Documento - Uganda: Los primeros pasos para investigar los delitos deben formar parte de un plan general para acabar con la impunidad

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Declaración pública

Índice AI: AFR 59/001/2004 (Público)

Servicio de Noticias 022/004

30 de enero de 2004

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAFR590012004

Uganda: Los primeros pasos para investigar los delitos deben formar parte de un plan general para acabar con la impunidad

Amnistía Internacional ha expresado su satisfacción por el anuncio hecho la pasada noche por el fiscal de la Corte Penal Internacional declarando que tomará medidas para investigar y juzgar los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en el marco del conflicto en el norte de Uganda.

El conflicto se libra entre el gobierno de Uganda y el grupo armado Ejército de Resistencia del Señor. Acompañado por Yoweri Museveni, presidente de Uganda, el fiscal de la Corte, Luis Moreno Ocampo, reveló que la Corte había recibido una remisión del gobierno de Uganda sobre el Ejército de Resistencia del Señor.

“Cualquier investigación que lleve a cabo la Corte Penal Internacional sobre crímenes de guerra y de lesa humanidad en el norte de Uganda debe integrarse en un plan general para acabar con la impunidad de todos estos crímenes, independientemente del bando que los haya perpetrado y del nivel al que estén sus autores”, ha dicho Amnistía Internacional.

El texto de la remisión no se ha hecho aún público, pero al parecer Uganda trata de limitarla a los crímenes cometidos por uno de los bandos del conflicto. Una vez que la Corte recibe de un Estado Parte una remisión sobre una situación, el fiscal, tras analizar la información, puede iniciar una investigación oficial sin necesidad de solicitar aprobación judicial, y tiene derecho a investigar todos los crímenes cometidos en esa situación, independientemente de quién haya sido el autor.

“La remisión remitida por un Estado Parte en el Estatuto de Roma no puede limitar el ámbito de investigación del fiscal”, ha dicho Amnistía Internacional. “Es más, en virtud del artículo 15.1 y 15.3 de dicho Estatuto, el Fiscal puede iniciar de oficio (por propia iniciativa) una investigación de los crímenes fuera del ámbito de la situación, previa autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares”. La organización ha subrayado que el artículo 42.1 del Estatuto de Roma afirma que “la Fiscalía actuará en forma independiente” y que sus miembros “no solicitarán ni cumplirán instrucciones de fuentes ajenas a la Corte”.

Amnistía Internacional ha instado a Uganda a que coopere plenamente con la Corte en lo que se refiere a cualquier investigación o procesamiento. Esto exigirá promulgar sin demora la legislación necesaria que permita la aplicación del Estatuto de Roma y ratificar el Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional, así como promulgar la legislación necesaria para su aplicación. La organización también ha pedido a Uganda que no ratifique ni aplique el acuerdo de impunidad que ha firmado con Estados Unidos.

Además, Uganda debe revisar la Ley de Amnistía de 1999, que incluye los delitos cometidos durante el conflicto. “En ninguna circunstancia las leyes de amnistía deben ser de aplicación para los crímenes contra el derecho internacional”, ha subrayado la organización.

El fiscal de la Corte Penal Internacional siempre ha afirmado que uno de sus principales retos será cerrar el espacio de impunidad que media entre los delitos que podrá investigar y enjuiciar y los cientos de miles de otros que siguen siendo responsabilidad fundamental de los Estados. Por consiguiente, Amnistía Internacional le insta a seguir el ejemplo del secretario general de las Naciones Unidas, que ha afirmado que “la amnistía no puede concederse respecto de crímenes internacionales como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad o las infracciones graves del derecho internacional humanitario”.

El artículo 12.2.b del Estatuto de Roma da a la Corte jurisdicción sobre crímenes cometidos por los ciudadanos de los Estados Partes, como Uganda, en cualquier lugar del mundo, incluida la República Democrática del Congo, donde ciudadanos ugandeses y de otros países han estado implicados en graves abusos contra los derechos humanos.

El fiscal también está llevando a cabo la investigación preliminar de los crímenes bajo jurisdicción de la Corte cometidos en el distrito de Ituri de la República Democrática del Congo. Desde el 1 de julio de 2002, fecha de establecimiento de la Corte, miles de civiles han sido víctimas de crímenes de lesa humanidad o de crímenes de guerra en este distrito. “La necesidad de investigar estos crímenes y procesar a sus autores sigue siendo tan urgente como siempre”, ha dicho Amnistía Internacional.

La semana pasada, el fiscal recibió una carta del presidente de la República Democrática del Congo, Joseph Kabila, que expresaba el compromiso de su gobierno de colaborar con la Corte. “El gobierno de la República Democrática del Congo debe perseverar en este compromiso, promulgando leyes que permitan eficazmente la aplicación del Estatuto de Roma, ratificando y aplicando el Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte o efectuando su propia remisión a la Corte”.

Información general

Durante 18 años el conflicto en el norte de Uganda se ha cobrado la vida de miles de civiles. Según los informes, la situación se deterioró aún más durante 2003. Las consecuencias de este conflicto han sido el desplazamiento masivo de la población, los homicidios arbitrarios, las mutilaciones, los secuestros y el reclutamiento forzado. En concreto, se ha acusado al Ejército de Resistencia del Señor de secuestrar a niños y a decenas de niñas para utilizarlos como esclavas sexuales y combatientes, en algunos casos llevándolos a Sudán. El trato que se ha dado a los niños que han vuelto, voluntariamente o como resultado de operaciones militares, también ha sido muy polémico, y se ha acusado a las fuerzas de seguridad ugandesas de haber vuelto a entrenar a algunos de ellos con fines militares en la lucha contra el Ejército de Resistencia del Señor.

El derecho internacional prohíbe las amnistías para crímenes como el genocidio los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Amnistía Internacional ha documentado este hecho en numerosos estudios, entre los más recientes su documento titulado Sierra Leone: Special Court for Sierra Leone: Denial of right to appeal and prohibition of amnesties for crimes under international law, (Índice AI: AFR 51/010/2003, de septiembre de 2003). Amnistía Internacional se opone a las amnistías, los indultos y medidas similares de impunidad para delitos contra el derecho internacional en todas las circunstancias en que dichas medidas impidan la determinación judicial de culpabilidad o inocencia, el descubrimiento de la verdad o la obtención de una reparación plena.

Documento público

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