Documento - Sudan: Sudanese authorities must end its crackdown on demonstrators and activists

AMNISTÍA INTERNACIONAL

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Declaración pública

3 de agosto de 2012

Índice AI: AFR 54/036/2012

Las autoridades sudanesas deben poner fin a la represión de manifestantes y activistas

A Amnistía Internacional le preocupa la represión sistemática de las manifestaciones en las últimas semanas y pide a las autoridades sudanesas que pongan fin a la oleada de homicidios, tortura y detención prolongada de personas detenidas durante las manifestaciones. También debe acabar el hostigamiento contra los manifestantes heridos que buscan tratamiento y el personal médico.

Las autoridades sudanesas han recurrido habitualmente al uso excesivo de la fuerza contra las frecuentes manifestaciones, en su mayoría pacíficas, que tienen lugar en las principales ciudades de Sudán desde mediados de junio de 2012. Las fuerzas policiales han utilizado porras, gas lacrimógeno y balas de goma disparadas a bocajarro contra los manifestantes en las últimas semanas.

La más reciente oleada de protestas en Sudán estalló el 16 de junio de 2012, cuando alumnas de la Universidad de Jartum realizaron una protesta contra la subida de los precios y las políticas del gobierno. Durante las semanas siguientes las protestas se extendieron a otros lugares de la zona de Jartum, así como a otras ciudades de provincias, como Puerto Sudán, al-Obeid, Dongola, Atbarah, Kassal y Gedaref.

El 31 de julio, fuerzas de los servicios de seguridad y la policía paramilitar dispararon con fuego real contra los manifestantes en Nyala, Darfur Meridional. Murieron al menos diez estudiantes, y decenas más resultaron heridos. Muchas de las víctimas eran estudiantes de secundaria.

Respondiendo al movimiento de protesta, el Servicio de Seguridad Nacional (NSS) detuvo a cientos de conocidos activistas políticos y de la sociedad civil, independientemente de su participación en las protestas. Muchos dijeron a Amnistía Internacional que los habían torturado con palos, mangueras y puños, haciéndolos permanecer todo el día bajo el sol abrasador.

Los manifestantes arrojaron piedras a la policía.

Al menos 40 personas –manifestantes, policías y residentes– resultaron heridas en los enfrentamientos. Además de actuar directamente contra los manifestantes, las fuerzas de seguridad dispararon al aire con ametralladoras pesadas tipo Dushka, cuyos proyectiles, al caer, hirieron a personas que se encontraban en el interior de sus casas.

Entre las fuerzas de seguridad implicadas en los incidentes de disparos de Nyala está la Policía de la Reserva Central, cuerpo policial paramilitar de combate, así como agentes vestidos de civil del Servicio de Seguridad Nacional.

Obstrucción de la atención médica

Amnistía Internacional ha recibido información según la cual en las últimas semanas el NSS también ha impedido que manifestantes heridos reciban atención médica, para lo cual ha desplegado agentes en hospitales públicos de la zona de Jartum.

Un hombre de 26 años, torturado mientras se hallaba bajo custodia del NSS, afirmó que le negaron el ingreso al Royal Care Hospital de Jartum cuando pidió atención médica en el centro, inmediatamente después de quedar en libertad el 23 de junio. Según los informes, el personal médico le dijo que el hospital cumplía las órdenes del NSS de rechazar a todos los pacientes relacionados con las protestas y enviarlos al Hospital Universitario de Jartum.

Un guardia de seguridad del Hospital de Omdurmán afirmó haber visto el 29 de junio a agentes del NSS detener a un manifestante herido que salía del hospital tras solicitar atención médica. Un médico dijo haber visto ese mismo día a agentes del NSS realizando controles visuales de identidad a la entrada del hospital.

Personas que habían resultado heridas en las manifestaciones o como consecuencia de torturas y otros malos tratos en las dependencias del NSS dijeron a Amnistía Internacional que habían preferido no acudir a los hospitales por temor a ser detenidas e intimidadas.

El NSS hostigó al personal médico que instaló dispensarios móviles en domicilios para atender a manifestantes heridos. Una doctora dijo el 10 de julio que la habían seguido y había recibido mensajes de texto amenazadores en su teléfono móvil por prestar atención médica a los manifestantes.

El 31 de julio, según testigos, se detuvo a manifestantes heridos y se desplegó a agentes del NSS en el Hospital General de Nyala.

Detención y tortura prolongadas

Decenas de activistas y manifestantes detenidos a finales de junio y principios de julio siguen en detención administrativa más de un mes después.

Tras su detención en las dependencias del NSS, donde según los informes muchos han sido torturados o sometidos a otros malos tratos, fueron trasladados a grandes centros de detención, como la cárcel de Kober, en Jartum, y la cárcel de Omdurman. La mayoría están recluidos sin cargos o no han podido acceder a asistencia letrada.

Entre estas personas se encuentra Khaled Bahar, dirigente del movimiento Haq detenido desde el 20 de junio, Yassir Fathi, dirigente juvenil del partido Umma, detenido desde el 21 de junio, Ussamah Mohammed, activista juvenil y bloguero detenido el 22 de junio, Rashida Shams al-Din, activista del movimiento juvenil Girifna, detenida desde el 23 de junio, Mohammed Salah, activista estudiantil, detenido desde el 24 de junio, Abdul Hadi Mahmoud, activista estudiantil y miembro de Girifna, detenido el 26 de junio, Amira Osman, destacada militante del Partido Comunista de Sudán, detenida desde el 28 de junio, Mai Ali “Shatta”, miembro de Girifna detenida el 1 de julio, Naheed Jabralla, dirigente de SEEMA, ONG de mujeres, niños y niñas, detenida el 3 de julio, Marwa al-Tijani, periodista detenida desde el 3 de julio, y Tariq Ibrahim al-Shaikh, abogado y miembro del Colegio de Abogados de Darfur, detenido desde el 3 de julio.

Además, el NSS ha presentado cargos de terrorismo contra Rudwan Dawod, residente estadounidense y miembro de Girifna, y Ahmed Ali “Kawarti”, activista estudiantil, ambos detenidos el 3 de julio mientras participaban en una manifestación en la zona de Haj Youssef de Jartum. Rudwan Dawod fue posteriormente torturado bajo la custodia del NSS. Ambos hombres podrían ser condenados a muerte en virtud del artículo 65 del Código Penal sudanés de 1991. Amnistía Internacional los considera presos de conciencia, recluidos únicamente por expresar pacíficamente sus opiniones.

Amnistía Internacional pide a las autoridades sudanesas que:

dejen de hacer uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y, en particular, impidan que las fuerzas de seguridad utilicen fuego real contra los manifestantes;

investiguen inmediatamente las circunstancias que rodearon el homicidio de los manifestantes y el uso de la fuerza contra ellos, y suspendan de inmediato a los miembros de los servicios de seguridad implicados en los hechos;

acaben con la tortura y den instrucciones claras a las fuerzas de seguridad para que se aseguren de que respetan el derecho a la vida y la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos;

pongan en libertad a manifestantes y activistas que han estado detenidos durante largo tiempo o los acusen de algún delito común reconocible;

pongan fin a la práctica de la detención administrativa prolongada y reformen sus leyes nacionales para limitar la duración de la detención preventiva.

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