Documento - República del Congo: una crisis de derechos humanos enraizada en la lucha por el poder

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ÍNDICE AI: AFR 22/04/99/s

FECHA DE EMBARGO: JUEVES 25 DE MARZO DE 1999, 00:01 HORAS GMT

República del Congo: una crisis de derechos humanos enraizada en las luchas por el poder

El gobierno y las fuerzas de la oposición armada de la República del Congo están llevando a cabo una campaña deliberada en la que dan muerte, infligen heridas y hacen «desaparecer» o secuestran a civiles, ha afirmado hoy Amnistía Internacional en un nuevo informe. Según la organización, sólo entre finales de 1998 y principios de 1999, han perdido la vida cientos de civiles indefensos.

Desde las elecciones de 1992, en las que participaron diversos partidos políticos, tanto el gobierno como los grupos armados han ejecutado a más de diez mil civiles indefensos y sometido a muchos más a otros abusos contra los derechos humanos, confirmando así que los abusos están profundamente enraizados en las luchas por el poder que se desarrollan desde que el país se constituyó en un Estado independiente, dice el informe.

«Prácticamente todos los líderes de las fuerzas que intervienen en el conflicto han sido responsables de crisis anteriores, desde que la República del Congo adquirió su independencia en 1960», ha declarado la organización, subrayando en concreto que «desde 1993 las fuerzas del gobierno y diversos grupos armados cometen abusos sistemáticos y generalizados contra los derechos humanos».

Las fuerzas leales al presidente Denis Sassou Nguesso han secuestrado, torturado, violado, detenido arbitrariamente y encarcelado ilegalmente a civiles, en flagrante violación de la Ley Fundamental (Acte Fondamental) promulgada el pasado año. En casi todos los casos, ninguno de los responsables de estos abusos ha comparecido ante la justicia.

En los últimos meses, combatientes de ambos bandos han violado a mujeres y herido deliberadamente a civiles. Hasta 40.000 civiles residentes en los distritos de Bakono y Makélé-kélé de la capital, Brazzaville, han huido de sus casas, y otros 150.000 se han ocultado en los bosques de la región de Pool. Otros han buscado refugio en la vecina República Democrática del Congo.

Durante los virulentos combates desarrollados entre junio y octubre de 1997 y que desembocaron en el derrocamiento del entonces presidente Pascal Lissouba por las fuerzas de Denis Sassou Nguesso, las fuerzas que apoyaban a ambos contendientes cometieron graves abusos contra los derechos humanos.

En las conversaciones que mantuvieron con los delegados de Amnistía Internacional en julio y agosto de 1998, las autoridades congolesas negaron que la milicia del presidente Sassou, conocida como Cobras, hubiera sido responsables de abusos contra los derechos humanos, y culparon de éstos a la milicia de los Cocoyes del ex presidente Lissouba y a los Ninjas del ex primer ministro Bernard Kolelas. Todas estas milicias han estado implicadas en nuevos homicidios y otros abusos desde finales de 1998.

Basándose en la información recabada por los delegados de la organización durante una visita realizada al Congo en 1998, así como en datos recogidos con posterioridad, Amnistía Internacional ha llegado a la conclusión de que «la mayoría de las víctimas de los abusos eran civiles indefensos escogidos por su filiación política u origen étnico. Los abusos constituyen una clara violación del derecho humanitario internacional». Los delegados también establecieron que la policía tenía como criterio disparar a matar a presuntos ladrones armados, y que decenas de detenidos habían sido ejecutados sumariamente.

Por ejemplo, las autoridades congolesas y los líderes de los Ninjas se han acusado mutuamente de la muerte de seis representantes de grupos religiosos, ocurrida en Mindouli el 14 de noviembre de 1998. Los representantes religiosos fueron atacados cuando acudieron a la ciudad para mediar entre las partes beligerantes.

Entre las decenas de personas detenidas a finales de 1998 y principios de 1999 por las fuerzas gubernamentales figuran varios niños, considerados sospechosos de apoyar a la oposición armada. Por ejemplo, el 13 de enero de 1999, los dos hijos del experto en kárate Jean-Mari Mfilou fueron detenidos junto con su madre, acusados por la policía de entrenar a Ninjas.

Amnistía Internacional siente también preocupación ante el hecho de que, desde octubre de 1997, fuerzas de gobiernos extranjeros, especialmente soldados angoleños, han sido responsables de homicidios ilegítimos y deliberados y de otras violaciones de derechos humanos, incluidas numerosas violaciones de mujeres.

«Los gobiernos extranjeros implicados en el conflicto armado deben garantizar que sus tropas no participan en violaciones de derechos humanos y del derecho humanitario internacional en el Congo.»

«Los sucesivos gobiernos congoleños han hecho caso omiso de la labor del poder judicial, llegando incluso a obstruirla, perpetuando así la impunidad, tanto para sí mismos como para quienes los apoyan y que han cometido abusos contra los derechos humanos y otros crímenes. Este ciclo de impunidad ha creado unas condiciones en las que muchas personas perciben que la violencia es el único medio que existe para corregir la injusticia o conseguir o conservar el poder», añadió Amnistía Internacional.

La organización considera que estos abusos contra los derechos humanos continuarán «a menos que el gobierno y sus adversarios se comprometan a respetar el Estado de Derecho, que ha de hacer valer un poder judicial independiente, competente e imparcial».

Amnistía Internacional ha instado a los gobiernos y a las organizaciones intergubernamentales a que «tomen conciencia de la gravedad de la crisis y adopten medidas inmediatas para ponerle fin».