Documento - Burundi: La paz duradera depende del respeto a los derechos humanos básicos

AMNISTÍA INTERNACIONAL

COMUNICADO DE PRENSA

Índice AI: AFR 16/015/2003/s (Público)

Servicio de Noticias 233/03

10 de octubre de 2003

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAFR160152003

Burundi: La paz duradera depende del respeto a los derechos humanos básicos

La firma el 8 de octubre de 2003 de un acuerdo sobre la aplicación del acuerdo de alto el fuego de diciembre de 2002 entre el gobierno de Burundi y el Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia-Fuerzas para la Defensa de la Democracia (CNDD-FDD Nkurunziza) deja sin resolver dificultades importantes.

El acuerdo se firma cuando se acerca el décimo aniversario del asesinato del primer presidente del país elegido democráticamente, Melchior Ndadaye, fecha en que se inició la pendiente hacia la violencia política y el conflicto armado.

“Es fundamental que el gobierno de Burundi y los líderes de CNDD-FDD (Nkurunziza), ayudados por agentes regionales e internacionales que han apoyado el proceso de paz, se comprometan a afrontar cuestiones fundamentales, como la impunidad y la rendición de cuentas de sus fuerzas. Cualquier acuerdo político debe estar respaldado por la determinación de todos los bandos de poner fin a la crisis humanitaria y de derechos humanos”, ha dicho Amnistía Internacional.

“Es preciso actuar de inmediato para evitar una nueva espiral de violencia, potencialmente incontrolable”, añadió la organización.

Los que participan en el proceso de paz deben resolver primero aspectos que podrían amenazarlo, cuestiones polémicas como la condición de CNDD-FDD (Nkurunziza) como partido político y la cuestión de quién debe gozar de inmunidad temporal. Además, el otro grupo armado político en activo, PALIPEHUTU-FNL (Rwasa) aún debe aceptar las negociaciones y ha asegurado que continuará luchando.

Los abusos flagrantes y masivos contra los derechos humanos cometidos por todos los bandos del conflicto pueden erosionar cualquier acuerdo político y los intentos por establecer una paz duradera en la que se respeten los derechos humanos de todos.

Tras 10 años de violencia política y conflicto armado, sigue habiendo importantes cuestiones por resolver, y una de las más importantes es quién tiene el valor y el poder de afrontar las causas que se hallan en la raíz de la crisis: justicia, discriminación, desigualdad y abusos contra los derechos humanos. La mayoría de la población ha pagado un precio muy alto. Otros se han hecho ricos gracias a la economía de guerra o siguen libres a pesar de estar acusados de participar en graves abusos contra los derechos humanos.

Durante sus visitas a Burundi en julio y septiembre de 2003, la delegación de Amnistía Internacional volvió a recibir numerosos testimonios de violación, saqueo, ejecuciones extrajudiciales y otros homicidios ilegítimos a manos de todos los bandos del conflicto, así como información sobre un importante y peligroso aumento de la criminalidad de las bandas armadas. Estas bandas han saqueado, violado y robado, a veces haciéndose pasar por miembros de grupos políticos armados o de las fuerzas armadas. El aumento de la inseguridad a causa del conflicto y de la criminalidad está teniendo una asombrosa repercusión en las vidas de la población de Burundi que sobrevive, destruyendo su salud y sus medios de vida. En algunas zonas del país, la población duerme fuera de sus casas, en campos o bosques, para minimizar el peligro de que los maten o los violen. A consecuencia de esta práctica, la malaria y las enfermedades respiratorias han aumentado espectacularmente. Los saqueos reiterados están afectando los cultivos y las reservas de alimentos.

Una amenaza habitual es la proliferación de armas ligeras y pequeñas entre la población civil, en buena medida culpa de la tradicional política del gobierno de distribuir armas a miembros de la población civil en la llamada política de autodefensa. Se sabe que en ciertas provincias los soldados alquilan sus armas a bandas criminales, o desertan con sus armas y forman bandas. Hay implicados miembros de las fuerzas de seguridad del gobierno burundés, y otros hacen la vista gorda. Hay informes de que los grupos políticos armados también están repartiendo armas, y que desertores de varios de ellos participan en bandas criminales. En los últimos 12 meses este fenómeno ha aumentado de forma alarmante.

Al mismo tiempo, la confianza en la capacidad y la voluntad de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y en la judicatura para detener, investigar y poner a disposición judicial a los responsables de estos abusos está tal vez llegando a su nivel más bajo. Abundan las denuncias de corrupción. Consecuencia de todo ello es que la población recurre cada vez más a tomarse la justicia por su mano y a los linchamientos, y confía cada vez más en los grupos políticos armados para la administración de “justicia”. Con frecuencia el resultado son ejecuciones sumarias. Ciudadanos normales han matado a presuntos criminales sin que se les haya impedido ni hayan comparecido ante un juez.

La respuesta de las autoridades ha sido autorizar la distribución de más armas entre la población civil. En la provincia de Kayanza, donde hay unas 280 collines (unidades administrativas), se distribuirán 20 armas por colline, bajo el pretexto de una expansión del programa Custodios de la Paz, milicias gubernamentales no remuneradas ni entrenadas, y, sin embargo, armadas, responsables de numerosos abusos contra los derechos humanos.

“La población de Burundi espera que el acuerdo sea el paso decisivo que lleva tanto tiempo esperando para el final de la guerra civil, caracterizada por los crímenes de guerra y las violaciones masivas, generalizadas y sistemáticas del derecho internacional humanitario, cometidas con impunidad prácticamente total. Pero a menos que el gobierno, sea cual sea su composición, adopte una actitud más responsable hacia el cumplimiento de la ley y esté preparado para resolver los abusos contra los derechos humanos y la criminalidad respetando los derechos humanos, conducirá a su país hacia la catástrofe”, afirmó Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional pide:

- que todos los bandos del conflicto den instrucciones claras a sus combatientes para que respeten el derecho internacional humanitario, poniendo fin a las ejecuciones ilícitas y extrajudiciales de civiles, las violaciones, el reclutamiento de niños soldado y los saqueos sistemáticos, y terminen con los ataques contra las organizaciones humanitarias y otros actos que impiden su trabajo;

- que el gobierno de Burundi dé marcha atrás inmediatamente a su política de armar a la población a través de la expansión de su milicia de Custodios de la Paz;

- que el gobierno de Burundi y la comunidad internacional estudien la mejor forma de restaurar, como asunto prioritario, la confianza en el proceso judicial, y resuelvan la cuestión de los civiles que, sin responsabilidad ni entrenamiento, toman parte en tareas de aplicación de la ley;

- que la Unión Africana y otros implicados en las actuales negociaciones se aseguren de que la resolución de la cuestión de la impunidad (rendición de cuentas por abusos de derechos humanos pasados, presentes y futuros) ocupa un lugar fundamental en sus debates, y en especial que la fuerza que se encarga de la observación del alto el fuego tiene el mandato y los recursos necesarios para proteger los derechos humanos y hacer públicos los abusos que se produzcan.

Documento público

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