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NO DIFUNDIR ANTES DEL 24 DE JULIO DE 1995

ÍNDICE AI: AFR 32/10/95/s

KENIA: LA IMAGEN DEL GOBIERNO OCULTA LOS ABUSOS CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS

PARÍS -- Los abusos contra los derechos humanos de las mujeres reflejan la existencia de una pauta de represión en Kenia, donde las personas que critican al gobierno, los activistas de derechos humanos y los ciudadanos de a pie se enfrentan al hostigamiento, la detención, la tortura y la muerte.

Hoy, cuando da comienzo en París una reunión de países donantes para revisar el uso por parte de Kenia de la ayuda de los países extranjeros, Amnistía Internacional ha pedido a los gobiernos donantes que examinen el deficiente historial de derechos humanos del gobierno keniata y que utilicen sus vínculos con las autoridades de Kenia para exigir salvaguardias de derechos humanos tanto para los hombres como para las mujeres. Amnistía Internacional no adopta posición alguna a favor o en contra de la imposición de sanciones económicas.

En un informe publicado hoy en París, la organización de derechos humanos documenta cómo las mujeres keniatas que critican al gobierno o que son activistas de la oposición, miembros del movimiento en defensa de los derechos humanos y familiares de opositores al gobierno han sido perseguidas.

Las mujeres también han sido acosadas, violadas y torturadas por las fuerzas de seguridad keniatas, o han sido víctimas de homicidios deliberados y arbitrarios en un contexto de violencia política al parecer iniciada o tolerada por el gobierno, según el informe Women in Kenya: Repression and resistance.

Según Amnistía Internacional, estas violaciones de derechos humanos podrían evitarse por medio de una acción enérgica en la Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Mujer, que se celebrará en Pekín en septiembre de 1995 y en la que se deberían reafirmar los compromisos de los gobiernos con las normas internacionales de derechos humanos.

Aunque numerosos gobiernos y periodistas extranjeros, así como organizaciones humanitarias internacionales tienen intereses económicos y políticos en Kenia o utilizan el país como base de operaciones bien situada en la región, no deben permanecer como «testigos silenciosos» de las violaciones de derechos humanos que se cometen allí. Sin la presión internacional, no es probable que el gobierno preste atención a las peticiones internacionales para que ponga fin a los abusos.

Actualmente, los activistas de derechos humanos, muchos de ellos mujeres, están trabajando en favor de una nueva constitución, de un sistema judicial independiente y de la revocación de las leyes represivas. Sin embargo, ese disentimiento ha conducido a represalias. Desde principios de 1995, parlamentarios de la oposición han sido arrestados y han estado detenidos durante periodos de hasta tres meses, las oficinas de un periódico de la oposición han sufrido un ataque con bombas incendiarias, a consecuencia de lo cual su imprenta quedó inutilizada, y las organizaciones de derechos humanos han sido acosadas: una de ellas fue atacada con bombas incendiarias en seis ocasiones y otras dos fueron prohibidas.

Algunas reuniones organizadas por grupos de mujeres han sido disueltas violentamente o se ha impedido su celebración. El 18 de junio de 1994, por ejemplo, policías armadas asaltaron un seminario de mujeres en el que participaba un parlamentario local de la oposición. Los agentes de policía golpearon a más de 100 mujeres.

Otras mujeres han sido acosadas o encarceladas por ser familiares de opositores al gobierno, como en el caso de la madre del activista y ex político Koigi wa Wamwere, que actualmente está siendo sometido a un juicio en el que podría ser condenado a muerte. Koigi wa Wamwere ha sido acusado de asaltar una comisaría de policía junto a otras tres personas, entre ellas su hermano y su cuñado. En opinión de Amnistía Internacional, estas acusaciones son falsas. En varias ocasiones, la policía ha rodeado la casa de su madre, la activista Monica Wangu Wamwere, y se la ha destruido dos veces.

La hermana de un destacado crítico al gobierno fue arrestada ilegalmente y estuvo detenida en régimen de incomunicación durante 22 días antes de ser acusada de robo con violencia, delito punible con la muerte. Josephine Nyawira Ngengi manifestó que la policía la había torturado, introduciéndole objetos contundentes en la vagina hasta hacerla sangrar. Fue liberada y la volvieron a detener en tres ocasiones más y, si es condenada, se enfrentará a una condena de muerte obligatoria.

Truphena Obwaka Shirako fue detenida en enero de 1994, presuntamente por robar dinero de la organización no gubernamental internacional para la que trabajaba. Cuatro policías la golpearon durante horas y le introdujeron una botella en la vagina. Finalmente, la mujer, de 51 años de edad, fue ingresada en un hospital con diversas lesiones. Posteriormente, dos de los policías fueron detenidos y acusados. Ambos negaron los cargos y fueron liberados bajo fianza.

Otros métodos utilizados por la policía para obtener confesiones son la violación, las palizas y los azotes, suspender al detenido cabeza abajo con cadenas y sumergirle la cabeza en agua.

La mayoría de los desplazados internos por la violencia política son mujeres y niños. Durante los ataques, las mujeres han sufrido secuestros y violaciones y han sido víctimas de homicidios deliberados y arbitrarios. Según informes, en un caso, miembros de la Unidad de Servicios Generales, unidad de policía paramilitar de la zona, secuestraron y violaron a cinco mujeres.

Amnistía Internacional hace un llamamiento al gobierno de Kenia para que su compromiso verbal con los derechos humanos se traduzca en una acción eficaz y para que, entre otras cosas, investigue las violaciones de derechos humanos y procese a los responsables.

Concretamente, Amnistía Internacional pide al gobierno keniata que aumente la protección de las mujeres:

.comprometiéndose públicamente a salvaguardar los derechos humanos de las mujeres;

.tomando medidas eficaces para evitar la violación, el abuso sexual y otras formas de tortura y malos tratos bajo custodia;

.garantizando que todas los presos políticos acusados de un delito tipificado en el código penal son sometidos sin demora a un juicio justo y que el tribunal es competente, independiente e imparcial;

.garantizando que las mujeres activistas pueden desarrollar sus actividades pacíficas sin correr el riesgo de ser encarceladas ni acosadas;

.protegiendo a las refugiadas y a las solicitantes de asilo de la tortura, incluida la violación.