Documento - Rwanda: Arming the perpetrators of the genocide

[NO PUBLICAR ANTES DEL 13 DE JUNIO DE 1995]



Amnistía Internacional



RUANDA

ARMAS PARA LOS AUTORES DEL GENOCIDIO




JUNIO DE 1995RESUMENÍNDICE AI: AFR 02/14/95/s


DISTR: SC/CC/CO



El antiguo ejército de Ruanda y las milicias asociadas a él, que ahora tienen su base principal en Zaire, podrían estar utilizando una vez más envíos secretos de armas para los autores del genocidio que tuvo lugar en el país, armas destinadas a cometer nuevos abusos generalizados contra los abusos de derechos humanos.


El rearme de quienes se sabe que han cometido homicidios en masa en Ruanda requiere una acción urgente por parte de la comunidad internacional, que ha incumplido claramente su deber de juzgar a los responsables de genocidio y de otros crímenes contra la humanidad, según ha declarado Amnistía Internacional. En 1994, más de medio millón de miembros del grupo étnico minoritario tutsi fueron asesinados, al igual que algunos hutus moderados y personas pertenecientes a otros grupos.


Amnistía Internacional ha recibido continuos informes sobre envíos secretos de armas y municiones al antiguo ejército de Ruanda y a la milicia hutu Interahamwe, que ahora se encuentra en Zaire al mando de sus antiguos comandantes. Según los informes, los envíos de armas procedían de países entre los que se encuentran Bulgaria y Albania, en ellos participaron comerciantes de armas con sede en el Reino Unido, y se recibieron en el aeropuerto de Goma, en Zaire, en grandes aviones de carga matriculados en Ghana, Nigeria, Ucrania y Rusia.


Amnistía Internacional ha confirmado también las denuncias de que, al menos hasta mediados de mayo de 1995, seguían llegando a Goma vuelos nocturnos secretos prácticamente todos los martes hacia las 11:00 de la noche, pese a que, oficialmente, el aeropuerto no tiene instalaciones para aterrizaje nocturno y normalmente los vuelos de transporte de cargamento sólo tienen lugar durante el día.


Los informes indican que, además de que las autoridades de Zaire permiten la llegada de envíos de armas desde el extranjero, los comandantes del ejército de Zaire han revendido a las antiguas fuerzas gubernamentales ruandesas las armas que arrebataron a esas mismas fuerzas cuando éstas huyeron de Ruanda a través de la frontera en 1994.


Muchas de las milicias se han incorporado al antiguo ejército, y utilizan las armas importadas para llevar a cabo técnicas de adiestramiento militar en campamentos secretos cercanos a los campos de refugiados del este de Zaire. También las utilizan para realizar incursiones armadas al otro lado de la frontera, durante las cuales se han cometido homicidios deliberados y arbitrarios.


Según ha declarado Amnistía Internacional, la milicia nuevamente armada ha pronunciado amenazas de muerte contra los refugiados que deseen regresar a Ruanda y se nieguen a unirse a ellos.


En un incidente producido recientemente, un médico de región de etnia hutu fue muerto a tiros, y uno de sus hijos asesinado a puñaladas, en Gisenyi, Ruanda. Mientras estuvo en un campo de refugiados cerca de Goma, el doctor Anatole Bucyendore recibió amenazas de que Interahamwe le mataría a él, y también a su familia, si regresaba a Ruanda. Antes de su asesinato, el 25 de febrero de 1995, Bucyendore había recibido de nuevo amenazas de muerte, al parecer de personas no identificadas de Goma.


Amnistía Internacional no adopta postura alguna respecto a las sanciones, los embargos o los boicots, pero se opone a las transferencias de armas que se pueda suponer razonablemente que contribuyen a que se cometan abusos contra los derechos humanos. La organización tampoco adopta en principio ninguna postura respecto a cómo o en qué circunstancias se considera legítimo recurrir a la violencia como medio para lograr un fin político.


En el contexto de la situación de los exiliados ruandeses que ahora se encuentran en Zaire, Amnistía Internacional se opone a las transferencias militares a unas fuerzas que siguen estando bajo el mando de los responsables del genocidio de Ruanda. Amnistía Internacional considera que esas transferencias pueden dar como resultado nuevos abusos contra los derechos humanos.


La organización pide a todos los gobiernos citados en su informe que adopten medidas inmediatas y prácticas para investigar los informes sobre transferencias militares que parten de sus países o los atraviesan, y para impedir cualquier transferencia al antiguo ejército de Ruanda y a las milicias a él asociadas.


El gobierno de Zaire, en concreto, debe permitir la supervisión independiente de todos los aviones de carga que aterricen en Goma o en otros aeropuertos de Zaire.


Amnistía Internacional pide también a la comunidad internacional que garantice que los individuos que se encuentran fuera de Ruanda y que son sospechosos de genocidio o de otros crímenes contra la humanidad comparecen ante los tribunales en juicios con las debidas garantías que excluyan la pena de muerte en todos los casos. No se debe permitir que estos individuos vuelvan a tener armas.



PALABRAS CLAVE: MSP1 / CONFLICTO ARMADO1 / GRUPOS ÉTNICOS1 / GENOCIDIO1 / ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES1 / GOBIERNOS (OTROS)1 / ZAIRE / IMPUNIDAD / EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL / HOSTIGAMIENTO / ATAQUES / REFUGIADOS1 / MÉDICOS / NIÑOS / FAMILIAS / MUJERES / MINAS TERRESTRES / ONU / ACNUR /


Este informe resume el documento titulado Ruanda: Armas para los autores del genocidio (Índice AI: AFR 02/14/95/s), publicado por Amnistía Internacional en junio de 1995. Si desean más información o emprender alguna acción al respecto deberán consultar en documento en su integridad.


SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 8DJ, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL DE AMNISTÍA INTERNACIONAL, ESPAÑA

[NO PUBLICAR ANTES DEL 13 DE JUNIO DE 1995]



Amnistía Internacional



RUANDA


ARMAS PARA LOS AUTORES DEL GENOCIDIO

















13 de junio de 1995

Índice AI: AFR 02/14/95/s

Distr: SC/CC/CO









SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 8DJ, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL, ESPAÑA



RUANDA


ARMAS PARA LOS AUTORES DEL GENOCIDIO



Los sucesos que tuvieron lugar en Ruanda entre abril y julio de 1994 fueron crímenes contra la humanidad. Las armas proporcionadas al gobierno por aquel entonces fueron utilizadas para cometer actos de genocidio, homicidios deliberados y arbitrarios y otras graves violaciones de derechos humanos. Existen pruebas cada vez más abundantes de que los responsables de estos delitos, que ahora se encuentran fuera de Ruanda, en otros países, siguen recibiendo armas similares a aquellas.


Amnistía Internacional siente honda preocupación por los persistentes informes según los cuales están llegando grandes suministros de armas y municiones a manos de los autores de crímenes contra la humanidad cometidos en Ruanda, como las Forces armées rwandaises (FAR - las antiguas Fuerzas Armadas Ruandesas) y la milicia Interahamwe1, que siguen cometiendo abusos contra los derechos humanos. Los suministros de armas se reciben a través de Goma, en el este de Zaire. En mayo de 1995, estos informes aún continuaban. Estas fuerzas han utilizado algunas de las armas y las municiones para llevar a cabo incursiones a través de la frontera entre Zaire y Ruanda, en el transcurso de las cuales han cometido homicidios políticos. Las armas se han utilizado también para intimidar a refugiados ruandeses e impedirles regresar a su país. Amnistía Internacional siente preocupación por la posibilidad de que estos abusos vayan en aumento.


Este informe describe los envíos secretos de armas y municiones que están teniendo lugar recientemente desde varios países, entre los que se encuentran Albania y Bulgaria, a las fuerzas armadas ruandesas exiliadas en el este de Zaire; dichas armas son enviadas por comerciantes del Reino Unido que utilizan aparatos aéreos matriculados en Ghana, Nigeria, Ucrania y Rusia2. En Zaire y otros países, los comandantes de las fuerzas exiliadas que el año pasado fueron responsables de crímenes contra la humanidad y actos de genocidio han adquirido o negociado medios de transporte para estos suministros militares. Han conseguido eludir el llamamiento realizado en febrero de 1995 por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) para que los presuntos autores de genocidio sean detenidos y juzgados en colaboración con el Tribunal Internacional sobre Ruanda. A la milicia y al ejército exiliados se les han facilitado bases donde reagruparse y recibir adiestramiento militar, un adiestramiento en el que no sólo participan exiliados hutu de Ruanda, sino también exiliados hutu de Burundi. Las fuerzas armadas ruandesas exiliadas han utilizado armas y munición importadas para cometer nuevos abusos contra los derechos humanos, en especial homicidios políticos.


Amnistía Internacional no adopta en principio ninguna postura respecto a cómo o en qué circunstancias se considera legítimo recurrir a la violencia como medio para lograr un fin político. En el contexto de la situación de los grupos armados ruandeses exiliados en Zaire, Amnistía Internacional se opone a las transferencias militares a unas fuerzas que siguen estando bajo el mando de los responsables del genocidio de Ruanda. Amnistía Internacional considera que esas transferencias pueden dar como resultado nuevos abusos contra los derechos humanos.


Además, Amnistía Internacional no adopta en principio postura alguna respecto a las medidas punitivas tales como las sanciones, los embargos o los boicots. No obstante, sí se opone a las transferencias militares, de seguridad o policiales que se pueda suponer razonablemente que contribuyen a que se cometan abusos contra los derechos humanos tales como los homicidios deliberados y arbitrarios, las «desapariciones», la tortura o los malos tratos. Estas transferencias pueden ser de materiales, de personal o de medios de adiestramiento, o también un apoyo logístico o económico demostrados para llevarlas a cabo. Los gobiernos deben impedir que estas transferencias se produzcan, a menos que se pueda demostrar razonablemente que no contribuyen a que se cometan abusos contra los derechos humanos.


Aunque la mayoría de los asesinatos en masa que dieron comienzo en Ruanda el 6 de abril de 1994 se cometieron con herramientas agrícolas locales como azadas o machetes, los homicidios fueron iniciados principalmente, o supervisados, por agentes de las fuerzas de seguridad que llevaban armas ligeras más sofisticadas. En la mayoría de los casos en los que los asesinos encontraron resistencia, empezaron utilizando granadas y luego armas de fuego, incluidos rifles automáticos. Cuando el Frente Patriótico Ruandés (FPR) se hizo con el poder, el 19 de julio de 1994, la mayor parte de las antiguas fuerzas armadas y la milicia, principalmente hutu, huyeron a Zaire, llevándose consigo armas fabricadas en Bélgica, China, Francia, Corea del Sur y Sudáfrica. Al principio, el ejército zaireño de la región de Goma confiscó muchas de estas armas pero, posteriormente, a las fuerzas ruandesas que huyeron al este de Zaire les permitieron conservar la mayoría de sus armas. Desde entonces, según los informe, algunas de las armas confiscadas por el ejército de Zaire han sido vendidas de nuevo a los comandantes de las fuerzas armadas ruandesas exiliadas.


Desde diciembre de 1994, muchos de los entre 25.000 y 30.000 soldados de las antiguas fuerzas armadas y de Interahamwe responsables de crímenes contra la humanidad en 1994 se han reagrupado en Zaire, donde se están volviendo a aprovisionar de armas y están llevando a cabo un adiestramiento militar bajo el mando de sus antiguos comandantes. Al mando de estas fuerzas se encuentran, entre otros, el ex jefe de las fuerzas armas y de la Guardia Presidencial, que ocupaba dicho puesto durante los homicidios en masa de 1994, y el coronel responsable del suministro de armas para Interahamwe desde la creación de la milicia, en 1992.


La información incluida en este informe procede de diversas fuentes; entre ellas se encuentran testimonios de primera mano e información publicada y no publicada a la que ha tenido acceso Amnistía Internacional, y que ha sido confirmada por la organización. El objetivo de este informe es instar a los gobiernos, y en especial a los citados en él, a investigar las transferencias que parten de sus países o los atraviesan para llevar a África Central suministros de armas y municiones que se están utilizando para cometer abusos contra los derechos humanos y que podrían fácilmente servir de detonante para nuevos homicidios en masa.



Suministros de armas a través del aeropuerto de Goma


Pese a las negativas del gobierno de Zaire, se han producido numerosos informes que indican que los comandantes de las fuerzas armadas ruandesas exiliadas han estado implicados en la llegada de grandes suministros de armas y municiones procedentes del extranjero a través del aeropuerto de Goma. Ni las autoridades de Zaire ni la comunidad internacional han tomado medidas efectivas para impedir este suministro de armas, pese al embargo de armas impuesto por las Naciones Unidas, que aún sigue en vigor.


El primero en denunciar que «durante los últimos tres meses» se habían transportado unos diez o doce cargamentos aéreos de armas de Bulgaria a Goma en aviones de carga rusos Ilyushin fue, el 10 de abril de 1995, Robin Cook, ministro de Asuntos Exteriores en la sombra del Reino Unido, que visitó Goma el 24 de marzo de 1995. Cook afirmó que «una fuente de la ONU» había confirmado estos envíos, y pidió que se les pusiera fin, de acuerdo con el embargo de armas a Ruanda impuesto por las Naciones Unidas el 17 de mayo de 19943.


Tras esta denuncia, el ministro de Defensa de Zaire, el almirante Mavua Mudina, visitó Goma acompañado de varios altos cargos militares como «comisión de investigación». El 15 de abril de 1995, el almirante Mudina hizo pública una declaración en la que negaba los informes sobre los suministros de armas llegados a Goma y negaba también que hubiera grupos de milicia hutu procedentes de Ruanda y Burundi realizando un adiestramiento militar en territorio zaireño.


No obstante, Amnistía Internacional ha confirmado que, a mediados de mayo de 1995, seguían llegando a Goma, en vuelo nocturno, grandes aviones de carga; generalmente llegaban los martes hacia las 11:00 de la noche, pese a que, oficialmente, el aeropuerto no tiene instalaciones para aterrizaje nocturno y normalmente los vuelos de transporte de cargamento sólo tienen lugar durante el día. Al parecer, los aviones que efectuaban estos aterrizajes nocturnos secretos eran grandes aviones de carga que transportaban armas y municiones. El aeropuerto de Goma es el único aeropuerto del este de Zaire capaz de recibir grandes aviones de carga, y está estrictamente vigilado por la policía de seguridad de Zaire, el Servicio Nacional de Inteligencia y Protección (SNIP - Service national d'intelligence et de protection).


Algunos testigos del aeropuerto de Goma vieron tres aviones de carga con tripulantes y pilotos de habla inglesa que, el 4 de abril de 1995, habían llevado unos cargamentos de armas, al parecer a través de Gabón. Los soldados zaireños del aeropuerto declararon que todas aquellas armas estaban destinadas a ser utilizadas por los 1.500 soldados del Contingente Zaireño para la Seguridad en los Campos (CZSC - Contingent zaïrois pour la sécurité dans les camps), responsable de vigilar los campos de refugiados dirigidos por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). No obstante, estas declaraciones han sido puestas en duda por testigos que afirman que el CZSC recibía sus armas de los almacenes locales de las guarniciones de Zaire, y no necesitaba tres grandes cargamentos de armas. El CZSC está supervisado por 27 miembros internacionales del Grupo de Enlace de Seguridad Civil. Al parecer, el mandato de este grupo no incluye el aeropuerto. Según los informes, también se vio otro cargamento de armas en Goma durante la llegada de un avión de carga matriculado en Liberia, en abril de 1995.


Un programa de televisión del Reino Unido cuya fecha de retransmisión prevista era el 13 de junio de 1995 describe una serie de vuelos rumbo a Goma cargados de armas para las fuerzas armadas hutu en el exilio4. Durante 1994, estos vuelos se realizaron en aparatos Boeing 707 matriculados en Ghana y Nigeria, pero desde noviembre de 1994 hasta mayo de 1995 se utilizaron un Antonov 124 matriculado en Ucrania y varios Ilyushin 76 de carga matriculados en Ucrania y en Rusia. Estos aviones han transportado desde Plovdiv y Burgas, en Bulgaria, hasta Goma armas destinadas a las fuerzas armadas hutu en el exilio. Por lo general, los aviones aterrizaban los martes por la noche, hacia las 11:00, y se detenían para repostar en El Cairo, Egipto, y, en un caso, en Jedda, Arabia Saudí. Según los informes, uno de estos cargamentos fue recibido en presencia del ex primer ministro de Ruanda, Jean Kambanda, y de un ex dirigente de Interahamwe, Jean-Baptiste Gatete, que se encuentra en el exilio.


Parece ser que se han establecido escondites de armas a lo largo de la frontera entre Zaire y Ruanda, a unos 5 o 7 kilómetros en el interior de Zaire. En uno de estos escondites, en el Parc National des Volcans, cerca de la frontera con el noroeste de Ruanda, se vieron, entre otras cosas, ametralladoras ligeras francesas M60, rifles de asalto AK47, granadas de fragmentación en cajas con marcas de los Estados Unidos, y munición 7,62 procedente de Sudáfrica. Al parecer, las granadas de fragmentación estadounidenses fueron obtenidas mediante el intercambio o la compra de armas al grupo de oposición armada angoleño Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA - Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola), que ha actuado desde Zaire y que también está sometido a un embargo de armas por parte de las Naciones Unidas.


Los informes sobre vuelos secretos cargados de armas para Interahamwe y las fuerzas armadas en el exilio a través del aeropuerto de Goma datan de julio de 1994. En noviembre de ese mismo año, cuatro pilotos empleados por una compañía del Reino Unido admitieron públicamente haber llevado cuatro grandes cargamentos de armas ligeras, sobre todo granadas de mano, rifles y munición de origen ruso y chino, desde Israel y Albania hasta Goma en abril de 19945. Al parecer, entre los suministros había armas de fabricación israelí, como los subfusiles ametralladores Uzi, y armas y granadas capturadas por el ejército israelí al ejército egipcio en 1973; también había munición china obtenida a través de Tirana. Un piloto dijo a Amnistía Internacional que le habían «engañado» para que llevara 36,5 toneladas de armas y munición al aeropuerto de Goma por la noche; él pensaba que eran para el gobierno de Zaire, pero en realidad iban destinadas al ejército ruandés en el exilio. Una compañía del Reino Unido organizó estos vuelos, uno desde Tel Aviv y otros desde Tirana, capital de Albania, donde, al parecer, funcionarios israelíes y albaneses suministraron las armas y la munición. Según los informes, se utilizó un aparato aéreo matriculado en Nigeria y de propiedad nigeriana, así como un Boeing 707 matriculado en Ghana y con sede en el Reino Unido.


Desde que la ONU impuso el embargo de armas en mayo de 1994, los gobiernos de los principales suministradores de armas al anterior gobierno de Ruanda, en especial los de Francia y Sudáfrica, han declarado que ya no autorizan la venta de armas a Ruanda. Según los informes, en febrero de 1995 las autoridades francesas estaban investigando una compañía registrada en Francia que, al parecer, vendía ilegalmente rifles Kalashnikov a Ruanda utilizando una compañía de envío de cargamentos con sede en Kenia. No obstante, las denuncias sobre la colaboración militar de Francia y Sudáfrica con las fuerzas armadas hutu en el exilio han continuado6.


Amnistía Internacional ha recibido informes según los cuales soldados locales de Zaire han vendido a los comandantes de las antiguas Fuerzas Armadas Ruandesas armas confiscadas en julio de 1994 a los soldados ruandeses que se retiraban. En abril de 1995, los informes indicaban que el coronel Theoneste Bagosora, ex funcionario del Ministerio de Defensa de Ruanda que, según numerosas denuncias, había organizado el suministro de armas y había coordinado las actividades de Interahamwe antes del genocidio y durante éste, era el segundo en el mando de las fuerzas armadas en el exilio y se encontraba en el campamento de Chimanga, cerca de la frontera de Zaire con el suroeste de Ruanda. En marzo de 1995, el coronel Bagosora y un comandante zaireño de Katindo fueron interrogados por la gendarmería de Zaire sobre el tráfico de armas. El comandante zaireño fue acusado de vender armas confiscadas a las Fuerzas Armadas Ruandesas el mes de julio del año anterior. Un empresario local declaró que los negocios se llevaban a cabo de forma cada vez más abierta, y que las ventas realizadas habían incluido 1.500 granadas y al menos 30 rifles. Otro testigo afirma que, en julio de 1994, la guarnición zaireña de Goma confiscó a las Fuerzas Armadas Ruandesas al menos seis baterías de artillería ligera de cañón múltiple, pero que en mayo de 1995 sólo quedaban dos: las demás habían sido vendidas de nuevo a las antiguas Fuerzas Armadas Ruandesas.



Homicidios políticos y amenazas de muerte contra los refugiados


Desde febrero de 1995, antiguos milicianos de Interahamwe y soldados de las Fuerzas Armadas Ruandesas han estado utilizando las armas y las municiones que tienen acumuladas para lanzar ataques al otro lado de la frontera, en el transcurso de los cuales han cometido homicidios deliberados y arbitrarios de civiles. También han utilizado su poder militar para crear una atmósfera de intimidación: entre otras cosas, han lanzado amenazas muerte en muchos de los campos de refugiados para persuadir a los refugiados ruandeses de que no regresen a sus hogares en Ruanda, y para forzar a los hombres jóvenes a unirse a la milicia y a las fuerzas armadas reagrupadas.


A lo largo del mes de abril de 1995, unos 30 grupos armados de hutus se situaron a lo largo de la frontera oriental de Zaire con Ruanda. La milicia cruzaba la frontera para efectuar incursiones en Ruanda casi todas las noches, tal y como se observó en los campos de Kamanyola y Kibumba. Las incursiones a través de la frontera se han incrementado también en el suroeste de Ruanda y en el noroeste de Burundi. Uno de los objetivos de estas incursiones ha sido el lanzar ataques contra los opositores políticos, aunque también han servido para robar ganado y para atacar objetivos militares y de infraestructura. El jefe de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos situada en Ruanda declaró públicamente el 14 de abril de 1995 que:


Decenas de personas han resultado muertas en estos ataques que, desde el otro lado de la frontera, llevan produciéndose desde finales de enero... Ayer se informó de que había habido otra incursión que había causado víctimas... Los motivos de los ataques varían... [e incluyen] homicidios como castigo contra personas que han regresado a Ruanda sin el permiso de las autoridades del campo de refugiados... [y] homicidios de personas que parecen estar cooperando con el gobierno de Ruanda, por ejemplo, aquellas que han entregado sus armas o han proporcionado información sobre quienes participaron en el genocidio...»

[Traducción no oficial de EDAI]


El doctor Anatole Bucyendore, médico de región de etnia hutu y jefe del programa de prevención del SIDA de Ruanda, fue muerto a tiros, y su hijo de dos años asesinado a puñaladas, en Gisenyi, Ruanda, el 25 de febrero de 1995. Su esposa y su otro hijo resultaron gravemente heridos durante el ataque. El doctor Bucyendore había huido a Goma desde Ruanda en 1994. Mientras estuvo en Goma recibió en diversas ocasiones amenazas de que, si regresaba a Ruanda, Interahamwe le mataría, y también a su familia. A pesar de ello, el doctor Bucyendore decidió regresar a Gisenyi, para trabajar en el hospital de esa localidad. Antes de su asesinato había recibido de nuevo amenazas de muerte, al parecer también de personas no identificadas de Goma.


La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para Ruanda (UNAMIR) informó el 6 de marzo de 1995 de que cuatro insurgentes capturados en Kigali, que se creía que eran miembros de Interahamwe y del antiguo ejército, tenían sacos de minas terrestres y de granadas que, según decían, iban a utilizar para atacar en Kigali objetivos civiles, entre los que se encontraba el mercado central, como parte de una campaña concertada de desestabilización. Según dijeron, procedían del campo de Mugunga, cerca de Goma. Los agentes del gobierno anterior utilizaron minas terrestres y otros explosivos de forma generalizada para aterrorizar a la población durante 1993 y principios de 1994, sobre todo en Kigali. El 1 de abril de 1995, el alcalde de Gishoma fue asesinado por unos insurgentes que rodearon su casa con una trampa de minas terrestres; para ello utilizaron una mina anti personas TS-50, de diseño italiano (fabricadas en Italia, pero también en Egipto y en Singapur). Los soldados de UNAMIR dijeron que dicha trampa sólo pudo ser instalada con personas con conocimientos especializados.


Los homicidios deliberados y arbitrarios de civiles durante las incursiones al otro lado de la frontera han venido acompañados de un aumento de la intimidación en los campos de refugiados del este de Zaire. El 31 de marzo de 1995, un refugiado que regresó a Ruanda desde el campo de Kibumba, en el este de Zaire, dijo a los funcionarios del ACNUR de Gisenyi que la milicia Interahamwe estaba lanzando amenazas de muerte como parte de una campaña para intimidar a los hombres jóvenes que se mostraban reacios a unirse a la milicia o que deseaban regresar a Ruanda. Al parecer, las tropas del Contingente Zaireño para la Seguridad en los Campos (CZSC) cuentan con cierta colaboración de los jefes de los campos, pero ven frustrados sus intentos de obtener la colaboración de los refugiados cuando tratan de investigar este tipo de incidentes.


Los funcionarios del ACNUR dan diversas razones para explicar por qué ha habido tan pocos refugiados ruandeses dispuestos a regresar a sus hogares en Ruanda. Una de ellas es que son intimidados por la milicia y por los simpatizantes del gobierno anterior. Otra son los persistentes rumores sobre los ataques de represalia del Ejército Patriótico Ruandés (EPR). Además, hay informes fidedignos de detenciones arbitrarias y homicidios cometidos por el EPR en Ruanda. Según una comisión internacional de investigación, tanto los soldados del EPR como la milicia hutu armada fueron responsables, el 22 de abril de 1995, del homicidio deliberado y arbitrario de personas que habían sido desplazadas dentro del propio país en el campo de Kibeho, en el suroeste de Ruanda.


Los exiliados ruandeses no son los únicos que han recibido armas y adiestramiento militar en el este de Zaire. Según los informes, los refugiados hutu de Burundi han recibido adiestramiento militar junto con los exiliados ruandeses en campamentos cerca de Uvira, en el este de Zaire, a donde huyeron desde Burundi unos 50.000 refugiados hutus. También ellos han recibido armas que cuadran con los suministros que, según los informes, han llegado a Goma (minas de tierra y rifles de asalto AKM chinos, y cohetes RPG rusos), así como armas que anteriormente habían sido suministradas a Burundi o a Ruanda (rifles G3 alemanes y pistolas FAL belgas). Según se ha dicho, los cohetes rusos capturados a los insurgentes del este de Zaire tenían escritos caracteres árabes, y un oficial militar de Burundi los describió como «un regalo de El Cairo».



El peligro de la situación actual


La proliferación de las armas en la región, y especialmente los suministros a quienes organizaron los homicidios en masa de Ruanda durante 1994, ha sido considerada por las organizaciones gubernamentales e intergubernamentales, y también por las organizaciones no gubernamentales que trabajan en la zona, como un factor que contribuye significativamente a que se cometan abusos contra los derechos humanos y a que se produzca una desestabilización general en la región. El Consejo de Seguridad de la ONU, la Organización de la Unidad Africana y el Parlamento Europeo han manifestado su honda preocupación por el continuo tráfico de armas en el área, y han propuesto diversas maneras de ponerle fin.


Además del embargo de armas impuesto por la ONU el 17 de mayo de 1994 a Ruanda, el 29 de marzo de 1995 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pidió a todos los Estados, y en particular a los Estados vecinos, que no suministraran armas ni permitieran su tráfico y que negaran refugio o cualquier otro tipo de ayuda a los elementos extremistas que trataban de desestabilizar la situación de Burundi. En 1993, la Unión Europea también dictó un embargo de armas contra Zaire. En un informe del 20 de abril de 1995, la Organización para la Unidad Africana instó a todos los países a detener el tráfico ilegal de armas en la región. El 18 de mayo de 1995, los gobiernos de Zaire y Burundi manifestaron su preocupación conjunta por «el deterioro de la seguridad» de su frontera común «a causa de la proliferación de armas en la sub-región». Amnistía Internacional no adopta postura alguna sobre los embargos de armas como tales; lo que le preocupa a la organización es que algunos gobiernos han seguido permitiendo que las armas lleguen a personas que se sabe que han cometido violaciones de derechos humanos y que es probable que utilicen dichas armas para cometer nuevos abusos.


En febrero de 1994, antes de que comenzara el genocidio de Ruanda, Amnistía Internacional había manifestado su preocupación porque se habían transferido armas de las antiguas autoridades gubernamentales ruandesas y de las Fuerzas Armadas Ruandesas (FAR) a la milicia hutu que dio muerte deliberadamente a más de 2.000 civiles, la mayoría de ellos tutsi. En mayo de 1994, Amnistía Internacional denunció que las FAR estaban ayudando a coordinar los homicidios, y que sus comandantes habían proporcionado armamento militar tanto a la milicia Interahamwe como a la Impuzamugambi con este propósito, mientras que las autoridades gubernamentales y militares estaban implicadas en el más alto nivel en la organización y la dirección de la campaña de asesinatos. También informó que la Guardia Presidencial había estado a cargo del adiestramiento militar de Interahamwe e Impuzamugambi.


Ahora, un año después de los homicidios en masa que se cobraron más de medio millón de vidas en Ruanda, el suministro de armas y municiones a través de Goma, en el este de Zaire, a los responsables de crímenes contra la humanidad requiere una acción urgente por parte de la comunidad internacional.



Hacer comparecer a los responsables ante los tribunales


Entre los dirigentes de las antiguas Fuerzas Armadas Ruandesas, la Guardia Presidencial y la milicia Interahamwe se encuentran muchos de los que planearon y organizaron el genocidio de Ruanda de 1994. Si las tropas bajo el mando de estos hombres siguen recibiendo armas, existe el peligro de que puedan seguir cometiendo abusos a gran escala contra los derechos humanos. Muchos de los que ahora se encuentran exiliados en Zaire y en otros países no sólo cuentan con el beneplácito de los gobiernos para eludir la acción de la justicia, sino que, según los informes, están ayudando a que las fuerzas en el exilio vuelvan a aprovisionarse de armas y a tener adiestramiento militar7. Una forma de garantizar que se pone fin a esta situación es hacer que los responsables del genocidio comparezcan ante los tribunales.


Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente a los gobiernos que proporcionen recursos jurídicos, económicos y humanos para ayudar al Tribunal Internacional sobre Ruanda, creado por el Consejo de Seguridad de la ONU el 8 de noviembre de 1994 para juzgar a los responsables del genocidio, los crímenes contra la humanidad y las violaciones del derecho humanitario cometidos en Ruanda entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1994. Según la Resolución 978 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, del 27 de febrero de 1995, todos los Estados deben detener y llevar ante los tribunales, de acuerdo con las normas internacionales, a todas las personas halladas en su territorio contra las que haya pruebas suficientes de que son responsables de crímenes contra la humanidad en Ruanda; al hacerlo, los Estados deben colaborar con el Tribunal Internacional.


A pesar de esta obligación internacional, muchos de los antiguos dirigentes de Ruanda viven en Zaire y Kenia y se desplazan libremente a los campamentos militares y a los campos de refugiados, y también a otros países africanos como Gabón, Costa de Marfil y Camerún, así como a países de Europa. Un informe afirmaba: «Pese a que Zaire y Tanzania son los centros de la actividad militar, ... muchas de las 400 personas de la lista de la ONU acusadas de genocidio son libres de reunirse, recaudar fondos y viajar entre Kenia y los campos [de Zaire y Tanzania] sin ningún impedimento»8. Según los informes, entre estos dirigentes se encuentran algunos de los líderes extremistas hutu cuyo grupo se conoce con el nombre de Akazu y que, según se dice, financian la milicia en el exilio; también están los fundadores de Radio-television des Mille Collines, una emisora de radio que transmite regularmente mensajes para incitar a la milicia hutu a cometer actos de genocidio. Un ex diplomático ruandés sospechoso de desempeñar un papel fundamental en el envío de armas sudafricanas para las Fuerzas Armadas Ruandesas y la milicia Interahamwe reside, según los informes, en Sudáfrica.


Aunque algunos de los comandantes exiliados de las FAR de más alta graduación han regresado a Ruanda, los informes indican que la mayoría han abandonado sus alojamientos en hoteles y se han trasladado a vivir a bases militares de Zaire. Al parecer, muchos residen en el campo de «jefes de estado mayor» de Lac Vert, al suroeste de Mugungu, en el este de Zaire, bajo el liderazgo del general de división Augustin Bizimungu, jefe de las antiguas Fuerzas Armadas Ruandesas y de la Guardia Presidencial durante el genocidio de 1994. Estos comandantes disfrutan de plena libertad para viajar y para obtener y distribuir suministros militares en las bases sin ninguna interferencia de los gobiernos anfitriones. Han organizado sistemas de adiestramiento militar para los antiguos miembros de las FAR en bases militares cerca de Mugunga, al sur de Goma, y en Panzi, cerca de Bukavu, donde se alojó el grueso del ejército derrotado hasta fines de noviembre y diciembre de 1994; también han organizado actividades de adiestramiento en una base cerca de Chimanga, en otra base entre las colinas volcánicas cercanas al Parc National des Volcans, en la frontera con el noroeste de Ruanda, y en campamentos de la isla de Idjwi, en el lago Kivu. Las regiones fronterizas con Ruanda cercanas a estos campos se han convertido en puntos desde los que parten incursiones al otro lado de la frontera, durante las cuales se han cometido abusos contra los derechos humanos. Según el testimonio de ex soldados de las Fuerzas Armadas Ruandesas que han desertado, a fines de 1994 varios centenares de ex soldados y comandantes de las FAR se trasladaron a otro campamento secreto en la República Centroafricana para recibir adiestramiento especial9.


A los comandantes se les ha permitido también organizar el suministro de armas a miembros de la antigua Interahamwe, muchos de los cuales residen en los campos de refugiados del este de Zaire. Estos campos de refugiados van desde Katale, Kahinda y Kibumba, en la región septentrional de Kivu, hasta Kamanyola, Kanganiro, Luvungi, Lubarika y Luberizi, cerca de Uvira, en la región meridional de Kivu, más cerca de la frontera con Burundi. Según los informes, las milicias hutu que viven en estos campos han disminuido en número, a medida que las han ido reclutando las antiguas Fuerzas Armadas Ruandesas; sin embargo, las que aún permanecen allí tratan de crear una atmósfera de terror en los campos de refugiados. Casi un tercio de los refugiados hutu de los campos cercanos a Bukavu y Uvira son originarios de Burundi y huyeron a Ruanda después de las matanzas que tuvieron lugar en Burundi en noviembre de 1993.


El 31 de mayo de 1995, se dictó desde Bélgica una orden internacional de detención contra un ex dirigente de Interahamwe, el coronel Theoneste Bagosora. En noviembre de 1994 se produjeron informes según los cuales el coronel Bagosora había declarado que deseaba «iniciar una guerra larga y llena de muertos, hasta que no quede nadie de la minoría tutsi»10. En marzo de 1995, este mismo coronel declaró que se estaba planeando una campaña insurgente de desestabilización y una incursión a pequeña escala en Ruanda para mediados de julio (el 19 de julio de 1995 será el primer aniversario de la victoria del Frente Patriótico Ruandés); según dijo, después de esta incursión «una gran potencia europea» reconocería la necesidad de iniciar negociaciones en torno a los Acuerdos de Paz de Arusha de agosto de 1993 entre el gobierno anterior y el gobierno actual de Ruanda.


Muchos de los antiguos comandantes de las FAR reconocen que el gobierno ruandés no les va a permitir regresar libremente a Ruanda, por lo que han refrenado las amenazas públicas de cometer violaciones de derechos humanos y han manifestado su apoyo a las negociaciones internacionales que esperan que incluyan una amnistía general para los delitos contra la humanidad cometidos en el pasado. El general de división Bizimungu, no obstante, declaró públicamente en marzo de 1995 que «el [antiguo] ejército ruandés no ha perdido la guerra», y el 4 de marzo uno de sus altos oficiales afirmó que las antiguas FAR van a «matar a todos los tutsi para impedir su regreso». Los comandantes de la milicia procedentes de Ruanda y Burundi que se encuentran en el este de Zaire han manifestado que «nuestra lucha es una sola, y es la misma»11. El 4 de abril de 1995, el general de división Bizimungu y otros 13 comandantes de alta graduación de las antiguas FAR hicieron pública una declaración firmada de apoyo a la Asamblea para el Regreso y la Democracia en Ruanda (RDR- Rassemblement pour le retour et la démocratie au Rwanda). La RDR afirma ser una nueva entidad política que excluye al antiguo «gobierno en el exilio», y está tratando de conseguir un regreso pactado de todos los exiliados ruandeses; al parecer, también está tratando de obtener una amnistía general para todos los delitos cometidos durante el conflicto étnico.



Recomendaciones


Amnistía Internacional no adopta postura alguna respecto a las medidas punitivas, como las sanciones, los embargos o los boicots, pero se opone por principio a las transferencias militares, de seguridad o policiales a gobiernos y a grupos de oposición armada que se pueda suponer razonablemente que contribuyen a que se cometan abusos contra los derechos humanos, tales como homicidios deliberados y arbitrarios, «desapariciones», tortura o malos tratos. Estas transferencias pueden ser de materiales, de personal o de medios de adiestramiento, o también un apoyo logístico o económico demostrados para llevarlas a cabo. Los gobiernos deben impedir que estas transferencias se produzcan, a menos que se pueda demostrar razonablemente que no contribuyen a que se cometan abusos contra los derechos humanos.


Amnistía Internacional no adopta en principio ninguna postura respecto a cómo o en qué circunstancias se considera legítimo recurrir a la violencia como medio para lograr un fin político. En el contexto de la situación de los grupos armados ruandeses exiliados en Zaire, Amnistía Internacional se opone a las transferencias militares a unas fuerzas que siguen estando bajo el mando de los responsables del genocidio de Ruanda. Amnistía Internacional considera que esas transferencias pueden dar como resultado nuevos abusos contra los derechos humanos.



1. Amnistía Internacional hace un llamamiento a todos los Estados citados en este informe para que:


a.lleven a cabo investigaciones exhaustivas sobre los informes según los cuales las antiguas fuerzas armadas y la milicia de Ruanda, que ahora se encuentran en Zaire, y muchos de cuyos miembros ordenaron o cometieron crímenes contra la humanidad en 1994, han obtenido, y pueden seguir obteniendo, armas o municiones que proceden de dichos Estados o atraviesan su territorio;


b.tomen medidas inmediatas para impedir la transferencia de armas, municiones o medios de adiestramiento militar a las antiguas fuerzas armadas y la milicia de Ruanda, pues dichas transferencias pueden contribuir a que se cometan nuevos abusos contra los derechos humanos, tales como homicidios deliberados y arbitrarios.



2. Amnistía Internacional hace un llamamiento al gobierno de Zaire para que:


a.permita la supervisión internacional independiente de todas las cargas que lleguen a Goma o a cualquier otro aeropuerto de Zaire y que puedan contener armas o munición que pueda ser utilizada por las antiguas Fuerzas Armadas Ruandesas o por la milicia de Ruanda para cometer abusos contra los derechos humanos.



3. Amnistía Internacional insta a todos los gobiernos individuales y a las organizaciones intergubernamentales, incluidas la Organización de las Naciones Unidas y la Organización para la Unidad Africana, a tomar medidas prácticas e inmediatas para:


a.garantizar que los presuntos autores de crímenes contra la humanidad comparecen ante los tribunales de acuerdo con la Resolución 978 del Consejo de Seguridad de la ONU, del 27 de febrero de 1995; adoptar leyes que permitan a las autoridades colaborar con el Tribunal Internacional sobre Ruanda; proporcionar recursos, así como cualquier información pertinente sobre violaciones de derechos humanos, al Tribunal Internacional, y apoyo práctico para ayudar a reconstruir el poder judicial de Ruanda, con el fin de garantizar que se celebran juicios justos que excluyen la pena de muerte;


b.garantizar que las transferencias militares a las fuerzas armadas de Ruanda y Burundi no se utilizan para cometer violaciones de derechos humanos tales como homicidios deliberados y arbitrarios, y que tales transferencias no se distribuyen a las milicias que puedan cometer violaciones de dichos derechos;


c.proporcionar un apoyo mejor para crear tanto en Ruanda como en Burundi una policía civil adecuada que se ajuste a las normas internacionales, incluidas las normas sobre la imparcialidad para ayudar a proteger los derechos humanos de todos los sectores de la población, ya sean hutus o tutsis.



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1En 1992, el partido gobernante del ex presidente de Ruanda, el Movimiento Republicano Nacional por la Democracia y el Desarrollo (MRND - Mouvement républicain national pour la démocratie et le développement), creó una milicia privada hutu conocida como Interahamwe («Los que atacan unidos»), que inició una serie de homicidios deliberados y arbitrarios de civiles tutsi y de portavoces hutu moderados. Otra milicia privada aliada con ésta, conocida como Impazumagambi («Los que persiguen el mismo objetivo») fue creada por la coalición asociada al MRND, la Coalición para la Defensa de la República (CDR - Coalition pour la défense de la république). Esta milicia y sus comandantes, respaldados por las fuerzas armadas y la guardia presidencial, planearon y llevaron a cabo los homicidios en masa que dieron comienzo en Ruanda el 6 de abril de 1994, en los que más de medio millón de personas resultaron muertas en un espacio de tres meses.

2Este informe no trata sobre las numerosas, y críticas, cuestiones de derechos humanos a las que se enfrenta Ruanda en el momento actual, que ya han sido expuestas con detalle en otros documentos publicados por Amnistía Internacional en 1994 y 1995.

3La Resolución 918 del Consejo de Seguridad de la ONU, del 17 de mayo de 1994, establecía el nombramiento de un Comité encargado de reunir información para ayudar a poner en práctica el embargo de armas. Las autoridades de las Naciones Unidas han declarado que, en efecto, el embargo se aplica a todos los ciudadanos de Ruanda.

4The Cook Report, Carlton Television, Reino Unido.

5The Big Story, Twenty-Twenty Television, Reino Unido, 17 de noviembre de 1994.

6Human Rights Watch Arms Project, Rwanda/Zaire: rearming with Impunity, Washington, mayo de 1995.

7Por ejemplo, en abril de 1995 un equipo de televisión de la CNN filmó una reunión en un motel de Nairobi entre un presunto traficante de armas de otro continente y unas personas que afirmaban ser el ministro de Asuntos Exteriores de Ruanda en el exilio, el ministro de Economía de Ruanda en el exilio, y un teniente coronel de las antiguas Fuerzas Armadas Ruandesas. Los ruandeses amenazaron al equipo de cámara y se negaron a responder a ninguna pregunta sobre la reunión.

8The Guardian (Reino Unido), 19 de abril de 1995.

9Soldados entrevistados para The Cook Report, op cit.

10Human Rights Watch, op cit.

11BBC Newsnight, 15 de marzo de 1995.

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