Documento - República Centroafricana. Civiles en peligro en la remota zona norte

Amnistía Internacional (AI) lleva ya varios años recibiendo denuncias de graves abusos contra los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario cometidos en la zona norte de la República Centroafricana por diversidad de grupos armados y soldados del gobierno. Los abusos incluyen homicidios ilegítimos, secuestros, destrucción de propiedad privada, y violación y otras formas de violencia sexual contra las mujeres.

Las pruebas reunidas por los delegados de AI sugieren que altos cargos gubernamentales no han cumplido su deber de establecer estrategias efectivas para proteger a la población de la zona norte de la República Centroafricana, limitándose simplemente a firmar acuerdos de paz con los grupos armados de oposición y a lanzar ataques en la zona que van dirigidos y afectan desproporcionadamente a la población civil.

La información obtenida por los investigadores de AI –principalmente de las personas refugiadas pero también de las organizaciones humanitarias y de derechos humanos–, describe la angustiosa situación en la que se encuentra la población del norte de la República Centroafricana, abandonada a la merced de grupos armados, soldados del gobierno y bandas de criminales armados despiadados, que matan, destruyen y arrasan bienes y casas, se dan al pillaje, secuestran a niños y niñas, y violan con impunidad. Partiendo del testimonio de víctimas y testigos de estos graves abusos contra los derechos humanos recabado por sus investigadores, AI ha llegado a la conclusión de que los líderes militares y políticos han ordenado o aprobado violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Las fuerzas del gobierno, particularmente la Guardia Presidencial –cuerpo que rinde cuentas directamente al presidente François Bozizé–, están implicadas en el homicidio de decenas de civiles. Los grupos armados han tomado como rehenes a ciertos sectores de la población y dado muerte a las personas que se niegan a apoyarlos. Funcionarios y soldados del gobierno han abdicado de su responsabilidad de proteger a la población y sus propiedades. Como consecuencia de ello, los bandidos armados a los que se conoce localmente como "Zaraguinas" (coupeurs de route, salteadores de caminos), han aprovechado el vacío de poder y saquean y secuestran a niños y niñas para pedir rescate sin temor a tener que rendir cuentas ante la justicia. Los bandidos chadianos y los soldados del gobierno de Chad también han llevado a cabo incursiones esporádicas en la parte norte de la República Centroafricana, donde han dado muerte a civiles desarmados y saqueado sus bienes.

Más de 70.000 personas de la zona norte de la República Centroafricana han huido a los países vecinos, y varios centenares de miles más han quedado desplazados en el interior del país como consecuencia de la inseguridad que reina en la región. La población refugiada tiene un acceso limitado a cuidados de la salud y otra asistencia humanitaria.

Decenas de menores y algunos adultos han sido secuestrados por bandidos armados, especialmente en la parte noroccidental de la República Centroafricana. La mayoría de las víctimas de secuestros han sido niños y niñas de etnia mbororo. El gobierno no ha hecho prácticamente nada para impedir los secuestros, ni para detener a los secuestradores, ni para proteger en general a la población. Con su inacción, el gobierno ha incumplido sus obligaciones respecto de las personas que por ley están a su cuidado.

Según los informes, soldados del gobierno de Chad han realizado incursiones en el norte de la República Centroafricana bajo pretexto de ayudar a las fuerzas armadas gubernamentales de este país a combatir las ofensivas de los grupos políticos armados, o de proteger su propio territorio de las incursiones de los grupos políticos armados chadianos que utilizan como base la República Centroafricana. Y como parte de este proceso, los soldados chadianos han atacado a civiles desarmados. También se informa de que pastores armados chadianos han atacado a los agricultores de la República Centroafricana o destruido sus cosechas, evidentemente sin temor a que los funcionarios centroafricanos se lo impidieran o los procesaran.

En virtud del derecho internacional, las partes de un conflicto armado tienen la obligación de hacer todo lo posible para asegurar la protección de los civiles. La persecución deliberada de civiles en un conflicto armado viola el derecho internacional humanitario. Es un crimen de guerra. En ciertas circunstancias podría constituir un crimen de lesa humanidad.

Amnistía Internacional publica este informe con el objeto de que la comunidad internacional preste atención a la dolorosa situación de la población de la zona norte de la República Centroafricana. Con la información y recomendaciones del informe, AI está exhortando a los gobiernos –especialmente al de la República Centroafricana– a tomar medidas de inmediato para proteger a la población de la zona norte de la República Centroafricana. AI teme que de no tomarse medidas sin dilación, la situación de la República Centroafricana puede degenerar aún más y empeorar la situación, ya desesperada, de seguridad y de derechos humanos, particularmente en la zona norte de la República Centroafricana, pero también en el resto del país y en otros países de la región.

Este texto resume el documento titulado República Centroafricana. Civiles en peligro en la remota zona norte (Índice AI: AFR 19/003/2007), publicado por Amnistía Internacional el 19 de septiembre de 2007. Si desean más información o emprender acciones al respecto, consulten el documento completo. En el sitio web http://www.amnesty.org encontrarán una amplia selección de materiales de AI sobre éste y otros asuntos. Los comunicados de prensa de la organización pueden recibirse por correo electrónico solicitándolo en la dirección:
http://www.amnesty.org/email/email_updates.html

1. Introducción 1
2. El trasfondo 3
3. Civiles atacados por soldados del gobierno 7
4. Civiles atacados por grupos armados 10
5. Civiles secuestrados por bandidos armados para obtener rescate 12
6. Soldados de Chad se unen a la anarquía que reina en la zona norte 18
7. Conclusión 19
8. Recomendaciones 20
9. Glosario 24
Mapa de la República Centroafricana 25

1. Introducción

Amnistía Internacional (AI) lleva ya varios años recibiendo denuncias de graves abusos contra los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario cometidos en la zona norte de la República Centroafricana por diversidad de grupos armados y soldados del gobierno. Los abusos incluyen homicidios ilegítimos, secuestros, destrucción de propiedad privada, y violación y otras formas de violencia sexual contra las mujeres. La República Centroafricana ha padecido inestabilidad desde su independencia. AI lleva más de un decenio recibiendo informaciones sobre los ataques que sufre la población a manos de bandidos armados, especialmente en el noroeste del país. La reciente visita al país realizada por la organización para fines de investigación, ha establecido que las autoridades no han tomado medidas para proteger a la población civil de estos ataques. AI no pudo visitar la zona norte de la República Centroafricana debido a la inseguridad que continúa afectando a la región, pero sí pudo visitar Bangui, la capital, así como la zona meridional de Chad donde más de 50.000 ciudadanos centroafricanos viven hoy en campos para refugiados.

Mujeres centroafricanas refugiadas en el sur de Chad, mayo del 2007. © AI

En mayo del 2007, tras recibirse información de que continuaban llegando al sur de Chad refugiados centroafricanos huyendo de la violencia y las violaciones de los derechos humanos en la parte norte de su país, AI envió a la región dos investigadores para entrevistar a una muestra representativa de estas personas. Los investigadores visitaron los campos de refugiados de Dosseye y Gondje, así como los puestos fronterizos de Bekoninga y Betoye, utilizados por los nuevos refugiados para entrar en Chad. En este país los investigadores se reunieron con representantes de los grupos de derechos humanos de la localidad, funcionarios del gobierno y representantes de agencias de las Naciones Unidas (ONU) y de organizaciones humanitarias internacionales.

En la República Centroafricana, los investigadores visitaron Bangui, la capital, donde mantuvieron conversaciones con varios funcionarios del gobierno, representantes de las organizaciones de la sociedad civil y con defensores y defensoras de los derechos humanos. También se reunieron con representantes de otros gobiernos, de las agencias de la ONU y de organizaciones humanitarias internacionales.

La información obtenida por los investigadores de AI –principalmente de las personas refugiadas pero también de las organizaciones humanitarias y de derechos humanos–, describe la angustiosa situación en la que se encuentra la población del norte de la República Centroafricana, abandonada a la merced de grupos armados, soldados del gobierno y bandas de criminales armados despiadados, que matan, destruyen y arrasan bienes y casas, se dan al pillaje, secuestran a niños y niñas, y violan con impunidad. Partiendo del testimonio de víctimas y testigos de estos graves abusos contra los derechos humanos recabado por sus investigadores, AI ha llegado a la conclusión de que los líderes militares y políticos han ordenado o aprobado violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Las fuerzas del gobierno, particularmente la Guardia Presidencial –cuerpo que rinde cuentas directamente al presidente François Bozizé–, están implicadas en el homicidio de decenas de civiles. Los grupos armados han tomado como rehenes a ciertos sectores de la población y dado muerte a las personas que se niegan a apoyarlos. Funcionarios y soldados del gobierno han abdicado de su responsabilidad de proteger a la población y sus propiedades. Como consecuencia de ello, los bandidos armados a los que se conoce localmente como "Zaraguinas" (coupeurs de route, salteadores de caminos), han aprovechado el vacío de poder y saquean y secuestran a niños y niñas para pedir rescate sin temor a tener que rendir cuentas ante la justicia. Los bandidos chadianos y los soldados del gobierno de Chad también han llevado a cabo incursiones esporádicas en la parte norte de la República Centroafricana, donde han dado muerte a civiles desarmados y saqueado sus bienes.

Las pruebas reunidas por los delegados de AI sugieren que altos cargos gubernamentales no han cumplido su deber de establecer estrategias efectivas para proteger a la población de la zona norte de la República Centroafricana, limitándose simplemente a firmar acuerdos de paz con los grupos armados de oposición y a lanzar ataques en la zona que van dirigidos y afectan desproporcionadamente a la población civil. Aunque la firma de acuerdos de paz es un paso hacia la reducción de la violencia y la inestabilidad, las cuales a su vez llevan a la comisión de violaciones de los derechos humanos, es un paso que no aborda los abusos contra los derechos humanos que cometen en la República Centroafricana los elementos criminales conocidos como "Zaraguinas". La información recabada por los investigadores de AI indicaba que muchos "Zaraguinas" son ex miembros, desmovilizados o desilusionados, de las fuerzas gubernamentales y de grupos armados de oposición de la República Centroafricana, de países vecinos y de otros tan remotos como los de África Occidental. La desmovilización de los antiguos grupos armados y soldados del gobierno no ha producido paz y estabilidad, sino que más bien ha llevado a que algunas de las personas desmovilizadas eligieran la vía de la delincuencia violenta contra la población civil. Una gran parte de los refugiados entrevistados por AI dicen haber huido de la República Centroafricana debido a los ataques de los "Zaraguinas" y no de los soldados del gobierno o los grupos políticos armados.

En el Consejo de Seguridad, así como en los informes(1) del secretario-general de la ONU, se ha discutido la crisis de derechos humanos y humanitaria del noreste de la República Centroafricana en gran medida debido a su proximidad con la región sudanesa de Darfur y la región oriental de Chad. Sin embargo, se ha prestado muy poca atención a la situación, igualmente crítica, y a veces incluso aún más crítica, que padece el resto de la región norteña de la República Centroafricana. Basándose en la información recabada por sus investigadores, AI considera que es necesario actuar para proteger al conjunto de la población en toda la región septentrional de la República Centroafricana, y posiblemente más allá.

Amnistía Internacional publica este informe con el objeto de que la comunidad internacional preste atención a la dolorosa situación de la población de la zona norte de la República Centroafricana. Con la información y recomendaciones del informe, AI está exhortando a los gobiernos –especialmente al de la República Centroafricana– a tomar medidas de inmediato para proteger a la población de la zona norte de la República Centroafricana. Cuando el gobierno carezca de la capacidad y conocimientos expertos necesarios para cumplir su obligación de proteger a la población, debe buscar la ayuda de la comunidad internacional y de las organizaciones internacionales, a fin de que éstas le asistan a proteger a la población civil y llevar a la justicia a los que violan los derechos humanos. AI teme que de no tomarse medidas sin dilación, la situación de la República Centroafricana puede degenerar aún más y empeorar la situación, ya desesperada, de seguridad y de derechos humanos, particularmente en la zona norte de la República Centroafricana, pero también en el resto del país y en otros países de la región.

2. El trasfondo

Millares de personas en la zona septentrional de la República Centroafricana huyeron hacia el norte, hacia el vecino Chad, y muchas más quedaron desplazadas en el interior del país durante los enfrentamientos que tuvieron lugar a finales del 2002 y principios del 2003 entre las fuerzas leales a Ange-Félix Patassé, a la sazón presidente de la República Centroafricana, y los miembros de un grupo armado de oposición dirigido por el ex jefe del Estado Mayor del ejército, general François Bozizé. Las fuerzas del presidente Patassé contaron inicialmente con el apoyo de un contingente de fuerzas del gobierno libio y posteriormente con el de los miembros de un grupo armado congoleño conocido como el Movimiento de Liberación del Congo (Mouvement pour la Libération du Congo, MLC);(2) Bozizé, por su parte, fue apoyado por el gobierno de Chad. El grupo armado del general Bozizé derrocó al gobierno de Patassé el 15 de marzo del 2003. En un principio, el presidente Bozizé anunció que el suyo sería un gobierno de transición y que entregaría el poder en su momento a un gobierno elegido por sufragio, pero posteriormente cambió de opinión y decidió presentar su candidatura en las elecciones presidenciales. Resultó elegido en la segunda vuelta, celebrada en mayo del 2005, entre las protestas de sus oponentes, que denunciaban fraude electoral.

Grupos armados lanzan ataques contra el gobierno del presidente Bozizé
En junio del 2005 empezaron a denunciarse ya ataques de un grupo político armado leal al ex presidente Patassé en el norte de la República Centroafricana, especialmente en las provincias de Ouham y Ouham-Pende. Pese a los informes de homicidios ilegítimos y otras violaciones de los derechos humanos, y de violaciones del derecho internacional humanitario durante las operaciones de contrainsurgencia de las fuerzas gubernamentales, el gobierno siguió negando persistentemente que existieran grupos políticos armados, y acusó de los ataques a los "Zaraguinas". La realidad es que existían tanto grupos políticos armados como bandidos en la zona norte de la República Centroafricana.

El 29 de enero del 2006, tras producirse en Paoua un importante ataque de la oposición armada contra las fuerzas gubernamentales, el gobierno admitió finalmente que se enfrentaba a una insurrección. Los informes que emanaban de Paoua indicaban que varias decenas de civiles desarmados habían perdido la vida en ataques de represalia lanzados por las fuerzas gubernamentales. Algunas fuentes humanitarias de la República Centroafricana estimaban que los soldados del gobierno habían matado a más de 100 personas durante los enfrentamientos, la mayoría de ellos en ataques de represalia. También se denunciaba que los insurgentes se habían servido de civiles como "escudos humanos" y que habían reclutado a menores y otros civiles de la zona para atacar a las fuerzas del gobierno. En sus llamamientos subsiguientes, Amnistía Internacional exhortó al gobierno de la República Centroafricana a que asegurara una investigación imparcial e independiente de los abusos contra los derechos humanos denunciados en Paoua. Sin embargo, en agosto del 2007 seguía sin haberse realizado una investigación de este tipo.(3)

A partir de mediados del 2005 hubo enfrentamientos esporádicos entre las fuerzas del gobierno y los miembros de un grupo armado de oposición conocido como Ejército Popular para la Restauración de la Democracia (Armée populaire pour la restoration de la démocratie, APRD). El APRD estaba dirigido por Abdoulaye Miskine (también conocido como Martin Koumta Madji), antiguo asesor militar del ex presidente Patassé, y tenía su base de apoyo en la provincia de Ouham-Pende, de donde era oriundo el ex presidente. Las informaciones recibidas por AI desde el 2005, especialmente durante la visita realizada al sur de Chad y a Bangui en mayo del 2007, mostraban sistemáticamente que la mayor parte de los enfrentamientos entre grupos armados y fuerzas del gobierno se saldaban con pocas víctimas entre los combatientes. Sin embargo, decenas de civiles desarmados, especialmente hombres y muchachos, eran ejecutados extrajudicialmente y pueblos enteros incendiados y saqueados o destruidos por las fuerzas gubernamentales durante los ataques que lanzaban como represalia. Las fuerzas del gobierno, especialmente la Guardia Presidencial, acusaba al parecer a los civiles de apoyar a los grupos armados o de no denunciarlos a las autoridades. Aunque el número de civiles desarmados muertos a manos de las fuerzas del gobierno sigue siendo difícil de confirmar, los casos conocidos parecen indicar que habrían dado muerte a centenares de civiles desde mediados del 2005.

Entre octubre y diciembre del 2006, un nuevo grupo político armado, conocido como Unión de Fuerzas Democráticas para la Unidad (Union des forces démocratiques pour le rassemblement, UFDR) lanzó ataques en el noreste del país y capturó varias ciudades, especialmente en la provincia de Vakaga. Según se informó, los combatientes de la UFDR atacaron a las fuerzas del gobierno y sus propiedades en la provincia y ejecutaron sumariamente a miembros de las fuerzas de seguridad y a civiles sospechosos de apoyar al gobierno. En noviembre y diciembre del 2006, la UFDR fue desplazada de las ciudades que había capturado por las Fuerzas Armadas Centroafricanas (Forces armées centrafricaines, FACA) gubernamentales, con apoyo militar y aéreo de las tropas francesas destacadas en la República Centroafricana y de miembros de una fuerza regional de mantenimiento de la paz conocida como Fuerzas Multinacionales en la República Centroafricana (Forces multinationales en Centrafrique, FOMUC).(4) Se ha denunciado que en sus operaciones de contrainsurgencia, las fuerzas gubernamentales de la República Centroafricana han ejecutado extrajudicialmente a civiles desarmados, incendiado pueblos, y saqueado o destruido los bienes de la población local.

Los ataques de la UFDR se produjeron varios meses después de que unos aviones que transportaban a miembros de un grupo de oposición armado chadiano con base en Sudán y conocido como Frente Unido por el Cambio (Front uni pour le changement, FUC), utilizaran el aeródromo de Tiringoulou, en la República Centroafricana, para transportar combatientes y armas desde Sudán. Los combatientes del FUC cruzaron seguidamente a Chad con sus armas y, en abril del 2006, lanzaron un ataque contra la capital, Yamena. Se dice que los soldados de las FACA desplegados en la provincia de Vakaga tras el incidente de Tiringoulou han incendiado o destruido casos y bienes, y dado muerte a civiles desarmados a los que acusaban de complicidad con el grupo de oposición armado chadiano. Estos ataques contra la población local parecen haber provocado una insurrección local, que se transformó en la Unión de Fuerzas Democráticas para la Unidad (UFDR), si bien no está claro si la UFDR se había formado ya antes de abril del 2006. El liderazgo de la UFDR declaró asimismo que habían lanzado una insurrección en protesta por el hecho de que el gobierno no hubiera proporcionado infraestructura económica y servicios sociales a la provincia de Vakaga. El comandante militar de la UFDR es Zakaria Damane, mientras que los líderes políticos de la UFDR –Abakar Saboune y Michel Am Non Drako Djotodia–, están basados en Benín. Los dos líderes políticos fueron detenidos por las autoridades de este país en noviembre del 2006, a petición del gobierno de la República Centroafricana, y en agosto de este año seguían recluidos en Cotonou, la capital de Benín.

Desde comienzos de este año, el gobierno de la República Centroafricana ha sido objeto de una gran presión para que buscara una solución pacífica al conflicto entre las fuerzas gubernamentales y los grupos políticos armados. Libia y varios gobiernos más se ofrecieron como mediadores. El 2 de febrero, el gobierno de la República Centroafricana, representado por su ministro de Justicia, firmó un acuerdo de paz con Abdoulaye Miskine, del Ejército Popular para la Restauración de la Democracia (APRD), con la mediación del presidente libio Muammar Gadafi. La firma del acuerdo se celebró en Sirte, Libia. Abdoulaye Miskine regresó a la República Centroafricana pero al poco volvió a Libia quejándose de que el gobierno no le había proporcionado ni un alojamiento adecuado ni otras prestaciones prometidas. Altos cargos gubernamentales de Bangui han declarado que el gobierno no creía que Abdoulaye Miskine representara ni dirigiera a tantos combatientes como había asegurado durante las negociaciones. En julio, el gobierno anunció que había nombrado a Abdoulaye Miskine asesor presidencial. Según parece, a principios de agosto Abdoulaye Miskine hizo pública una declaración en la que declinaba el nombramiento alegando que el gobierno no había implementado plenamente las disposiciones del acuerdo de paz.

El 1 de abril de este año, el gobierno, representado por el general Raymond Ndougou, gobernador de la provincia de Ouham-Pende, firmó un acuerdo de paz con Zakaria Damane, de la Unión de Fuerzas Democráticas para la Unidad (UFDR), en Tiringoulou. El gobierno de la República Centroafricana exigió que los líderes políticos de la UFDR aceptaran el acuerdo antes de ser puestos en libertad. Según los informes, Abakar Saboune y Michel Am Non Drako Djotodia exigieron su libertad como condición previa a la aceptación del acuerdo. El impasse continuaba en agosto. No estaba claro a principios de septiembre si Zakaria Damane había aceptado y asumido el cargo de asesor presidencial que se le había ofrecido al parecer en julio.

Escalada del bandidaje armado en el norte del país
Según fuentes de Amnistía Internacional en la República Centroafricana, la proliferación de bandidos armados, conocidos localmente como "Zaraguinas", comenzó a principios de la década de 1980, tras el golpe fallido de una parte de las fuerzas armadas para derrocar al presidente de la época, André Kolingba. Los soldados leales a los líderes del golpe huyeron y se ocultaron en los bosques y praderas del norte del país. Desde allí se dedicaron a atacar y a robar a los viajeros, en un principio para sobrevivir. A estos antiguos soldados se unieron posteriormente miembros de ex grupos armados de la oposición y soldados de Chad, país que también está experimentando una situación de inestabilidad política y una serie de conflictos armados. En los años siguientes, el bandidaje se convirtió en una actividad lucrativa para sus autores, que también realizaron secuestros (especialmente de menores, aunque también de adultos) para pedir rescate. Disfrutaban de una impunidad casi total debido a la fragilidad del Estado en Bangui, producto de fuerzas gubernamentales amotinadas, indisciplinadas, mal equipadas y mal entrenadas. También se unieron a los "Zaraguinas" miembros de las fuerzas gubernamentales leales a los líderes depuestos, o soldados y miembros de grupos armados de oposición que habían sido desmovilizados. Se dice que, atraídos por la impunidad y el vacío de poder, están llegando al norte de la República Centroafricana bandidos de otros países vecinos, e incluso de países lejanos de África Occidental.

En el curso de los años, los "Zaraguinas" se han organizado mejor que las fuerzas del gobierno; están a menudo equipados de armas automáticas y poseen mejores conocimientos del terreno en el que operan. Muchos refugiados o familiares de éstos que han sido secuestrados o reducidos a la pobreza por "Zaraguinas" contaron a AI que las fuerzas de seguridad y los funcionarios públicos rara vez se esforzaban por detener a "Zaraguinas". En las raras ocasiones en que lo hacían, los "Zaraguinas" disponían de un mayor arsenal y ganaban cualquier persecución de las fuerzas del gobierno. Las víctimas creen que muchos "Zaraguinas" son miembros de la población local que hablan las lenguas locales. Más prueba de que pertenecen a la población local es el hecho de que suelen cubrirse el rostro con turbantes para no ser reconocidos, y parecen saber cuánto ganado y otros bienes poseen las familias. Por lo general, la gente del lugar y los miembros de las fuerzas de seguridad conocen la ubicación de los campamentos de "Zaraguinas", pero nunca intentan aprehenderlos ni rescatar a las víctimas.

Desplazamientos masivos de población
Cientos de miles de ciudadanos de la zona norte de la República Centroafricana han huido a los países vecinos y varios centenares de miles más han quedado desplazados en el interior del país como consecuencia de la inseguridad que reina en la región. Se estima que hasta 50.000 personas han huido al sur de Chad y más de 26.000 han cruzado la frontera con Camerún; varios miles más han escapado a Sudán desde el noreste de la República Centroafricana.(5) La población refugiada en el sur de Chad tiene un acceso limitado a cuidados de la salud y otra asistencia humanitaria. Durante su visita a los campos de refugiados del sur de Chad, la delegación de AI se enteró de que los refugiados estaban recibiendo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) solamente 8,4kg de harina de maíz, unos pocos cientos de gramos de sal y una taza de aceite al mes por persona. En muchos casos, los refugiados habían tenido que vender parte de su escasa provisión de harina de maíz para comprar verduras para añadir a la harina. A principios de agosto de este año, la población centroafricana refugiada en Camerún no tenía acceso a ayuda humanitaria y sobrevivía en gran medida gracias a la asistencia de la población cameruniana del lugar y vendiendo los animales que habían podido traer consigo al huir de su país.

Una familia centroafricana recién llegada al sur de Chad aguarda el traslado a un campo de refugiados. ©AI

Más de 200.000 personas se encuentran desplazadas en la zona norte de la República Centroafricana. Estos "desplazados internos" han tenido que abandonar sus hogares, sus reservas de alimentos y otros bienes, que a menudo son saqueados o destruidos por soldados del gobierno, grupos armados o bandidos armados. Los desplazados internos tienen un acceso limitado a asistencia humanitaria y, cuando tratan de sobrevivir lejos de la civilización, sucumben en la intemperie y por falta de cuidados médicos.

El gobierno de la República Centroafricana y los gobiernos de los países donantes no han asistido adecuadamente a la población refugiada e internamente desplazada de la República Centroafricana. Las agencias de la ONU y otros organismos intergubernamentales precisan del apoyo de los gobiernos y de otras instituciones donantes para disponer de los medios y de la seguridad necesarios para aliviar el sufrimiento de la población norteña de la República Centroafricana.

3. Civiles atacados por soldados del gobierno

Partiendo de sus extensas entrevistas con testigos y víctimas, Amnistía Internacional ha podido establecer una constante común en los ataques contra civiles desarmados y contra sus bienes en el norte de la República Centroafricana. Comienza por lo general con ataques lanzados por miembros de grupos políticos armados contra las fuerzas del gobierno e instalaciones del Estado. Tras el intercambio de fuego inicial, que puede durar desde unas horas a varios días, las fuerzas gubernamentales destacadas en la localidad reciben refuerzos de la Guardia Presidencial, cuyos miembros están mejor equipados. Para cuando la Guardia Presidencial llega al lugar, los atacantes invariablemente ya se han marchado. La Guardia Presidencial, sola o acompañada de otros miembros de las fuerzas de seguridad según los informes, lanza a menudo ataques de castigo contra la población local, a la que a menudo se acusa de apoyar o amparar a los grupos armados. El castigo va dirigido particularmente contra hombres y muchachos, y muchos acaban muertos o heridos. Detienen, y a menudo ejecutan sumariamente, a cualquier persona sospechosa de pertenecer a grupos armados. Sabiendo que los elegirán como blanco, algunos residentes de las zonas próximas al lugar de la primera batalla, particularmente los que están en mejor forma física, suelen huir al monte y ocultarse allí durante semanas y hasta meses. Además de matar a miembros de la comunidad local, las fuerzas de seguridad casi siempre reducen a cenizas las casas de la población local como castigo por su sospechada colusión.

Después de ser atacados por grupos armados, los soldados de las FACA suelen tomar represalias y atacar a civiles desarmados. Por ejemplo, en junio del 2005, unos soldados atacaron el pueblo de Sonodjo, próximo a Markounda, porque los grupos armados habían dado muerte a tres de sus miembros. Los soldados, acusando a la población local de apoyar a los grupos armados de oposición, prendieron fuego a todas las casas de la zona. Según los testigos del ataque entrevistados en un campo de refugiados del sur de Chad, los soldados pertenecían a la Guardia Presidencial. Prácticamente todos los habitantes de Sonodjo huyeron; hoy viven como refugiados en Chad.

Yacoub Ahmat Mahmat, de 41 años de edad, huyó de Paoua cuando los soldados del gobierno destruyeron las casas y otros bienes de la población civil en lo que a todas luces fueron represalias indiscriminadas por el ataque lanzado por un grupo armado de oposición el 6 de enero del 2007. Una vez que los miembros del grupo armado abandonaron la ciudad, llegaron a su pueblo miembros de la Guardia Presidencial, en camiones, y golpearon a muchos de sus habitantes. Los miembros de la Guardia Presidencial le robaron 1,6 millones de francos CFA.(6) Mahmat le contó a AI que entre el 6 y el 28 de enero, la gente de su zona estaba demasiado atemorizada para dormir en sus casas porque los soldados disparaban indiscriminadamente al aire cada noche. El 8 de enero una persona resultó muerta al parecer en estos tiroteos. Los soldados secuestraron a tres personas de Paoua: Elie, Souley y Amadou. A Elie le dieron tal paliza que apenas podía caminar cuando los investigadores de AI lo entrevistaron en el mes de mayo. Elie le contó a AI que los soldados habían matado a tiros a Adamou, pero que no sabía qué suerte había corrido Souley. El 12 de febrero, apenas ocurridos los ataques, 15 "Zaraguinas" le robaron a Mahmat 15 de sus animales. Temiendo más ataques de soldados del gobierno, grupos armados y "Zaraguinas", Mahmat decidió huir a Chad.

Pascal Yanje, de 55 años de edad, contó a AI que el tres vehículos con soldados de la Guardia Presidencial llegaron a su pueblo, Bedoro, en el norte de Paoua, el 11 de febrero del 2006 y lo atacaron. Los soldados sospechaban al parecer que la gente del pueblo estaba amparando a grupos armados de oposición. Los soldados abrieron fuego indiscriminadamente contra los habitantes del pueblo, dando muerte a ocho de ellos, y prendieron fuego a muchas casas de la zona. El propio Yanje recibió un disparo en el pie y los investigadores de AI pudieron ver la cicatriz cuando se entrevistaron con él en el campo de refugiados de Dosseye. Entre las personas que murieron en este ataque figuraban Clément Marboua, de 40 años de edad, Timothé Gaoua, de 50 años de edad, y Grégoire Djamaï, el jefe del pueblo.

Pascal Yanje © AI

Cuando los residentes del pueblo huyeron de sus hogares a causa de los disparos, los soldados entraron en sus casas en busca de los que pudieran haberse escondido. Un hombre llamado Moundabi, que estaba enfermo y en cama, fue uno de los asesinados. La gente del pueblo retornó más tarde, durante la noche, y dio sepultura a las víctimas.
Raymond Djasrabaye, de 26 años de edad, fue una de las muchas personas de su pueblo –Beboura, en Paoua–, contra las que dispararon las fuerzas del gobierno y que resultaron heridas o muertas en marzo de este año. Su padre, Jean Naisson y madre, Pauline Mboyoum, perdieron la vida. El propio Djasrabaye resultó herido de un disparo en el brazo. Contó a AI que había perdido mucha sangre. El brazo se gangrenó por falta de tratamiento. Cuando huyó a Chad, una organización médica internacional lo llevó al hospital de Goré, en el sur de este país, donde le amputaron el brazo. Djasrabaye contó a AI que los grupos armados mataron a varias personas más, entre ellas a Simon Ngaisam, de 70 años de edad. Los soldados también incendiaron muchas casas entre Beboura y Bemal. Según los informes, los soldados entraron a pie en Beboura y las localidades circundantes para evitar ser detectados e impedir así que la posible huida de la población local. Se dice también que además de uniforme militar, algunos de los soldados llevaban turbantes que les cubrían el rostro.

Raymond Djasrabaye © AI

Alain Ali, de 40 años, contó a los delegados de AI que en febrero del 2006 llegaron soldados a Bemal, localidad próxima a la frontera con Chad, aparentemente en busca de grupos armados de oposición. Los soldados abrieron fuego contra los residentes del lugar, dando muerte a algunos e hiriendo a otros. Alain Ali contó a AI que recibió un disparo en el muslo derecho. Otra bala le rozó la nariz, le entró por el lado derecho de la mandíbula, y salió por el brazo derecho. Después de que se marcharan de la zona los soldados, los familiares de Alain Ali se lo llevaron al monte, donde lo cuidaron antes de llevarlo al otro lado de la frontera, a Chad. A su llegada a este país, Ali recibió tratamiento con la ayuda de una organización médica internacional.

El hermano de Angèle Ndingatoloum, Simplice Bessain, estaba reposando en la cama tras la jornada de trabajo en los campos cuando irrumpieron en su casa de Bedoro soldados de la Guardia Presidencial. Lo sacaron a rastras de su casa y le dieron muerte de un tiro allí mismo en el umbral. Ndingantoloum, que se encontraba a la sombra de un mango, enferma con una mandíbula hinchada, presenció como mataban a su hermano. Al llegar la noche sus familiares se llevaron el cuerpo al monte y lo enterraron allí. El mismo día que mataron a Bessain, soldados de la Guardia Presidencial atacaron a un grupo de muchachos, dando muerte a ocho de ellos e hiriendo a dos más. Entre los jóvenes muertos estaban Grégoire Djangenaye, que era jefe del pueblo, su hermano Loban Djenganaye, Belle Wilfried, Clément Ngakoutou, Franklin Moundabe, Clément Torkis Marboua y Augustin Djengantoloum.

Jean-Louis Ndingandili, de 35 años, se encontró con soldados de la Guardia Presidencial cerca de Bemal, cuando regresaba del trabajo a su casa el 6 de febrero del 2006. Los soldados le dispararon, y uno de los disparos lo alcanzó en el brazo derecho. Cuando los delegados de Amnistía Internacional lo vieron en mayo de este año, parecía tener paralizado el brazo. Sus familiares lo llevaron a Chad, donde recibió tratamiento.

Los soldados de las FACA, particularmente los de la Guardia Presidencial, han cometido ejecuciones extrajudiciales de personas que sospechaban eran miembros de grupos armados de oposición, sin mediar juicio ni oportunidad de que esas personas impugnaran tales acusaciones. El 5 de enero de este año, soldados de las FACA ejecutaron en el mercado de Kaga Bandoro a dos jóvenes de 22 y 27 años de edad. Según las informaciones, las ejecuciones se realizaron delante de una multitud de gente que se encontraba de compras en el mercado. Tras las ejecuciones, se dice que los soldados se pavonearon y tomaron fotos con los cuerpos de las víctimas en la calle. Según los informes recibidos por AI, un soldado del gobierno francés, asignado temporalmente a las FOMUC, expresó su desaprobación respecto a la conducta de los soldados a un comandante de las FACA. No parece que el gobierno haya tomado ninguna medida ni contra el comandante ni contra los soldados.

En prácticamente todas las áreas del norte de la República Centroafricana, donde se han producido ataques armados contra las fuerzas del gobierno, las fuerzas de las FACA han respondido incendiando casas. A principios de este año, se informa de que más de 2.000 viviendas fueron arrasadas entre Kaga Bandoro y Oundago, dejando desplazadas a más de 10.000 personas. Los soldados del gobierno saquearon los bienes de los residentes, incluidos sus víveres, y quemaron lo que no podían llevarse.

Según las informaciones, el 27 y 28 de enero de este año, soldados de la Guardia Presidencial destacados en Bossangoa redujeron a cenizas nueve pueblos a lo largo del eje Bozoum-Paoua-Pende y, durante el ataque, ejecutaron sumariamente a por lo menos siete civiles desarmados a lo largo de ese eje. Se dice que en un caso, ocurrido la mañana del 27 de enero, un comandante de la Guardia Presidencial ató a un hombre en un granero y lo quemó vivo. También se informa de que soldados de la Guardia Presidencial a las órdenes de ese mismo comandante mataron a tiros a dos catequistas católicos en el pueblo de Bozoy III. Parece que por lo menos 10 personas más fueron asesinadas por soldados de la Guardia Presidencial a lo largo del eje Paoua-Bozoum.

4. Civiles atacados por grupos armados

AI ha recibido numerosos informes de organizaciones de derechos humanos y humanitarias sobre los ataques que los grupos armados llevan a cabo contra la población civil desarmada en la zona norte de la República Centroafricana. Los investigadores de la organización obtuvieron muchos más testimonios de la población refugiada en el sur de Chad que había sido testigo de dichos ataques. Según sus testimonios, la mayor parte de las víctimas son personas a las que los grupos armados acusan de colaborar o apoyar a las fuerzas del gobierno. Han violado y sometido a otras formas de violencia sexual a mujeres y niñas, pero la mayoría de ellas se muestran reacias a denunciarlo, por temor al estigma que ello conlleva o a ser rechazadas por sus esposos o futuros esposos.

Weti Bibello, de 39 años de edad, miembro del grupo étnico mbororo (véase infra, nota 7), contó a Amnistía Internacional que algunos miembros de grupos armados persiguen deliberadamente a la comunidad mbororo. Su hermano, Manou Bibello, de 24 años, regresaba de vender ganado cuando miembros de un grupo armado le ordenaron que bajara del camión en el que viajaba y lo mataron de un tiro. Según los informes, no hicieron daño a las personas de otros grupos étnicos. Otro miembro de la comunidad mbororo se escapó corriendo, ocultándose entre la maleza. Una semana más tarde, el cuñado de Bibello, Gagaré Karimou, también fue asesinado de un tiro por miembros de un grupo armado.

Tras un ataque en Paoua en enero de este año, los miembros de un grupo armado dispararon deliberadamente contra el ganado de Ousmane Garga, de 33 años, matando 25 cabezas. El grupo armado no se llevó ni a los animales muertos ni a los vivos. Ousmane Garga creía que le mataron el ganado simplemente porque él es de etnia mbororo. Después de que el grupo armado abandonara la zona, los soldados de la Guardia Presidencial atacaron los hogares de los residentes de Paoua.

En algunos casos, miembros de grupos políticos armados han atacado a civiles para robarles víveres y otros bienes. Por ejemplo, Aboubakar Djikibe Sidik contó a los delegados de AI que su casa fue saqueada, en mayo del 2006, por miembros de un grupo armado. Éstos se llevaron seis vacas, cuatro sacos de sorgo, seis sacos de mandioca y cuatro sacos de frijoles. Djikibe se hallaba entonces escondido, ya que un grupo político armado lo había amenazado de muerte, acusándolo de vender armas a "Zaraguinas" en vez de a su grupo. Cuando su esposa, Aminatou Bokei, protestó por el saqueo, un miembro del grupo le clavó un cuchillo cerca del oído derecho. Varios testigos contaron a AI que, en el curso de este mismo ataque en el pueblo de Betoko, miembros del grupo armado violaron a un número indeterminado de mujeres y niñas.

Los grupos armados han atacado y robado a civiles. El 19 de marzo de este año, por ejemplo, Djibrilla Adamou, de 22 años, iba caminando de regreso a casa desde Letele, en Bocaranga, cuando se topó con miembros de un grupo armado. Éstos lo golpearon cuando no pudo darles el dinero que pedían. Mientras lo golpeaban, le preguntaron si conocía a alguien en Bocaranga que tuviera armas. Durante la paliza, uno de los asaltantes le clavó un cuchillo en la rodilla y cuando los investigadores de AI lo entrevistaron en mayo de este año, caminaba con gran dificultad. Tenía profundas cicatrices en la cabeza y el cuello. Según cuenta Djibrilla, tras la paliza estaba tan malherido y sangraba tanto que el grupo armado lo dio por muerto. Una vez que se marcharon, Djibrilla se arrastró hasta un camino. Sus familiares lo llevaron desde allí a una clínica de Letele. Sus familiares lo ayudaron a escapar a Chad a mediados de mayo.

Djibrilla Adamou © AI

Entre el 10 de noviembre y el 27 de diciembre del 2006, mientras Ouandja Djalle estuvo ocupada por la UFDR, sus miembros ejecutaron al jefe de una milicia de autodefensa local y al parecer se dieron también al pillaje. Según las informaciones, la UFDR ha reclutado a niños y sus miembros han violado a por lo menos 10 mujeres.

Después de ocupar Ouadda, el 15 de noviembre del 2006, se informa de que miembros armados de la UFDR dieron muerte a un joven de Sam Ouandja. La población local fue obligada al parecer a realizar trabajos forzados, especialmente a transportar los bienes robados a los residentes. En un informe interno elaborado por representantes de una organización humanitaria que visitaron la provincia de Vakaga a principios del 2007, se habían denunciado por lo menos 35 casos de mujeres violadas por miembros de la UFDR.

El 11 de junio del 2007, una voluntaria francesa que trabajaba con la organización médica sin fines lucrativos Médecins sans frontières (MSF, Médicos sin fronteras), fue abatida de un tiro por un miembro de un grupo armado. No fue posible establecer de inmediato a qué grupo pertenecía el autor del crimen, pero posteriormente se supo que el APRD había declarado que uno de sus combatientes había dado muerte a la voluntaria, por error. En julio se hizo saber que el combatiente responsable del homicidio había sido ejecutado, sin oportunidad de ser sometido a un juicio justo ante un tribunal de justicia independiente e imparcial.

5. Civiles secuestrados por bandidos armados para obtener rescate

Decenas de menores y algunos adultos han sido secuestrados por bandidos armados, especialmente en la parte noroccidental de la República Centroafricana. El gobierno no ha hecho prácticamente nada para impedir los secuestros, ni para detener a los secuestradores, ni para proteger en general a la población. Con su inacción, el gobierno ha incumplido sus obligaciones respecto de las personas que por ley están a su cuidado.

La mayoría de las víctimas de secuestros han sido niños y niñas de etnia mbororo.(7) Según cuentan sus padres y otras personas del norte del país con las que se entrevistaron los investigadores de Amnistía Internacional, esto se debe a que los niños no representan un riesgo físico para los secuestradores y es mucho menos probable que intenten y consigan escaparse. Según los informes, algunos de los menores secuestrados han sido asesinados por los bandidos cuando sus padres u otros familiares no han pagado el rescate. Muchos menores han sido secuestrados cuando estaban solos, o con familiares o progenitores de edad avanzada, cuidando el ganado de la familia en el campo, cerca de sus pueblos. Los "Zaraguinas" eligen deliberadamente a menores y adultos cuyos padres o familiares posean vacas que puedan vender para pagar su rescate.


Adamou Bi Babayo, de 56 años de edad, de etnia mbororo, contó a AI que sus hijos habían sido secuestrados más de cinco veces, tres de ellos en el 2006. Su hija de 18 años, Fadimatou Adamou, fue la primera. La secuestraron de un campamento de pastores en junio del 2006. Babayo se encontraba en aquellos momentos en la ciudad de Paoua. A su regreso, pidió un préstamo de 1,5 millones de francos CFA ($3.000 dólares estadounidenses) para comprar la libertad de su hija. Los "Zaraguinas" retuvieron a Fadimatou durante un mes antes de que él pudiera pagar. Durante ese tiempo estuvo haciendo averiguaciones para establecer dónde debía ir para pagar a los secuestradores de su hija. Le contó a AI que los grupos de "Zaraguinas" parecen conocerse los unos a los otros y que si se establece contacto con miembros de un grupo resulta fácil ponerse en contacto con el grupo que haya realizado un determinado secuestro. Tuvo que vender 32 cabezas de ganado para pagar la deuda contraída.

Otra hija de Babayo, Loussoufa, de 9 años de edad, fue secuestrada también en el 2006, de noche, mientras dormía en su cama. Los "Zaraguinas" la mantuvieron cautiva 35 días, hasta que Babayo pudo obtener un préstamo y pagar un millón de francos CFA para rescatarla. Babayo vendió 15 cabezas de ganado para devolver el préstamo que necesitó para el rescate. Bakari Adamou, de 22 años, fue secuestrado a unos 25 km al sur de Paoua, donde estaba cuidando ganado. Los secuestradores pidieron al principio un rescate de un millón de francos CFA, pero aceptaron 700.000, que Babayo pagó 13 días después del secuestro. Los tres hijos restantes de Babayo habían sido secuestrados en el 2003, 2004 y 2005, pero habían logrado escapar. Babayo contó que los tres habían podido hacerlo porque algunas veces los "Zaraguinas" se dormían después de tomar narcóticos y bebidas alcohólicas.

Babayo dijo que había informado de los secuestros al comandante militar en varias ocasiones, pero éste se había negado cada vez a perseguir a los "Zaraguinas". Babayo añadió que los soldados del gobierno se ceñían a las carreteras principales y nunca trataban de perseguir ni de detener a "Zaraguinas", ni de liberar a las personas secuestradas.
Babayo también había sido víctima de ataques perpetrados por grupos políticos armados y fuerzas del gobierno. Cuando los miembros de un grupo armado se batieron en retirada de Paoua, en febrero del 2006, dispararon contra su ganado y mataron un gran número de cabezas. Los soldados del gobierno acudieron al pueblo poco después, y le robaron dinero, entre otras cosas.

Dos de los hijos menores de Weti Bibello, Idi Weti y Moussa Weti, de 12 y 7 años de edad, respectivamente, también fueron secuestrados por "Zaraguinas" en el 2005. Antes de llevarse a los niños, los bandidos golpearon a Bibello y le dijeron que tendría que pagar tres millones de francos CFA de rescate. Vendió 28 cabezas de ganado, seis de ellas donadas por su padre, y reunió dos millones de francos CFA, que entregó a los secuestradores. Los niños fueron puestos en libertad después de 22 días de cautiverio. Idi Weti volvió a ser secuestrado por "Zaraguinas" a finales del 2006, y lo mantuvieron cautivo unos 40 días. Bibello pagó 1,4 millones de francos CFA, para lo cual tuvo que vender otras 28 cabezas de ganado. A principios de este año, un grupo político armado y más "Zaraguinas" le robaron la mayor parte de las 150 cabezas de ganado que le quedaban. Los insurgentes mataron a varios familiares suyos en enero. En abril, no quedándole prácticamente nada de ganado y temiendo más ataques de los insurgentes, Bibello huyó con su familia a Chad.

En febrero de este año, Mahmoud Damsi, de 10 años de edad, y varios niños más de Paoua, fueron secuestrados por "Zaraguinas" a eso de las 4 de la madrugada. El padre de Mahmoud, Ibrahim Damsi, pagó 550.000 francos CFA de rescate para lo cual tuvo que vender muchas de sus vacas. Los "Zaraguinas" lo golpearon brutalmente cuando acudió a pagarles el rescate. Según cuenta Ibrahim Damsi, una mujer llamada Ndewa Biba fue secuestrada por "Zaraguinas" y en mayo de este año todavía no había sido puesta en libertad.

Los bandidos también han matado a algunos niños cuando sus familias no pagan el rescate. Por ejemplo, Ibrahim Garga, de 7 años, fue asesinado de un tiro a principios del 2006 cuando su padre no consiguió reunir el total de 10 millones de francos FCA que pedían los bandidos. Aunque el padre pagó 6 millones ($6.000 dólares estadounidenses), los bandidos mataron a su hijo porque no le fue posible encontrar los 4 millones restantes. El padre de Ibrahim, Nyali Garga, contó a AI que mataron a Ibrahim una semana después de secuestrarlo de su casa de Paoua. Cinco meses después, un grupo de "Zaraguinas" atacó su casa. Un mes más tarde, durante enfrentamientos entre grupos armados y miembros de las FACA, Nyali Garga se vio forzado a huir a Chad.

Los hijos de Ibrahim Adamou fueron secuestrados tres veces de su casa de Bouasi, en la provincia de Ouham-Pende, por "Zaraguinas". Younousa Adamou, de 14 años, fue la primera de las víctimas, secuestrado en el 2004. La familia pagó 400.000 francos CFA de rescate. Halidou Adamou, que a la sazón tenía cinco años de edad, también fue secuestrado en el 2004. Lo pusieron en libertad un mes después, cuando pagaron por él un rescate de 1,5 millones de francos CFA. Munimi Adamou, de 10 años, fue secuestrado en junio del 2006 y los "Zaraguinas" lo mantuvieron cautivo aproximadamente un mes. Cuando su padre fue a pagar el rescate, los "Zaraguinas" le dieron una paliza y lo ataron a un árbol. Le rompieron un dedo al golpearlo. Pagó un rescate de 1,6 millones de francos CFA para que dejaran en libertad a Munimi. Ibrahim Adamou pidió ayuda a los soldados de las FACA para que rescataran a sus hijos, pero los soldados se negaron a intervenir.

Los tres hijos de Djafun Buba –Karim Buba, Ahmadou Buba y Abdou Buba–, han sido víctimas de secuestros 10 veces desde el 2005. Karim Buba, de 10 años de edad, fue secuestrado por primera vez en noviembre del 2005, y estuvo cautivo 20 días. Su familia pagó 900.000 francos CFA para rescatarlo. Volvieron a secuestrarlo en enero del 2006, y esta vez pasó 13 días en cautiverio. Su padre pagó 500.000 francos CFA para liberarlo. Ahmadou Buba, de 25 años de edad, fue secuestrado por primera vez en marzo del 2006 y su padre pagó 700.000 francos CFA por su libertad. Lo secuestraron de nuevo en mayo del 2006. Abdou Buba, de 14 años, fue secuestrado en julio del 2006 y su padre pagó un rescate de 770.000 francos CFA. En total, Djafun Buba ha pagado más de tres millones de francos CFA en rescates. Djafun contó a los investigadores de AI que, en la época que se produjo el secuestro de Karim de septiembre del 2006, hubo por lo menos otros 50 secuestros de menores. Djafun y los otros padres fueron brutalmente golpeados por los "Zaraguinas" cada vez que fueron a pagar el rescate para recobrar a sus hijos.

Karim Buba © AI

En algunos casos, al secuestrar a niños y niñas y otras personas, los "Zaraguinas" incendiaron también los hogares, y destruyeron o robaron bienes de las familias. Por ejemplo, cuando secuestraron al hijo, de 26 años de edad, de Bisseifou Guidado, Ngabou Guidado, en abril del 2005, incendiaron también la vivienda familiar de Boguila, en Ouham-Pende. Ese mismo día, los "Zaraguinas" secuestraron a muchos niños y prendieron fuego a muchos hogares. Al cabo de una semana, la familia de Ngabou pagó 1,05 millones de francos CFA de rescate. El primo de Ngabou, Koridjo Imoussa, de 17 años de edad, también fue secuestrado y puesto en libertad tras el pago de 1,4 millones de francos CFA. La familia de Bissefou Guidado no notificó los secuestros a las autoridades porque sabían que las fuerzas de seguridad no habían mostrado nunca el menor interés en perseguir a "Zaraguinas".

Muchas víctimas de secuestro son niñas. Fatimatou Adamou, de 16 años, fue secuestrada en mayo del 2005, y su padre, Ibrahim Adamou, pagó 500.000 francos CFA de rescate para liberarla. Sus dos hermanos también fueron secuestrados en la misma época. Ibrahim Adamou y los padres de otras niñas secuestradas insistían categóricamente en que sus hijas no habían sido sometidas a abusos sexuales ni violadas. Probablemente a causa de la perduración del estigma que marca a las muchachas y mujeres violadas, los padres de las muchachas secuestradas aseguran que los fetiches que usan los "Zaraguinas" como protección contra la "mala suerte" dejarían de ser efectivos si éstos cometieran violaciones y otros crímenes sexuales.
Las dos hijas de Ousmane Bi Yunusa, Amina Bin Yunusa, de 9 años, y Fatimatou Yunusa, de 5, fueron secuestradas por "Zaraguinas". El secuestro de Amina se produjo en octubre del 2006, en su hogar de Lima, y el cautiverio duró dos meses. Su padre pagó 400.000 francos CFA para liberarla. El padre dice que los "Zaraguinas" no la maltrataron pero que perdió mucho peso y se volvió muy tímida al regresar a casa. El padre vendió seis toros para reunir el dinero del rescate. Fatimatou, de 5 años, fue secuestrada en enero de este año, y su padre pagó 30.000 francos CFA de rescate, para lo que tuvo que vender la última vaca que le quedaba. Fatimatou estuvo cautiva en el monte durante un mes.

Amina Bin Yunusa y Fatimatou Yunusa © AI

Ali Bouba, de 10 años, fue secuestrada por primera vez en el 2004, y la retuvieron tres días. En esa ocasión, saquearon además la casa de sus padres y le dieron una paliza al padre, Djaoudo Bouba Bi Alim. La familia pagó 1,05 millones de francos CFA. Volvieron a secuestrarla por segunda vez en el 2005, y su padre pagó 500.000 francos CFA de rescate. El tercer secuestro se produjo también en el 2005, en junio, y su padre pagó 400.000 francos CFA. Esta vez pasó ocho días en manos de los "Zaraguinas". Según dice su padre, no la maltrataron. La familia vendió el ganado que tenía para pagar el rescate y cruzó la frontera para buscar refugio en Chad.

Según los informes, en enero de este año, más de 50 presuntos "Zaraguinas" en uniforme militar de camuflaje y con los rostros ocultos por turbantes, lanzaron una ofensiva de grandes proporciones contra los residentes del pueblo de Voudou, ubicado en el eje Bozoum-Bossangoa. Se dice que los "Zaraguinas" dieron muerte a cuatro civiles. Cuatro mujeres habían sido violadas por "Zaraguinas" en este mismo pueblo en diciembre del 2006.

Los bandidos asaltan a los viajeros y les roban el dinero y otras pertenencias. A menudo obligan a los viajeros a quitarse toda la ropa, les registran el cuerpo en busca de artículos que puedan haber ocultado, y se llevan las ropas de las víctimas. A los viajeros que intentan escapar suelen dispararles y herirlos o matarlos. Se ha informado de que en algunos caso los bandidos visten uniforme militar, con lo que a las víctimas les resulta difícil saber si se trata de bandidos o de soldados de las fuerzas armadas.

Ali Oumar, de 20 años de edad, contó a los investigadores de Amnistía Internacional que cuando se dirigía a Mbaimou para comprar una motocicleta, el camión en el que viajaba con otros pasajeros fue objeto de una emboscada de "Zaraguinas" en Limouna. Un hombre armado que vestía uniforme militar apareció de repente en la carretera y disparó al aire. El conductor paró el camión. Cundió el pánico y un pasajero empujó a Oumar, que cayó al suelo. Creyendo por lo visto que podría escapar sin ser visto mientras los bandidos robaban a los pasajeros el dinero y otros objetos de valor, el conductor trató de poner en marcha el camión y huir, pero uno de los bandidos lo impidió y le quitó la llave. A Oumar, los bandidos le robaron 400.000 francos CFA. El conductor del camión le arrancó la llave al bandido y esta vez pudo escapar pero dejó atrás a su ayudante y a los pasajeros. Los bandidos dispararon contra el camión, pero el conductor escapó. Los bandidos mataron de un tiro al ayudante mientras los pasajeros corrían a esconderse entre la maleza de los alrededores. Una bala alcanzó a Oumar en la muñeca. Los bandidos capturaron y secuestraron a varios pasajeros. Uno de ellos era una mujer, Moussa Fanée. Oumar cree que seguía en poder de los bandidos en mayo de este año. La familia de esta mujer no pudo pagar el rescate que pedían los bandidos. Temiendo ataques de los soldados del gobierno y hostigamiento de los grupos políticos armados de Paoua y alrededores, a principios de mayo del 2007 Oumar y varios familiares, entre ellos su hermana mayor, Fadimatou Oumar, de 24 años, huyeron a Chad. AI conoció a la familia en el puesto fronterizo de Bekoninga, cuando aguardaban a que los trasladaran a un campo de refugiados.

La mayoría de las personas secuestradas parecen ser del grupo étnico mbororo. Los "Zaraguinas" los escogen deliberadamente porque son pastores y tienen ganado que pueden vender para pagar rescates que los agricultores no podrían pagar. Algunas de las víctimas son personas adultas y niños y niñas que cuidan del ganado cuando está pastando.

Una de las personas secuestradas mientras cuidaban del ganado fue Manou bi Hassane. Su padre, Hassane Galma, relató a AI su penosa historia. Manou tiene dos esposas y nueve hijos. Lo secuestraron nueve veces mientras cuidaba del ganado en Yaloke, cerca de Bossangoa, lejos de su hogar. Las sumas que la familia pagó cada vez a los bandidos para rescatar a Manou oscilaron entre 150.000 y 500.000 francos CFA. En total, pagaron más de dos millones de francos CFA a los bandidos, tras vender todo el ganado que poseían. Hassane Galma contaba que habían matado a algunas de las personas secuestradas cuyos familiares no lograban pagar los rescates. Una de estas víctimas fue Jayé Bouba, asesinado cerca de Yaloke.

El primer encuentro de Aliou Abdoullahi, de 34 años, con "Zaraguinas" tuvo lugar en abril del 2005. Se encontraba con su familia cuidando del ganado en el campo cuando los rodearon nueve "Zaraguinas" con armas automáticas. Les dijeron que tenían que pagarles dos millones de francos CFA. Cuando Aliou Abdoullahi les ofreció 500.000 francos CFA, le dieron una paliza y amenazaron con matarlo. Tras prolongadas negociaciones, entre paliza y paliza, los "Zaraguinas" redujeron el monto y pidieron 1,3 millones de francos CFA, que Aliou Abdoullahi acordó que pagaría vendiendo sus vacas. Se llevaron cautiva a su hija de 7 años de edad, Hagara Aliou, hasta que pagara el rescate. Tuvo que vender más de 30 vacas para reunir la cantidad exigida. Después de pagar, su hija fue puesta en libertad.

Los "Zaraguinas" retornaron al poco tiempo, pero la familia logró escapar de su campamento. Los "Zaraguinas" regresaron de nuevo en julio del 2006 y secuestraron a su hijo, Nour Abdoullahi. Nour fue puesto en libertad cinco meses después, en enero de este año, contra pago de 500.000 de francos CFA. Aliou Abdoullahi quedó entonces con sólo dos vacas. La familia abandonó los pastizales y se mudó a la ciudad de Paoua. Dos semanas más tarde llegaron "Zaraguinas" a su casa, en medio de la noche, y lo secuestraron a él y a más personas. Al llegar al campamento de los bandidos, Aliou reconoció a algunos de los que habían secuestrado a sus hijos. Les dijo que ya no podría pagar nada nunca más porque ya había vendido todas sus vacas para pagar los rescates de sus hijos. Lo pusieron en libertad a él, pero mantuvieron cautivos a unas 13 personas, entre ellas Aladji Yari, un anciano ciego, y el hijo de éste, Kessi Yari. Aliou contó a AI que Aladji Yari y su hijo podían haber pagado el rescate pero que sus vacas estaban en una zona cuyo acceso desde Paoua habían cortado los insurgentes. Aliou creía que las otras personas secuestradas seguían en poder de los "Zaraguinas" en mayo de este año. Poco después de recobrar la libertad, Aliou Abdoullahi decidió huir a Chad con su familia.

Los "Zaraguinas" también han secuestrado a algunas personas para vengarse de las actividades "anti Zaraguina" que hayan realizado sus familiares. Un líder comunitario mbororo, Souley Garga, había estado alentando a su comunidad a organizarse contra los bandidos. Un grupo de éstos le hizo saber que, a menos que dejara de mostrarles hostilidad, secuestrarían a miembros de su familia. En octubre del 2006, los bandidos asaltaron su casa, en la ciudad de Paoua, para secuestrar a su esposa, Bimbi Gando, y a su hermano, Hussein Souley. Dispararon contra el hermano durante el asalto y se llevaron a la esposa. Bimbi fue puesta en libertad en abril de este año, cuando Souley Garga presuntamente pagó un rescate de 4 millones de francos CFA.

Ousmane Garga, de 33 años, fue una de las personas que los "Zaraguinas" secuestraron al mismo tiempo que a la esposa de Souley. Le contó a AI que se lo llevaron de su casa de Paoua. Hassane Garga, de 25 años, trató de escapar pero los soldados le dispararon y lo mataron. De las 23 personas que secuestraron inicialmente, los "Zaraguinas" se llevaron a siete y dejaron marchar a las demás. Parece que redujeron el número porque así les resultaría más fácil controlarlas. Ousmane Garga dijo que los hicieron caminar a todos durante un mes, hasta un escondite de los bandidos ubicado entre Bocaranga y Bouar. El propio Ousmane estuvo cautivo tres meses y 10 días. Lo pusieron en libertad después de que su familia vendiera todo su ganado para cubrir el rescate de dos millones de francos CFA. Contó que sus tres hermanos, Husseini Garga, Djibrilla Garga y Ramatou Garga estaban entre las personas secuestradas que seguían en poder de "Zaraguinas" en mayo de este año. Los secuestradores habían pedido un rescate de nueve millones de francos CFA.

Damao bi Bouba estaba cuidando de su ganado en el monte cuando fue atacado por "Zaraguinas". Secuestraron a su hijo, Souleye Bouba, y mataron a dos de sus tíos. Damao vendió seis vacas para reunir el rescate de 400.000 francos CFA. Cuando secuestraron a Souleye, el abuelo de éste, Bouba bi Kassimi, luchó para impedirlo. Los "Zaraguinas" se marcharon, se reorganizaron y regresaron. Mataron a tiros al abuelo y se llevaron a un tercer familiar a Yaloke y lo mataron también. Los nombres de sus tíos asesinados eran Bouba Issa bi Kassimi y Samaki bi Kassimi. Cuando Damao huía de los "Zaraguinas" fue perseguido por miembros de un grupo armado que le dispararon e hirieron en el pie derecho. Según le contó a AI, cuando trataba de cruzar la frontera a Chad se encontró con un niño que cuidaba ganado. Al ver a un forastero, el muchacho parece haber tomado a Damao por un "Zaraguina" u otro abigeo. El muchacho corrió hacia su pueblo, que se encontraba al parecer bajo la protección de un grupo armado. Miembros del grupo persiguieron a Damao y le dispararon. Cuando sus familiares se enteraron de que lo habían atacado y herido, acudieron a Beboula y lo llevaron al hospital.

Hasta hace poco, los bandidos no habían por lo general atacado a los representantes de las organizaciones humanitarias. Sin embargo, esto parece haber cambiado en los últimos meses. Por ejemplo, siete trabajadores de la Oficina de las Naciones Unidas en la República Centroafricana (Bureau des Nations unies en Centrafrique, BONUCA)(8) que viajaban en dos vehículos, fueron atacados cerca de la ciudad de Sibut el 26 de mayo de este año. Según la BONUCA, los bandidos maltrataron a las víctimas y les robaron sus pertenencias, incluido dinero y ropas. Siete días antes, el 19 de mayo del 2007, dos trabajadores de la organización humanitaria italiana COOPI (Cooperazioneinternazionale), fueron secuestrados por "Zaraguinas" en la carretera de Bozoum a Bocaranga. Los pusieron en libertad el 29 de mayo.

La mayoría de los familiares de niños y niñas secuestrados no denuncian los secuestros a las autoridades ni piden ayuda a las fuerzas de seguridad por temor a las represalias de los "Zaraguinas". Muy pocos de los testigos con los que hablaron los investigadores de Amnistía Internacional sabían de alguna familia que hubiera sido capaz de denunciar secuestros a las autoridades. Uno de estos testigos era Ahmadou Bi Daoudou y sus vecinos, los cuales, en junio del 2004, denunciaron a una unidad de las FACA que habían sido atacados por "Zaraguinas" e indicaron a la unidad la dirección en que habían partido los atacantes. Cuando los soldados salieron del pueblo, miembros de los "Zaraguinas" regresaron y mataron a Koreidjo, residente del pueblo, y a sus hijos Male Bi Kadouna, de 25 años, Youssoufa Bi Yougouda, de 7, Karim Bi Massoudo, de 17, y Husseini Bi Seifou, de 15. Temiendo más represalias, Ahmadou Bi Daoudou huyó a Chad.

6. Soldados de Chad se unen a la anarquía que reina en la zona norte

Según los informes, soldados del gobierno de Chad han realizado incursiones en el norte de la República Centroafricana bajo pretexto de ayudar a las FACA a combatir las ofensivas de los grupos políticos armados, o de proteger su propio territorio de las incursiones de los grupos políticos armados chadianos que utilizan como base la República Centroafricana. Y como parte de este proceso, los soldados chadianos han atacado a civiles desarmados. También se informa de que pastores armados chadianos han atacado a los agricultores de la República Centroafricana o destruido sus cosechas, evidentemente sin temor a que los funcionarios centroafricanos se lo impidieran o los procesaran.

Fuentes del sur de Chad y del norte de la República Centroafricana, que desean mantener el anonimato por razones de seguridad, contaron a los investigadores de Amnistía Internacional que habían presenciado movimientos militares desde Chad hacia el norte de la República Centroafricana. Según los testigos entrevistados por la organización, convoyes militares chadianos cruzaban regularmente la frontera con la República Centroafricana, incluso en diciembre del 2006.

Durante su visita a Bangui y al sur de Chad, fuentes de la sociedad civil y de las organizaciones humanitarias internacionales que trabajan en el norte de la República Centroafricana informaron a Amnistía Internacional que los pastores chadianos dejan deliberadamente que sus animales destruyan las cosechas de los pequeños agricultores de la República Centroafricana. Se mencionaron muchos casos de pastores que alimentaban a sus vacas con los víveres de los graneros y hogares de la población local. Las autoridades de la República Centroafricana no hicieron nada para proteger a los civiles centroafricanos y sus bienes. Algunos de los testigos entrevistados por AI dijeron que las autoridades de la República Centroafricana no habían hecho nada contra los chadianos porque el gobierno del país dependía de los soldados chadianos para mantenerse en el poder.

Parte del pueblo de Talé, que está situado a unos 36 km al sur de Markounda, fue al parecer reducido a cenizas por pastores chadianos el 15 de junio del 2006. Los pastores mataron también a un hombre de Talé y quemaron viva a una mujer ciega en su casa. Según parece, los pastores mataron a la esposa de un jefe local en el pueblo de Botongo, ubicado a 46 km al sur de Markounda, y la gente del lugar se vengó matando a su vez a seis pastores. Según los informes, los pastores regresaron a Chad, se armaron y como represalia empezaron a atacar el pueblo de Talé, que tiene menos habitantes que Botongo.

Además de ir armados, los pastores cuentan a menudo con el apoyo de los soldados del gobierno chadiano. Los funcionarios del gobierno local que aseguran estar tratando de detener o de forzar a los chadianos a abandonar el territorio de la República Centroafricana, justifican las incursiones chadianas con la existencia de un acuerdo entre los gobiernos de ambos países para perseguir a sus opositores respectivos dentro del territorio del otro país.

7. Conclusión

La población de la República Centroafricana, especialmente en la región norte del país, ha sido la más afectada por la anarquía y el vacío de poder del Estado desde la década de 1980. En los últimos dos años, la situación se ha visto exacerbada por el conflicto armado entre fuerzas gubernamentales y los grupos políticos armados que tratan de derrocar al gobierno. El conflicto parece haberlo originado en parte el incumplimiento por parte del gobierno de sus obligaciones constitucionales e internacionales de proteger a la población del país.

Bajo sucesivos gobiernos, incluido el actual, las fuerzas gubernamentales de la República Centroafricana han continuado violando los derechos humanos. Los presuntos autores de abusos contra los derechos humanos que han sido nombrados públicamente en los medios de comunicación, por las organizaciones locales de derechos humanos y por diputados de la Asamblea Nacional, han seguido disfrutando de impunidad. Los grupos políticos armados han atacado a civiles desarmados, o los han utilizado como "escudos humanos". Los bandidos armados, que incluyen a "Zaraguinas" de la República Centroafricana, de países vecinos y de lugares tan remotos como África Occidental, han aprovechado el vacío de poder y la debilidad de la República Centroafricana para aterrorizar y dar muerte ilegítimamente a civiles desarmados y para saquear sus posesiones. Las tropas del gobierno chadiano cruzan también la frontera de la República Centroafricana y cometen violaciones de los derechos humanos con impunidad. Los civiles desarmados que sobreviven los ataques de soldados del gobierno y grupos políticos armados, caen en manos de bandas criminales despiadadas.

En mayo de este año, varios funcionarios gubernamentales de la República Centroafricana explicaron a los investigadores de Amnistía Internacional que su gobierno no contaba con la capacidad ni los recursos suficientes para proteger adecuadamente a la población del norte del país. Los funcionarios dijeron a los investigadores que no habían recibido una respuesta positiva cuando solicitaron que la ONU desplegara una fuerza de mantenimiento de la paz en el norte del país. Por su parte, AI ha llegado a la conclusión de que el gobierno de la República Centroafricana carece de la suficiente voluntad y de fuerzas adecuadamente entrenadas para establecer el Estado de derecho en gran parte de su territorio. Si se permite que la caótica situación actual en el norte de la República Centroafricana continúe mucho más tiempo sin ponerle freno, la inestabilidad y la violencia que vive el país empeorarán. Las víctimas serán principalmente los civiles de la República Centroafricana, pero su penosa situación incidirá directa y negativamente en la situación de los derechos humanos de otros países del África Central, especialmente en los países que tienen fronteras con la República Centroafricana, como Sudán, Chad y Camerún, aunque no solamente en ellos. Ahora es la hora de actuar; cualquier dilación adicional con toda probabilidad tendrá consecuencias catastróficas.

Un colapso total del orden público en el norte de la República Centroafricana tendría un efecto devastador para la paz, la seguridad y los derechos humanos de la región. De ahí que el gobierno de la República Centroafricana deba hacer todo lo posible para proteger a su población. Dado que el gobierno dispone de capacidad, competencias y recursos limitados, los gobiernos y los organismos intergubernamentales deben ayudar a proteger a la población de este país. En la Cumbre Mundial del 2005, los jefes de Estado reconocieron que: "Cada Estado es responsable de proteger a su población del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad". El Documento Final de la Cumbre Mundial subrayó asimismo que la comunidad internacional, por medio de las Naciones Unidas, tiene también la responsabilidad de ayudar a proteger a las poblaciones de estos crímenes.(9)

8. Recomendaciones

En virtud del derecho internacional, las partes de un conflicto armado tienen la obligación de hacer todo lo posible para asegurar la protección de los civiles. La persecución deliberada de civiles en un conflicto armado viola el derecho internacional humanitario. Es un crimen de guerra. En ciertas circunstancias podría constituir un crimen de lesa humanidad.

Protección de la población civil

Recomendaciones al gobierno de la República Centroafricana y a los grupos armados:

El gobierno debe asegurar que sus fuerzas de seguridad respetan las obligaciones que el Estado ha contraído en virtud de las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario, en particular las leyes relativas a la protección de la población civil, y asegurar que no se persigue nunca a los civiles arbitraria ni indiscriminadamente.

• Los grupos armados que operan y/o tienen su base en la República Centroafricana deben respetar las obligaciones que les imponen las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario, en particular las leyes relativas a la protección de la población civil, y asegurar que no se persigue nunca a los civiles arbitraria ni indiscriminadamente.

El gobierno de la República Centroafricana debe:

omar todas las medidas efectivas posibles para proteger a los civiles, incluidas las personas internamente desplazadas en el norte de la República Centroafricana, de los ataques de grupos armados y bandidos. El gobierno debe garantizar que el comportamiento de sus fuerzas se ajusta al dictado de las normas internacionales de derechos humanos en toda circunstancia y en todo lugar;

Pedir a las Naciones Unidas, para mejorar la capacidad de protección del gobierno, la ayuda que sea necesaria para proteger a los civiles, incluidos los menores y las personas internamente desplazadas, por ejemplo, por medio del despliegue de una fuerza internacional en el norte de la República Centroafricana;

 Tomar todas las medidas efectivas posibles para impedir más secuestros de menores y otras personas en el norte de la República Centroafricana. Los secuestros deben ser objeto de investigaciones independientes e imparciales, y los responsables deben ser llevados ante la justicia;

 Someter a un proceso de investigación de antecedentes independiente, justo y eficaz, a los miembros de las FACA, especialmente a los de la Guardia Presidencial, para asegurar que no forme parte de estas fuerzas ninguna persona de la que sea razonable sospechar que ha cometido crímenes contra el derecho internacional o abusos contra los derechos humanos, hasta que su caso sea investigado de forma independiente e imparcial.

La Unión Africana debe:

Ejercer presión sobre el gobierno de la República Centroafricana para que cumpla su responsabilidad primordial de proteger a la población civil del norte del país, incluidas todas las personas internamente desplazadas;

 Asegurar que todos los Estados miembros de la UA contribuyen unidades disciplinadas y debidamente investigadas, a fin de poder desplegar en el norte de la República Centroafricana una fuerza de la ONU dotada de un mandato fuerte y capaz de patrullar el norte de este país y de proteger a la población civil.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debe:

 Autorizar el despliegue de una presencia internacional en la República Centroafricana con el mandato de brindar una protección efectiva a la población civil, incluida la población internamente desplazada y la población infantil. Además de los necesarios componentes de militar y de policía civil, esta presencia debería estar dotada de fuertes componentes de derechos humanos, género y protección de menores, así como de suficientes recursos para cumplir su mandato. El componente de derechos humanos debe incluir suficientes observadores de los derechos humanos con el correspondiente mandato y capacidad para monitorizar, investigar e informar periódica y públicamente sobre la situación de los derechos humanos.

Asegurarse de que el personal desplegado como parte de esta presencia internacional observa estrictamente el Código de Conducta de las Naciones Unidas, y que se toman las debidas medidas disciplinarias contra cualquier miembro del personal que infrinja las disposiciones del Código o cometa cualquier tipo de acto criminal, a fin de garantizar plena rendición de cuentas.

Tomar medidas para garantizar la seguridad y protección de las personas internamente desplazadas, como disponen las normas internacionales pertinentes, entre ellas los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, y garantizar la libertad de circulación de la población civil.

Los gobiernos donantes deben:

• Garantizar que las agencias de la ONU y otros organismos humanitarios disponen de suficientes fondos y otros recursos necesarios para asistir adecuadamente a la población refugiada e internamente desplazada de la República Centroafricana. No debe permitirse que todas estas personas se encuentren en una situación tan desesperada que las fuerce a regresar a zonas de la República Centroafricana donde corran peligro de sufrir graves abusos contra sus derechos humanos.

Poner fin a la impunidad de los crímenes internacionales

El gobierno de la República Centroafricana debe:

Asegurar que todos los soldados de las FACA, incluidos los de la Guardia Presidencial, que han cometido crímenes contra el derecho internacional, como asesinato, tortura y otros malos tratos, violación sexual, saqueo y destrucción de propiedad, son llevados ante la justicia para ser sometidos a un juicio justo, sin recurso a la pena capital;

Cursar invitación a la relatora especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, al representante especial del secretario-general de la ONU sobre los desplazados internos, a la representante especial del secretario-general de la ONU para la infancia y los conflictos armados, al relator especial sobre refugiados, solicitantes de asilo, migrantes y personas internamente desplazadas en África, de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, para que visiten la República Centroafricana.

 Asegurar que todas las alegaciones de violación y violencia sexual a manos de cualquier grupo armado o miembros de las fuerzas del gobierno se investigan con prontitud y de forma exhaustiva e independiente; que los resultados de dichas investigaciones se hacen públicos; que las personas que hayan cometido, ordenado o permitido actos de violación y violencia sexual son procesados según las normas internacionales de justicia procesal. Y que se protege la seguridad de víctimas y testigos;

Implementar sin dilación el Estatuto de la Corte Penal Internacional (Estatuto de Roma); y, si el gobierno de la República Centroafricana no pudiera en estos momentos procesar a las personas que han cometido crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en el norte del país, debe remitirlos a la Corte para asegurar que los responsables de estos crímenes rinden cuentas ante la justicia y que las víctimas reciben una reparación justa con prontitud.

El Consejo de Seguridad de la ONU debe:

Exhortar a la República Centroafricana a investigar todos los crímenes que se están cometiendo en el norte de la República Centroafricana penados por la legislación nacional y el derecho internacional, y a procesar a los responsables;

Remitir la situación de la República Centroafricana al fiscal de la Corte Penal Internacional, si el gobierno de la República Centroafricana no da con prontitud pasos efectivos para procesar a los responsables de crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad o para remitir el caso a la Corte Penal Internacional.

El fiscal de la Corte Penal Internacional debe:

Dar pasos de inmediato para investigar los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en la República Centroafricana desde octubre del 2002, fecha en que el país ratificó el Estatuto de Roma.

Poner fin a la violencia contra niños y niñas

El gobierno de la República Centroafricana debe:

Formular un plan de acción detallado para proteger a los menores de los secuestros y otras formas de violencia. El gobierno debe trabajar en estrecha colaboración con los expertos de la ONU y con la participación de la sociedad civil y las organizaciones que trabajan para proteger a menores;

Dar pasos para investigar exhaustivamente los casos de secuestro de niños y niñas a fin de identificar, aprehender y procesar a los responsables;

 Asegurar la integración de este plan de acción en todas las medidas, como el despliegue de tropas, por ejemplo, destinadas a proteger a toda la población civil, lo cual incluye a la población refugiada y a la internamente desplazada;

 Tomar medidas para proporcionar a todas las víctimas de la violencia acceso a tratamiento médico, incluido apoyo psicológico.

El Consejo de Seguridad de la ONU debe:

Garantizar que toda futura presencia internacional en la República Centroafricana cuenta con un fuerte componente de protección infantil y asigna gran prioridad a la protección de niños y niñas.

9. Glosario

APRD Ejército Popular para la Restauración de la Democracia

(Armée populaire pour la restoration de la démocratie)

UA Unión Africana

BONUCA Oficina de las Naciones Unidas en la República Centroafricana

(Bureau des Nations Unies en Centrafrique)

CEMAC Comunidad Económica y Monetaria del África Central (Communauté économique des Etats d’Afrique centrale)

COOPI Cooperazioneinternazionale,

Organización humanitaria italiana

FACA Fuerzas Armadas Centroafricanas

(Forces armées centrafricaines)

franco CFA Moneda de la Comunidad Francesa de África

FOMUC Fuerzas Multinacionales en la República Centroafricana (Forces multinationales en Centrafrique)

FUC Frente Unido por el Cambio

(Front uni pour le changement)

MLC Movimiento de Liberación del Congo

(Mouvement pour la Libération du Congo)

MSF Médecins sans frontières,

Médicos sin fronteras, organización médica sin fines lucrativos

Guardia Presidencial Fuerzas gubernamentales que dependen directamente del presidente François Bozizé

UFDR Unión de Fuerzas Democráticas para la Unidad

(Union des forces démocratiques pour le rassemblement)

ACNUR Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados

"Zaraguinas" bandidos armados

(coupeurs de route, salteadores de caminos)

Mapa de la República Centroafricana

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(1) Entre los informes más recientes figuran: Informe del Secretario General sobre la situación en la República Centroafricana y las actividades de la Oficina de las Naciones Unidas de Apoyo a la Consolidación de la Paz en la República Centroafricana (S/2006/1034), del 28 de diciembre del 2006;

Informe del Secretario General sobre el Chad y la República Centroafricana (S/2007/97), del 23 de febrero del 2007; Informe del Secretario General sobre la situación en la República Centroafricana y las actividades de la Oficina de las Naciones Unidas de Apoyo a la Consolidación de la Paz en la República Centroafricana (S/2007/376), del 22 de junio del 2007, e Informe del Secretario General sobre el Chad y la República Centroafricana (S/2007/488), del 10 de agosto del 2007.

(2) Véase el informe de Amnistía Internacional, República Centroafricana: Cinco meses de guerra contra las mujeres, Índice AI: AFR 19/001/2004.

(3) Véase la Declaración Pública de AI República Centroafricana: Soldados del gobierno y grupos armados atacan a civiles y detractores no armados, Índice AI: AFR19/001/2006, del 7 de febrero del 2006.

(4) Unos 800 soldados de las FOMUC, procedentes de tres Estados miembros de la CEMAC (Comunidad Económica y Monetaria del África Central) –Gabón, Chad y la República del Congo–, han sido desplegados en la República Centroafricana desde el 2002 para ayudar a estabilizar el país y reconstruir sus fuerzas armadas. Los apoyan varios centenares de soldados del gobierno francés que participan también en la formación de unidades de las fuerzas gubernamentales de la República Centroafricana. La Unión Europea contribuye económicamente al despliegue de las FOMUC.

(5) Para más información, consulten las fichas nacionales del Anuario de Estadísticas del ACNUR del 30 de abril del 2007, www.unhcr.org/country/caf.html.

(6) 500 francos CFA equivalen a un dólar estadounidense.

(7) Los mbororo, también llamados peul, viven en la región septentrional de la República Centroafricana así como también en Chad, Camerún y algunos países del África Occidental. La mayoría de ellos son nómadas y ganaderos. Los bandidos los escogen deliberadamente como blanco para robarles el ganado y secuestran a sus hijos e hijas porque saben que las familias pueden vender su ganado para pagar las grandes sumas que les piden como rescate y que los agricultores no podrían jamás pagar.

(8) BONUCA también se conoce como "Oficina de las Naciones Unidas de Apoyo a la Consolidación de la Paz en la República Centroafricana".

(9) El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas reafirmó el Documento Final de la Cumbre Mundial en su Resolución 1674 (2006).



Amnistía Internacional, Secretariado Internacional, 1 Easton Street, WC1X 0DW, Londres, Reino Unido. Traducción: Editorial de Amnistía Internacional, EDAI.