Documento - Belice: Alarmante retroceso en la erradicación de la pena de muerte

Índice AI : AMR 16/001/2002/s (Público)

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26 de julio de 2002

Belice: Alarmante retroceso en la erradicación de la pena de muerte

La propuesta del gobierno de limitar las apelaciones al Comité Judicial del Consejo Privado de la Corona en los casos de pena capital constituye un peligroso retroceso en la lucha para erradicar la pena de muerte, ha advertido hoy Amnistía Internacional.

Esta declaración fue la respuesta a un comunicado de prensa emitido por el gobierno de Belice el 24 de julio en el que anunciaba su intención de «redactar una enmienda a la Constitución para limitar las apelaciones al Comité Judicial del Consejo Privado de la Corona en los casos penales, de manera que las condenas por asesinato en casos atroces no puedan acogerse a este recurso».

Esto supondría que en los casos penales las apelaciones terminarían en el tribunal de apelación local. La decisión se produce tras unas recientes declaraciones públicas sobre la cuestión de la pena de muerte hechas por el primer ministro, Said Musa, el ministro del Interior, Maxwell Samuels, y el jefe de la oposición, Dean Barrow, que según los informes, criticaron el largo proceso de apelación del Consejo Privado, al que acusaron de inutilizar deliberadamente la ley que establece la pena capital para casos de asesinato. El primer ministro también expresó su satisfacción por una carta del jefe de la oposición recibida la semana pasada en la que éste sugería que, en un esfuerzo coordinado por aplicar mano dura contra el delito, el Consejo Privado debía ser suprimido como tribunal de apelación definitivo en temas penales.

Este súbito paso atrás, que une al gobierno y a la oposición en el intento de reinstaurar la práctica de la pena de muerte en Belice, se produce sólo cuatro meses después de un celebrado fallo del Consejo Privado que, en marzo de este año afirmó que la pena de muerte obligatoria viola las constituciones de siete islas-Estados del Caribe, entre ellos Belice. En su decisión, en una vista de apelación de tres condenas a muerte, una de ellas la de Patrick Reyes, de Belice, el Consejo Privado sentenció que dar este trato a los delincuentes violaba el derecho consagrado por la Constitución de Belice a no ser sometido a «penas u otros tratos inhumanos y degradantes».

«Al proponer esta enmienda a la Constitución, el gobierno de Belice está intentando aprovechar el descontento popular respecto a la cuestión de los delitos violentos para conseguir apoyo para la pena de muerte, en lugar de buscar métodos eficaces de impedir el delito», ha afirmado Amnistía Internacional.

«Se trata de un intento público y manifiesto de recuperar la horca como castigo para el asesinato, tras 17 años de suspensión de hecho de las ejecuciones. Esto va claramente contra la tendencia mundial hacia la abolición de la pena de muerte», añadió la organización.

Amnistía Internacional ha instado al gobierno de Belice a que reconsidere su apoyo a la pena de muerte y se cuestione si desempeña una función útil en la sociedad.

«Si bien las autoridades tienen la obligación de proteger a los ciudadanos del impresionante índice de crímenes violentos existente en Belice, es un hecho que las ejecuciones no consiguen en absoluto reducir el número de víctimas e incluso pueden aumentar el nivel de violencia en la sociedad», agregó la organización, subrayando que la pena capital es un síntoma de una cultura de violencia, no su solución, y no contribuye en nada a los esfuerzos para resolver el problema de los delitos violentos ni ayudar a sus víctimas.

Información general

El Comité Judicial del Consejo Privado de la Corona, con sede en el Reino Unido, es actualmente la más alta instancia de apelación para Belice y otros países caribeños de habla inglesa. Todo condenado a muerte tiene derecho a apelar y la última apelación se hace ante este órgano. Desde el Día de la Independencia de Belice (1981) ningún preso puede ser ejecutado si ha estado condenado a muerte más de cinco años. Amnistía Internacional entiende que la enmienda constitucional propuesta reduciría a 12 meses el plazo para agotar todas las apelaciones contra una condena por asesinato.

La última ejecución en Belice tuvo lugar en junio de 1985, cuando Kent Bowers murió en la horca a pesar de una petición de indulto que, según los informes, habían firmado 2.500 personas. Desde 1985 se han dictado numerosas condenas a muerte, aunque ninguna se ha llevado a cabo. En 2001 cuatro hombres fueron condenados a muerte.

Documento público

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