Documento - Comisión Africana.Declaración oral de Amnistía Internacional sobre los desalojos forzosos

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Declaración pública

Índice AI: AFR 01/013/2006 (Público)

Servicio de Noticias: 295

15 de noviembre de 2006

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAFR010132006

Comisión Africana

Declaración oral de Amnistía Internacional

sobre los desalojos forzosos

La práctica del desalojo forzoso ha alcanzado proporciones epidémicas en África, donde se informa que más de tres millones de africanos han sido desalojados de sus hogares desde el año 2000. Amnistía Internacional considera que los desalojos forzosos constituyen una de las violaciones de derechos humanos más extendidas y menos reconocidas en África.

Pese a que la práctica es una violación manifiesta de los derechos humanos según el derecho internacional, los gobiernos de África continúan desalojando de sus hogares a cientos de miles de personas cada año. Como consecuencia de los desalojos forzosos, estas personas quedan sin hogar, pierden sus pertenencias sin recibir indemnización alguna y son alejadas contra su voluntad de las fuentes de agua potable, alimentos, saneamiento, sustento o educación, vulnerando así la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Estos desalojos forzosos suelen ir acompañados de violaciones de otros derechos humanos consagrados en la Carta, como uso de fuerza excesiva por los que llevan a cabo los desalojos, detención arbitraria, palizas, violación sexual, tortura e incluso homicidio.

Se estima que en Nigeriados millones de personas han sido desalojadas de sus hogares desde el año 2000. En varios casos se han arrasado asentamientos enteros, dejando en la indigencia a hombres, mujeres, niños y niñas.

En Sudán, aproximadamente 1.800.000 personas desplazadas internamente, forzadas por el prolongado conflicto y la marginación a abandonar sus hogares, residen hoy en la capital, Jartum, y sus alrededores. Más de 12.000 personas fueron desalojadas del campo de Dar Assalaam en agosto de este año. La mayoría ya habían sido desplazadas antes a causa del conflicto que vive el país y se habían asentado en campos de la capital o en sus proximidades. Las autoridades han desalojado de estos campos a miles de personas, reasentándolas en zonas desérticas sin acceso a agua potable, alimentos y otras necesidades esenciales.

En el 2005, mediante una operación que fue objeto de una condena generalizada, el gobierno de Zimbabuedesalojó de su hogar, de su lugar de trabajo o de ambos sitios a la vez, a unas 700.000 personas. Y hasta la fecha no ha tomado ninguna medida eficaz para resolver la situación en que han quedado estas personas.

En Luanda, Angola, por lo menos 10.000 familias han sido desalojadas desde el 2001, y sus hogares han sido destruidos. Muchas de estas familias, que no han recibido ninguna indemnización y cuyas posesiones fueron robadas por las mismas personas que llevaron a cabo los desalojos, continúan sin vivienda.

En Kenia, aproximadamente 70.000 personas que vivían en zonas forestales han sido desalojadas de sus hogares desde el año 2005, y por lo menos 20.000 más han sido desalojadas de barrios de Nairobi o de zonas próximas a la capital desde el 2000.

En marzo y abril de este año, más de 7.000 personas quedaron sin vivienda en Ghanacuando fueron desalojadas por la División de Caza, Fauna y Flora del Parque Nacional de Digya. Los desalojos se interrumpieron en abril cuando un barco que transportaba a más de 150 de estas personas volcó causando la muerte de por lo menos 10 de ellas. La amenaza de desalojo forzoso sigue pesando sobre las que quedaron en el Parque. También se destruyeron los hogares de unas 800 personas en Legion Village, Accra, en mayo de este año, y unas 30.000 de la comunidad Agbogbloshie de Accra llevan amenazadas con desalojo desde el 2002.

En Guinea Ecuatorial, más de 650 familias han sido desalojadas de sus hogares desde el 2004, año en que el gobierno emprendió un programa de regeneración urbana en Malabo y Bata. Estas familias tenían título de propiedad. Millares más pueden correr la misma suerte.

Pese a que la jurisprudencia de la Comisión Africana refleja la prohibición de los desalojos forzosos, la Comisión no ha emitido un comunicado oficial ni hecho una declaración que aborde esta cuestión específicamente. Dada la gravedad y la magnitud del fenómeno de los desalojos forzosos en África, Amnistía Internacional alienta a la Comisión a que adopte una resolución que condene esta práctica y la defina como una violación grave de la Carta Africana. Amnistía Internacional también desea sugerir que la Comisión Africana desarrolle principios para prevenir los desalojos forzosos y brindar protección contra esta práctica en África, basados en la Carta Africana, en la jurisprudencia sentada por la Comisión y en el derecho y las normas internacionales de derechos humanos elaborados por los organismos y expertos de las Naciones Unidas.

Amnistía Internacional recomienda especialmente que los Estados Partes en la Carta Africana se aseguren de que todos los desalojos cumplen los siguientes principios:

se realiza una consulta genuina con las personas afectadas;

se da un aviso adecuado y razonable (no inferior a 90 días) de la fecha prevista para el desalojo a todas las personas afectadas;

se comunica información sobre los desalojos que se proponen y, en su caso, sobre los fines para los que se utilizarán las viviendas, en un plazo de tiempo adecuado a todas las personas afectadas;

se dispone la presencia de funcionarios del gobierno o de sus representantes durante los desalojos, especialmente cuando éstos se aplican a grupos de personas;

se identifica debidamente a todas las personas que llevan a cabo el desalojo;

no se realiza el desalojo en tiempo particularmente inclemente o de noche, a menos que las personas afectadas den su consentimiento;

no se deja nunca sin techo a una persona a causa de un desalojo: las personas desalojadas deben recibir una indemnización justa y una alternativa de vivienda;

se asegura un acceso seguro y sin riesgos a alimentos, agua potable y saneamiento, así como a servicios médicos, para las personas desalojadas;

se ofrece recurso legal a las personas afectadas para que puedan impugnar los desalojos, incluida asistencia letrada gratuita a aquéllas que la necesiten para poder buscar reparación en los tribunales. ********