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Índice AI: AFR 53/13/95/s

SUDÁFRICA: LA DELEGACIÓN DE AMNISTÍA INTERNACIONAL HACE PÚBLICO UN LLAMAMIENTO PARA QUE SE TOMEN MEDIDAS URGENTEMENTE PARA TERMINAR CON LAS MATANZAS EN KWAZULU NATAL

Durban - Amnistía Internacional ha dicho hoy que la crisis continuada de derechos humanos en la provincia de KwaZulu Natal es en gran parte la crisis de la impunidad.

«Miles de personas han muerto en el conflicto desde mediados de la década de los ochenta, pero muy pocos homicidas han comparecido ante la justicia», ha dicho Amnistía Internacional en su primera declaración de prensa desde que llegó al país el mes pasado.

La delegación de alto nivel que está visitando Sudáfrica durante tres semanas y que está presidida por el secretario general Pierre Sané, volvió este mes a KwaZulu Natal debido a su preocupación por la continuación de la tragedia de pérdida de vidas humanas. Amnistía Internacional ha visitado la provincia con anterioridad en varias ocasiones.

Durante esta visita, Amnistía Internacional ha intentado saber más acerca de los pasos que podían darse para hacer frente a la crisis. La delegación de seis personas ha viajado a comunidades asoladas por la violencia tanto en las costas septentrionales como en las meridionales y ha hablado con las víctimas y sus familiares.

En KwaZulu Natal, la delegación también se ha reunido con el comisionado provincial de la policía, con los miembros de las unidades especiales de investigación, con los representante de los partidos políticos y con miembros de organizaciones de derechos humanos.

La delegación ha llegado a algunas conclusiones preliminares:

Amnistía Internacional expresa su satisfacción por los esfuerzos realizados para afrontar el problema de la impunidad a través de la labor de la Unidad Especial de Investigación y otras unidades especiales, como la que está trabajando en la zona de Mandini.

La organización también ha tomado nota de que se han realizado nuevos esfuerzos para incrementar la seguridad de las comunidades vulnerables a través del despliegue de la Operación Jumbo y otros esfuerzos de la oficina del comisionado provincial para que las reuniones públicas sean pacíficas.

Sin embargo, Amnistía Internacional continúa alarmada por los indicios de que los homicidios continúan sin que la policía los investigue adecuadamente. El resultado es que los responsables pueden cometer nuevos homicidios y otros actos de intimidación impunemente.

Además, existen indicios de la implicación de algunos agentes de la policía en algunos de estos homicidios y agresiones contra los miembros de las comunidades locales. Entre estos incidentes están la agresión y la tortura a los testigos que cooperaban con las investigaciones policiales sobre los matanzas. La delegación también ha recibido informes de agresiones, tortura y disparos ilegítimos realizados por miembros de la Fuerza de Defensa Nacional de Sudáfrica.

Amnistía Internacional está alarmada debido a que algunos individuos a los que las comunidades de determinadas zonas han identificados de modo reiterado como autores de abusos contra los derechos humanos parecen estar actuando en connivencia con la policía local.

Como consecuencia de ello, un número preocupante de personas se ven obligadas a huir de sus domicilios, y viven en los bosques o en los campamentos de personas desplazadas por temor a sus vidas.

«Tememos que en el contexto de la situación de paralización política, la tónica dominante de impunidad continuará y se perderán más vidas», ha dicho Amnistía Internacional.

La delegación también hizo algunas recomendaciones preliminares:

El Estado sudafricano, tanto a escala nacional como provincial, tiene el deber de pedir responsabilidades a los autores de los homicidios. Es urgente que los gobiernos nacionales y provinciales cooperen para que la provincia disponga de recursos suficientes para investigar eficazmente los homicidios políticos, proteger eficazmente a los testigos y poner a los responsables a disposición judicial.

El Estado tiene la responsabilidad de garantizar que todos los integrantes de la policía y del ejército que participen en actividades de orden público en la provincia rinden cuentas de sus actos. Se debe garantizar a las comunidades que se adoptarán medidas para investigar, sancionar y procesar a los funcionarios implicados en los abusos. Aprobamos los esfuerzos actuales para romper con el ciclo de impunidad, como el realizado por la Unidad Especial de Investigación, e instamos a que se refuercen estos programas.

Los partidos políticos de las provincias también comparten la responsabilidad de terminar con la violencia. La dirección de los partidos políticos debe difundir mensajes inequívocos a sus partidarios de que no deben participar en homicidios deliberados y arbitrarios o en otros abusos contra los derechos humanos.

Los dirigentes políticos deben dejar claro a sus partidarios que serán procesados en caso de que cometan abusos contra los derechos humanos, y que no recibirán protección de la acción de la justicia.

La delegación de Amnistía Internacional tiene la intención de hacer estas y otras recomendaciones en nuevas reuniones de alto nivel en Pretoria con Thabo Mbeki, vicepresidente de Sudáfrica, y otros ministros con los que tiene previsto reunirse la próxima semana.