la policía se hicieron presentes en el área para levantar el bloqueo de caminos en la vía La Paz-Sorata abriendo el transito a viajeros, incluyendo turistas, aislados por los bloqueos. En circunstancias que deben ser completamente esclarecidas, se registraron incidentes violentos entre los campesinos que mantenían el bloqueo del camino y los miembros de las fuerzas conjuntas en los que murieron cinco civiles y un miembro del ejercito, según se ha informado, por disparos de arma de fuego.


La información difundida indica que las victimas civiles son Ismael Marcos Quispe, Juan Cosme Apaza, Eugenia Condori, Primitivo Curaca y una menor de ocho años, Marilyn Rojas y el soldado Sergio Vargas. Más de 20 personas, incluyendo miembros de las fuerzas conjuntas, resultaron heridas durante el incidente. Es con enorme preocupación que Amnistía Internacional ha registrado información que indica que las fuerzas conjuntas de seguridad habrían allanado violentamente la Escuela Normal de Warisata "Elizardo Pérez", disparando dentro de la escuela y que algunos domicilios particulares habrían sido baleados por las fuerzas de seguridad.


Amnistía Internacional tiene entendido que a raíz del incidente se llevo a cabo un número no confirmado de arrestos. Amnistía Internacional agradecería recibir información sobre los nombres de las personas detenidas al igual que los cargos que se le formulan. La organización solicita de las autoridades bolivianas a todo nivel que la integridad física de los detenidos sea respetada y se les permita acceso a sus abogados y familiares.


Información recibida por Amnistía Internacional indica que una delegación conformada por la Defensora del Pueblo en Funciones, Sra. Carmen Beatriz Ruiz, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Sr. Paulo Bravo y representantes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos se hicieron presentes en Warisata el 21 de septiembre. Información publicada en los medios de comunicación bolivianos registra la preocupación de esta delegación sobre el accionar de las fuerzas conjuntas, la utilización de armamento letal y tácticas de guerra.



Amnistía Internacional se ha dirigido repetidamente a las autoridades bolivianas presentando su preocupación sobre incidentes de esta naturaleza que por sus características parecerían indicar un uso excesivo por parte de las fuerzas de seguridad. La organización ha, en sus comunicaciones, solicitado investigaciones inmediatas, imparciales y concluyentes haciendo énfasis en la importancia de que dichas investigaciones sean adelantadas por la justicia ordinaria, que sus términos de referencia y sus conclusiones sean dadas a conocer públicamente y que los encontrados responsables sean llevados ante la justicia.


Amnistía Internacional reanuda su llamamiento a las autoridades para que este nuevo luctuoso incidente sea tratado por parte de las autoridades bolivianas con la máxima diligencia y claridad respecto a su investigación por la justicia ordinaria tanto en lo que se relaciona con las muertes como a las circunstancias que rodearon los hechos. Dicha investigación deberá determinar si durante el operativo las fuerzas de seguridad hicieron uso excesivo y desproporcionado de la fuerza y si su accionar se apegó a las disposiciones de los Códigos de Conducta y Principios Básicos de las Naciones Unidas.


Mientras Amnistía Internacional reconoce el deber de las fuerzas de seguridad de mantener el orden, la organización se permite recordar al Sr. Ministro, y a las autoridades bolivianas, que el empleo de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe apegarse a las normas internacionales. Amnistía Internacional considera de vital importancia que el accionar de las fuerzas de seguridad se apegue a las disposiciones del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Estas normas internacionales señalan límites estrictos sobre el empleo de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y establecen que la fuerza solo podrá ser usada cuando sea estrictamente necesario y en proporción al objetivo o amenaza que se presente y que el uso de la fuerza letal solo deberá emplearse cuando sea inevitable para proteger vidas.


Amnistía Internacional ha recibido información que indica que los bloqueos de caminos en el área de La Paz-Sorata han venido teniendo lugar desde hace varias semanas en protesta por la falta de cumplimiento por parte del gobierno de acuerdos relacionados con reivindicaciones de índole social y económica. Amnistía Internacional se permite hacer énfasis en que los derechos humanos son indivisibles y que la Republica de Bolivia es Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.Este Pacto establece en su Artículo 2(1) que cada uno de los Estados partes se comprometen a adoptar medidas tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales especialmente económicas y técnicas para lograr por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos reconocidos por el Pacto. Estos derechos incluyen, entre otros, el derecho al trabajo, a un nivel de vida adecuado, a la salud y a la educación.


Amnistía Internacional hace un llamamiento a las autoridades bolivianas para que en cumplimiento con sus obligaciones internacionales se aseguren que en la elaboración de políticas económicas, se tomen en cuenta estos derechos y se adelanten las medidas necesarias, como lo establece el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, reconociendo en esta forma la indivisibilidad de los derechos humanos.


La organización hace un urgente llamamiento al Sr. Ministro, y en su nombre a las autoridades bolivianas para que se tomen las medidas necesarias que permitan un dialogo efectivo que permita la solución de la critica situación que se presenta en el área del altiplano recordándole respetuosamente que cualquier acción tomada por el estado debe enmarcarse dentro del pleno respecto de los derechos humanos.


Agradeciendo al Sr. Ministro una respuesta a las preocupaciones expresadas arriba nos permitimos informarle que estamos enviando copia de esta comunicación al Sr. Presidente de la República, Sr. Gonzalo Sánchez de Lozada, al Sr. Ministro de la Presidencia, Justicia y Derechos Humanos, Sr. José Guillermo Justiniano, al Sr. Ministro de Relaciones Exteriores, Sr. Carlos Saavedra Bruno, a la Sra. Defensora del Pueblo en Funciones, Sra. Carmen Beatríz Ruíz y al Sr. Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados Sr. Paulo Bravo. Igualmente le informamos que Amnistía Internacional ha decidido hacer pública esta comunicación.



Atentamente,





Susan Lee

Directora Regional para América********



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