Documento - Sudáfrica: Amnistía Internacional pide al gobierno que proteja a quienes puedan ser objeto de agresiones “xenófobas”
Amnistía Internacional
Declaración pública
23 de mayo de 2008
Sudáfrica: Amnistía Internacional pide al gobierno que proteja a quienes puedan ser objeto de agresiones “xenófobas”
Amnistía Internacional ha pedido hoy, 23 de mayo de 2008, al gobierno sudafricano que tome todas las medidas necesarias para proteger los derechos humanos de quienes continúan expuestos a sufrir agresiones y a verse desplazados de su hogares por su aparente origen étnico o condición de “extranjeros” o solicitantes de asilo.
La organización ha instado al gobierno a que garantice que quienes han sufrido violencia y desplazamiento por esta razón tienen acceso a asistencia humanitaria, recursos judiciales y apoyo psicosocial. No debe llevarse a cabo ninguna expulsión sin acceso a un procedimiento completo y justo de concesión de asilo y a otros recursos que deban garantizarse también plenamente. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley deben tomar medidas efectivas para investigar las agresiones y poner a los responsables a disposición judicial.
Amnistía Internacional condena los abusos contra los derechos humanos que se han cometido y continúan cometiéndose contra personas, familias y grupos por su aparente identidad o condición.
Los autores de esta oleada de homicidios, palizas, agresiones sexuales, saqueos y actos de destrucción de bienes identifican a las víctimas por su presunta identidad o condición. Esta violencia se ha dado ya en al menos cinco provincias, incluidas últimamente la zonas de Durban y Ciudad del Cabo.
Amnistía Internacional reconoce que las autoridades del gobierno han condenado públicamente la violencia y están tomando algunas medidas para mejorar la coordinación y la intensidad de la respuesta que se le está dando en términos de seguridad. Todos los miembros de las fuerzas de seguridad que desempeñen funciones propias de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, incluidos los miembros de las fuerzas armadas, deben respetar el Código de Conducta de las Naciones Unidas para Funcionarios Encargados de hacer Cumplir la Ley y los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. A la encomiable labor de las organizaciones no gubernamentales que prestan servicios se ha sumado una mejora de la respuesta oficial a las necesidades humanitarias de los millares de personas desplazadas por la violencia.
Algunas autoridades de los gobiernos nacional y provinciales y destacados miembros del Congreso Nacional Africano ha aludido públicamente a la posibilidad de estar ante una violencia organizada, de motivación política y que tiene su origen en una “tercera fuerza”. Cualesquiera que sean los hechos en que puedan estar basadas estas opiniones, Amnistía Internacional insta a que en toda investigación oficial que se lleve a cabo sobre la violencia se garantiza su independencia e imparcialidad, así como el examen completo de, entre otras cosas, todo indicio de negligencia en que hayan podido incurrir los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley por no tomar medidas al ser informados de amenazas o planes de agresión o no intervenir ante agresiones flagrantes.
Asimismo, en las investigaciones deben tenerse en cuenta otros factores que hayan podido contribuir a la violencia, como las persistentes prácticas y actitudes discriminatorias con que funcionarios del Departamento de Asuntos Internos, la policía e incluso la magistratura tratan a los solicitantes de asilo, refugiados y migrantes.
Diversas organizaciones que realizan labores jurídicas y de defensa, incluida Amnistía Internacional, han expresado reiteradamente al gobierno el temor de que estas prácticas y actitudes entrañen, en la práctica, una negación del acceso a los procedimientos de determinación de casos de asilo y dejen a las personas afectadas expuestas a sufrir detención arbitraria, expulsión ilegal o devolución a su país de origen, donde podrían sufrir nuevas violaciones de derechos humanos. Además, la negación oficial implícita de que los zimbabuenses de Sudáfrica tengan necesidad de protección internacional podría haber contribuido también a generar hostilidad hacia este grupo, contra el que va dirigida la violencia actual.
Amnistía Internacional considera, además, motivo de preocupación que no se haya puesto, al parecer, a disposición judicial a los responsables de anteriores ataques contra personas o comercios cuyos propietarios no era sudafricanos, algunos de ellos cometidos recientemente, en marzo de 2008; al no hacerlo se contribuye a crear un clima de impunidad con respecto a este tipo de abusos. Y no parecen haberse tomado tampoco medidas disciplinarias ni de otras clases contra los agentes de policía participantes en un asalto policial de gran resonancia de que fue objeto la Iglesia Metodista Central de Johannesburgo el 31 de enero de este año, cuando centenares de migrantes, solicitantes de asilo y otros refugiados acogidos allí fueron víctimas de detención arbitraria y, en algunos casos, fuerza excesiva por parte de la policía. Estas personas soportaron también demoras cuando quisieron acceder a los servicios médicos necesarios para ser atendidas de enfermedades crónicas o lesiones causadas por la policía. Algunas de las personas detenidas fueron además recluidas ilegalmente como consecuencia de los prejuicios y la actuación indebida del juez encargado de los procedimientos de concesión de la libertad bajo fianza.
Aunque el ministro nacional de Asuntos Internos ha manifestado públicamente que ninguna persona afectada por la violencia será objeto de expulsión, Amnistía Internacional ha recibido informes según los cuales se están llevando a cabo deportaciones, presuntamente involuntarias en algunos casos. La organización insta al ministro y al Departamento de Asuntos Internos a que, en colaboración con otros departamentos y proveedores de servicios competentes, garanticen que toda persona desplazada o afectada de algún otro modo por la violencia recibe orientación psicológica, asesoramiento jurídico y otras formas de asistencia que le permitan decidir con conocimiento de causa si regresar o no a su país de origen. Esta medida es particularmente importante en el caso de las personas que han solicitado o intentado solicitar ya asilo o han recibido la condición de refugiados.
Por último, Amnistía Internacional insta al ministro nacional de Desarrollo Social a que ejerza los poderes discrecionales que le confiere la sección de la Ley de Asistencia Social de 2004 para garantizar que, cualquiera que sea su ciudadanía, todas las personas desplazadas por la violencia pueden recibir asistencia de emergencia en forma de subsidios.