Documento - República Democrática del Congo: En aumento los actos de represión política
Amnistía Internacional
Declaración pública
Índice AI: AFR 62/014/2006 (Público)
Servicio de Noticias 173/06
4 de julio de 2006
http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAFR620142006
República Democrática del Congo: En aumento los actos de represión política
Amnistía Internacional ha condenado hoy, 4 de julio de 2006, un juicio manifiestamente injusto ante un tribunal militar en el que, el 16 de junio, se impusieron largas penas de cárcel al líder de la iglesia evangélica pastor Fernando Kutino, a su colega el pastor Timothée Bompere y a un tercer hombre llamado Junior Nganda. Asimismo, la organización ha condenado, por considerarla ilegal, la expulsión del país el 15 de junio del abogado del Tribunal Supremo Mukadi Bonyi.
Amnistía Internacional considera que el pastor Fernando Kutino y los demás encausados, a los que se acusaba de posesión ilegal de armas de fuego, conspiración criminal y tentativa de asesinato, han sido privados de su derecho a un vista justa ante un tribunal de justicia competente, independiente e imparcial. La organización considera motivo de preocupación que el juicio ante el tribunal militar fuera sumario y que algunas de las pruebas presentadas por el fiscal se hubieran obtenido mediante tortura. Pide que se anule la sentencia. Si el Estado cree que hay pruebas admisibles suficientes, la causa debe verse ante un tribunal civil debidamente constituido, que respete las normas internacionales sobre juicios justos y excluya la posibilidad de imponer la pena de muerte. A falta de un juicio justo ante un tribunal civil, Amnistía Internacional cree que los condenados deben ser puestos en libertad.
Amnistía Internacional considera igualmente motivo de preocupación la expulsión arbitraria e ilegal el 15 de junio del abogado Mukadi Bonyi, tras una semana de reclusión en régimen de incomunicación y sin que se le diera la oportunidad de impugnar ante un juez u otra autoridad judicial debidamente constituida las acusaciones formuladas contra él, la legalidad de su detención ni la decisión de expulsarlo.
Amnistía Internacional cree que las acusaciones formuladas contra todos estos hombres tenían una motivación política. La conducta ilegítima y arbitraria de las autoridades del Estado en estos casos representa un deterioro de la situación de los derechos humanos en la República Democrática del Congo en medio de un ambiente político ya tenso ante las elecciones fijadas para el 30 de julio. A la organización le preocupa que los servicios de seguridad del Estado –en especial los que, según informes, rinden cuentas sólo ante el presidente Joseph Kabila y su asesor especial sobre seguridad, incluida la policía de los servicios especiales (services spéciaux)– parezcan estar actuando de un modo cada vez más represivo hacia quienes se piensa que son críticos y opositores políticos.
La organización hace un llamamiento al gobierno de la República Democrática del Congo para que haga valer, ordenando a sus servicios de seguridad que los respeten plenamente, el derecho la libertad y el derecho a la libertad de expresión y asociación, que están garantizados por la Constitución del país y por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, tratados en los que la República Democrática del Congo es Estado Parte.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
El pastor Kutino, que había regresado hacía poco a la República Democrática del Congo tras tres años de exilio, fue detenido por la policía de los servicios especiales tras pronunciar un discurso ante una gran muchedumbre el 14 de mayo en la capital, Kinshasa. Según los informes recibidos, en el discurso criticó la denominada influencia extranjera sobre el gobierno de transición del país y pidió un diálogo nacional inclusivo entre los partidos políticos congoleses antes de las elecciones. El cargo formulado inicialmente contra él fue de “incitación al odio” ('incitation à la haine'). Sin embargo, tanto él como los otros dos hombres comparecieron ante un tribunal militar el 31 de mayo por los cargos de posesión ilegal de armas de fuego ('détention illégale d'armes de guerre'), conspiración criminal ('association des malfaiteurs') y tentativa de asesinato ('tentative d'assassinat'). El fiscal alegó que la policía había descubierto las armas durante un registro efectuado en la iglesia del Ejército de la Victoria (Armée de Victoire) del pastor Kutino en el momento de la detención. Los demás cargos guardan relación con una presunta conspiración para matar al líder de otra iglesia, el pastor Ngalasi, en 2003, aparentemente por una disputa a causa de unos bienes.
El juicio ante el tribunal militar se celebró en la Inspectoría Provincial de Kinshasa (Inspectorat Provincial de Kinshasa, IPK), jefatura de policía de la ciudad. El 16 de junio, el tribunal condenó a 20 años de prisión al pastor Kutino, a 10 al pastor Timothée Bompere y a 20 a Junior Nganda. Se ha presentado recurso de apelación contra la sentencia. Otros dos hombres, 'Patu' y Freddy Musamu, fueron juzgados in absentia y condenados a cumplir largas penas de prisión, y un tercero fue absuelto.
El juicio, en el que el fiscal pedía la pena de muerte, fue sumario, pues duró sólo nueve sesiones a pesar de la gravedad y complejidad de los cargos. Los acusados insistieron en su inocencia, y el pastor Kutino indicó que su único “delito” había sido ejercer su derecho a la libertad de expresión. El tribunal rechazó una petición de los abogados defensores para que se trasladara la causa a un tribunal civil, la jurisdicción que le correspondía. El pastor Kutino no estuvo presente durante la mayor parte del juicio, señalando que se encontraba demasiado enfermo para asistir a él. Sus abogados presentaron una solicitud de aplazamiento, que el tribunal rechazó a pesar de haber pruebas médicas del estado del pastor. El 7 de junio, los abogados defensores abandonaron la sala en protesta por el modo en que se estaba celebrando el juicio. Cuando se dictó sentencia ni ellos ni los acusados estuvieron presentes.
Las pruebas que se presentaron son cuestionables. Uno de los acusados, Junior Nganda, alegó que el testimonio que había ofrecido a la policía en 2003 sobre la presunta tentativa de asesinato era resultado de la tortura a que había sido sometido durante su detención en la Inspectoría Provincial de Kinshasa. Recientemente, Amnistía Internacional ha documentado públicamente casos de tortura y trato cruel, inhumano o degradante en la Inspectoría (véase la Acción Urgente de índice AI AFR 62/012/2006, publicada por la organización el 8 de mayo de 2006). No obstante, los informes recibidos indican que el tribunal continuó basándose en partes de este testimonio en sus deliberaciones. Otras pruebas estaban basadas en un testimonio, grabado en vídeo, que presuntamente se había obtenido también mediante tortura en la Inspectoría, el de un hombre, Maboso Lisasi, que murió posteriormente bajo custodia. No se han realizado investigaciones independientes sobre estas denuncias de tortura. La presunta víctima de la trama de asesinato, el pastor Ngalasi, se negó, al parecer, a implicar al pastor Kutino o a sus socios directamente, limitándose a declarar que en 2002 y 2003 había presentado denuncias formalmente contra “desconocidos” por ataques armados contra su casa. También hubo irregularidades, al parecer, en el modo en que el Estado trató las pruebas de la posesión de armas..
En el segundo caso, Maître Mukadi Bonyi, abogado del Tribunal Supremo de la República Democrática del Congo y catedrático universitario, que era también asesor jurídico de Oscar Kashala, candidato a las próximas elecciones presidenciales, fue detenido por la policía de los servicios especiales en Kinshasa el 8 de junio. Tras una semana de detención en régimen de incomunicación, lo llevaron al aeropuerto y lo expulsaron sumariamente del país, con destino a Bélgica, el 15 de junio. No se conocen bien las razones de su detención y expulsión, pero previamente, en mayo de 2006, se había expulsado a 32 individuos calificados de “mercenarios extranjeros” y a los que, pese a la incredulidad general, las autoridades acusaban de estar preparando un golpe de Estado. Según informes, estos hombres, que eran de Sudáfrica, Nigeria y Estados Unidos, eran personal privado de seguridad de Oscar Kashala y su partido político. Maître Mukadi Bonyi había presentado solicitudes formales a las autoridades de la República Democrática del Congo para que se les permitiera llevar armas de fuego dentro del país. Aunque es congolés de nacimiento, tiene, según informes, pasaporte belga. Amnistía Internacional ha sido informada de que otro abogado, Maître Lumbala Ilunga, detenido más o menos a la vez que Maître Mukadi Bonyi, ha sido puesto ya en libertad.