Documento - Nigeria: The death penalty and women under the Nigerian penal systems


[Embargado hasta el 10 de febrero de 2004]Público


Amnistía Internacional

Nigeria

Las mujeres y la pena de muerte en los sistemas penales nigerianos


Amnistía Internacional Febrero de 2004

Resumen

Índice AI: AFR 44/001/2004



http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAFR440012004


La cuestión de la pena de muerte en Nigeria suscitó gran interés, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, y fue objeto de considerable debate en 2003. La reciente expansión del uso de la pena de muerte en algunas zonas de Nigeria, hasta abarcar aspectos que muchas personas consideran pertenecientes a la vida privada, ha centrado el debate tanto sobre la idoneidad de la pena de muerte en general como sobre la utilización del sistema de justicia penal para regular el comportamiento sexual.


Amnistía Internacional se opone sin reservas a la imposición de la pena de muerte en todos los países y en cualquier circunstancia. La organización considera que la aplicación de la pena capital en Nigeria viola el derecho de acceso a la justicia de la mujer en virtud de las normas internacionales de derechos humanos, y que tiene un efecto discriminatorio sobre ella en determinadas circunstancias y por ciertos delitos. Esto cobra especial importancia en los casos de pena capital que afectan gravemente a mujeres de estratos socioeconómicos desfavorecidos y radicadas en zonas remotas.


A Amnistía Internacional le consta que los tribunales nigerianos han impuesto al menos 33 condenas de muerte desde 1999. De éstas, al menos 22 fueron dictadas en virtud de la Ley Federal (Estados Septentrionales) de Disposiciones del Código Penal de 1959 (Código Penal), aplicable en los estados septentrionales, y de la Ley del Código Criminal de 1961 (Código Criminal), vigente en el sur de Nigeria. Una de las personas condenadas era una mujer acusada del delito de homicidio culposo, que se castiga con la pena capital, tras alumbrar presuntamente a un bebé nacido muerto, hecho que el tribunal calificó de aborto ilegal. En julio de 2003 había 487 personas en espera de ejecución en Nigeria, 11 de ellas mujeres.


Amnistía Internacional se opone a la imposición de la pena de muerte, tanto a hombres como a mujeres, en cualquier circunstancia, por considerar que se trata de una violación de derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida y el derecho a no ser sometido a penas crueles, inhumanas o degradantes. El derecho a la vida es fundamental y absoluto y jamás puede suspenderse, ni siquiera durante los estados de excepción, según lo dispuesto en el artículo 4.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Nigeria. La oposición de Amnistía Internacional a la pena de muerte está bien documentada; otras organizaciones también apoyan nuestra creencia de que la pena de muerte no ha resultado ser un factor disuasorio más eficaz que otros castigos frente a la delincuencia violenta.


En este informe se examinan las definiciones de delitos castigados con la pena capital en la legislación nigeriana, así como las obligaciones de ese país en virtud de las normas internacionales de derechos humanos. También se subraya la forma en que los sistemas penales afectan a la mujer en la práctica y se muestra el funcionamiento del sistema penal durante la etapa previa al juicio, el juicio y las apelaciones mediante la exposición de ejemplos de mujeres acusadas o declaradas culpables de diversos delitos con arreglo a los sistemas penales nigerianos.



La pena de muerte sigue estando en vigor en la legislación nigeriana, y la Constitución de la República Federal de Nigeria, de 1999, no prohíbe su aplicación. El artículo 33.1 permite la derogación del derecho a la vida «por sentencia impuesta por un tribunal por un delito penal del que la persona haya sido declarada culpable en Nigeria». Tanto el sistema ordinario de justicia penal, compuesto del Código Penal y el Código Criminal, como los códigos penales de la shari'a(ley islámica) prevén la pena de muerte para una serie de delitos.


El Código Penal y el Código Criminal sancionan con la pena de muerte delitos tales como el robo a mano armada, la traición, el asesinato y el homicidio culposo. Este último cargo se formula en algunos casos, en virtud del Código Penal, por delitos relacionados con el aborto, y se sabe que afecta a las mujeres en proporción abrumadora respecto a los hombres.


A Amnistía Internacional le preocupa que se violen los derechos humanos de la mujer en el contexto de la aplicación de la pena de muerte con arreglo al Código Penal y el Código Criminal. Ello queda bien patente en los casos de vulneración grave de los derechos a un juicio justo y al debido proceso expuestos en este informe. Es motivo de preocupación de la organización que, en el ámbito del sistema ordinario de justicia penal, a algunas mujeres se las mantenga encarceladas en espera de ejecución durante periodos de hasta 10 años en condiciones que con frecuencia constituyen en sí mismas trato cruel, inhumano y degradante. Amnistía Internacional ha tenido noticia de casos de mujeres acusadas de delitos castigados con la pena de muerte que llevan recluidas hasta 10 años sin haber sido juzgadas, lo que constituye trato cruel, inhumano y degradante con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos. A la organización le sigue inquietando que la pena de muerte se aplique desproporcionadamente a personas pertenecientes a sectores desfavorecidos en todo el mundo. En Nigeria, por ejemplo, ha constatado que afecta desmesuradamente a mujeres con un historial socioeconómico de privación, analfabetas, sin marido y embarazadas. Además, tanto la ley como la práctica del sistema ordinario de justicia penal son incompatibles con los derechos del niño garantizados por la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Nigeria.


Amnistía Internacional también ha concluido que el sistema penal basado en la ley islámica viola los derechos de la mujer a un juicio justo y al debido proceso. Además, la aplicación de la pena de muerte en el ámbito de la shari'atiene un efecto discriminatorio sobre la mujer. En los nuevos códigos penales de la ley islámica, en vigor en 12 estados(1) de la región septentrional de Nigeria desde 1999, se define una persona que ha cometido zinacomo «quienquiera que sea, hombre o mujer, que con plena responsabilidad mantiene relaciones sexuales a través de los órganos genitales de una persona sobre la cual no tiene derechos sexuales y en circunstancias en las que no existe duda alguna sobre la ilegalidad de tal acto». El delito de zinase castiga con la muerte, si la persona condenada es casada, o con 100 latigazos, si no lo es. Estos códigos sólo son aplicables a los musulmanes. Al utilizar la pena de muerte para regular el comportamiento sexual también se violan otros derechos, como el derecho a no sufrir discriminación, a la libertad de expresión y asociación, y el derecho a la intimidad. Aunque Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en cualquier circunstancia, piensa que la tipificación del delito de zinasólo para musulmanes vulnera el principio de igualdad ante la ley y el derecho a igual protección de ésta. La aplicación de la pena de muerte por zinay la discriminación del derecho probatorio en función del género en el ámbito de las nuevas leyes islámicas han hecho que las condenas a muerte por zinarecaigan desproporcionadamente sobre mujeres en el norte de Nigeria. Aunque hasta el momento no se ha ejecutado a ninguna persona condenada a muerte por actos relacionados con el comportamiento sexual en virtud de las nuevas leyes islámicas, esta cuestión sigue siendo motivo de preocupación para Amnistía Internacional, ya que estos actos no entran en la categoría de «los más graves delitos» por los que puede imponerse la pena de muerte conforme al derecho internacional. Amnistía Internacional se opone a la criminalización de las relaciones sexuales mantenidas de mutuo acuerdo por personas que han alcanzado la edad de libre consentimiento.


En noviembre de 2003, el presidente Obasanjo inició un debate parlamentario sobre la cuestión de la pena capital. En el marco de este debate, el Grupo Nacional de Estudio sobre la Pena de Muerte comenzó sus actividades. Este grupo ha emprendido un debate nacional, en el que participan las partes interesadas pertinentes, y formulará recomendaciones al gobierno federal respecto a la pena de muerte cuando finalice su misión de cuatro meses. Amnistía Internacional pide al Grupo que recomiende al gobierno nigeriano seguir la tendencia internacional de abolición definitiva de la pena de muerte para todos los delitos.

Este texto resume el documento titulado Nigeria: Las mujeres y la pena de muerte en los sistemas penales nigerianos(Índice AI: AFR 44/001/2004), publicado por Amnistía Internacional en febrero de 2004. Si desean más información o emprender acciones sobre este asunto, consulten el documento principal. Pueden encontrar una amplia selección de materiales de Amnistía Internacional sobre éste y otros temas en <http://www.amnesty.org>. Para los documentos traducidos al español consulten:

<http://web.amnesty.org/library/eslindex>.

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TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA











[Embargado hasta el 10 de febrero de 2004]

Público

Amnistía Internacional


Nigeria:

Las mujeres y la pena de muerte en los sistemas penales nigerianos



















ÍNDICE



1. Introducción 1

1.1 Motivos por los que el gobierno nigeriano debe abolir la pena de muerte 1

1.2 La aplicación de la pena de muerte viola los derechos humanos de las mujeres 4

1.3 La pena de muerte y su efecto desproporcionado sobre las mujeres 4


2. El sistema penal nigeriano 6

2.1 El sistema penal pluralista de Nigeria 6

2.2 Recursos de apelación y tribunales en casos de pena capital 7

2.2.1 Leyes penales nigerianas 7

2.2.2 La legislación penal islámica 8


3. La pena de muerte en los sistemas penales nigerianos 8

3.1 Las leyes nacionales 8

3.2 Obligaciones de Nigeria en materia de derechos humanos 9


4. La práctica de la legislación penal ordinaria 11

4.1 Delitos relacionados con el aborto 11

4.2 Los derechos del niño 13

4.3 El derecho a recibir asistencia letrada 13

4.4 El derecho a un juicio justo y al debido proceso sin dilaciones indebidas 15

4.5 El derecho a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes 16


5. La práctica de la legislación penal islámica 16

5.1 Motivos de preocupación en relación con la discriminación y la vulneración del principio de universalidad de los derechos humanos que entraña la aplicación del sistema penal islámico 16

5.2 El principio nulla poena sine lege 17

5.3 Los derechos del niño 18

5.4 El derecho del acusado a gozar de representación jurídica y a ser informado sin demora en un idioma que comprenda 18

5.5 El derecho a un juicio justo sin dilaciones indebidas 19

5.6 El derecho del acusado a estar presente en el juicio 20

5.7 Pruebas, confesiones y discriminación contra las mujeres 20

5.8 Motivos de preocupación relativos a la competencia de los tribunales 21


6. El debate parlamentario 21


7. Conclusiones 23


8. Recomendaciones de Amnistía Internacional 24

8.1 Recomendaciones de Amnistía Internacional al gobierno federal de Nigeria 24

8.2 Recomendaciones de Amnistía Internacional a la judicatura de Nigeria 25

8.3 Recomendaciones de Amnistía Internacional a las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley en Nigeria 25


Apéndice 1. Personas en espera de ejecución en Nigeria en julio de 2003 26







NIGERIA


Las mujeres y la pena de muerte en los sistemas penales nigerianos


1. Introducción

1.1 Motivos por los que el gobierno nigeriano debe abolir la pena de muerte


La cuestión de la pena de muerte en Nigeria suscitó gran interés, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, y fue objeto de considerable debate en 2003. La reciente expansión del uso de la pena de muerte en algunas zonas de Nigeria, hasta abarcar aspectos que muchas personas consideran pertenecientes a la vida privada, ha centrado el debate tanto sobre la idoneidad de la pena de muerte en general como sobre la utilización del sistema de justicia penal para regular el comportamiento sexual. Amnistía Internacional considera que la aplicación de la pena de muerte en Nigeria constituye una violación de los derechos que asisten a la mujer en virtud de las normas internacionales de derechos humanos, y que tiene un efecto discriminatorio sobre ella en determinados casos y por ciertos delitos. Amnistía Internacional se opone sin reservas a la imposición de la pena de muerte en todos los países y en cualquier circunstancia por considerarla una violación del derecho a la vida y la forma más extrema de trato cruel, inhumano y degradante. La pena de muerte es irrevocable y puede imponerse a inocentes. Además, nunca se ha demostrado que esta pena tenga un efecto disuasorio frente a la delincuencia superior al de otras penas. Existe una tendencia internacional a abolirla.


La pena de muerte sigue estando en vigor en la legislación nigeriana, y la Constitución de la República Federal de Nigeria de 1999 no prohíbe su aplicación. El artículo 33.1 permite la derogación del derecho a la vida «por sentencia impuesta por un tribunal por un delito penal del que la persona haya sido declarada culpable en Nigeria». La Ley Federal de Disposiciones del Código Penal de 1959 (Código Penal), aplicable en los estados septentrionales, la Ley del Código Criminal de 1961 (Código Criminal), vigente en el sur de Nigeria, y los códigos penales de la shari'a(ley islámica) prevén la imposición de la pena de muerte para una serie de delitos.1 Nigeria es una República Federal compuesta por 36 estados y una Unidad Territorial de la Capital Federal (Abuja). Los estados a su vez se subdividen en 589 áreas de gobierno local. El gobierno federal define la política nacional y vela por su cumplimiento, mientras que los gobiernos estatales y locales tienen a su cargo la aplicación de esta política. Cada estado tiene, no obstante, su propio gobierno, sus leyes y su poder judicial.


A Amnistía Internacional le consta que los tribunales nigerianos han impuesto al menos 33 condenas de muerte desde 1999. De éstas, al menos 22 fueron dictadas en virtud del Código Penal o del Código Criminal.Una de las personas condenadas es una mujer acusada de homicidio culposo tras alumbrar a un bebé nacido muerto, hecho que el tribunal consideró un aborto ilegal. Según Acción para la Rehabilitación y el Bienestar de los Presos,Entrevista con el Dr. Agomoh, ex director ejecutivo de Acción para la Rehabilitación y el Bienestar de los Presos, 11 de noviembre de 2003.organización nigeriana de derechos humanos, en julio de 2003 había 487 personas en espera de ejecución en Nigeria, 11 de ellas mujeres.Al referirse recientemente a esta cuestión, el gobierno federal reconoció que el número de personas condenadas a muerte en espera de ejecución es de 487; consúltese The Guardian, «Government still to decide on the death penalty, says Justice Minister», que aparece en el URL http://ngrguardiannews.com/con fecha del 14 de noviembre de 2003. Según la información que obra en poder de Amnistía Internacional, la pena de muerte se aplica tanto en virtud del Código Penal y el Código Criminal como de la legislación penal islámica.Según la información de que dispone Amnistía Internacional, la última ejecución se llevó a cabo el 3 de enero de 2001 en el estado de Katsina, fecha en que Sani Yakubu Rodi fue ahorcado por el asesinato de una mujer y sus hijos. Se trata de la primera ejecución desde que el estado de Katsina adoptó la nueva legislación islámica que regula el establecimiento de tribunales islámicos y cuestiones relacionadas -Ley N·m. 5 de 2000- y la adopción del sistema penal islámico en el estado -Ley Núm. 6 del 31 de julio de 2000-. Amnistía Internacional, West Africa: Time to abolish the death penalty, Índice AI: AFR 05/003/2003. En 2003 no tuvo lugar ninguna ejecución oficial.


El Código Penal y el Código Criminal permiten imponer la pena de muerte para delitos comunes como el robo a mano armada, la traición, el asesinato y el homicidio culposo.


En los nuevos códigos penales de la ley islámica, en vigor desde 1999 en 12 estadosBauchi, Borno, Gombe, Jigawa, Kaduna, Kano, Katsina, Kebbi, Níger, Sokoto, Yobe y Zamfara.de la región septentrional de Nigeria, se define una persona que ha cometido zinacomo «quienquiera que sea, hombre o mujer, que con plena responsabilidad mantiene relaciones sexuales a través de los órganos genitales de una persona sobre la cual no tiene derechos sexuales y en circunstancias en las que no existe duda alguna sobre la ilegalidad de tal acto».Todos los estados comparten una definición similar de zina; consúltese por ejemplo el artículo 121 de los Códigos de Procedimiento Penal de la ley islámica de 2002 del estado de Kaduna.El delito de zinase castigaba anteriormente en el Código Penal con la flagelación cuando el infractor era musulmán. Pero en los estados que han promulgado legislación penal islámica el delito de zinase castiga con la muerte, si la persona condenada es casada, o con 100 latigazos, si no lo es. El delito de zinay la pena que la ley prevé para sancionarlo sólo son aplicables a los musulmanes. Es especialmente importante señalar que, al utilizar la pena de muerte de esta forma, también se violan otros derechos, como el derecho a no sufrir discriminación, a la libertad de expresión y asociación, y el derecho a la intimidad. Aunque Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en cualquier circunstancia, piensa que la tipificación del delito de zinasólo para musulmanes vulnera el principio de igualdad ante la ley y el derecho a igual protección de ésta, y muestra su oposición a la criminalización de las relaciones sexuales mantenidas de mutuo acuerdo por personas que han alcanzado la edad de libre consentimiento. La aplicación de la pena de muerte por delitos de zinay la discriminación del derecho probatorio en función del género en el ámbito de los códigos penales de la ley islámica han hecho que, desde la introducción de nuevos códigos de este tipo, las condenas a muerte por zinarecaigan desproporcionadamente sobre mujeres en el norte de Nigeria. Amnistía Internacional ha expresado su preocupación llevando a cabo una campaña en relación con los casos de Safiya Yakubu Hussaini, Amina Lawal y Fatima Usman. Amnistía Internacional tiene constancia de que los tribunales islámicos han dictado al menos 11 condenas a muerte desde 1999 en los estados de Bauchi, Jigawa, Katsina, Níger y Sokoto; cuatro de las personas condenadas son mujeres. Tres de estos casos afectan a mujeres acusadas de zina. En el mismo periodo, sólo dos hombres fueron condenados por zina.Dos de los hombres presuntamente implicados en estos casos fueron absueltos, basándose en su juramento sobre el Corán y en la «falta de pruebas». Se trata de Yahaya Muhammad, en el caso de Amina Lawal, y de Yakubu Abubakar, en el caso de Safiya Yakubu Hussaini. En noviembre de 2003, cuatro personas habían presentado recursos contra la pena de muerte dictada contra ellas y estaban esperando fecha para la celebración de la vista. Las declaraciones de culpabilidad de zinade dos de las mujeres, Safiya Yakubu Hussaini y Amina Lawal, fueron anuladas en apelación. Fatima Usman es la última mujer declarada culpable de zina, que fue condenada a muerte por un tribunal islámico de Gawu-Babangida, estado de Níger, en mayo de 2002. Aunque hasta el momento no se ha ejecutado a ninguna persona condenada a la pena capital por zinaen virtud de las nuevas leyes islámicas, esta cuestión sigue siendo motivo de preocupación para Amnistía Internacional, ya que la imposición de la pena de muerte por este delito constituye una violación de las normas internacionales, como el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que Nigeria es Estado Parte, que establece que «sólo podrá imponerse la pena de muerte por los más graves delitos».Consúltense las pp. 11 y 12.A la organización también le preocupa que la condena a muerte por zinaviole el derecho de la mujer a no sufrir discriminación, a la libertad de expresión y asociación, y a la intimidad. La definición de zinareconoce de hecho a los hombres derechos sexuales sobre las mujeres en determinadas circunstancias, como, por ejemplo, en el matrimonio, lo que constituye de por sí una violación del principio de igualdad entre los sexos y es causa de que en la práctica las mujeres ejerzan menos control sobre su vida sexual que los hombres. Este contexto social permite la violación de los derechos humanos de las mujeres, y Amnistía Internacional teme que su definición en la legislación fomente la desigualdad en las relaciones entre ambos sexos y sea causa de que de los hombres ejerzan poderes sobre las mujeres y les impidan controlar sus derechos sexuales y reproductivos.Consúltese el punto C.96 de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Publicación de la ONU E.96.IV.13.


En este informe se documenta la violación de los derechos humanos de las mujeres y de los efectos discriminatorios que tiene sobre ellas, en la teoría y en la práctica, la legislación relativa a la pena de muerte. Amnistía Internacional ha constatado que en los casos presentados en el informe se han vulnerado gravemente, por ejemplo, los derechos a un juicio justo y al debido proceso y, en uno de ellos, los derechos del niño. Las mujeres reciben trato diferente al de los hombres y son desproporcionadamente condenadas a muerte en determinados casos y por ciertos delitos.Esto se aprecia en concreto en el derecho probatorio relacionado con zinaen el ámbito de los códigos de procedimiento penal islámicos, y constituye una circunstancia especialmente grave en los casos de mujeres que se enfrentan a la pena capital.


Amnistía Internacional se opone a la imposición de la pena de muerte, tanto a hombres como a mujeres, en cualquier circunstancia, por considerar que se trata de una violación de derechos humanos fundamentales como el derecho a la vida y el derecho a no ser sometido a penas crueles, inhumanas o degradantes. El derecho a la vida es fundamental y absoluto y jamás puede suspenderse, ni siquiera durante los estados de excepción, según lo dispuesto en el artículo 4.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Nigeria el 29 de octubre de 1993.Según los datos de que dispone Amnistía Internacional, en noviembre de 2003, 76 países habían abolido la pena capital para todos los delitos.En África, 11 países han abolido la pena de muerte para todos los delitos desde 1986, otros 9 la mantienen, aunque pueden considerarse abolicionistas en la práctica, es decir, que las penas de muerte no se ejecutan, y en 32 países aún está en vigor para delitos comunes.Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, comunicado de prensa del 10 de octubre de 2003.En el ámbito de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental hay una tendencia abolicionista, ya sea de factoo de iure, y en menos de 10 años el número de países abolicionistas ha aumentado de uno a diez.Amnistía Internacional, Índice AIAFR 05/003/2003, op. cit., p. 1.Esta evolución debe considerarse en el contexto de la creciente tendencia internacional hacia la abolición de la pena de muerte que existe desde el final de la segunda guerra mundial, y que podría incluso concluir concediendo a la abolición la naturaleza de norma consuetudinaria no derogable del derecho internacional.William A. Schabas, The Abolition of the Death Penalty in International Law, segunda edición, Cambridge University Press, 1997, p. 20.En los países que aún no hayan abolido la pena de muerte, el derecho internacional dispone que ésta sólo podrá imponerse por «los más graves delitos»El artículo 6.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Salvaguardia 1 de las Salvaguardias para Garantizar la Protección de los Derechos de los Condenados a la Pena de Muerte. La Resolución 2003/67 de la Comisión de Derechos Humanos sobre la cuestión de la pena capital establece «que el concepto de “más graves delitos” se limite a los delitos intencionales con consecuencias fatales o extremadamente graves y [...] que no se imponga la pena de muerte por actos como los delitos financieros no violentos, la expresión no violenta de convicciones o la práctica religiosa o las relaciones sexuales entre adultos que consienten en el acto». y de tal forma que se cumplan como mínimo las normas internacionales de justicia procesal previstas en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en las Salvaguardias para Garantizar la Protección de los Derechos de los Condenados a la Pena de Muerte aprobadas por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en 1984.


Como ya se ha señalado, Nigeria ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos,Nigeria ratificó la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos el 22 de junio de 1983.en los que figuran disposiciones relativas al derecho a un juicio justo que han de cumplirse en los casos de delitos castigados con la pena de muerte. Entre estas disposiciones figuran el derecho de acceso a asistencia letrada, el derecho a comparecer ante un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley y el derecho a recurrir. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también recoge en su artículo 6.4 el derecho a solicitar el indulto o la conmutación de la pena de muerte. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer incluye disposiciones relativas a la igualdad ante la ley, y la Convención sobre los Derechos del NiñoNigeria ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño el 19 de abril de 1991.prohíbe la aplicación de la pena de muerte por delitos cometidos por menores de 18 años de edad. No obstante, Nigeria no ha ratificado el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte.


La abolición de la pena de muerte es una de las cuestiones fundamentales de derechos humanos que Amnistía Internacional ha defendido sistemáticamente desde sus inicios.La oposición de Amnistía Internacional a la pena de muerte está bien documentada; otras organizaciones también apoyan nuestra creencia de que la pena de muerte no ha resultado ser un factor disuasorio más eficaz que otros castigos frente a la delincuencia violenta. Por ejemplo, un estudio acerca de la relación entre la pena de muerte y los índices de homicidios en el mundo, elaborado para la ONU en 1988 y actualizado en 2002, llegaba a la siguiente conclusión: «Esta investigación no ha podido aportar una demostración científica de que las ejecuciones tengan un mayor poder disuasorio que la reclusión perpetua. Y no es probable que se logre tal demostración».Roger Hood, The Death Penalty: A Worldwide Perspective, Oxford University Press, 2002, p. 230.Así lo reconoció en el contexto nigeriano el gobernador del estado de Oyo, que instó a que «Nigeria suprima la pena capital de su legislación [...] pues las condenas a muerte no han reducido los asesinatos de personas inocentes».Amnistía Internacional, AFR 05/003/2003, op. cit., p. 3.A la organización le sigue inquietando que a escala mundial la pena de muerte se aplique desproporcionadamente a personas pertenecientes a sectores sociales desfavorecidos. En Nigeria, por ejemplo, afecta desmesuradamente a mujeres con un historial socioeconómico de privación, analfabetas, sin marido y embarazadas.


Debido al aumento del interés en la pena de muerte y a la intensificación del debate sobre su idoneidad en Nigeria, el presidente Olusegun Obasanjo inició un debate parlamentario sobre la cuestión el 13 de noviembre de 2003. Para respaldar este proceso, el ministro de Justicia estableció el grupo de expertos que constituiría el Grupo Nacional de Estudio sobre la Pena de Muerte, formado por 12 miembros que son representantes de diversos ámbitos de la sociedad nigeriana.Amnistía Internacional ha sido invitada a aportar documentación sobre la pena de muerte; este informe forma parte de la contribución de la organización.



Por tanto, Amnistía Internacional insta a Nigeria a seguir la tendencia positiva de muchos de los países vecinos y de otras regiones del mundo y a establecer un ejemplo positivo por medio de la abolición definitiva de la pena de muerte para todos los delitos. Entretanto, la organización pide al gobierno nigeriano que imponga una suspensión inmediata de todas las ejecuciones pendientes, de conformidad con la resolución de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos al respecto.Resolución de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, en la que se instaba a los Estados a que consideraran la suspensión del empleo de la pena de muerte, aprobada en su 26 periodo ordinario de sesiones, celebrado en Kigali en 1999. Consúltese http://www.achpr.org/Recommendations___Resolutions-_ACHPR_88-02.pdf


1.2 La aplicación de la pena de muerte viola los derechos humanos de las mujeres


A Amnistía Internacional le preocupa que se violen los derechos humanos de la mujer en el contexto de la aplicación de la pena de muerte en Nigeria. Ello queda bien patente en los casos de vulneración grave de los derechos a un juicio justo y al debido proceso con arreglo al Código Penal, al Código Criminal y a los códigos penales de la ley islámica expuestos en este informe. Además, la organización ha documentado que tanto la ley como la práctica son incompatibles con los derechos del niño garantizados por la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Nigeria.


A Amnistía Internacional le preocupa que, en contra de la tendencia mundial a restringir la aplicación de la pena de muerte a los delitos más graves y a limitar su utilización con miras a la abolición, con arreglo a las directrices de los organismos internacionales de derechos humanos, en la legislación nigeriana se hayan incorporado nuevos delitos punibles con la muerte. Además, los delitos por los que puede imponerse dicha pena son distintos en virtud del Código Penal, el Código Criminal y la legislación penal islámica. Esta incongruencia en la aplicación en los sistemas penales nigerianos menoscaba el principio de igualdad ante la ley proclamado en la Constitución de NigeriaEl artículo 17.2.a de la Constitución establece que todos los ciudadanos tendrán igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades ante la ley.y en los instrumentos internacionales, así como el principio de universalidad del derecho a la integridad física y mental y el derecho a la vida de todo ser humano.


En este informe se examinan en primer lugar las definiciones de delitos castigados con la pena capital en la legislación nigeriana, así como las obligaciones de Nigeria con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos. En segundo lugar, se subraya la forma en que los sistemas penales afectan a la mujer en la práctica y se muestra el funcionamiento del sistema penal durante la etapa previa al juicio, el juicio y las apelaciones mediante la exposición de ejemplos de mujeres acusadas o declaradas culpables de diversos delitos con arreglo a los tres sistemas penales nigerianos.


Amnistía Internacional tiene constancia de casos de mujeres acusadas o declaradas culpables de diversos delitos con arreglo a todos los sistemas penales nigerianos que permanecen recluidas en espera de juicio o de ejecución de la sentencia durante periodos prolongados. Es motivo de preocupación de la organización que a algunas mujeres se las mantenga encarceladas en espera de ejecución durante periodos de hasta 10 años en condiciones que con frecuencia constituyen en sí mismas trato cruel, inhumano y degradante.


1.3 La pena de muerte y su efecto desproporcionado sobre las mujeres


El principio de no discriminación y de igualdad ante la ley constituye un elemento esencial de todos los tratados de derechos humanos. Ello significa que los derechos de las mujeres deben defenderse en todo momento y al mismo tiempo que los de los hombres. La discriminación contra las mujeres por motivos de sexo se ha descrito en el artículo 1 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que Nigeria ha ratificado, como:


[…] toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.Nigeria ratificó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer el 13 de junio de 1985.


Al analizar la aplicación de la pena de muerte a las mujeres según los tres sistemas penales que coexisten en Nigeria, este informe pretende demostrar que la pena de muerte afecta de forma desproporcionada a algunos de los sectores más pobres de la población femenina de Nigeria. En el documento también se ilustran los abusos sistemáticos contra los derechos humanos que sufren las mujeres en las prisiones nigerianas antes de pasar a disposición de los sistemas de justicia penal. El artículo 15 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer afirma que «los Estados Partes reconocerán a la mujer la igualdad con el hombre ante la ley».


Las investigaciones de Amnistía Internacional han concluido que las mujeres pobres, analfabetas, procedentes de medios rurales, que no se ajustan a las normas sociales y quedan embarazadas fuera del matrimonio, están particularmente expuestas a ser acusadas de delitos punibles con la pena capital en todos los sistemas penales de Nigeria. En este documento, la organización también informa de casos de mujeres acusadas o declaradas culpables de delitos relacionados con el aborto sancionables con la pena de muerte. Aunque Amnistía Internacional no se pronuncia sobre el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo, sí se opone categórica e incondicionalmente a la aplicación de la pena de muerte a cualquier persona o por cualquier delito, así como a las graves violaciones del derecho a no sufrir discriminación.


La información anterior debe considerarse en el marco de los datos socioeconómicos sobre las mujeres y niñas nigerianas. La tasa de participación de las mujeres en la mano de obra (en comparación con la de los hombres) es bastante elevada. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, el 34,3 por ciento de todas las mujeres componían la mano de obra en 1993. Pero otros indicadores socioeconómicos son desalentadores. Casi la mitad de las mujeres nigerianas no sabe leer ni escribir – la tasa de analfabetismo de mujeres y niñas mayores de 15 años alcanzaba el 40,6 por ciento en 2002.La cifra correspondiente a los hombres era del 26,5 por ciento en 2001, según los datos sobre Nigeria publicados en el URL http://www.dcc-sy.com/pkg8/w_atlas/countries/Nigeria.htmLas entrevistas realizadas durante la visita de Amnistía Internacional han revelado que los matrimonios precoces y forzados son comunes. Las mujeres nigerianas tienen un promedio de 5,1 hijos en su vida. Al interpretar estos datos debe tenerse en cuenta la tasa de mortalidad infantil en Nigeria, que es la tercera más elevada del mundo, con 110 muertes por cada 1.000 niños nacidos vivos, sólo superada por Etiopía y la India. Según un estudio estadístico reciente,UNFPA, El estado de la población mundial: Nigeria, tal como se publica en Campaign to end fistula, URL http://www.unfpa.org/fistula/docs/nigeria.pdfla tasa de utilización de métodos anticonceptivos modernos no llega al 10 por ciento. Este estudio ha concluido que en 2001 se llevaron a cabo 610.000 abortos inseguros e ilegítimos,El Código Penal y el Código Criminal tipifican como delito común el aborto, independientemente de lo avanzado de gestación, salvo que se practique para salvar la vida de la mujer embarazada.mientras que un estudio realizado en 1994 constató que el 50 por ciento de toda la mortalidad materna nigeriana está relacionado con el aborto.International Planned Parenthood Federation – Africa Region, Unsafe Abortion and Post-abortion Family Planning in Africa, Londres, 1994. Es preciso considerar a la luz de estas estadísticas las razones por la que, en tantos de los casos que ha resaltado Amnistía Internacional en este informe, se presentaron contra las mujeres cargos de delitos de zinay de delitos relacionados con el aborto sancionables con la pena capital.


La organización mostrará que las condiciones de vida que soportan muchas mujeres encarceladas en Nigeria constituyen discriminación, en el sentido en que ésta se define en el artículo 1 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Amnistía Internacional cree que las diversas formas de discriminación y privación que sufren las mujeres a manos de sus esposos, familiares o comunidades están íntimamente relacionadas con su encarcelamiento, acusadas de delitos que comportan la pena máxima.


En el curso de una visita celebrada en marzo de 2003, Amnistía Internacional entrevistó a varias mujeres en la prisión de Katsina, estado de Katsina, y a una mujer en la prisión de Sokoto, estado de Sokoto, en el norte de Nigeria. También recibió información sobre mujeres presas procedente de otras fuentes. Las conclusiones de la visita ponen de manifiesto la existencia de diversos factores.En primer lugar, ninguna de las mujeres ha sido acusada de robo a mano armada o asesinato. A partir de la información obtenida durante la visita que realizó el año pasado, Amnistía Internacional no tiene constancia de que se hayan presentado estos cargos contra ninguna mujer, aunque, según los datos estadísticos facilitados por la organización no gubernamental nigeriana de derechos humanos Proyecto de Defensa y Asistencia Legal, en 2002 se confirmó la condena a muerte de una mujer por asesinato.


En segundo lugar, la mayoría de las mujeres entrevistadas estaban recluidas por haber sido acusadas o declaradas culpables de homicidio culposo por delitos relacionados con el aborto sancionables con la pena de muerte.


En tercer lugar, casi todas las mujeres afirmaron que eran analfabetas y muchas de ellas manifestaron que se habían casado a muy temprana edad. La relación existente entre el analfabetismo y el matrimonio precoz queda dolorosamente plasmada en la súplica de una mujer de que se le permitiera aprender a leer. «La mayoría de nosotras no sabe leer ni escribir, lo que nos impide hacer cualquier cosa en Nigeria. Mi esposo no me permitía asistir a la escuela», afirmó. Las mujeres nigerianas a las que se les limita el derecho a la educación tienen más probabilidades de sufrir violaciones de su derecho a un juicio justo y al debido proceso. Estas violaciones constituyen discriminación contra la mujer tal como se define en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.


Amnistía Internacional constató que sólo en dos de los casos de mujeres acusadas o declaradas culpables de delitos relacionados con el aborto o zinase les pidieron cuentas por el embarazo o el supuesto aborto a los hombres que eran los presuntos progenitores y se les acusó o condenó con arreglo a los mismos criterios que a las mujeres. En los casos de aborto sólo fueron interrogados dos hombres. En la mayoría de los casos de hombres acusados de zina, bastó con que negaran los cargos para quedar libres. A la organización le preocupa que en Nigeria las mujeres pobres y marginadas comparezcan en proporción desmesurada ante los tribunales, acusadas de diversos delitos punibles con la pena capital. Ello es debido a que la vulneración de los derechos económicos y sociales tiene un efecto discriminatorio sobre la mujer y a veces conduce a la violación de su derecho civil y político a un juicio justo y al debido proceso.


2. El sistema penal nigeriano


2.1 El sistema penal pluralista de Nigeria


EnNigeria coexisten tres legislaciones penales principalesAunque el derecho consuetudinario también forma parte del sistema jurídico pluralista de Nigeria, queda fuera del ámbito de análisis de este informe.constituidas por: a) el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal (capítulo 81 de la compilación de Leyes de la Federación de 1990) que lo acompaña; b) el Código Criminal y la Ley de Procedimiento Criminal (capítulo 80 de la compilación de Leyes de la Federación de 1990) complementaria; y c) las legislaciones penales islámicasEl gobierno del estado de Gombe ha aprobado el proyecto de ley islámica pero todavía no aplica la legislación penal islámica en su sistema jurídico. (Consúltese Daily Trust, «Cleric wants Sharia in Gombe», {0>{0>as posted on URL<}0{>publicado en el URL<}0http://www.mtrustonline.com/dailytrustel 12 de noviembre de 2003.) vigentes en 12 estados septentrionales, que incluyen normas que definen los delitos penales y sus sanciones, así como códigos de procedimiento penal complementarios para aquellos estados que los han adoptado. En todas estas legislaciones penales figuran disposiciones que Amnistía Internacional considera contrarias a las normas internacionales de justicia procesal, como la pena de muerte. En los tres sistemas se especifican distintos delitos, penas y procedimientos penales en función del estado en el que se aplica la ley y de la confesión religiosa de la persona acusada. Por ejemplo, los códigos penales de la ley islámica se aplican a personas de fe musulmana en los 12 estados que los han adoptado, así como a los no musulmanes que deseen regirse por ellos. El Código Penal es aplicable a todos los residentes (musulmanes o no) de los estados bajo su jurisdicción, de forma semejante al Código Criminal, que se aplica a todos los residentes de los estados meridionales que se rigen por él.{0>The geographical areas of jurisdiction of the Penal Code and the Criminal Code are corresponding to the different administrative areas at the time of independence.<}0{>Los ámbitos geográficos de jurisdicción del Código Penal y del Código Criminal se corresponden con las distintas demarcaciones administrativas establecidas en el momento de la independencia.<0}


No obstante, hasta 1999 sólo había dos conjuntos de leyes penales en vigor en Nigeria: el Código Criminal, aplicado en los estados meridionales, y el Código Penal, aplicado en los estados septentrionales. Ambos forman parte del sistema ordinario de justicia penal, influido principalmente por el sistema jurídico británico. Aunque existen similitudes entre ambos códigos, el Código Penal del norte de Nigeria de 1959 introdujo disposiciones que tipifican las relaciones sexuales mantenidas de mutuo acuerdo por personas que han alcanzado la edad de libre consentimiento o el consumo de alcohol como delitos punibles para los ciudadanos nigerianos de fe musulmana y no punibles para el resto.Se trata de una concesi

'f3n política del gobierno a la abundante población musulmana existente en el norte de Nigeria y debe considerarse en el contexto histórico del gobierno británico indirecto de la región. Al principio, la ocupación británica del norte de Nigeria no afectó al sistema jurídico existente. No se introdujeron cambios en los tribunales de alkalis(jueces islámicos o kadis) y emires, que siguieron aplicando el derecho islámico en el ámbito civil y penal, siempre y cuando fuera compatible con el derecho escrito y promulgado y no fuera contrario a la justicia natural, a la equidad y a la conciencia. La adopción del Código Criminal en el norte de Nigeria en 1904 no llevó aparejada la abolición del derecho penal islámico y permitió que los denominados tribunales nativos juzgaran delitos con arreglo a la ley islámica, independientemente de que fueran punibles en virtud del Código Criminal. Los tribunales islámicos se encargarían de dictar las condenas por delitos de zina, aunque ello no se mencionaba en el Código Criminal, y juzgarían los delitos de homicidio con arreglo a la escuela de pensamiento Maliki, sin tener en cuenta las disposiciones pertinentes del Código Criminal. Así, la ley islámica, basada en la escuela de pensamiento citada, coexistía con el derecho penal promulgado, situación que se prolonga hasta 1960 en que entra en vigor el Código Penal de 1959 en el norte de Nigeria. Éste afectó principalmente a la aplicación de la ley islámica Malikien la imposición de penas según la shari'a; los británicos abolieron la amputación y otras penas previstas en la ley islámica, como la lapidación y la crucifixión, pero mantuvieron la flagelación. En el código figuraban algunas disposiciones basadas en el derecho penal islámico en señal de respeto a la población musulmana. Por ello, la zinay la ingesta de alcohol estaban castigados por la ley en el caso de los musulmanes.En este periodo los tribunales locales estaban facultados para aplicar las leyes islámicasEs importante establecer una distinción entre las leyes islámicas como sistema jurídico basado en la religión y la legislación penal islámica de Nigeria. Las primeras establecen normas sobre la vida personal de los musulmanes con relación al culto, ritos, conductas, y con asuntos jurídicos como contratos, matrimonios, herencias y divorcios. Este sistema jurídico religioso regula más o menos el llamado derecho familiar y el derecho contractual y se ha aplicado siempre a las personas de fe musulmana en el norte de Nigeria. Estas normas proceden de las cuatro fuentes del derecho islámico reconocidas por todas las escuelas de jurisprudencia, a saber, Corán, sunna(derecho consuetudinario normativo), qiyas(razonamiento analógico) e ijma(opinión de los jurisconsultos). No obstante, los códigos penales de la ley islámica incorporan al sistema jurídico islámico delitos penales como zina, asesinato, violación y robo. en el ámbito civil y penal, siempre y cuando no entraran en contradicción con los principios del derecho escrito, la justicia natural, la equidad o la conciencia.Akintunde Olusegun Obilade, The Nigerian Legal System, Spectrum, 2002, p. 100. Así, los jueces podían juzgar los delitos de zina, lesiones y homicidios, pero no podían imponer condenas de amputación o muerte por lapidación.


Tras el restablecimiento del gobierno civil en 1999, 12 estados introdujeron códigos penales de la ley islámica. Esta nueva legislación consta de tres partes: códigos penales que especifican los delitos y las penas, códigos del procedimiento criminal que regulan los procedimientos de las causas penales y una ley relativa al establecimiento de los tribunales y las competencias de las autoridades judiciales correspondientes.En algunos estados, como el de Katsina, donde no existen códigos de procedimiento penal escritos, los códigos han recibido críticas por haber sido elaborados apresuradamente, no haber precisado muchas de las definiciones y haber quedado incompletos. Además, se utilizan leyes independientes para introducir oficialmente nueva legislación y derogar la anterior. A consecuencia de todo ello, la jurisdicción de los tribunales islámicos se ha ampliado para englobar las causas penales. El primer código de este tipo se introdujo en 1999 por iniciativa del gobernador del estado septentrional de Zamfara,Este código ha permanecido en vigor hasta la reciente promulgación de los códigos penales islámicos aplicables a los musulmanes de los estados septentrionales. Prof. Ruud Peters, The Reintroduction of Islamic Criminal Law in Northern Nigeria: a study conducted on behalf of the European Commission, Lagos, 2001, p. 4.al que imitó poco después el estado de Níger. Diez estados más han seguido el ejemplo: Bauchi, Borno, Gombe, Jigawa, Kaduna, Kano, Katsina, Kebbi, Sokoto y Yobe. En estos estados se ha adoptado la ley penal islámica parcialmente o ha venido a sustituir completamente el Código Penal aplicable a los musulmanes, y la mayoría de ellos se ha inspirado en el código de Zamfara. La principal diferencia entre estos códigos y el Código Penal consiste en que han incorporado las infracciones de la ley islámica previstas en el Corán –zinae ingesta de alcohol– que se sancionan con penas hududLas penas Hududse consideran sanciones por delitos contra la religión, a diferencia de la venganza privada, que corresponde a la otra categoría de sanciones previstas en la ley islámica. Las penas hududse prescriben para castigar determinados actos prohibidos o sancionados con castigos en el Corán por considerarse delitos contra la religión. Éstos son zina, acusación falsa de zina, beber vino, robo y salteamiento. Consúltese Joseph Schacht, op. cit., p. 175.concretas en la ley islámica.Por ejemplo, el robo se castiga con la amputación de la mano, la ingesta de alcohol con flagelación y la infracción de zina, si la persona condenada está casada o divorciada, con muerte por lapidación.La pena de muerte por lapidación por delitos de zinase basa en la fuente de la ley islámica sunna, y no en el Corán, que prescribe la flagelación por el mismo delito. Asimismo se ha incorporado la ley islámica referida a homicidios y lesiones, que prevé las sanciones de represalia (qisas)Consúltese p. 10 y nota final 59.o compensación económica (diya).A Amnistía Internacional le preocupa que la legislación penal islámica establezca la pena de muerte y otras sanciones que constituyen tortura o pena cruel, inhumana y degradante, a las que la organización se opone por considerar que violan las normas internacionales de derechos humanos.


El hecho de que esta legislación esté vinculada a una religión no es significativo para la organización, ya que su análisis se centra exclusivamente en su efecto sobre los derechos humanos en Nigeria. Amnistía Internacional es una organización de derechos humanos independiente e imparcial que no apoya ni se opone a ninguna religión o creencia. El análisis de sus investigaciones se realiza teniendo presentes las normas internacionales de derechos humanos y no apoya ni se opone a la ley islámica ni a ningún otros sistema jurídico en sí. La organización se opone a la violación de las normas internacionales de derechos humanos en todos los sistemas penales nigerianos, como el derecho a la vida y el derecho a no ser sometido a tortura u otra forma de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.


2.2 Recursos de apelación y tribunales en casos de pena capital


2.2.1 Leyes penales nigerianas


El Tribunal Superior de cada estado se encarga de juzgar todas las causas de delitos punibles con la pena capital en virtud del Código Penal y del Código Criminal. El gobernador del estado tiene la prerrogativa formal de conceder indultos o confirmar la aplicación de castigos corporales irreversibles, incluida la pena de muerte, basándose en las recomendaciones de organismos asesores como la Comisión de Servicios Judiciales o las comisiones de la ley islámica. Los recursos contra las sentencias dictadas por los tribunales superiores de los estados se presentan ante el Tribunal Federal de Apelación. El Tribunal Supremo de Nigeria es la más alta instancia ante la que se puede recurrir en el sistema federal. Como último recurso, el presidente de la República Federal de Nigeria puede ejercer su prerrogativa de gracia y conmutar la pena de muerte.Akintunde Olusegun Obilade, op. cit., p. 169.


2.2.2 La legislación penal islámica


Las causas por delitos punibles con la pena capital, como los delitos de zina, las juzgan los tribunales islámicos inferiores. Los códigos de procedimiento penal de la ley islámica garantizan el derecho de recurso ante un tribunal islámico superior. Por ejemplo, el Código de Procedimiento Penal de la ley islámica del Estado de Sokoto establece que «cualquiera que quede descontento de alguna orden, resolución, decisión o sentencia de un tribunal islámico puede recurrir ante el tribunal islámico superior que tenga competencia de apelación».Artículo 233.2.a de la Ley 2000 del Código de Procedimiento Penal de la ley islámica del estado de Sokoto.El siguiente tribunal al que se puede recurrir es el tribunal de apelaciones de la ley islámica de cada uno de los 12 estados; en caso de que un estado concreto no disponga de este tribunal, la causa puede transferirse al de otro estado. Una vez agotadas las posibilidades de recurso judicial en los estados, la causa puede presentarse ante el Tribunal Federal de Apelación.Si la persona en cuestión no recurre al tribunal federal, puede acudir al gobernador del estado, que puede ejercer su prerrogativa de gracia y conmutar la condena.Hasta el momento, en ningún caso se ha llegado hasta esta instancia. Por último, el presidente puede ejercer su prerrogativa de gracia.


3. La pena de muerte en los sistemas penales nigerianos


3.1 Las leyes nacionales


Como se ha señalado anteriormente, la Constitución nigeriana aún permite la aplicación de la pena de muerte. El artículo 33.1 de la Constitución garantiza el derecho a la vida «salvo por sentencia impuesta por un tribunal por un delito penal del que la persona haya sido declarada culpable en Nigeria». En la causa Kalu vs. the StateKalu vs. The State(1998) 12SCNJ. juzgada en 1998 por el Tribunal Supremo de Nigeria se confirmó la constitucionalidad de la pena de muerte cuando se imponía para sancionar un delito del que el acusado había sido declarado culpable por un tribunal. Se señalaba como requisito que el delito estuviera tipificado y la pena especificada en el derecho escrito.Akintunde Olusegun Obilade, op. cit., p. 5.Según la Constitución,Artículo 4 de la Constitución.es competencia legislativa exclusiva del gobierno federal la regulación de la fuerza de policía y del derecho probatorio. La disposiciones relativas al derecho a un juicio justo son fundamentales en la administración de cualquier sistema penal, especialmente cuando éste permite la aplicación de la pena de muerte. En el artículo 35 de la Constitución se tratan algunas cuestiones relativas al derecho a un juicio justo y al debido proceso. Así, por ejemplo, se estipula que toda persona detenida en virtud del artículo 35.1.c deberá «comparecer ante un tribunal en un plazo razonable».Artículo 35.4 de la Constitución.En este artículo se considera un plazo razonable un día, cuando la persona detenida está a una distancia máxima de 40 kilómetros del tribunal más cercano, y dos días, en caso contrario (artículo 35.5). El detenido tiene derecho a ser informado por escrito y en un idioma que comprenda de las causas de la detención antes de transcurridas 24 horas desde que ésta se produjo. También figuran disposiciones para que el juicio se celebre ante un tribunal establecido por la ley de forma que quede garantizada su independencia e imparcialidad (artículo 36.1). Aunque la asistencia letrada gratuita a los acusados indigentes no está garantizada constitucionalmente, en la Ley de Asistencia Letrada Gratuita, el Código Penal y el Código Criminal figuran disposiciones que exigen al tribunal la asignación de abogados de oficio a las personas sin recursos acusadas de delitos castigados con la pena capital.Consúltense las pp. 16 y 17. Esto cobra especial importancia porque las mujeres y hombres pertenecientes a sectores sociales desfavorecidos con frecuencia sufren discriminación en el ámbito del sistema de justicia por carecer de recursos económicos que les permitan obtener asistencia letrada. Estas circunstancias concretas se contemplan en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que protege en su artículo 14.3 el derecho del acusado a obtener representación letrada gratuita cuando carece de recursos económicos. Las Salvaguardias para Garantizar la Protección de los Derechos de los Condenados a la Pena de Muerte constituyen otra norma importante relativa a la aplicación de la pena de muerte. Se trata de un conjunto de principios que establecen el derecho de toda persona acusada de un delito castigado con la pena capital a gozar de la debida asistencia letrada en todas las fases del proceso. Asimismo, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (Artículo 61.a) pide a los gobiernos que a aseguren «el acceso a servicios jurídicos gratuitos o de bajo costo, incluida la capacitación jurídica básica destinada especialmente a las mujeres que viven en la pobreza».


El Código Penal y el Código Criminal contienen normas similares en relación con la aplicación de la pena de muerte.En el Código Criminal se sancionan con pena de muerte delitos como la traición (artículo 49.A.1), el robo a mano armada (artículo 402.B) y el asesinato (artículo 319.1). En ellos se castigan diversos delitos graves con la horca o el fusilamiento.El método de ejecución depende del tipo de delito.Por ejemplo, el artículo 319 del Código Criminal y el artículo 221 del Código Penal sancionan con pena de muerte el asesinato y el homicidio culposo, respectivamente.


Otros delitos sancionados con la pena de muerte son el robo a mano armada,Decreto Núm. 5 sobre robo y armas de fuego, de 1984, y artículo 401 del Código Criminal.la traición o la instigación a la invasión de Nigeria,Artículos 37 y 38 del Código Criminal y artículos 410 y 411 del Código Penal.la ordalía con resultado de muerte,Artículo 208 del Código Criminal y artículo 214 del Código Penal.la invención de pruebas falsas que den lugar a la condena a muerte de una persona inocenteArtículo 159.2 del Código Penal.y la colaboración en el suicidio de un menor o un demente.Artículo 227 del Código Penal.


El Código Penal y el Código Criminal prohíben la aplicación de la pena de muerte a menores de 17 años y disponen que «un delincuente que en opinión del tribunal fuese menor de diecisiete años en el momento de cometer el delito [...] no será condenado a muerte».Artículo 39.1 del Código Penal.Con ello se incumplen las normas internacionales, que establecen que las personas menores de 18 años deben gozar de protección especial ante la ley y no pueden ser condenadas a la pena capital. La Convención sobre los Derechos del Niño establece en su artículo 37 que «los Estados Partes velarán por que:a) [...] No se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad».


En los nuevos códigos penales de la ley islámica,Es preciso señalar que Amnistía Internacional no ha podido tener acceso a todos los códigos penales de la ley islámica ni a los códigos de procedimiento penal de los estados que los han adoptado. El motivo es doble: las leyes no siempre se publican adecuadamente o no están necesariamente a disposición del público. Por ello, remitimos a los códigos a los que la organización ha tenido acceso, que son los de los estados de Kaduna, Kano, Katsina (Ley Núm. 5 de 2000 que regula el establecimiento de tribunales islámicos y cuestiones relacionadas y Ley Núm. 6 de 2000 que dispone la adopción el sistema penal islámico en el estado), Sokoto y Zamfara.el comportamiento de hombres y mujeres de fe musulmana se regula en una legislación que tipifica los delitos, algunos de los cuales se castigan con la pena de muerte por lapidación. La pena de muerte se prescribe entre las penas hududpara delitos como zina,Artículos 126 y 127 de la Ley del Código Penal Islámico de 2000 del estado de Zamfara; artículos 128 y 129 de la Ley del Código Penal Islámico del estado de Sokoto; artículos 121 y 122 del Código Penal Islámico y del Código de Procedimiento Penal Islámico de 2002 del estado de Kaduna y artículos 124 y 125 de la Ley del Código Penal Islámico de 2000 del estado de Kano.violación,Obsérvese que la pena de muerte se aplica cuando el acusado está casado y la víctima del acto no es su cónyuge, de donde se deduce que la violación en el seno del matrimonio no es un delito con arreglo al sistema penal islámico. Artículos 128 y 129 de la Ley del Código Penal Islámico de 2000 del estado de Zamfara; artículos 130 y 131 de la Ley del Código Penal Islámico del estado de Sokoto; artículos 123 y 124 del Código Penal Islámico y del Código de Procedimiento Penal Islámico de 2002 del estado de Kaduna y artículos 126 y 127 de la Ley 2000 del Código Penal Islámico del estado de Kano."sodomía" -–tal como se define en los códigos penales de la ley islámica– Artículos 130 y 131 de la Ley del Código Penal Islámico de 2000 del estado de Zamfara; artículos 132 y 133 de la Ley del Código Penal Islámico del estado de Sokoto; artículos 125 y 126 del Código Penal Islámico y del Código de Procedimiento Penal Islámico de 2002 del estado de Kaduna (obsérvese que se especifica que comete “sodomía” «cualquier persona que realice coito anal con un varón») y artículos 128 y 129 de la Ley del Código Penal Islámico de 2000 del estado de Kano (en el que la “sodomía” se castiga con la muerte por lapidación si el condenado está o ha estado casado). En el código penal islámico del estado de Kano se especifica que comete el delito de “lesbianismo” «cualquier mujer que mantiene relaciones sexuales con otra mujer a través de sus órganos genitales o mediante la estimulación o excitación sexual mutua» y que se castiga del mismo modo que la ”sodomía”; consúltense los artículos 183 y 184 de dicho código.e incesto,Se aplica la pena de muerte si la persona condenada está casada; consúltense los artículos 132 y 133 de la Ley del Código Penal Islámico de 2000 del estado de Zamfara; los artículos 134 y 135 de la Ley del Código Penal Islámico del estado de Sokoto y los artículos 127 y 128 del Código Penal Islámico y del Código de Procedimiento Penal Islámico de 2002 del estado de Kaduna.pero también para el robo.Para que el robo sea sancionado con pena de muerte, el condenado ha de haber matado a alguien al realizarlo. Consúltense los artículos 152 y 153 de la Ley del Código Penal Islámico de 2000 del estado de Zamfara; los artículos 154 y 155 de la Ley del Código Penal Islámico del estado de Sokoto; los artículos 147 y 148 del Código Penal Islámico y del Código de Procedimiento Penal Islámico de 2002 del estado de Kaduna y los artículos 139 y 140 de la Ley del Código Penal Islámico de 2000 del estado de Kano.El homicidio intencionadoArtículos 199 y 200 de la Ley del Código Penal Islámico de 2000 del estado de Zamfara; artículos 201 y 202 de la Ley del Código Penal Islámico del estado de Sokoto; artículos 192 y 193 del Código Penal Islámico y del Código de Procedimiento Penal Islámico de 2002 del estado de Kaduna y artículos 142 y 143 de la Ley del Código Penal Islámico de 2000 del estado de Kano.con arreglo al qisasEn breve,qisases el derecho de los familiares a exigir que se castigue al condenado (en algunos casos de asesinato o de lesiones corporales graves) con una pena idéntica al acto que realizó deliberadamente. y algunos delitos de jujusegún el tazirPlasmados en los delitos relacionados con ordalías, brujería y juju(artículos 408-413) de la Ley del Código Penal Islámico del estado de Sokoto y artículos 405 y 409 de la Ley del Código Penal Islámico de 2000 del estado de Zamfara.también se sancionan con la pena de muerte. Los cuatro primeros delitos se castigan con la muerte por lapidación, mientras que para el resto de ellos no se especifica el método de ejecución.


Amnistía Internacional ha constatado violaciones del derecho de las mujeres a un juicio justo y al debido proceso en relación con los delitos de zinaen el sistema penal islámico. La infracción de zinase castiga con pena de muerte por lapidación si la persona condenada está casada o divorciada,El término zina, tanto en su acepción general como en su definición en los códigos penales de la ley islámica, no equivale exactamente a “adulterio”, sino que hace referencia a las relaciones sexuales mantenidas entre personas de distinto sexo estando ambas solteras, una de ellas casada o divorciada o las dos casadas o divorciadas. Las penas impuestas varían en función del estado civil. o con prisiónEn virtud del artículo 122 del Código de Procedimiento Penal Islámico de 2002 del estado de Kaduna, las mujeres solteras sólo pueden ser condenadas a flagelación, mientras que los varones solteros son condenados a flagelación y reclusión por zina.o flagelación. Los jueces de las causas por zinano deciden las penas que se imponen ya que éstas son obligatorias. Las penas varían según el condenado esté o haya estado legalmente casado o siempre haya estado soltero. Debido en parte a la forma en que funciona el derecho probatorio, el número de condenas de muerte impuestas a mujeres por el delito de zina es desproporcionadamente elevado con relación al de hombres. En los casos que conoce Amnistía Internacional, han sido declarados culpables cuatro mujeres y dos hombres.


Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos. También se opone a la criminalización de las relaciones sexuales mantenidas de mutuo acuerdo por personas que han alcanzado la edad de libre consentimiento por violar el derecho de hombres y mujeres a la libertad de expresión y asociación y a la intimidad.


3.2 Obligaciones de Nigeria en materia de derechos humanos


Aunque existe un tendencia general de abolición de la pena de muerteEl profesor Schabas prevé que la abolición de la pena de muerte pronto adquirirá el rango de norma no derogable del derecho internacional, es decir de jus cogens. en la comunidad internacional, todavía la mantienen 32 Estados africanos, entre ellos Nigeria. La pena capital no es sólo una cuestión interna de cada Estado. Según las normas internacionales de derechos humanos la pena de muerte sólo podrá imponerse por los más graves delitos, tal como dispone el artículo 6.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Salvaguardia 1 de las Salvaguardias para Garantizar la Protección de los Derechos de los Condenados a la Pena de Muerte. A Amnistía Internacional le sigue preocupando que, al aplicar la pena de muerte, Nigeria no cumpla sus obligaciones en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos. Como se ha señalado previamente, Nigeria ha ratificado entre otros convenios el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,Artículo 6.1: «El derecho a la vida es inherente a la persona humana [...] Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente».la Carta Africana de Derechos Humanos y de los PueblosArtículo 4:La persona humana es inviolable.Todo ser humano tiene derecho al respeto de su vida y a la integridad física y moral de su persona.Nadie podrá ser privado arbitrariamente de este derecho».y la Convención sobre los Derechos del NiñoArtículo 6.1: «Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida».que garantizan el derecho a la vida y el derecho a no ser privado arbitrariamente del derecho a la vida. Aunque ninguno de estos convenios prohíbe la aplicación de la pena de muerte en sí, en ellos figuran disposiciones que regulan por qué delitos y a quién puede imponerse.


El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos limita los delitos a «los más graves delitos» en los países retencionistasEl artículo 6.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos afirma lo siguiente:«En los países que no hayan abolido la pena capital sólo podrá imponerse la pena de muerte por los más graves delitos».Otras normas sobre la imposición de la pena de muerte son la Observación General del Comité de Derechos Humanos de la ONU que afirma que sólo debe utilizarse como medida excepcional,Comité de Derechos Humanos, Observación general 6, párr. 7.y la Resolución 2003/67 de la Comisión de Derechos Humanos que la limita a «los delitos intencionales con consecuencias fatales o extremadamente graves».Documento de la ONU E/CN.4/RES/2003/67, 24 de abril de 2003.Así lo reiteró la relatora especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.Informe de la relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias ante el 59 periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, Documento de la ONU E/CN.4/2003/3/Add.1, apartado sobre Nigeria.Asimismo, en opinión del Comité de Derechos Humanos «la imposición […] de la pena de muerte por delitos que no se pueden calificar como de extrema gravedad, entre ellos [...] las relaciones sexuales ilícitas» es incompatible con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre el informe de Sudán presentado en virtud del artículo 40 del Pacto, Documento de la ONU CCPR/C/79/Add.85, 19 de noviembre de 1997, párr. 8.El Comité de Derechos humanos ha confirmado que su aplicación debe constituir «una medida sumamente excepcional».Comité de Derechos Humanos, Observación general 6, párr. 7.Por tanto, es motivo de preocupación para Amnistía Internacional que a pesar de que los actos calificados de «adulterio» o «fornicación» no son delitos comunes reconocibles en las normas internacionales de derechos humanos, el delito de zinasea punible con la muerte en Nigeria. Tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como la Convención sobre los Derechos del Niño prohíben la imposición de la pena de muerte por delitos cometidos por menores de 18 años de edad. El Pacto también afirma que no se aplicará la pena de muerte a mujeres embarazadas.


El artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos afirma que toda persona acusada de un delito tendrá derecho «a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley». Asimismo, el derecho a un juicio justo incluye el derecho de cualquier persona contra la que se presenten cargos penales a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial; el derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley; el derecho a ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella; el derecho a disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; el derecho a comunicarse con un defensor de su elección; el derecho a ser asistida por un intérprete si no comprende el idioma empleado en el tribunal; el derecho de apelación y el derecho a solicitar amnistía, indulto o conmutación de la pena capital. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer exige a los Estados «[e]stablecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación»,Artículo 2 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.de forma que permita a las mujeres acceder a la justicia y ejercer su derecho a un juicio justo en casos relacionados con la pena capital en pie de igualdad con los hombres.


Las Salvaguardias para Garantizar la Protección de los Derechos de los Condenados a la Pena de Muerte constituyen otra norma importante relativa a la aplicación de la pena de muerte. En ellas se establece que no puede aplicarse la pena de muerte a mujeres embarazadas o que han sido madres recientemente,Salvaguardia 3 de las Salvaguardias para Garantizar la Protección de los Derechos de los Condenados a la Pena de Muerte.lo que es especialmente importante en los casos de mujeres que se enfrentan a acusaciones y juicios relacionados con zinaen virtud de los códigos penales islámicos. Asimismo, las Salvaguardias prohíben aplicar la pena de muerte a personas que eran menores de 18 años en el momento de cometerse el delito. Además, sólo podrá ejecutarse la pena capital «de conformidad con una sentencia definitiva dictada por un tribunal competente, tras un proceso jurídico que ofrezca todas las garantías posibles para asegurar un juicio justo, equiparables como mínimo a las que figuran en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos» (Salvaguardia 5). Las Salvaguardias también recogen el derecho de apelación y el derecho a solicitar el indulto o la conmutación de la pena (Salvaguardia 7).



4. La práctica de la legislación penal ordinaria


4.1 Delitos relacionados con el aborto


En los casos que conoce Amnistía Internacional, muchos delitos relacionados con el aborto se consideran incluidos en la categoría de homicidio culposo, punible con la pena capital, en virtud del Código Penal y del Código Criminal.Consúltense los artículos 83 y 97 del Código Penal y los artículos 221, 232, 233, 234, 235 y 239 del Código Criminal. No obstante, en estos códigos también existen disposiciones específicas para algunos delitos relacionados con el aborto que no prevén la imposición la pena de muerte.Por ejemplo, el Código Penal prescribe una pena de 14 años de prisión para las mujeres que provoquen un aborto.Consúltese el artículo 232 del Código Penal. «Cualquier persona que provoque voluntariamente el aborto a una mujer, siempre que no se provoque de buena fe para salvarle la vida, será castigada con una pena de hasta catorce años de prisión, de multa, o de ambas». En una nota explicatoria se señala que este artículo también es aplicable a la mujer que se provoque el aborto. Igualmente, el Código Criminal castiga con pena de prisión de hasta 7 años a la persona que intente provocar un aborto, y de hasta 14 años a la mujer que intente provocárselo a sí misma. No obstante, en todos los casos que conoce Amnistía Internacional, a las mujeres implicadas en delitos relacionados con el aborto se las ha acusado del delito de homicidio culposo y, por tanto, se enfrentan a la pena de muerte.Consúltense los artículos 83 y 97 del Código Penal y los artículos 221, 232, 233, 234, 235 y 239 del Código Criminal. El homicidio culposo se define de la siguiente forma en el artículo 221 del Código Penal:


Salvo en las circunstancias previstas en el artículo 222 de este Código Penal, el homicidio culposo se castigará con la muerte: a) cuando la acción que ha provocado la muerte se ha ejecutado con la intención de provocarla; o b) cuando el autor del acto sabía o tenía motivos para saber que la muerte era una consecuencia probable, y no sólo posible, del acto o de la lesión física que intentaba provocar la acción.


En el curso de una visita a Nigeria realizada en marzo de 2003, Amnistía Internacional entrevistó a siete mujeres en la prisión de Katsina, estado de Katsina, y descubrió que una de ellas ya había sido declarada culpable de homicidio culposo y condenada a la horca por haber abortado. Tres de las mujeres en espera de juicio habían sido acusadas del delito de homicidio culposo, punible con la pena capital. Dos mujeres habían sido acusadas o declaradas culpables en virtud del Código Penal y una en virtud del código penal de la ley islámica del estado de Katsina.


· RM,Se han abreviado los nombres para proteger a las mujeres entrevistadas.de 23 años, a la que entrevistó Amnistía Internacional, está detenida en el estado de Sokoto y se han presentado contra ella cargos de homicidios culposo en virtud del Código Penal. Se casó cuando tenía 10 años y es analfabeta. Según su declaración, se la acusa de haber matado a su bebé, pero indicó a la delegación que dio a luz después de padecer dolor de estómago y que posteriormente fue hospitalizada a causa de las complicaciones que sufrió tras el parto. En este periodo el recién nacido quedó a cargo de la madre de la mujer. Mientras permanecía en el hospital, le comunicaron que el bebé había muerto. Al parecer, su esposo la denunció ante la policía, que posteriormente la detuvo. Lleva recluida más de un año.


· IJ, de 35 años, concibió un hijo fuera del matrimonio tras divorciarse de su marido. Según declaró a Amnistía Internacional, el bebé nació muerto al octavo mes del embarazo. Un lugareño informó del parto al jefe tradicional, quien, a su vez, informó a la policía. IJ manifestó que estaba sola durante el parto. No se ha aclarado si firmó la declaración con el pulgar o no y si la informaron adecuadamente de los cargos formulados contra ella. Careció de asistencia letrada en la comisaría y durante el juicio. La policía presuntamente ocultó al tribunal pruebas médicas que corroboraban la declaración de IJ. En 1993, fue declarada culpable de homicidio culposo en virtud del Código Penal y fue condenada a la horca dos años después. He estado detenida y encarcelada en la prisión de Katsina durante 10 años. Ahora ha podido ejercer su derecho de acceso a un abogado y espera que se resuelva el recurso presentado hace seis meses. Su familia la ha abandonado y los guardias del centro de detención la tratan con prejuicios a causa del delito del que se la ha declarado culpable. En el momento de redactarse este informe no se tenía noticia de ningún avance de su caso.


· HI, de 25 años, ha sido acusada de homicidio culposo y ocultación de nacimiento en virtud del Código Penal.Tuvo un hijo después de divorciarse de su esposo. Según declaró a Amnistía Internacional, pidió ayuda a una mujer para resolver su situación y ésta le aconsejó que abortara. Ha declarado que tuvo un aborto y después visitó a un médico, que le dio un medicamento que no tomó. HI sufrió una hemorragia y la mujer citada le aconsejó que acudiera al hospital y la acompañó, aunque posteriormente la denunció en la comisaría. Al parecer, la policía sospechó que había dado a luz tras completar el embarazo. HI es analfabeta y, según los informes, la obligaron a firmar con el pulgar un documento que no podía leer. Su confesión fue una presunta invención de la policía. Ha estado recluida desde su detención y en marzo de 2003 permanecía en la prisión de Katsina en espera de juicio. Hasta la fecha no se ha tenido noticia de ningún avance de su caso.


Amnistía Internacional tiene conocimiento de otro grupo de cinco mujeres contra las que, según informes, se presentaron cargos de homicidio culposo en relación con presuntos delitos de infanticidio en virtud del artículo 221 del Código Penal, y que permanecen en espera de juicio en el estado de Sokoto, en el norte de Nigeria en el momento de redactarse este informe.


Una característica común de todos estos casos es que afectan a mujeres de origen rural sin recursos y que la mayoría de ellas han concebido hijos fuera del matrimonio, pues estaban solteras, separadas o divorciadas en el momento de su detención. Por lo general habían sido denunciadas ante la policía por terceros, como las autoridades rurales tradicionales o los vecinos. Dos de las mujeres a las que entrevistó Amnistía Internacional en el estado de Katsina manifestaron que habían tenido bebés nacidos muertos en los últimos tres meses del embarazo, pero habían sido denunciadas por aborto. Ninguna de las mujeres procedentes de los estados de Katsina o Sokoto había gozado de asistencia letrada en la comisaría al ser detenidas o durante la investigación o interrogatorio ni, al parecer, había sido informada de los motivos de su detención. Además, al parecer, varias de ellas habían firmado o estampado la huella del pulgar en confesiones que no habían escrito y que habían sido presuntamente inventadas por la policía, ya que la mayoría de ellas no sabía leer ni escribir. Tras la formulación de cargos, las autoridades no habían informado a las mujeres de sus derechos. Además, la policía no había recabado pruebas médicas que podrían haber servido para absolver a algunas de las mujeres o, en el caso de una de ellas declarada culpable, las había descartado intencionadamente con el fin de obtener una declaración de culpabilidad. Tampoco ha quedado claro si los cargos que se han formulado contra estas mujeres son los adecuados. Asimismo, parece existir una tendencia a acusar a las mujeres del delito de homicidio culposo, castigado con la pena capital, en lugar de aplicar las disposiciones jurídicas que prescriben penas de prisión para delitos concretos relacionados con el aborto. Estas mujeres, que proceden de comunidades pobres y marginales, se enfrentan a la vulneración de su derecho a un juicio justo y al debido proceso a causa de su falta de acceso a asistencia letrada y de su analfabetismo.


Amnistía Internacional no se pronuncia sobre el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo. La Unión Africana reconoció en julio de 2003 el derecho de las mujeres a controlar su fertilidad en el Protocolo Adicional de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos relativo a los derechos de la mujer en África. Consúltese el artículo 14. El protocolo se adoptó en Maputo el 11 de julio de 2003, y Nigeria lo firmó el 16 de diciembre de 2003, pero el 12 de enero de 2004 Nigeria todavía no lo había ratificado.De esta forma se plasman por primera vez explícitamente los derechos reproductivos y el derecho al aborto en las normas internacionales de derechos humanos. Asimismo, los organismos oficiales que interpretan los tratados de derechos humanos tienden cada vez más a defender la posición de que el aborto legal debe ser seguro y accesible y que debe permitirse en aquellos casos en los que el embarazo es consecuencia de una violación.Consúltense por ejemplo, el artículo 14.2 del Protocolo Adicional de la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos relativo a los derechos de la mujer en África y la Recomendación General 24 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer; el documento de la ONU A/55/38, 2000, párr.180 (Jordania); el documento de la ONU A/55/38, 2000, párr. 129–130 (Myanmar); el documento de la ONU A/55/38/Rev.1, 1998, párr. 201 (Panamá); y el documento de la ONU A/52/38/Rev.1, 1997, párr. 236 (Venezuela).Los órganos internacionales de derechos humanos también han instado a los Estados a que, en la medida de lo posible, eliminen las sanciones penales por aborto, es decir que no se acuse o condene a las mujeres por abortar.Recomendación General 24 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, párrafo 31.c: «En la medida de lo posible, debería enmendarse la legislación que castigue el aborto a fin de abolir las medidas punitivas impuestas a mujeres que se hayan sometido a abortos». El Comité ha pedido a los Estados Partes que revisen la legislación que criminaliza el aborto.

Consúltese, por ejemplo, Argentina, 23/07/97, documento de la ONU A/52/38 Rev.1, Segunda Parte, párr. 319; Camerún, 26/06/2000, documento de la ONU A/55/38, párr. 60; Irlanda, 01/07/99, documento de la ONU A/54/38, párr. 186; Jordania, 27/01/2000, documento de la ONU A/55/38, párr. 181; Nepal, 01/07/99, documento de la ONU A/54/38, párr. 139 y 148. El Comité de Derechos Humanos ha criticado en diversas conclusiones finales la legislación que criminaliza o restringe gravemente el acceso al aborto. Consúltese, por ejemplo, Venezuela, 26/04/2001, documento de la ONU CCPR/CO /71/V EN, párr. 19; Kuwait, 19/07/2000, documento de la ONU CCPR/CO /69/KWT, A /55/40, párr. 15; Lesotho, 08/04/99, documento de la ONU CCPR/C/79/Add.106, párr. 11. El Comité de Derechos Humanos ha formulado más recomendaciones específicas dirigidas a los Estados Partes en las que les aconsejaba que revisaran o modificaran la legislación que criminalizaba el aborto. Consúltese, por ejemplo, Guatemala, 27/08/2001, documento de la ONU CCPR/CO /72/G TM, párr. 19; Kuwait, 19/07/2000, documento de la ONU CCPR/CO/69/KW T, A/55/40, párr. 16; Tanzania, 18/08/98, documento de la ONU CCPR/C/79/Add.97, párr. 15.


Amnistía Internacional considera que la negación del derecho de estas mujeres a un juicio justo, incluido el acceso a un abogado y a comparecer ante la autoridad judicial en un plazo razonable, tal como se garantiza en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Constitución nigeriana, constituye una violación de las obligaciones legales internacionales de Nigeria. La organización ha demostrado que en muchos de estos casos la violación de los derechos económicos y sociales afecta al disfrute del derecho a un juicio justo y al debido proceso de las mujeres procedentes de sectores sociales pobres y desfavorecidos.


4.2 Los derechos del niño


El artículo 6.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 37.a de la Convención sobre los Derechos del Niño establecen que los tribunales no impondrán la pena de muerte a personas que tenían menos de 18 años en el momento de la comisión del delito, independientemente de la edad que tengan en el momento del juicio o de la condena. Amnistía Internacional ha informado de la comparecencia ante la justicia de una persona que posiblemente era menor de edad en un caso de asesinato.


· EWafirma tener 17 años, pero la edad que figura en sus antecedentes penales es de 21 años. Se presentaron contra ella cargos de asesinato, delito castigado con la pena capital, y compareció ante el juzgado de primera instancia de Ebute Metta, estado de Lagos, en 2000. En marzo de 2003 aún no había comparecido ante el tribunal y estaba en espera de juicio en la cárcel de mujeres de Kirikiri, estado de Lagos. No ha tenido acceso a un abogado. No se ha podido determinar que EW haya sido puesta en libertad.


Asimismo, tras la visita del relator especial sobre los niños de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Nigeria a la prisión de Ikoyi, estado de Lagos, en marzo de 2003, Amnistía Internacional recibió informes de cinco casos de menores delincuentes detenidos y acusados de delitos castigados con la pena capital. No se sabe cuántos de ellos eran mujeres. Posteriormente se confirmó que los habían trasladado a un albergue para menores delincuentes de Abeokuta, pero no se ha aclarado si se han retirado los cargos de delitos punibles con la muerte.


La organización se opone a la imposición de la pena de muerte a personas menores de 18 años en el momento de la comisión del delito. Ello constituye una violación de las obligaciones internacionales de Nigeria en materia de derechos humanos.


La debilidad del marco jurídico nigeriano para la protección de los derechos de los menores en general ha sido confirmada por el Dr. M. Tawfiq Ladan, miembro del Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Derechos del Niño y la Administración de Justicia de Menores en Nigeria, que lo ha calificado de «débil, descoordinado y no acorde con las obligaciones de Nigeria en virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño, la Carta Africana sobre los Derechos y Bienestar del Niño y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer».Dr. Muhammed Tawfiq Ladan, An overview of state obligations in respect of children’s rights in Nigeria, documento no publicado, p. 9.


4.3 El derecho a recibir asistencia letrada


El acceso a la justicia y a la asistencia letrada es un ámbito en el que las mujeres, especialmente las procedentes de comunidades pobres y marginales que se enfrentan a cargos castigados con la pena capital, sufren efectos discriminatorios de distinto tipo.


Aunque al acusado le asiste el derecho constitucional de asumir su propia representación o de que ésta corra a cargo de un abogado de su elección,Artículo 36.6.c de la Constitución.este derecho de representación jurídica no va acompañado de la obligación constitucional estatal correspondiente de ofrecer asistencia letrada, sino que se limita a garantizar a las personas que deseen y puedan permitirse la asistencia letrada que no se les negará este derecho. En la práctica esto supone que el ejercicio de este derecho queda relativamente limitado para las mujeres que no dispongan de los recursos necesarios. No obstante, el alcance de este derecho constitucional parece haberse ampliado mediante la Ley de Asistencia Letrada Gratuita y los artículos 352 y 186 del Código Penal y del Código Criminal, respectivamente, en los que se dispone que cuando un acusado se enfrente a cargos castigados con la pena capital y no disponga de asistencia letrada, el tribunal debe asignarle un abogado de oficio, si es viable. Según la Ley de Asistencia Letrada Gratuita, el Consejo de Asistencia Letrada Gratuita debe asignar abogado de oficio a las personas sin recursos acusadas de asesinato, homicidio simple, causar heridas o lesiones corporales graves con alevosía o intencionalidad y agresión que provoque lesiones corporales. Sobre el derecho de representación jurídica en casos castigados con la pena capital, el Tribunal Supremo de Nigeria afirmó en la causa Joseph v. The State1985 1 N.S.C.C., 144.que «cuando [el acusado] no puede costearse un abogado, el Estado le asignará uno de oficio». Cuando se asigna un abogado de oficio, el Tribunal Supremo exige que se trate de asistencia letrada efectiva para poder confirmar que se respeta el derecho de representación jurídica en el sentido manifestado en el proceso Udofia v. The State.1988 3 N.W.L.R, 84.


La falta de asistencia letrada de las personas acusadas de delitos sancionados con la pena capital, como en la mayoría de los casos expuestos en este informe, constituye en sí misma una vulneración del derecho nigeriano, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 14.3.d), de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (artículo 7.1.c) y de las Salvaguardias para Garantizar la Protección de los Derechos de los Condenados a la Pena de MuerteSalvaguardias para Garantizar la Protección de los Derechos de los Condenados a la Pena de Muerte (Salvaguardia 5).así como de los recientemente aprobados Principios y Directrices sobre el Derecho a un Juicio Justo y a Asistencia Letrada Gratuita en África (artículo H.c).Aprobados por la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos en su 33 periodo ordinario de sesiones, celebrado del 15 al 29 de mayo de 2003 en Niamey, Níger.Cuando se les niega este derecho, las mujeres acusadas pertenecientes a sectores sociales pobres y desfavorecidos sufren mayor discriminación. Ello es debido a que la asistencia letrada es costosa y, por tanto, inaccesible, ya que la mayoría de estas mujeres no dispone de recursos económicos directos. Otro aspecto en el que las mujeres de las zonas rurales, a las que se les niega el derecho a asistencia letrada, sufren discriminación en relación con el acceso a la justicia, es en la imposibilidad de conseguir dicha asistencia, desde el punto de vista logístico, en zonas aisladas de Nigeria. Por ejemplo, existen barreras culturales frente a las mujeres que se desplazan lejos de su domicilio y, además, éstas suelen carecer de los recursos económicos necesarios para costearse el viaje para visitar a un abogado.


Ello se agrava por la, al parecer, práctica común de no informarlas de su derecho a asistencia letrada, como han manifestado las mujeres a las que entrevistó Amnistía Internacional. Esto supone en la práctica que el resto de los derechos sean puramente teóricos para muchas mujeres, especialmente para las de escasos ingresos o procedentes de medios rurales, ya que no tienen acceso a un abogado que esté presente durante la investigación y prepare su defensa, examine e interrogue a los testigos y plantee recursos de apelación. En la práctica, sin el concurso de un abogado no hay seguimiento de los casos para garantizar la oportuna investigación, impugnar la legalidad de una detención y garantizar la celebración de un juicio sin dilación. Estas preocupaciones quedan patentes en el caso de EJ que se presenta a continuación.


· EJ, de 25 años, fue acusada de homicidio culposo en virtud del artículo 221 del Código Penal y está recluida en el estado de Katsina en espera de juicio. Permanece recluida desde su detención, exceptuando siete días que estuvo hospitalizada. Está casada y tiene tres hijos, pero dejó a su marido, con el que se casó a los 20 años, cuando estaba embarazada de tres meses. Ya estaba encinta cuando acudió a cuidar a un pariente enfermo en otra aldea, donde tuvo un niño nacido muerto al séptimo mes del embarazo. La policía le tomó declaración, pero no se la leyeron hasta que compareció ante un tribunal. No ha disfrutado de asistencia letrada. En el momento de redactarse este informe no se tenía noticia de ningún avance de su caso.



4.4 El derecho a un juicio justo y al debido proceso sin dilaciones indebidas


En los casos de pena capital deben respetarse plenamente todas las salvaguardias y garantías de debido proceso establecidas en las normas internacionales para la etapa previa al juicio, el juicio y las apelaciones. Entre ellas figuran el derecho a completar el proceso, que incluye la investigación, el juicio y la apelación, sin demoras indebidas, conforme al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 9.3 y 14.3.c) y a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (artículo 7.1.d). El Comité de Derechos Humanos mantiene en su recomendación que las siguientes demoras se consideran indebidas: una semana de detención hasta la comparecencia ante un juez, 16 meses de reclusión en espera de juicio y 31 meses de espera entre la celebración del juicio y la desestimación de un recurso.McLawrence v. Jamaica, Documento de la ONU CCPR/C/60/D/702/1996, 29 de septiembre de 1997, párr. 5.6.En algunos casos, la Constitución de Nigeria limita la detención preventiva a dos meses. No obstante, en los casos de pena capital no existe limitación y los mecanismos de revisión judicial de la detención no funcionan en la práctica.


A Amnistía Internacional le preocupan seriamente las demoras injustificadas desde la detención hasta la celebración del juicio en los casos de pena capital en Nigeria. La Acción para la Rehabilitación y el Bienestar de los Presos informa de que el tiempo medio de reclusión en espera de juicio en los centros de detención y prisiones de Nigeria varía de unos estados a otros, pero que raramente es inferior a cinco años. El tiempo de espera es incluso mayor, en opinión del Inspector General de Prisiones, que admite que el periodo de detención preventiva de las personas declaradas culpables de delitos punibles con la pena capital es normalmente superior a 10 años.The Guardian, «Government yet to abolish the death penalty, says Justice Minister», publicado en el URL http://ngrguardiannews.com/el 14 de noviembre de 2003.Según datos facilitados en noviembre de 2003 por el ministro de Estado del Interior, el número de reclusos en prisión preventiva es de unos 25.000.Daily Trust, «25,000 suspects await trial – Minister», publicado en el URL http://www.mtrustonline.com/dailytrust/el 19 de noviembre de 2003.


En relación con la situación de las mujeres citadas en este informe, por lo general cuando se las detuvo como presuntas culpables de delitos castigados con la pena capital ingresaron en prisión en espera de que la policía transfiriera su expediente a la Fiscalía, que es quien decide si iniciar un proceso judicial. En muchos casos que conoce Amnistía Internacional, estos expedientes se extraviaron y los detenidos han permanecido en prisión sin haber sido juzgados durante años, lo que constituye una violación grave de los derechos fundamentales a un juicio justo, especialmente del derecho a comparecer ante la justicia sin dilaciones indebidas. La carencia de abogado, que generalmente afecta más a las mujeres, como se ha señalado anteriormente, hace que sea poco probable que alguien exija la recuperación de los expedientes.


· BO, NOy CS, enfrentadas a cargos por delitos castigados con la pena capital, permanecen presas en la cárcel de mujeres de Kirikiri, en el estado de Lagos. Han estado recluidas hasta 5 años y, según los informes, no se las ha informado de la fecha en que se celebraran sus juicios porque, al parecer, sus expedientes se han extraviado. En marzo de 2003 todavía no habían comparecido en juicio y continuaban esperando que se fijaran las fechas para celebrarlo. La información que obra en poder de Amnistía Internacional no permite determinar si estas tres mujeres han sido puestas en libertad.


· PE, que padece polio grave, manifestó a una delegación de la organización que en octubre de 2001 discutió con un hombre en relación con una propiedad perteneciente a su abuelo. Dijo que el hombre la atacó con un machete y a consecuencia de la pelea ambos resultaron heridos. La mujer consiguió hacerse con el machete y, al parecer, el hombre recibió un corte en la cabeza durante la refriega. Ambos fueron trasladados al hospital. Un mes más tarde la mujer fue dada de alta, mientras que el hombre falleció en el hospital en diciembre de 2001. Fue detenida por la policía y posteriormente ingresó en prisión en espera de juicio por un delito sancionado con la pena capital. En ningún momento ha gozado de asistencia letrada y permanece en espera de juicio en la prisión de Owerri, estado de Imo. Ha comparecido en cinco ocasiones ante el tribunal, pero su causa se ha suspendido todas las veces porque el tribunal no disponía de su expediente. No se ha tenido noticia de ningún avance de su caso.


El derecho a un juicio justo y al debido proceso sin dilaciones indebidas se ha vulnerado claramente en estos casos. El Comité de Derechos Humanos, en su interpretación autorizada del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ha manifestado que la ejecución de la pena de muerte impuesta en un juicio que no ha respetado las disposiciones sobre juicios justos establecidas en el Pacto, constituye en sí misma una violación del derecho a la vida.Smith v. Jamaica, Documento de la ONU CCPR/C/47/D/282/1988, 12 de mayo de 1993, párr. 10.6.


4.5 El derecho a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes


La situación de hacinamiento que se vive en las prisiones y centros de detención preventiva, ilustrada en un informe de marzo de 2003El informe lo puso a disposición de Amnistía Internacional el relator especial sobre los niños de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Nigeria. El objetivo de la visita era verificar la información de los informes que señalaban que varios niños y jóvenes estaban encarcelados en las prisiones de Kirikiri e Ikoyi, en el estado de Lagos.sobre cuatro prisiones del estado de Lagos, puede constituir en sí misma trato cruel, inhumano y degradante. En relación con la prisión preventiva de las mujeres en casos de pena capital, la visita de investigación puso al descubierto varias cuestiones que motivan preocupación.


Según el relator especial sobre los niños de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Nigeria, las condiciones de la prisión de Ikoyi en el estado de Lagos son de sumo hacinamiento, pues las instalaciones previstas para 800 personas acogen a una población reclusa de 1804. El 94 por ciento de los internos está en espera de juicio, el 35 por ciento de ellos por delitos punibles con la pena capital.No se tiene información sobre la proporción de hombres y mujeres de la prisión. En la prisión de seguridad media de Kirikiri, se observó el hecho alarmante de que de los 1676 reclusos que había en prisión preventiva (el 94 por ciento del total) en la fecha de la visita, el 75 por ciento de ellos lo estaba por delitos punibles con la pena capital. No se facilitaron datos sobre la proporción de hombres y mujeres. Los informes sobre la situación observada durante la visita a la prisión de mujeres de Kirikiri revelaron que el 77 por ciento de las reclusas estaba en prisión preventiva, pero no se facilitaron datos sobre cuántas de ellas lo estaban por delitos castigados con pena de muerte. En noviembre de 2003, Amnistía Internacional recibió informes de que habían sido puestas en libertad cuatro de las mujeres de las cuatro prisiones de Lagos citadas en este informe y en el elaborado en marzo de 2003. No obstante, no se ha aclarado si salieron en libertad bajo fianza o si se retiraron los cargos que pesaban contra ellas.


Asimismo, en las prisiones que visitó el relator especial sobre los niños de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Nigeria no existían servicios médicos generales para tratar enfermedades comunes como la malaria, la tuberculosis, la sarna y la hipertensión, ni servicios de medicina femenina para el cuidado de mujeres embarazadas o mujeres con bebés, por ejemplo. A Amnistía Internacional le preocupa que las condiciones de hacinamiento de la prisión descritas en este documento constituyan trato cruel, inhumano o degradante que viola las normas internacionales de derechos humanos.


5. La práctica de la legislación penal islámica


5.1 Motivos de preocupación en relación con la discriminación y la vulneración del principio de universalidad de los derechos humanos que entraña la aplicación del sistema penal islámico


El sistema penal islámico suscita a Amnistía Internacional distintos motivos de preocupación que el Código Penal y el Código Criminal. Aunque a las mujeres musulmanas se las discrimina por motivos religiosos y de género en las tres legislaciones penales, la principal preocupación de Amnistía Internacional radica en que la pena de muerte se aplica por delitos que no se sancionan con ella en virtud del Código Penal y Código Criminal. Por ello, una persona musulmana casada o divorciada a la que se declare culpable de zinapuede ser condenada a muerte por lapidación en los estados septentrionales de Nigeria que aplican la ley islámica, mientras que en el sur del país, donde está en vigor el Código Criminal, las relaciones sexuales mantenidas de mutuo acuerdo por personas que han alcanzado la edad de libre consentimiento no se penalizan. Esta situación atenta contra los principios de universalidad de los derechos humanos e igualdad ante la ley y tiene un efecto de discriminación de la mujer por motivos religiosos y por motivos de género, como ya se ha señalado.


La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos ha reiterado que la ratificación de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos obliga a los Estados a llevar a cabo la armonización de su legislación con las disposiciones del instrumento ratificado.Consúltese Amnesty International, Comité Loosli Bachelard, Lawyers Committee for Human Rights, Association of Members of the Episcopal Conference of East Africa vs. Sudan (Comunicaciones Núm. 48/90, 50/91, 52/91 y 89/93).Además, ha comentado lo siguiente sobre la aplicación de la ley islámica: «cuando los tribunales nacionales apliquen la ley islámica, deben hacerlo de conformidad con las otras obligaciones adquiridas por el Estado.Los juicios siempre se celebraran con arreglo a las normas internacionales sobre juicios justos».Comunicaciones Núm. 48/90, 50/91, 52/91 y 89/93, párr. 10.


A Amnistía Internacional le preocupa que en algunos juicios celebrados ante los tribunales islámicos no se respeten las normas internacionales sobre juicios justos y procesos debidos. Asimismo, el derecho probatorio en el ámbito de los códigos de procedimiento penal de la ley islámica en Nigeria, como en el caso del estado de Katsina, que se rige por normas no escritas, discrimina a las mujeres ya que es más probable que sean declaradas culpables de delitos relacionados con relaciones sexuales mantenidas de mutuo acuerdo por personas que han alcanzado la edad de libre consentimiento que los hombres. De conformidad con la interpretación de la ley islámica de la escuela Malikique predomina en Nigeria, el embarazo suele considerarse prueba suficiente para declarar a una mujer culpable de zina.A diferencia de los códigos penales de la ley islámica en vigor, el derecho islámico clásico exige la presentación de cuatro testigos para probar que una mujer es culpable de zina. Este requisito tiene por objeto proteger a las mujeres de acusaciones falsas de haber cometido zina. Según la sura 24.4 An-Nur (La luz) del Corán «a quienes difamen a las mujeres honestas sin poder presentar cuatro testigos, flageladlos con ochenta azotes y nunca más aceptéis su testimonio. Ésos son los perversos». Por ello, la interpretación Maliki,plasmada en los códigos penales islámicos en el norte de Nigeria, parece discriminar a las mujeres porque presuntamente hace que sea más fácil declararlas culpables del delito de zina. Consúltese también Iman, The stipulated punishments (hudud) in Sharia, and their significance, documento no publicado, 8 de julio de 2002.El juramento prestado por un hombre negando haber mantenido relaciones sexuales con una mujer se considera prueba suficiente de su inocencia, salvo que cuatro testigos presenciales independientes y fidedignos declaren que éste mantuvo las relaciones sexuales voluntariamente.


El marco jurídico no protege los derechos humanos de las mujeres. La vulnerabilidad de las mujeres en la legislación penal tiene una doble vertiente: por un lado se las acusa de delitos que no lo son en el resto de Nigeria, y de los que es más probable que sean declaradas culpables que los hombres, y por otro, en aquellos casos en los que existe coacción o no hay consentimiento, sus derechos de víctimas de delitos se ven gravemente menoscabados por una legislación que favorece a los hombres. Amnistía Internacional considera que debe prestarse la necesaria atención a la cuestión del consentimiento cuando sea un elemento constitutivo del caso. El simple hecho de que la ley que define la zinareconozca que los hombres tienen derechos sexuales sobre las mujeres introduce un factor de coacción en la relación, pues coloca a las mujeres en una posición en la que se ve limitada su capacidad de control de su vida sexual.


5.2 El principio nulla poena sine lege


Un principio básico del derecho penal es que los cargos penales han de basarse en un delito especificado en el derecho escrito vigente en el momento en que se comete, principio denominado de nulla poena sine lege(no existe el delito si no figura en el derecho escrito). Este principio se plasma en el artículo 36.12«Nadie será declarado culpable de un delito si éste y la pena con la que se sanciona no están definidos en una ley escrita.»de la Constitución nigeriana, en el artículo 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 40.2.a de la Convención sobre los Derechos del Niño. Este derecho se violó inicialmente en el caso de Safiya Yakubu Hussaini.


· Safiya Yakubu Hussaini,de 36 años. El 25 de marzo de 2002, el tribunal de apelaciones de la ley islámica del estado de Sokoto ordenó la absolución de Safiya Yakubu Hussaini, de 35 años, sobre la que pendía una condena a muerte por lapidación por un delito de zina.Un tribunal islámico de Gwadabawa le había impuesto la pena capital el 9 de octubre de 2001 tras confesar que había mantenido relaciones sexuales con Yakubu Abubakar, con el que no estaba casada. El juez presidente, Muhammadu Bello Sanyinawal, afirmó que la pena se ejecutaría en cuanto la mujer dejara de amamantar a su bebé, y que disponía de 30 días para presentar un recurso desde el día que se dictó la sentencia.Yakubu Abubakar fue puesto en libertad por «falta de pruebas». El tribunal de apelaciones absolvió a Safiya Yakubu Hussaini por considerar que el presunto delito se había cometido antes de la entrada en vigor del código penal de la ley islámica del estado de Sokoto.El código penal de la ley islámica del estado de Sokoto prescribe la pena de muerte por lapidación para el delito de zina, al que también se denomina «adulterio» en el derecho islámico. Las relaciones sexuales mantenidas de mutuo acuerdo por personas que han alcanzado la edad de libre consentimiento no se penalizan en modo alguno en el Código Criminal vigente en el sur de Nigeria.Con arreglo al Código Penal, que estaba vigente antes de la introducción de la ley penal islámica en dicho estado, el presunto delito nunca hubiera sido punible con la pena de muerte.Amnistía Internacional, Nigeria: Declaración conjunta de la organización de defensa de los derechos humanos de la mujer BAOBAB y Amnistía Internacional sobre la aplicación de los nuevos códigos y leyes penales basados en la ley islámica en el norte de Nigeria,Índice AI: AFR 44/008/2002, Servicio de Noticias Núm. 54/02.

5.3 Los derechos del niño


La edad de taklif, que se define como la edad en la que la persona adquiere responsabilidad jurídica y religiosa, es flexible según el derecho penal islámico.Por ejemplo, en virtud de la Ley del Código Penal Islámico de 2000 del estado de Sokoto, en los casos de hudud el acto sólo se considera delito si el menor supera la edad de taklif, que es inconcreta y no define la edad real. El taklifse define como «la condición que permite adquirir responsabilidad jurídica y religiosa tanto por edad como por madurez mental». Consúltense el Capítulo 1 y el artículo 73. La misma situación se encuentra en el Códigos Penal Islámico del estado de Zamfara; consúltense los artículos 47 y 71.Generalmente se considera que es la edad de la pubertad y, por tanto, puede variar considerablemente de unas personas a otras. Por tanto los menores de ambos sexos están sujetos a la formulación de cargos por delitos sancionados con la pena capital y a que se les juzgue por ellos, lo que contraviene el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que prohíbe aplicar la pena de muerte a personas que eran menores de 18 años en el momento de cometerse el delito.


Amnistía Internacional teme que se esté condenando a muerte a menores de 18 años de ambos sexos en Nigeria, práctica que viola las disposiciones internacionales de protección de los derechos del niño.


5.4 El derecho del acusado a gozar de representación jurídica y a ser informado sin demora en un idioma que comprenda


El derecho de representación jurídica es un principio fundamental del derecho a un juicio justo y al debido proceso e incluye:


· El derecho a ser informado del derecho a disponer de un abogado (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 14.3.d), Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (artículo 7) y Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 37.d) y a recibir asistencia letrada gratuita (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14.3). Este derecho rige desde el momento de la detención y es extensivo a los interrogatorios y a todas las fases del proceso.


· El derecho a disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14.3.b).


· El derecho a ser informado sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella (artículo 14.3.a del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 40.2.b.vi de la Convención sobre los Derechos del Niño y artículos M.2.a y N.1.a de los Principios y Directrices sobre el Derecho a un Juicio Justo y a Asistencia Letrada Gratuita en África).


La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (Artículo 61.a) pide a los gobiernos que aseguren «el acceso a servicios jurídicos gratuitos o de bajo costo, incluida la capacitación jurídica básica, especialmente para las mujeres que viven en la pobreza». La asistencia letrada debe garantizarse en todos los casos de pena capital, y así lo ha confirmado el Comité de Derechos Humanos al declarar que «es evidente que se debe prestar asistencia jurídica a un preso condenado a la pena de muerte. Esto se aplica a todas las etapas del procedimiento judicial [incluida la apelación]».Asimismo, el Comité de Derechos Humanos ha afirmado que no poner asistencia jurídica a disposición del acusado equivale a una violación de los artículos 6 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.


En todos los casos que conoce Amnistía Internacional de mujeres juzgadas por delitos castigados con la pena capital en virtud de la ley penal islámica en el norte de Nigeria, las acusadas carecieron de acceso a representación jurídica durante su primer juicio. Los códigos de procedimiento penal y los códigos penales de la ley islámica introducidos en algunos estados no aluden explícitamente al derecho de representación jurídica de todos los acusados sometidos a juicio. Por ejemplo, la única disposición relativa a la asistencia letrada que aparece en el código de procedimiento penal de la ley islámica del estado de Sokoto es la siguiente: «Los abogados tendrán derecho a intervenir en los tribunales islámicos conforme a lo dispuesto en la Ley de Abogados de 1990»,Artículo 191.1 de la Ley del Código de Procedimiento Penal de la ley islámica de 2000 del estado de Sokoto.pero el código no garantiza el derecho el acusado a acceder a un abogado.


· Amina Lawal,de 30 años, compareció por primera vez el 30 de enero de 2002 ante el tribunal islámico de Bakori, que la condenó a morir lapidada por un delito de zina. Yahaya Muhammad, el hombre que estaba presuntamente implicado en el acto de zina, fue absuelto. El primer juicio se caracterizó por numerosas infracciones de las normas internacionales de justicia procesal y del código penal de la ley islámica del estado de Katsina. Durante el primer juicio no gozó de asistencia letrada ni contó con los servicios de un intérprete. Además, según informes, el juez no le explicó el motivo del juicio ni la naturaleza del presunto delito. No obstante, se le concedió el derecho de apelación y dispuso de asistencia letrada cuando recurrió contra la sentencia ante el tribunal islámico superior.Como consecuencia del interés y del apoyo internacional que han recibido las mujeres acusadas de delitos en virtud del derecho penal islámico, se constituyó una coalición de organizaciones de derechos humanos de las mujeres en Nigeria que prestó asistencia letrada a Amina Lawal en la fase de apelaciones de su caso. Los jueces del primer tribunal de apelaciones confirmaron la condena a muerte. Sin embargo, fue absuelta cuando recurrió por segunda vez. El 25 de septiembre de 2003, los jueces del tribunal de apelaciones de la ley islámica de Katsina anularon la decisión por considerar que tanto la declaración de culpabilidad como la confesión carecían de validez legal.Amnistía Internacional, Nigeria: Anulada por fin la condena a muerte de Amina Lawal, pero continúa el interrogante de la legislación discriminatoria, Índice AI: AFR 44/032/2003, Servicio de Noticias Núm. 222/03.


En el juicio de Amina Lawal no se respetaron las normas nacionales e internacionales de justicia procesal. Las obligaciones internacionales de Nigeria le exigen el respeto del derecho a asistencia letrada. La negación del derecho a un intérprete gratuito contraviene la Constitución nigerianaArtículo 36.6.e de la Constitución.y las normas internacionales de justicia procesal.


En todos los casos actuales que conoce Amnistía Internacional de mujeres juzgadas en virtud de la ley penal islámica, se respetó el derecho de apelación de las acusadas que contaban con asistencia legal. No obstante, existen dudas sobre la situación de las personas juzgadas sin asistencia jurídica y sobre aquellos casos que no llegan a oídos de abogados u organizaciones de derechos humanos. La organización teme que, al carecer de asistencia jurídica adecuada, el acusado corra un elevado peligro de sufrir más violaciones de sus derechos humanos.


5.5 El derecho a un juicio justo sin dilaciones indebidas


En el artículo 14.3.c del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se establece el derecho de toda persona «a ser juzgada sin dilaciones indebidas». La Constitución nigeriana exige que la persona acusada de un delito comparezca ante un tribunal en un plazo razonable104 Artículo 35.4 de la Constitución.que es de uno o dos días según la distancia a la que se encuentre el tribunal más próximo (artículo 35.c). Amnistía Internacional ha apreciado grandes demoras en el proceso de apelación de Fatima Usman, lo que la puede exponer a sufrir violaciones de su derecho a un juicio justo y al debido proceso sin dilaciones indebidas, plasmado en la Constitución nigeriana y en las obligaciones internacionales de Nigeria en materia de derechos humanos.

· Fatima Usman, de 30 años, y Ahmadu Ibrahim fueron declarados culpables de zinay condenados a muerte por lapidación por un tribunal islámico de Gawu-Babangida, estado de Níger, el 27 de agosto de 2002. Estuvieron recluidos en prisión hasta octubre de 2002, cuando se les concedió la libertad bajo fianza por motivos humanitarios, ya que ella estaba en avanzado estado de gestación, en espera de la resolución del recurso que habían presentado.La pareja recurrió contra la condena ante el tribunal de apelaciones de la ley islámica de Minna, estado de Níger, y la causa se suspendió el 3 de junio de 2003. No se ha fijado fecha para la celebración de la vista.



5.6 El derecho del acusado a estar presente en el juicio


El derecho a un juicio justo y al debido proceso incluye el derecho a estar presente en el juicio y apelaciones, que es una obligación legal de Nigeria con arreglo al artículo 14.3.d del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Pacto garantiza que, durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho a hallarse presente en el juicio y a defenderse personalmente o a ser asistida por un defensor de su elección. El Comité de Derechos Humanos ha afirmado que «[c]uando excepcionalmente y por razones justificadas se celebren juicios in absentia, es tanto más necesaria la estricta observancia de los derechos de la defensa».105 Comité de Derechos Humanos, Observación general 13, párr. 11.


· Fatima Usman, de 30 años, fue juzgada in absentiay condenada a muerte en su segunda vista por el tribunal islámico de Gawu-Babangida, estado de Níger.


A Amnistía Internacional le preocupa que en los tribunales islámicos se viole el derecho a estar presente durante todas las fases del proceso penal, especialmente en los casos de pena capital, como pone de manifiesto el caso de Fatima Usman.


5.7 Pruebas, confesiones y discriminación contra las mujeres


La mayoría de las condenas a muerte por zinase imponen a mujeres. Una de las razones es que a las mujeres y los hombres se les exigen distintos requisitos en relación con el peso de las pruebas. Según los doctores en la ley de la escuela de pensamiento Maliki, que al parecer es contraria a otras interpretaciones del Corán, el embarazo se considera a menudo prueba suficiente para declarar a una mujer culpable de zina. Sin embargo, el simple hecho de estar embarazada no implica que haya cometido zina. El embarazo también puede ser consecuencia de relaciones sexuales no consentidas o realizadas bajo coacción. A Amnistía Internacional le preocupa que el derecho penal islámico, tal como se aplica en Nigeria, no proteja a las mujeres de agresiones. Por otra parte, el juramento de un hombre negando haber mantenido relaciones sexuales con una mujer frecuentemente se considera prueba suficiente de su inocencia, salvo que cuatro testigos presenciales independientes y fidedignos declaren que éste participó voluntariamente en el acto. Si el hombre considerado el padre niega su implicación, la mujer no tiene derecho a solicitar ninguna prueba de paternidad, ya que los tribunales islámicos de Nigeria generalmente no la aceptan.106 En la sentencia en el caso de Amina Lawal, el tribunal de apelaciones de la ley islámica del estado de Katsina ha manifestado que el embarazo fuera del matrimonio no constituye por sí mismo prueba suficiente de zina, y cita una fuente desconocida que afirma que no lo es cuando el embarazo se produce durante los primeros cinco años posteriores al divorcio. Esta actitud tiene un efecto discriminatorio sobre las mujeres y es causa de que exista un número desproporcionadamente elevado de mujeres condenadas a muerte por zina.


· A HR, de 30 años,le formularon cargos de homicidio culposo, castigado con pena capital, en el tribunal islámico número 3 del estado de Katsina. Había tenido un niño antes de casarse, pero unos meses después se casó con el supuesto padre. El jefe tradicional de su aldea la acusó de la muerte de su hijo de seis meses y fue detenida por la policía e ingresada en la prisión de Katsina en espera de juicio. También se formularon cargos contra su esposo, pero éste negó su responsabilidad en el embarazo y se retiraron dichos cargos. En marzo de 2003, HR no había recibido asistencia letrada y estaba esperando a que se fijara la fecha del juicio. No ha recibido noticia alguna de su familia.


Otro problema en relación con las pruebas en los códigos penales de la ley islámica es la consideración de prueba que tiene la confesión. Conforme a la Ley de Pruebas,107 Ley de Pruebas, modificada por el Decreto Núm. 61 de 1991, artículos 27-32.que se aplica junto al Código Penal, la confesión no es prueba suficiente para declarar culpable a un acusado. No obstante, según el código de procedimiento penal de la ley islámica del estado de Zamfara, a falta de pruebas corroborantes, la confesión puede utilizarse para obtener una declaración de culpabilidad. Aunque en ambos sistemas de procedimiento penal la policía y los tribunales tienen la obligación formal de garantizar la obtención de las pruebas sin coacciones, en la práctica hay un largo historial de tortura y malos tratos infligidos por las fuerzas de seguridad nigerianas a las personas bajo custodia en todo el país, y existen informes de las presiones ejercidas por grupos parapoliciales apoyados por el Estado para aplicar las nuevas leyes islámicas.Amnistía Internacional, Nigeria: Security forces. Serving to protect and respect human rights?, Índice AI: AFR 44/023/2002, pp. 185-186.En el caso concreto de las mujeres, existe además una fuerte presión social contra las acusadas de violar las normas que regulan sus roles sexuales o de género en la sociedad. Las confesiones obtenidas en esas circunstancias aumentan el riesgo de obtener declaraciones de culpabilidad cuestionables.


Amnistía Internacional teme que en realidad ello implique que la ley islámica, tal y como se aplica en el norte de Nigeria, no protege a las mujeres de posibles agresiones sexuales y coacciones sino que, por el contrario, puede dar lugar al castigo de las víctimas de tales agresiones.


· Safiya Yakubu Hussaini, de 36 años, fue condenada a muerte por lapidación por un delito de zinael9 de octubre de 2001. Presuntamente confesó que había quedado embarazada de Yakubu Abubakar, que posteriormente fue puesto en libertad por «falta de pruebas».Según los informes, el tribunal encargado del caso no dio curso a las denuncias de coacción.Acción de la Red de Acción Regional de África Occidental de Amnistía Internacional (08/01)


La decisión en el caso de Safiya Yakubu Hussaini indica implícitamente que los hombres que violan a mujeres y niñas pueden escapar al castigo si se aseguran de hacerlo sin testigos. Pero la situación de las mujeres y niñas víctimas de violación o coacción se ve aún más agravada, ya que estarán expuestas a acusación falsa de zina. Ello viola claramente los derechos de las mujeres y protege a los violadores.


5.8 Motivos de preocupación relativos a la competencia de los tribunales


Los códigos de procedimiento penal de la ley islámica en Nigeria establecen requisitos diversos en relación con el número de jueces necesarios para constituir debidamente tribunales que puedan celebrar vistas y dictar sentencias en causas penales, incluidas las de pena capital, en los tribunales islámicos inferiores. Cuando se trata de apelaciones, generalmente se exige el concurso de tres jueces para celebrar la vista. Cuando la resolución del caso corre a cargo de un solo juez en los tribunales islámicos inferiores, existen motivos de preocupación de que no quede garantizado convenientemente el respeto de las normas sobre juicios justos. Amnistía Internacional teme que así también quede perjudicada la imparcialidad de los tribunales. Asimismo, los jueces que resuelven los casos de pena capital son los mismos que deciden en las causas civiles y raramente cuentan con la formación necesaria para juzgar causas penales con arreglo a los nuevos procedimientos, lo que también afecta de forma importante a la competencia del tribunal.R. Peters, op. cit., p. 16.

· Amina Lawal, de 30 años, fue condenada a muerte por zinapor el tribunal islámico inferior de Bakori, en el estado de Katsina. El tribunal constaba de un solo juez,Amnistía Internacional, Nigeria:New Shariapenal legislation. Amina Lawal – the details of the case. Update 8, Índice AI: AFR 44/033/2003.por lo que Amina Lawal fue condenada a muerte por un tribunal islámico inferior que no estaba debidamente constituido.Según la Ley Núm. 5 de 2000 que regula el establecimiento de tribunales islámicos y cuestiones relacionadas del estado de Katsina, para que un tribunal islámico inferior este debidamente constituido es preciso que esté compuesto por un alkali(juez versado en el derecho islámico) y otros dos miembros.Artículo 4.1: «Un tribunal islámico estará debidamente constituido si está presidido por un alkaliy consta de otros dos miembros».Amnistía Internacional considera que se ha violado el derecho de Amina Lawal a un juicio justo celebrado por un tribunal competente plasmado en el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.


6. El debate parlamentario

El presidente Olusegun Obasanjo ha expresado en numerosas ocasiones su oposición a la pena de muerte en general y ha comentado a propósito de la condena a muerte por lapidación según los códigos penales de la ley islámica que «no podemos imaginar ni concebir que un nigeriano muera lapidado [...] nunca ha sucedido. Ojalá que nunca suceda».El presidente Obajanjo hizo esta declaración en una aparición pública el 1 de octubre de 2002.Además, está cuestión ha atraído cada vez con más intensidad el interés de los medios de comunicación en el contexto del debate sobre la constitucionalidad de la pena de muerte y la situación de hacinamiento que se padece en los centros de detención y prisiones. A escala internacional, Amnistía Internacional ha sensibilizado a la opinión pública sobre el problema de la pena de muerte en Nigeria, llevando a cabo campañas en relación con los casos de Safiya Yakubu Hussaini, Amina Lawal y Fatima Usman, entre otros, todas ellas condenadas a muerte por lapidación por delitos de zinaen virtud de distintas legislaciones penales islámicas.


Debido al aumento del interés en la pena de muerte y a la intensificación del debate al respecto, el presidente inició un debate parlamentario sobre la cuestión el 13 de noviembre de 2003 en Lagos.The Guardian, op. cit.El gobierno federal desea consultar a todas las partes interesadas y, como confirmó el ministro nigeriano de Justicia a una delegación de Amnistía Internacional en octubre de 2003, el debate se ha iniciado en primer lugar a escala estatal en diversas zonas del país, a fin de recoger los puntos de vista de las distintas regiones. En el seno de este proceso, el ministro de Justicia estableció un grupo de expertos que constituiría el Grupo Nacional de Estudio sobre la Pena de Muerte. Este grupo está formado por 12 miembros que son representantes de diversos ámbitos de la sociedad nigeriana en el que participan, entre otros, mujeres y hombres de las facultades de derecho, el movimiento de derechos humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la fuerza de policía nigeriana, el Consejo Nacional para la Propagación y Defensa de la Ley Islámica, la prensa y el Ministerio Federal de Justicia.Los 12 miembros son: el Prof. Yomi Dinakin, de la Facultad de Derecho, Universidad Estatal de Ondo; Saudatu Mahdi del Proyecto Alternativo para el Avance y la Protección de los Derechos de las Mujeres, Lagos; Oluyemisi Bamgbose, de la Facultad de Derecho, Universidad de Ibadan; Bukhari Bello, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; un representante de la fuerza de policía nigeriana, todavía no asignado en el momento de redactarse este informe; un representante del Departamento de Instituciones Penitenciarias de Nigeria, aún no asignado en el momento de redactarse este informe; el sacerdote John Patrick Ngoyi, de la Comisión Católica de Justicia y Paz; Muhammed Inuwa, del Consejo Nacional para la Propagación y Defensa de la Ley Islámica; Eze Anaba, del periódico Vanguard; el Dr. Tawfig Ladan, de la Facultad de Derecho, Universidad Ahmadu Bello; Yemi Akinseye-George, ministro federal de Justicia; y Olawale Fapohunda, del Consorcio de Recursos Jurídicos.A finales de junio de 2004, este grupo deberá haber analizado los argumentos a favor y en contra de la abolición de la pena de muerte, consultado a todas las partes interesadas, incluida la aceptación de memorándums de ciudadanos nigerianos sobre la cuestión de la pena de muerte, y elaborado un documento político que sirva de guía al gobierno federal. Amnistía Internacional ha sido invitada a aportar documentación sobre la pena de muerte.


La consulta inicial la mostrado la discrepancia prevista entre las distintas partes interesadas, manifestada en la oposición a la pena de muerte y el apoyo a la abolición por parte de los grupos de derechos humanos y en el apoyo a la retención por parte del ministro de Estado del Interior,This Day, «Death Penalty Stays», says Minister. Publicado en el URL www.thisdayonline.com el 20 de noviembre de 2003.de los representantes de las fiscalías de los estados y del Departamento de Instituciones Penitenciarias, por ejemplo.Así, en una conferencia de fiscales generales de los estados, el fiscal general del estado de Bauchi manifestó su opinión de que la abolición de la pena de muerte sería una invitación al golpismo militar y, por tanto, supondría una amenaza en el camino de Nigeria hacia la democracia.Vanguard, «Bauchi Attorney General Warns Against Abolition of Death Penalty», publicado en el URL http://www.vanguardngr.com/el 10 de noviembre de 2003.El Inspector General de Prisiones también expresó su oposición a la abolición por considerar que agravaría aún más la situación de hacinamiento que se vive en las prisiones nigerianas.The Guardian, op. cit.El ministro de Estado del Interior hizo hincapié en que para aplicar la pena de muerte debe «confirmarse más allá de cualquier duda razonable que la persona condenada en un caso de pena capital es realmente culpable.Cuando éste es el caso, no hay motivo para evitar su muerte». Asimismo, el juez Aruwa, del tribunal de apelaciones de la ley islámica del estado de Kogi, apoyó la aplicación de la pena de muerte para los delitos más atroces siempre que «la ejecución se produzca con la máxima prontitud posible tras la condena, dejando un plazo razonable para la apelación y el estudio de la conmutación de la pena».This Day, «Death penalty appropriate for Heinous Crimes», publicado en el URL http://www.thisdayonline.come/law/20031104law07.htmlel 4 de noviembre de 2003.No obstante, según Amnistía Internacional, el argumento de la disuasión no se sostiene pues, como han puesto de manifiesto diversos estudios científicos, nunca se ha demostrado que la pena de muerte tenga un efecto disuasorio frente a la delincuencia superior al de otras penas. De hecho, un estudio nigeriano publicado en 1987 no constató que existiera relación sistemática entre el número de ejecuciones realizadas y el número de asesinatos o robos a mano armada.A. A. Adeyemi, «Death penalty: criminological perspectives: The Nigerian situation». Revue Internationale de Droit Penal, 3e et 4e trimestres 1987, pp. 485-502.


Según las conclusiones de este informe, la pena de muerte, y su aplicación en el contexto del Código Penal, el Código Criminal y los códigos penales de la ley islámica, viola derechos humanos fundamentales de la mujer, tales como el derecho a un juicio justo y al debido proceso. Además, tiene un efecto discriminatorio sobre la mujer en determinados casos, especialmente en relación con el delito de zinaen virtud de los códigos penales de la ley islámica. Por consiguiente, Amnistía Internacional insta al Grupo Nacional de Estudio sobre la Pena de Muerte a que recomiende al gobierno federal la abolición de la pena de muerte.



7. Conclusiones


Amnistía Internacional concluye que la aplicación de la pena de muerte en Nigeria viola en algunos aspectos los derechos humanos de las mujeres, y que en la práctica tiene un efecto discriminatorio sobre la mujer en determinados casos y por ciertos delitos en todos los códigos penales.


Por ejemplo, la categoría de delitos por los que el derecho nigeriano permite la imposición de la pena de muerte es más amplia que la reconocida en el derecho internacional, como lo demuestra la inclusión del delito de zinaen el código penal de la ley islámica. Asimismo, los tribunales nigerianos siguen condenando a muerte a menores, lo que supone una clara violación de los derechos del niño.


Son comunes las violaciones graves del derecho al acceso a la justicia y del derecho a un juicio justo y al debido proceso que se aprecian en la práctica en el Código Penal, el Código Criminal y el derecho islámico. Esto es especialmente grave en los casos de pena capital, como queda ilustrado en este informe por los casos de mujeres que llevan hasta 10 años en prisión preventiva por delitos castigados con la pena de muerte sin haber sido juzgadas. Asimismo, hay mujeres condenadas a muerte en juicios en los que se violan, entre otros, el derecho a asistencia letrada, el derecho a un juicio justo sin dilaciones indebidas, el derecho a ser informadas en un idioma que comprendan y el derecho a estar presentes en el juicio. Por otra parte, en la interpretación Malikide los códigos penales de la ley islámica, el derecho probatorio tiene efectos discriminatorios a causa de las consideraciones concernientes al peso de las pruebas. Por ello, el número de condenas de muerte impuestas a mujeres por el delito de zinaes desproporcionadamente elevado con relación a los hombres, como se muestra en este informe. Las mujeres que son analfabetas, tienen hijos fuera del matrimonio y proceden de grupos socialmente desfavorecidos corren peligro de sufrir mayores violaciones de sus derechos a un juicio justo y al debido proceso, como demuestran los casos que ha resaltado la organización en este informe, lo que permite concluir que la aplicación de la pena de muerte en esas ocasiones ha tenido un efecto discriminatorio sobre las mujeres en Nigeria.


A Amnistía Internacional también le preocupa la falta de formación de los jueces de los tribunales inferiores de la ley islámica, cuyas competencias, que estaban limitadas al derecho civil, se han ampliado para que puedan imponer sentencias en causas penales.


Los Estados tienen la obligación de actuar con la diligencia debida para prevenir, investigar y castigar los actos de violencia, ya sean perpetrados por el Estado o por particulares, y de ofrecer protección a las víctimas. Si el gobierno de Nigeria no protege a las mujeres de peligros potenciales como, por ejemplo, la violación en casos de zinacon arreglo a los códigos penales de la ley islámica y no castiga a los autores, incumple su obligación de actuar con la debida diligencia.


En resumen, la pena de muerte es la forma más extrema de violación del derecho a la vida y constituye trato cruel, inhumano y degradante. El hecho de que la pena de muerte y su aplicación en Nigeria viole en algunas circunstancias los derechos humanos de la mujer y tenga un efecto discriminatorio sobre ella en determinados casos y por ciertos delitos, unido a que ningún estudio científico ha demostrado que la pena de muerte sea un factor disuasorio más eficaz que otros castigos, motiva a Amnistía Internacional a instar al gobierno nigeriano a abolir la pena de muerte para todos los delitos.


8. Recomendaciones de Amnistía Internacional


8.1 Recomendaciones de Amnistía Internacional al gobierno federal de Nigeria


Amnistía Internacional pide al gobierno federal de Nigeria que:


· adopte medidas inmediatas para abolir la pena de muerte en la ley y en la práctica. Una cultura de respeto de los derechos humanos debe incluir la abolición de la pena de muerte, que es la forma más extrema de violación del derecho a la vida, el más fundamental de los derechos humanos;

· garantice la aplicación plena en la legislación nacional de todos los tratados internacionales firmados y ratificados por Nigeria, así como de las normas y declaraciones pertinentes de la ONU;

· respete y promueva las normas internacionales de juicio justo y debido proceso;

· imponga una suspensión inmediata de todas las ejecuciones pendientes, y conmute todas las penas de muerte impuestas en virtud del derecho penal nigeriano y del derecho penal islámico, en tanto se decide la abolición;

· ratifique los instrumentos internacionales de derechos humanos como los dos Protocolos Facultativos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Protocolo Adicional de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos relativo a los derechos de la mujer en África,y el Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos por el que se establece una Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos;

· anule de inmediato las penas de muerte impuestas a personas menores de 18 años en el momento de la comisión del delito, incluido el caso documentado en este informe;

· inicie una reforma jurídica con objeto de armonizar el Código Penal, el Código Criminal y el derecho penal islámico a fin de ajustarlos a las normas internacionales de derechos humanos;

· revise o modifique la legislación no compatible con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos;

· modifique el sistema de administración de justicia, o elimine sus obstáculos, para que se respete el derecho a la libertad de los sospechosos;

· vele por que los derechos de niñas y mujeres, que figuran entre los miembros más vulnerables de la sociedad, estén plenamente protegidos contra las leyes y prácticas discriminatorias. A fin de garantizar esta protección, Amnistía Internacional pide la reforma de la legislación, mediante la introducción en el derecho probatorio de disposiciones que aumenten la protección de niñas y mujeres, abordando particularmente los derechos de las víctimas de violación a obtener reparación;

· introduzca medidas que garanticen a todas las mujeres y hombres el acceso a asistencia legal gratuita desde el momento de la detención y reclusión hasta la conclusión de la fase de apelación de los procedimientos;

· ponga en marcha programas de formación para el personal encargado de hacer cumplir la ley, fiscales y jueces de los sistemas jurídicos nigerianos, con objeto de reforzar el respeto de los derechos humanos con arreglo a los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Nigeria, especialmente las disposiciones de estos instrumentos que prohíben las palizas, el empleo de fuerza excesiva y la detención y reclusión arbitrarias;

· facilite una inspección independiente de los centros de detención;

· vele por que los detenidos tengan acceso inmediato a los abogados de su elección, a asistencia médica y a su familia;

· ponga inmediatamente en libertad a las personas que sufren reclusión arbitraria;

· someta con prontitud a un juicio justo a las personas que estén actualmente detenidas;

· emprenda investigaciones prontas e imparciales sobre las denuncias de malos tratos de los acusados. Las conclusiones y métodos de dichas investigaciones deberán hacerse públicos y los presuntos responsables serán puestos a disposición de la justicia;

· mejore las condiciones de las prisiones y respete las normas mínimas de higiene, ventilación, iluminación y espacio. Las instalaciones sanitarias deberán ser adecuadas para que el recluso pueda satisfacer sus necesidades naturales en el momento oportuno, en forma aseada y decente. También se ofrecerá comida de calidad razonable, agua potable y servicios médicos.


8.2 Recomendaciones de Amnistía Internacional a la judicatura de Nigeria


Amnistía Internacional pide a la judicatura nigeriana que:


· vele por que se apliquen y tengan presentes las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos a la hora de tomar decisiones, a fin de garantizar que el derecho nigeriano se aplica con arreglo a los compromisos contraídos por el país en dicha materia.


8.3 Recomendaciones de Amnistía Internacional a las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley en Nigeria


Amnistía Internacional pide a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en Nigeria que:


· velen por que se investigue inmediatamente y se documente en el momento de la detención o al establecer el primer contacto, la edad de cualquier sospechoso que parezca menor de 18 años. Los menores de 18 años disfrutarán de su derecho al trato adecuado en virtud del artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño y de las Reglas Mínimas para la Administración de la Justicia de Menores;Las Reglas Mínimas de la ONU para la Administración de la Justicia de Menores («Reglas de Beijing»), aprobadas por la Asamblea General de la ONU en su resolución 40/33 del 29 de noviembre de 1985.

· velen por que la documentación sobre las personas recluidas por delitos castigados con la pena capital se mantenga en un lugar seguro y se transfiera adecuadamente a los funcionarios pertinentes en el curso de los procedimientos.




Apéndice 1. Personas en espera de ejecución en Nigeria en julio de 2003Acción para la Rehabilitación y el Bienestar de los Presos, noviembre de 2003.



Estado

M

FTotal




Adamawa

1

-

1





Akwa-Ibom

28

-

28





Bauchi

3

-

3





Benue

1

-

1





Borno

3

-

3





Cross River

8

-

8

5



Delta

37

-

37




Edo

29

2

31





Enugu

52

1

53





Gombe

3

-

3





Jigawa

4

-

4





Kaduna

50

-

50





Kano

5

-

5





Katsina

-

1

1





Kebbi

6

1

7





Kogi

3

-

3





Kwara

1

-

1





Lagos

16

-

16





Ogun

106

1

107





Plateau

40

1

41





Rivers

60

4

64





Taraba

10

-

10





Yobe

6

-

6





Zamfara

4

-

4





Total

476

11

487






(Fuente: Acción para la Rehabilitación y el Bienestar de los Presos, noviembre de 2003)






NOTAS FINALES

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(1) Bauchi, Borno, Gombe, Jigawa, Kaduna, Kano, Katsina, Kebbi, Níger, Sokoto, Yobe y Zamfara.



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