Documento - Eritrea: Aumenta la represión de quienes critican al gobierno
Índice AI: AFR 64/001/2001/s Servicio de Noticias 167/01
20 de septiembre de 2001 Documento público
Eritrea: Aumenta la represión de quienes critican al gobierno
Amnistía Internacional cree que la detención reciente de 11 ex funcionarios del Estado eritreo y los informes sobre la clausura total de toda la prensa privada indican que está aumentando la represión de disidentes pacíficos por parte del gobierno del presidente Issayas Afewerki.
Estos 11 individuos —Petros Solomon, Ogbe Abraha, Haile Woldetensae, Mahmud Ahmed Sheriffo, Berhane Ghebre Eghzabiher, Astier Feshatsion, Saleh Kekya, Hamid Himid, Estifanos Seyoum, Germano Nati y Beraki Ghebre Selassie— fueron detenidos en Asmara los días 18 y 19 de septiembre del 2001. Según informes, el gobierno ha declarado que su detención se basa en «los crímenes cometidos contra la seguridad y la soberanía de la nación»; los 11 habían criticado abiertamente la política del gobierno eritreo en fechas recientes.
Todos estos individuos estaban entre los 15 altos cargos del partido en el poder, Frente Popular para la Democracia y la Justicia, que en mayo del 2001 remitieron una carta abierta a los miembros de su partido donde criticaban al gobierno por actuar de manera «ilegal e inconstitucional». Además, en esta carta hacían un llamamiento a «todos los miembros del partido y a la población eritrea en general para que expresen su opinión a través de medios legítimos y democráticos y presten su apoyo a las metas y principios que consideren justos». Algunas de estas 15 personas que en aquel momento ocupaban un cargo ministerial fueron posteriormente destituidas. Un miembro del grupo se retractó más tarde y otros tres, según informes, abandonaron el país. Amnistía Internacional teme que puedan ser detenidos si vuelven a Eritrea.
«Los detenidos podrían ser presos de conciencia, recluidos únicamente por la expresión pacífica de sus preocupaciones políticas» ha afirmado Amnistía Internacional. Actualmente se desconoce el paradero de estos 11 individuos. No les han permitido acceder a familiares ni abogados y aumentan los temores por su seguridad.
También se ha expresado temor por unos 60 de sus seguidores que han sido igualmente detenidos.
«Todos los detenidos deben comparecer sin demora ante un tribunal y, si no se los acusa de algún delito tipificado en el código penal, deben quedar en libertad. Todo juicio que se celebre deberá atenerse a las normas internacionales de derechos humanos y no recurrir a la pena de muerte» ha afirmado Amnistía Internacional. La organización vería con preocupación que los detenidos fueran acusados y juzgados ante el Tribunal Especial, que no reúne las garantías que exigen las normas internacionales. Este tribunal celebra juicios a puerta cerrada y no respeta el derecho a recibir asesoramiento letrado y a recurrir ante un tribunal superior o independiente.
Por último, a Amnistía Internacional le preocupa la prohibición impuesta por el gobierno desde el 19 de septiembre sobre la prensa privada por «infringir la Ley de Prensa». Según la información recibida, el gobierno afirma que todo periódico independiente ha sido clausurado al haber «puesto en peligro la unidad y los intereses del país», y que aquellos periódicos que se demuestre que han respetado la ley de prensa obtendrán permiso para volver a abrir. En los últimos meses, la prensa independiente ha empezado a mostrarse más crítica con la política del gobierno y, en concreto, algunos periódicos informaron sobre la carta abierta de los 15 miembros del Frente Popular para la Democracia y la Justicia.
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