Documento - Uganda: La investigación de la Corte Penal Internacional, importante avance para poner fin a la impunidad
Amnistía Internacional
Declaración pública
Índice AI: AFR 59/006/2004 (Público)
Servicio de Noticias 191/04
29 de julio de 2004
http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAFR590062004
Uganda: La investigación de la Corte Penal Internacional, importante avance para poner fin a la impunidad
El anuncio, hecho hoy, jueves 29 de julio de 2004, del inicio de una investigación de la Corte Penal Internacional sobre crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en el norte de Uganda ha de ser considerado únicamente como un primer paso en los esfuerzos por hacer justicia a las decenas de miles de víctimas de estos delitos.
Amnistía Internacional acoge con satisfacción las declaraciones del fiscal de la Corte, quien ha afirmado que investigará los presuntos delitos cometidos tanto por miembros del Ejército de Resistencia del Señor como por miembros de las fuerzas gubernamentales.
No obstante, la organización advierte que será necesario tomar también otras medias, en especial porque la Corte sólo tiene competencia para iniciar investigaciones y enjuiciamientos por delitos cometidos desde el 1 de julio de 2002.
Se necesita urgentemente un plan de acción nacional a largo plazo para poner fin a la impunidad de todos los delitos comprendidos en el derecho internacional que se hayan cometido en Uganda, con independencia de cuándo se cometieron y del cargo oficial de sus autores. El plan de acción debe garantizar que los tribunales pueden funcionar de manera efectiva en todas las parte del país, que se protege la seguridad de las víctimas y los testigos y que las familias de las víctimas pueden obtener la reparación plena a que tienen derecho en virtud del derecho y las normas internacionales.
Además del plan de acción, el gobierno debe adoptar cinco medidas esenciales para cooperar con la Corte y cumplir con su responsabilidad de iniciar investigaciones y enjuiciamientos por los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos.
En primer lugar, deber modificar el proyecto de ley de 2004 sobre la Corte Penal Internacional, en el que se deben definir los delitos del Estatuto de Roma de la Corte como delitos comprendidos en derecho interno y prever una cooperación plena con la Corte. Amnistía Internacional ha enviado hoy al ministro de Justicia un detallado comentario sobre el proyecto de ley, expresando satisfacción por el trabajo realizado hasta ahora, pero instando a que se enmiende el proyecto de ley a fin de poder cumplir las obligaciones contraídas por Uganda en virtud del Estatuto de Roma y de otras disposiciones del derecho internacional, en particular la de no recurrir a la pena de muerte.
En segundo lugar, el gobierno deber ratificar y aplicar lo antes posible el Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional, que es un instrumento esencial para garantizar que la Corte puede realizar investigaciones sin impedimentos indebidos.
En tercer lugar, el Parlamento no debe ratificar el acuerdo ilegal de impunidad firmado con Estados Unidos y el gobierno no debe aplicarlo. En virtud de este acuerdo, Uganda se compromete a no entregar a la Corte Penal Internacional a ciudadanos estadounidenses.
En cuarto lugar, el gobierno debe garantizar que la Ley de Amnistía de 1999 no es aplicable en el caso de ningún delito comprendido en el derecho internacional.
Por último, el gobierno debe prestar la asistencia más completa posible a la Corte con respecto a proteger a las víctimas, los testigos y los investigadores de la Corte; compartir y salvaguardar pruebas, y detener y entregar sin demora a las personas contra las que la Corte dicte acta de acusación formal.
La Corte tendrá una función especialmente importante que desempeñar a la hora de garantizar la seguridad de las víctimas y los testigos, lo que incluye determinar si se encuentran en situación de riesgo y adoptar medias para su protección. Asimismo, la Corte misma debe ahora acometer de inmediato la tarea de informar a la población de Uganda de cómo va a trabajar.
El inicio de investigaciones y enjuiciamientos por delitos comprendidos en el derecho internacional que se han cometido en Uganda no es responsabilidad únicamente del gobierno y de la Corte Penal Internacional. Estos delitos se han cometido contra toda la comunidad internacional y la estructura del derecho internacional. Amnistía Internacional pide, por tanto, a la comunidad internacional que cumpla sus obligaciones, prestando asistencia a la Corte y ayudando a Uganda a elaborar y a poner en práctica un plan efectivo de acción para poner fin a la impunidad de estos delitos.
Información general
El anuncio hecho hoy por el fiscal de la Corte Penal Internacional de que se ha abierto una investigación es el resultado de un examen previo de los delitos cometidos en Uganda desde julio de 2002. Dicho examen se llevó a cabo a raíz de la primera remisión hecha a la Corte por un Estado, que realizó el gobierno de Uganda el 29 de enero de 2004. El fiscal recibió información de muy diversas fuentes.
En 18 años, el conflicto del norte de Uganda se ha cobrado la vida de millares de civiles. La situación empeoró durante 2003. El conflicto ha sido causa de desplazamiento masivo de la población, homicidios arbitrarios, mutilaciones, secuestros y reclutamiento forzoso. En particular, el Ejercito de Resistencia del Señor ha sido acusado secuestrar a niños para utilizarlos como combatientes y como esclavos sexuales, llevándolos a veces a Sudán. El trato dispensado a los niños secuestrados que regresan posteriormente también ha sido objeto de una gran polémica: se ha denunciado que las fuerzas de seguridad ugandesas vuelven a adiestrar a algunos militarmente para utilizarlos en los combates contra el Ejército de Resistencia del Señor.
La investigación de Uganda es la segunda anunciada por la Corte Penal Internacional desde su establecimiento hace ya dos años. En la primera, anunciada el 23 de junio de 2004, se están examinando ya delitos cometidos en la República Democrática del Congo desde julio de 2002.