Documento - Democratic Republic of Congo: 115 people face imminent execution

AMNISTÍA INTERNACIONAL

COMUNICADO DE PRENSA


Índice AI: AFR 62/025/2002/s (Público)

Servicio de Noticias 230/02


Embargado hasta las 00:01 horas GMT del 12 de diciembre de 2002

República Democrática del Congo: 115 personas podrían ser ejecutadas de forma inminente

Amnistía Internacional ha expresado gran preocupación porque hasta un total de 115 personas podrían ser ejecutadas de forma inminente en la República Democrática del Congo si son declaradas culpables de participar en el asesinato del presidente Laurent Desiré Kabila en enero del 2001.


«El presidente Joseph Kabila debe demostrar su compromiso personal con los derechos humanos dejando claro que no se dictarán sentencias de muerte como consecuencia del juicio por magnicidio» ha solicitado hoy Amnistía Internacional en un nuevo informe titulado Democratic Republic of Congo: From assassination to murder? (Índice AI: AFR 62/023/2002; sólo disponible en inglés).


El juicio, celebrado ante un tribunal militar denominado Tribunal Militar del Orden (Cour d’ordre militaire, COM), parece estar entrando en su etapa final y está previsto que el tribunal sea abolido el 18 de diciembre. Los acusados no tendrán derecho a interponer recurso de apelación, aunque resulten condenados a muerte. En el pasado se ha ejecutado a personas unas horas (o incluso minutos) después de haber sido condenadas a muerte por este mismo tribunal.


Al menos 200 personas han sido ejecutadas en la República Democrática del Congo desde 1997 tras ser condenadas a muerte por el Tribunal Militar del Orden en juicios sin las debidas garantías. Entre ellas había menores hasta de catorce años, civiles y miembros de los servicios de seguridad. A algunos los ejecutaron a los pocos minutos u horas de haber concluido su juicio, cuando era evidente que no habían tenido tiempo para solicitar el indulto presidencial, único recurso al alcance de los condenados.


El juicio de los presuntos magnicidas comenzó en marzo del 2002. Desde mayo hasta septiembre se impidió la asistencia de observadores independientes. Ninguno de los acusados tuvo tiempo suficiente para preparar su defensa, y no se les permitió reunirse con sus abogados hasta el mismo día de apertura del juicio. Además, los estatutos del Tribunal Militar del Orden no cumplen las garantías procesales que exigen las normas internacionales, y generalmente los jueces y fiscales son miembros de las fuerzas armadas con escasa o ninguna preparación jurídica.


Entre los acusados en el juicio por magnicidio hay miembros de las fuerzas armadas y de los servicios de seguridad, así como numerosos civiles. La mayoría de ellos están detenidos desde principios del 2001. Según informes, muchos han sufrido malos tratos o tortura bajo custodia. Amnistía Internacional no está en condiciones de afirmar la culpabilidad o inocencia de los acusados, pero teme que algunas de las mujeres acusadas sean presas de conciencia, detenidas exclusivamente por estar relacionadas o casadas con presuntos autores del magnicidio que continúan en libertad.


«A todos los acusados debería asistirles el derecho a un juicio con las debidas garantías de conformidad con las normas internacionales, así como el derecho a interponer recurso contra su sentencia» ha afirmado la organización.


El 11 de octubre la acusación solicitó sentencias de muerte para 115 de los 135 acusados. La inquietante petición sucedía al levantamiento de la suspensión sobre las ejecuciones anunciado por el gobierno congolés el 23 de septiembre. Esto va en contra del compromiso personal de mantener la suspensión expresado por el presidente en su intervención ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra en marzo de 2001. No hay constancia de que se hayan llevado a cabo ejecuciones en el territorio controlado por el gobierno de la República Democrática del Congo desde diciembre de 2000.


El 19 de noviembre el gobierno congolés anunció que el Tribunal Militar del Orden sería abolido el 18 de diciembre de 2002. Aunque Amnistía Internacional lo consideraría una medida positiva, la organización teme que cualquier sentencia pronunciada por este tribunal antes de su disolución se considere válida y se ejecute, incluidas las sentencias de muerte que podrían dictarse de forma inminente en el juicio por magnicidio.


«Ejecutar a las personas no servirá sino para embrutecer a una sociedad que ya está profundamente marcada por un conflicto que se calcula que se ha cobrado más de tres millones de vidas» ha señalado la organización.


Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en cualquier circunstancia por considerar que es una violación del derecho a la vida y del derecho a no ser sometido a tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes.




Documento público

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