Documento - CARTA MODELO - A los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad

5 February 2007

AFR 62/015/2012

CARTA MODELO

A los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad

Señor/-a Embajador/-a:

Amnistía Internacional considera motivo de honda preocupación el acusado deterioro que ha experimentado en las últimas semanas y meses la crisis humanitaria y de derechos humanos en las provincias orientales de la República Democrática del Congo. La población civil ha sufrido a manos de grupos armados que han ampliado sus operaciones, primero durante la reestructuración del ejército congoleño (Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo, FARDC), en 2011, y después durante los recientes combates entre el grupo armado Movimiento 23 de Marzo (M23) y las FARDC.

La reciente caída de Goma en manos del M23 y el creciente control que ejerce este grupo armado en otras zonas pone en peligro a muchos más civiles, debido a los numerosos abusos contra los derechos humanos que ha cometido este grupo. El aumento de las violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en otras zonas de las provincias de Kivu Septentrional y Kivu Meridional por parte de otros grupos armados, así como por las FARDC, ha obligado a cientos de miles de personas a abandonar sus hogares en la provincia de Kivu Septentrional; unas 60.000 personas han buscado refugio en Uganda y Ruanda. Los recientes combates en Goma y en sus alrededores han obligado a huir de la zona a unos 100.000 civiles, incluidos muchos que ya estaban desplazados.

Amnistía Internacional ha documentado numerosos delitos de derecho internacional cometidos por el grupo armado M23, que controla la mayor parte del territorio de Rutshuru, provincia de Kivu Septentrional, y que hace poco se ha hecho con el control de la capital de la provincia, Goma. Estos delitos incluyen el reclutamiento forzoso de menores, homicidios ilegítimos, violación y otras formas de violencia sexual y trabajo forzoso. Otros grupos armados, como las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda (FDLR), Raia Mutomboki, Nyatura y grupos Mayi Mayi, también han cometido delitos de derecho internacional, y en particular ataques de motivación étnica contra civiles, que han incluido homicidios ilegítimos y saqueos.

A nuestra organización le preocupan especialmente los numerosos actos de violencia sexual cometidos contra mujeres y niñas en el contexto de este deterioro de la situación de seguridad. En los últimos meses, Amnistía Internacional ha documentado varios casos de violación contra mujeres que después se vieron obligadas a huir de sus hogares, lo que aumenta el riesgo de que puedan sufrir nuevos ataques, incluidos de violencia sexual y de género. Las mujeres y niñas que se ven obligadas a huir sin familiares varones adultos corren un riesgo aún mayor de sufrir dichos ataques. Varias mujeres han referido también a Amnistía Internacional que fueron violadas cuando salieron de los campos de desplazados internos para buscar alimentos o recoger leña, incluso por civiles. Algunas han denunciado también acoso sexual por parte de las fuerzas de seguridad local

En un contexto en el que muchos civiles desplazados por los combates y ataques recientes se han visto obligados a huir más de una vez en los últimos cuatro años, Amnistía Internacional deplora la inacción del gobierno congoleño y de la comunidad internacional a la hora de abordar las causas subyacentes de la crisis actual, y especialmente la impunidad generalizada por delitos de derecho internacional y la falta de profesionalidad y rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad.

La preocupación de Amnistía Internacional por la población civil no ha hecho más que aumentar tras los recientes acontecimientos en Kivu Septentrional. La organización cree que decenas de defensores de los derechos humanos que trabajan en Goma o se han escondido allí, y que han sacado a la luz los graves abusos cometidos por el M23 y el CNDP (Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo), corren ahora especial peligro de sufrir intimidación o de ser víctimas de homicidios ilegítimos, desaparición forzada o torturas u otros malos tratos a manos de fuerzas o individuos vinculados con M23.

El Consejo de Seguridad ha reconocido “los casos generalizados de violencia sexual y de género” en las provincias orientales de la República Democrática del Congo, y recientemente en su última resolución por la que se renueva el mandato de la MONUSCO (S/RES/2053[2012]). El Consejo de Seguridad debe tomar ahora medidas adicionales firmes para poner fin a tales delitos, reforzar la protección de la población civil y garantizar que los autores de abusos graves contra los derechos humanos comparecen ante la justicia. En consecuencia, instamos al Consejo de Seguridad a adoptar las medidas siguientes:

Garantizar que el gobierno de la República Democrática del Congo despliega fuerzas de seguridad profesionales adecuadamente adiestradas y cuyos integrantes hayan sido plenamente investigados, en zonas donde la población civil se enfrenta a una amenaza especial de los grupos armados, y en particular en los territorios de Masisi y Walikale en la provincia de Kivu Septentrional

Revisar y reforzar con carácter de urgencia los recursos de la MONUSCO para garantizar que se despliegan tropas, en coordinación con las autoridades de la República Democrática del Congo, en las zonas que han quedado sin presencia de seguridad con el fin de garantizar la protección efectiva de la población civil.

Asegurar que las fuerzas de la MONUSCO que se encuentran en las zonas bajo el control efectivo del grupo armado M23 adoptan todas las medidas necesarias para proteger a la población civil de los abusos contra los derechos humanos, entre otras cosas, ofreciendo refugio en las bases de la MONUSCO a los defensores de los derechos humanos que corren grave peligro.

Ayudar al gobierno de la República Democrática del Congo a garantizar que se toman medidas más eficaces para poner fin a la violencia sexual, incluidas las reformas legales que sean necesarias.

Ejercer presión sobre las autoridades de la República Democrática del Congo y reforzar los programas para garantizar que las mujeres y niñas que han sufrido violencia sexual y de género tienen acceso pleno e igual a la justicia, a reparaciones inmediatas y efectivas y a atención médica y psicológica, así como a servicios jurídicos y sociales.

Ejercer presión sobre el gobierno de la República Democrática del Congo para que adopte medidas, en coordinación con la MONUSCO, para garantizar el apoyo y la protección de los civiles en los campos de desplazados internos, especialmente las mujeres y niñas y otras personas que sufren violaciones de derechos humanos.

Atentamente,

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