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INTERNO (Sólo para miembros de AI)Índice AI: ACT 77/03/92/s

Distr: SC/CC

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Amnistía Internacional

Secretariado Internacional

1 Easton Street

Londres WC1X 8DJ

Reino Unido


A:Todas las Secciones

Coordinadores de Campaña

Encargados de Prensa

Coordinadores de Difusión

Coordinadores de Mujeres


De:Departamento de Organización y Campañas y Departamento de Investigación


Fecha:Julio de 1992



MUJERES EN PRIMERA LÍNEA: CASOS DE LLAMAMIENTO 1992


Resumen


Los casos que acompañan a esta hoja son casos de llamamiento sobre Myanmar, Filipinas, Malawi, Marruecos, Grecia, Turquía, Guatemala y EE UU. Se publican para uso de las Secciones que deseen suscitar el interés de los medios de comunicación sobre el concierto organizado por la Sección española, que se celebrará en Madrid en septiembre de 1992, sobre el tema "Mujeres en Primera Línea", y que esperamos sea retransmitido por televisiones de todo el mundo.


Distribución


Como se indica en el encabezamiento


Acciones recomendadas


Las Secciones pueden usar estos casos de llamamiento de la forma que consideren apropiada. El objetivo es que estos casos sean los que los artistas presenten durante el concierto. El Grupo de Trabajo sobre Recaudación de Fondos enviará a las Secciones sugerencias sobre cómo explotar las oportunidades que brindará este concierto. Estos casos se han seleccionado con la intención de reflejar un equilibrio regional y porque todos los casos obtendrían una gran publicidad.


Las Secciones podrán solicitar fotografías de los casos de llamamiento, usando la hoja de pedido que recibirán en las próximas semanas.


Las Secciones que no van a organizar actividades en relación con el concierto pueden, si así lo desean, usar estos casos para emprender acciones de la forma que consideren adecuada.


Caso de EE UU


Las acciones que sugerimos en el caso de EE UU tienen un carácter muy general. Pensamos que esto era lo apropiado en una acción centrada fundamentalmente en la divulgación. Las Secciones, antes de emprender cualquier acción, deben informarse de si se ha fijado una nueva fecha de ejecución para Karla Tucker, en cuyo caso se habrán publicado acciones recomendadas más específicaS en una Acción Urgente.


Palabras clave


MUJERES1 / GRECIA / GUATEMALA / MALAWI / MARRUECOS / MYANMAR / FILIPINAS / TURQUÍA / EE UU / HOSTIGAMIENTO SEXUAL / TORTURA/MALOS TRATOS / REGISTRO CORPORAL SIN ROPA / DESAPARICIONES / ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS / FAMILIAS / HOSTIGAMIENTO / EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL / PRESOS DE CONCIENCIA1 / ABOGADOS / PERSONALIDADES ACADÉMICAS / ENCARCELAMIENTO POR UN PERIODO PROLONGADO / POLÍTICOS / AGRESIÓN SEXUAL / CONFIRMACIÓN MÉDICA / MUERTE BAJO CUSTODIA / MENORES / AUTOPSIAS / ÉTICA PROFESIONAL / PENA DE MUERTE / JUICIOS / SALUD MENTAL / POLICÍA / MILITARES / FOTOGRAFÍAS /

MARIA NICOLAIDOU GRECIA



Maria Nicolaidou formaba parte de un grupo de 33 jóvenes detenidos en Atenas, Grecia, el 2 de noviembre de 1991 cuando la policía les encontró pegando carteles de carácter político referentes a los hechos acaecidos durante las manifestaciones celebradas el mes anterior contra la política educativa del gobierno.


Los detenidos fueron trasladados a las dependencias de la Geniki Asfalcia (Seguridad General), en la Avenida Alexandras, donde, al parecer, a las 12 mujeres las obligaron a desnudarse y las dejaron en una habitación abierta, a plena vista de varios policías que realizaban gestos y comentarios obscenos. Los detenidos denunciaron que, entre las 3 de la tarde del 2 de noviembre hasta la 1.30 de la madrugada del 3 de noviembre, fueron sometidos a malos tratos. Quince de los detenidos, entre ellos cuatro mujeres -Maria Nicolaidou, de 23 años de edad, Katerina Maliou, de 22 años de edad, Roubini Theotokatou, de 20 años de edad y Dina Kalakou, de 24 años de edad, presentaron una denuncia formal contra la policía el 4 de noviembre. También demandaron la suma simbólica de 1.000 dracmas por daños y perjuicios.

Maria Nicoladou declaró:

"Aunque me encuentro embarazada de tres meses e informé inmediatamente de ello a la policía, no vacilaron en golpearme en la cabeza en la planta 12 de la Seguridad General. Concretamente, un agente de la policía vestido de civil que estaba sentado en una oficina, salió de ella, me agarró por el pelo, me golpeó la cabeza violentamente contra la pared y me increpó con un lenguaje obsceno, diciendo cosas como: 'eres una puta, pordiosera'".


Según informes de prensa, cuando el 5 de noviembre compareció ante el tribunal, mostraba "muchas contusiones". En la denuncia formulada por los detenidos, se afirmaba que a todas las detenidas las obligaron a quedarse completamente desnudas para que los policías pudieran realizar registros corporales, que se llevaron a cabo en condiciones que las denunciantes calificaron de "ofensivas, groseras, irregulares y humillantes".


Los 33 detenidos fueron acusados de pegar carteles ilegalmente, resistencia a la autoridad, daños a la propiedad privada, alteración de comunicaciones de seguridad, difusión de información falsa e injurias. El 5 de noviembre, todos iniciaron una huelga de hambre en protesta contra su prolongada detención en dependencias de la policía de seguridad. Su juicio comenzó el 4 de noviembre. El 13 de noviembre, un tribunal de Atenas los puso en libertad tras condenarlos a seis meses de prisión por pegar carteles de forma ilegal y por abusos verbales. Permanecen en libertad, pendientes de apelación. En abril, las autoridades griegas informaron a Amnistía Internacional que "tras la investigación, ha quedado demostrado que dichas denuncias no son ciertas". No se proporcionó ninguna información sobre los métodos y conclusiones de la investigación. A finales de junio de 1992, la denuncia por malos tratos infligidos por la policía todavía se encontraba en manos del juez de instrucción.


Con posterioridad a los hechos, Maria Nicolaidou ha dado a luz; tanto la madre como el recién nacido se encuentran en buen estado.



QUÉ PUEDE USTED HACER


Escriba a las autoridades griegas:


-expresando preocupación por las denuncias de malos tratos formuladas por 15 de las 33 personas detenidas en Atenas el 2 de noviembre de 1991;


-manifestando, según tiene entendido, el juez de instrucción está llevando a cabo una investigación sobre éstas denuncias. Inste a que la investigación sea rápida, completa e imparcial, a que se hagan públicas las conclusiones y a que cualquier persona a la que se halle responsable comparezca ante la justicia. Solicite información de los métodos y resultados de todas las investigaciones;


-expresando su especial preocupación porque, al parecer, Maria Nicolaidou continuó siendo golpeada aún habiendo informado a la policía de que se encontraba embarazada.



Direcciones para los llamamientos:


Theodoros Anagnostopoulos

Minister of Public Order

Ministry of Public Order

1 Katehaki Street

101 77 Athens

Grecia

Michalis Papakonstandinou

Minister of Justice

96 Messogion Avenue

115 27 Athens

Grecia

Virginia Tsouderos

Deputy Minister for Foreign Affairs

Ministry for Foreign Affairs

1 Akadimias

106 71 Athens

Grecia


Aumenten la eficacia de su carta enviando copias a la embajada de Grecia en su país.


MARIA RUMALDA CAMEYGUATEMALA


A las 5 de la madrugada del 15 de agosto de 1989, unos hombres con atuendo civil y fuertemente armados que, al parecer, eran miembros de las fuerzas de seguridad, irrumpieron en el domicilio de María Rumalda Camey, de 23 años de edad, en el departamento de Escuintla, y la secuestraron en presencia de su marido y sus dos hijos, uno de ellos de pecho, de seis meses de edad, y el otro de dos años. La introdujeron a la fuerza en un vehículo que se encontraba esperando y se la llevaron. Desde entonces, y a pesar de una petición de hábeas corpus presentada en su favor, no se la ha vuelto a ver y permanece "desaparecida". María Rumalda es miembro del Grupo de Apoyo Mutuo por el Aparecimiento con Vida de Nuestros Familiares (GAM), fundado en 1984 por las familias de personas "desaparecidas", que procuran determinar la suerte que han corrido sus familiares ausentes.


María Rumalda Camey se unió al GAM a raíz de la "desaparición" de su cuñado. La "desaparición" de María Rumalda es la sexta de una serie de secuestros y ejecuciones extrajudiciales cometidas desde marzo de 1985 contra miembros de las familias Chitay y Camey, cuyo origen está en la comunidad de Semetabaj, integrada en su mayor parte por indígenas kachikel, perteneciente al municipio de San Martín Jilotepeque, departamento de Chimaltenango. Las familias, muchos de cuyos miembros eran catequistas (predicadores seglares), se convirtieron en objetivo de las fuerzas armadas a causa de su relación con grupos religiosos a los que éstas consideran "subversivos", y se vieron obligadas a huir de la región en 1982, en el momento álgido de las campañas de contrainsurgencia emprendidas allí.


Desde ese momento, la familia ha continuado siendo un objetivo para las fuerzas de seguridad. Durante 1989, tres miembros más de esta extensa familia fueron secuestrados, y posteriormente se les halló muertos en circunstancias que apuntan a la participación de las fuerzas armadas. A otros miembros de la familia, muchos de ellos pertenecientes al GAM, les han seguido y amenazado hombres vestidos de civil, a los que considera miembros de las fuerzas armadas. Temiendo por su seguridad, 25 miembros de la familia que habían recibido amenazas han abandonado el país y ahora viven en el exilio. Existe preocupación por la seguridad de los familiares que permanecen en Guatemala.


Amnistía Internacional ha realizado repetidos llamamientos al gobierno para que se emprendan investigaciones sobre los abusos cometidos contra esta familia, pero no han recibido respuesta y, hasta la fecha, no se tiene noticia de que se hayan iniciado investigaciones sobre el paradero de los "desaparecidos" ni sobre los que han sido ejecutados extrajudicialmente.


Durante las dos últimas décadas, decenas de miles de personas han sido víctima de violaciones de derechos humanos en Guatemala. Sindicalistas, estudiantes y personalidades académicas, sacerdotes y catequistas han sido secuestrados, torturados y muertos. Aldeanos indígenas han sido apresados, mutilados y abatidos a tiros. Miles de hombres y mujeres detenidos por los militares y por la policía han "desaparecido", sin que sus familiares o amigos hayan podido averiguar qué les ha sucedido.


Desde la "desaparición" de María Rumalda Camey, el GAM ha realizado enérgicas campañas para que reaparezca con vida. El 29 de mayo de 1990, miembros de la organización ocuparon pacíficamente las oficinas de la Cruz Roja Internacional para llamar la atención sobre el alarmante problema de los "desaparecidos" en Guatemala, cuyo número asciende a 40.000, poniendo especialmente de relieve tres "desapariciones" recientes, entre ellas la de María Rumalda Camey, y pidiendo que reaparezcan con vida. Sin embargo, según una de las últimas declaraciones del GAM, realizada tras una reunión celebrada el 5 de junio de 1990 con el vicepresidente Roberto Carpio Nicolle, éste informó al GAM que el gobierno no podía hacer nada sobre el caso de María Rumalda Camey.


María Rumalda Camey "desapareció" cuando era presidente Vinicio Cerezo Arévalo, quien asumió su cargo en 1986 y fue el primer presidente civil electo del país en casi veinte años. Lamentablemente, su administración apenas se esforzó en investigar los abusos cometidos bajo gobiernos militares anteriores o para que los responsables comparecieran ante la justicia. Tras una breve disminución inicial, los informes de torturas, "desapariciones" y homicidios políticos se intensificaron durante su permanencia en el cargo.


El presidente Jorge Serrano Elías, que subió al poder en enero de 1991, se había comprometido durante su campaña presidencial a asegurar la protección de los derechos humanos; sin embargo, Amnistía Internacional continua seriamente preocupada porque las violaciones de derechos humanos continúan en Guatemala, y entre ellas se cuentan ejecuciones extrajudiciales, amenazas de muerte, torturas y "desapariciones". A pesar de los continuos llamamientos realizados por Amnistía Internacional al gobierno actual y al precedente, así como a los organismos oficiales de derechos humanos, el paradero de María Rumalda Camey continua siendo desconocido.



QUÉ PUEDE USTED HACER


Se ruega envíen llamamientos a las autoridades guatemaltecas solicitando:


-que se emprenda una investigación completa e independiente

sobre la "desaparición" de María Rumalda Camey;


-que comparezcan ante los tribunales las personas que resulten ser responsables del secuestro de María Rumalda Camey;


-que se garantice permanentemente la seguridad de la familia Chitay Camey en Guatemala.





Direcciones para los llamamientos:


Presidente de la República

S.E. Jorge Serrano Elías

Presidente de la República de Guatemala

Palacio Nacional

Guatemala, GUATEMALA


Ministro de GobernaciónMinistro de Defensa Nacional

Lic. Fernando Hurtado PremGral. José García Samayoa

Ministro de GobernaciónMinistro de Defensa

Ministerio de GobernaciónMinisterio de Defensa

Despacho Ministerial, Of. No. 8Palacio Nacional

Palacio Nacional,Guatemala, GUATEMALA

Guatemala, GUATEMALA


Aumenten la eficacia de su carta enviando copias a la embajada o consulado de Guatemala en su país.


VERA CHIRWAMALAWI


Vera Chirwa se encuentra encarcelada desde 1981 a causa de sus opiniones: cree que Malawi debería ser gobernado de manera distinta. Su marido, Orton Chirwa, se encuentra en prisión por la misma razón. Durante los dos primeros años que permanecieron en prisión, su hijo Fumbani también estuvo encarcelado sin cargos ni juicio.


En un principio, Vera y Orton Chirwa habían sido condenados a muerte acusados de traición. A raíz de las protestas internacionales ante la falta de garantías de su juicio, el presidente vitalicio de Malawi, doctor Hastings Kamuzu Banda, conmutó las condenas por otras de cadena perpetua. Sin embargo, ha declarado en al menos una ocasión que se mostró demasiado indulgente con la familia Chirwa, y ha sugerido que deben ser ejecutados. Actualmente están cumpliendo su undécimo año de prisión. En mayo de 1991 se supo que Orton Chirwa permanecía castigado con grilletes en las piernas. Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, de las Naciones Unidas, prohíben expresamente el uso de cadenas o grilletes, ya sea como forma de coerción o castigo.


Vera Chirwa, al igual que su marido, estudió Derecho en el Reino Unido en los año cincuenta. Ambos desempeñaron un importante papel en la campaña por la independencia de Malawi en 1964. Orton Chirwa fue uno de los fundadores y el primer presidente del Partido del Congreso de Malawi, que gobierna el país desde la independencia. Cuando el doctor Banda regresó a Malawi en 1960, tras varios años de exilio político, Orton Chirwa le cedió el puesto. Sin embargo, Orton Chirwa continuó desempeñando un papel primordial en el partido y tras las elecciones de 1961 ocupó muchos cargos políticos. Cuando el país se independizó de Gran Bretaña en 1964, era un destacado ministro del gobierno.


A las pocas semanas de la independencia se produjo una importante disensión sobre la política nacional e internacional de la que se derivó la dimisión o la destitución de seis destacados ministros del gobierno, entre ellos Orton Chirwa; los seis se exiliaron. Vera y Orton Chirwa fueron a Tanzania con su hijo, Fumbani, y otros niños.


Allí residieron 17 años, y durante ese tiempo Vera Chirwa trabajó como conferenciante de Derecho en la Universidad de Zambia, en Lusaka. Orton Chirwa formó un nuevo partido político en el exilio, el Movimiento para la Liberación de Malawi. El presidente vitalicio Banda ha amenazado con frecuencia a los políticos de Malawi en el exilio.


En enero de 1982, Radio Malawi anunció que Vera y Orton Chirwa habían sido detenidos junto con su hijo Fumbani el 24 de diciembre de 1981. Hay diferentes versiones de su detención. Las autoridades afirman que entraron en el país en secreto para derrocar al gobierno. La familia Chirwa asegura que se encontraban visitando a unos parientes enfermos en el este de Zambia cuando varios agentes de seguridad los secuestraron y los trasladaron a Malawi.


Finalmente, en mayo de 1983, Vera y Orton Chirwa fueron juzgados. Un tribunal tradicional los declaró culpables de traición. Más tarde, un tribunal de apelación admitió que su primer juicio había sido, entre otras cosas, "jurídicamente incorrecto". No obstante, por razones que no se manifestaron, ese tribunal mantuvo la condena a muerte contra Vera y Orton Chirwa. Su juicio fue injusto, están en la cárcel por expresar convicciones políticas de forma no violenta y deben ser excarcelados inmediatamente.



QUÉ PUEDE USTED HACER


Rogamos envíen llamamientos al presidente vitalicio de Malawi, doctor Banda, pidiendo que Vera y Orton Chirwa sean puestos en libertad de forma inmediata e incondicional.


Direcciones para los llamamientos:


H.E. The Life President

Ngwazi Dr H Kamuzu BANDA

Life President of the Republic

of Malawi

Office of the President and Cabinet

Private Bag 388

Lilongwe 3

Malawi


MUELIMNIN MENT BUBA ULD BREIKAMARRUECOS



Las fuerzas de seguridad de Marruecos detuvieron a Muelimnin ment Buba uld Breika en El Aaiún en 1976, y desde entonces se encuentra "desaparecida". La separaron de sus dos hijos, de corta edad, que desde entonces no la han vuelto a ver, y su familia no ha podido obtener información sobre su paradero. Sucesos similares anteriores han revelado que personas que han "desaparecido" en Marruecos pueden estar vivas y detenidas en secreto; recientemente, cientos de presos han sido puestos en libertad después de haber permanecido "desaparecidos" durante muchos años. Transcurridos 16 años de su detención, se continua ignorando la suerte que ha corrido Muelimnin ment Buba uld Breika.


Desde que en 1975 Marruecos se hizo con el control del Sáhara Occidental, cientos de saharauis occidentales civiles han "desaparecido" después de haber sido detenidos por las fuerzas de seguridad. Las "desapariciones" de personas, habitualmente porque ellas o sus familiares eran simpatizantes o supuestos simpatizantes del Frente Polisario (Frente Popular para la Liberación de Saguia el-Hamra y Río de Oro), prosiguieron al menos hasta 1987. Los "desaparecidos" eran recluidos en campamentos o fortalezas en el desierto, o en centros secretos de detención en ciudades, aislados del mundo exterior. Las condiciones en las que se encontraban los detenidos en el campamento de Qalaat Mguna fueron horribles durante los primeros diez años. Les decían que permanecerían recluidos hasta su muerte, y 43 de los más de 200 que estuvieron recluidos allí entre 1975 y 1991 fallecieron en el lugar.


El gobierno marroquí ha negado repetidamente a lo largo de muchos años que hubiera saharauis occidentales recluidos en secreto. Pero, en junio de 1991, más de 260 saharauis occidentales fueron puestos en libertad súbitamente, algunos de ellos después de haber estado detenidos en secreto más de 15 años. Las autoridades marroquíes confirmaron estas excarcelaciones, a pesar de haber negado las detenciones con anterioridad. No obstante, han sometido a una estricta vigilancia a los "desaparecidos" que fueron puestos en libertad en junio de 1991, impidiéndoles tomar contacto con el mundo exterior. Como consecuencia del largo período de reclusión, el estado de salud de muchos de ellos es delicado.


Los que fueron puestos en libertad habían permanecido en la fortaleza de Qalaat Mguna, 40 kilómetros al noroeste de Uarzazat, y en un centro secreto de detención de la ciudad de El Aaiún, en el Sáhara Occidental. Hay informes que señalan la existencia de otros muchos centros secretos, algunos de ellos en zonas montañosas remotas. A pesar de estas excarcelaciones, cientos de saharauis occidentales más continúan "desaparecidos"; Muelimnin Buba Breika es una de ellos.



QUÉ PUEDE USTED HACER


Se ruega envíen llamamientos a las autoridades marroquíes cuyas direcciones incluimos más abajo pidiendo:


-el esclarecimiento de la suerte que ha corrido Muelimnin ment Buba uld Breika y el resto de los "desaparecidos";


-la puesta en libertad inmediata e incondicional de Muelimnin ment Buba uld Breika y de cualquier otra persona "desaparecida" que pueda continuar todavía recluida en secreto;


-el cierre de todos los centros secretos de detención que aún resten y que se ponga fin a la práctica de la detención no reconocida, que constituye una violación de la legislación internacional.



Direcciones de los llamamientos:


Sa Majesté King Hassan II

Bureau de Sa Majesté le Roi

Palais Royal

Rabat

Marruecos


Ministro del Interior:

Driss Basri

Ministère de l'Intérieur et de l'Information

Quartier Administratif

Rabat

Marruecos


Aumenten la eficacia de sus llamamientos enviando copias a los representantes diplomáticos de Marruecos en su país.


AUNG SAN SUU KYIMYANMAR


"Afrontar la verdad puede ser una tarea dolorosa que exige no sólo valor, sino también fe; fe en que, a la larga, la sinceridad y la buena voluntad puedan doblegar los persistentes efectos de la hipocresía y el odio".


Las palabras de Aung San Suu Kyi referidas a la difícil situación a la que se enfrenta su país fueron pronunciadas por su hijo en una ceremonia de homenaje celebrada el 14 de mayo de 1992 en Washington DC. Ella no pudo hacerlo personalmente por encontrarse detenida por el gobierno militar de Myanmar desde el 19 de julio de 1989. Está detenida en su domicilio de la capital, rodeado con alambre de espino y centinelas que hacen guardia en garitas.


Aung San Suu Kyi es hija de Aung San, héroe de la independencia de Myanmar, y le fue concedido el premio Nobel de la Paz en 1991 en reconocimiento a su lucha pacífica contra un gobierno cuya brutalidad ha sido condenada en todas partes. Está considerada como la figura más prominente de la Liga Nacional para la Democracia (LND), el mayor partido político legalmente reconocido de Myanmar y que obtuvo una victoria arrasadora en las elecciones de 1990, a pesar de permanecer detenida. La junta militar gobernante ha hecho caso omiso del resultado de las elecciones, negándose a traspasar el poder.


Tras meses de manifestaciones por todo el país en protesta contra 26 años de régimen militar unipartidista, el 18 de septiembre de 1988, los militares reafirmaron su control mediante un golpe de estado. Antes y durante el golpe, las fuerzas de seguridad dieron muerte a cientos de manifestantes pacíficos. La ley marcial, instaurada poco después del golpe, incluía leyes que prohibían las "reuniones políticas".


A comienzos de junio de 1989, la LND y otros partidos de oposición organizaron concentraciones en abierto desafío a la ley marcial. La LND también celebró actos conmemorativos por los estudiantes muertos a manos de los militares, así como concentraciones en las que Aung San Suu Kyi hizo llamamientos a la resistencia no violenta ante la ley marcial. A estos llamamientos se le unió el general Tin U, presidente de la LND y oficial militar retirado.


El general Tin U y Aung San Suu Kyi siempre reiteraron que las concentraciones que organizaban debían ser pacíficas. Pero la respuesta de los militares a sus actividades del mes de junio y comienzos de julio de 1989 fue una oleada de arrestos.


El 19 de julio, Aung San Suu Kyi y otros dirigentes del partido desconvocaron una Marcha del Día de los Mártires programada para ese día. Se habían recibido informes de que la carretera estaba bloqueada por líneas de soldados, y se decía que había camiones repletos de más soldados de reserva. Aung San Suu Kyi estaba preocupada, y canceló la marcha debido a "la gran presencia de tropas y porque nos hemos enterado de que algunos hospitales se han preparado para recibir más pacientes".


Cuando Aung San Suu Kyi regresó a su domicilio, se encontró con 11 camiones cargados de soldados en la puerta. Permanecieron allí toda la noche y todo el día siguiente. El 21 de julio de 1989, un portavoz del gobierno militar confirmó que tanto el general Tin U como Aung San Suu Kyi se encontraban bajo arresto domiciliario.


Aung San Suu Kyi todavía permanece bajo arresto domiciliario. No se le ha permitido mantener contactos con su familia durante dos años, hasta mayo de 1992, cuando se permitió a su marido y a sus dos hijos visitarla. Ha luchado de forma pacífica contra un gobierno militar despótico que a menudo a recurrido a la violencia. Deben ponerla en libertad y permitirle expresar libremente sus opiniones políticas no violentas y poder organizar asambleas políticas pacíficas.



QUÉ PUEDE USTED HACER


Escriba directamente a las autoridades militares. Explíqueles su interés por Aung San Suu Kyi y pida que sea puesta en libertad de forma inmediata e incondicional. Subraye que no deben encarcelar a las personas por sus actividades políticas no violentas. Pídales que respeten los derechos humanos, incluido el derecho a las libertades de expresión y reunión.



Direcciones para los llamamientos:


State Law and Order Restoration Council (SLORC)

c/o Ministry of Defence

Signal Pagoda Road

Yangon

Unión de Myanmar



Dirija las cartas a:


General Than Shwe (Presidente del SLORC)

Major General Khin Nyunt (Secretario 1, SLORC)

Brigadier General Myo Nyunt (Miembro del SLORC)


Aumente la eficacia de su carta enviando copias a los representantes diplomáticos de Myanmar en su país.


CHERRY MENDOZAFILIPINAS


Cherry Mendoza y Cecilia Sánchez fueron detenidas el 3 de diciembre de 1990 por unos 30 soldados de la Policía de Filipinas y del Ejército de Filipinas, que bloquearon su paso cuando caminaban en Binaritan, provincia de Bataan.


Tras registrar las pertenencias de las mujeres y hallar cigarrillos, dulces y cartas, los soldados acusaron a Cherry Mendoza y a Cecilia Sánchez de llevar provisiones a miembros del Nuevo Ejército del Pueblo, brazo armado del ilegal Partido Comunista de Filipinas, responsable de numerosos ataques contra funcionarios y simpatizantes del gobierno. Las mujeres fueron introducidas a la fuerza en un vehículo militar, las obligaron a tumbarse en el suelo y las cubrieron con ropa de modo que no se las viera.


Las llevaron a la jefatura de la 176 compañía de la Policía de Filipinas en Morong. Cherry Mendoza denunció que durante su interrogatorio la abofetearon y la tocaron los pechos y los órganos sexuales. Relató que el oficial encargado del interrogatorio la amenazó con que sería "montada" (violada) más tarde esa misma noche.


Tras el interrogatorio, Cherry Mendoza dijo que le dieron de comer arroz frito que encontró fuertemente condimentado. Posteriormente experimentó un intenso mareo y perdió el conocimiento.


Al día siguiente, 4 de diciembre, Cherry Mendoza se despertó a las 2 de la madrugada. Relató que tenía el cuerpo completamente dolorido, incluidos los genitales. Tenía desabrochada la cremallera de los pantalones y la ropa interior manchada de sangre. Dijo que los funcionarios militares se reían de ella.


Mientras aún permanecía detenida, Cherry Mendoza fue sometida a un reconocimiento médico el 12 de diciembre en el hospital general de Bataan. El informe del reconocimiento detallaba la presencia de heridas en el himen y la vagina, que indicaban que se habían producido abusos sexuales graves.


Cecilia Sánchez también denunció que le habían tocado los órganos sexuales durante el interrogatorio. Afirmó que le habían dicho que comprobarían si era realmente una dalag (mujer soltera). Dijo que el oficial encargado del interrogatorio intentó hacerla comer algo, pero que ella se negó.


Las dos mujeres han denunciado que los oficiales militares intentaron hacerles firmar declaraciones diciendo que eran correos del Nuevo Ejército del Pueblo, pero ambas se negaron. Fueron puestas en libertad el 19 de marzo de 1991, tras pagar una fianza de 10.000 pesos.


El director provincial de la Policía Nacional de Filipinas1ha negado vehementemente las acusaciones de que se cometieron abusos sexuales contra las dos mujeres.


En enero de 1991, el Inspector Provincial de Bataan envió una carta a Cherry Mendoza invitándola a acudir a la Oficina de la Sección de Investigación de la Jefatura Provincial de la Policía Nacional de Bataan para aclarar su denuncia de graves abusos sexuales. Sin embargo, los abogados de Cherry Mendoza le aconsejaron que no respondiera a la invitación y posteriormente presentó una denuncia formal contra los presuntos agresores.


En los dos últimos años, miles de personas han sido detenidas por razones políticas en Filipinas. La mayoría han sido puestas en libertad tras el interrogatorio, pero centenares de ellas se encuentran actualmente cumpliendo penas de prisión. Muchos detenidos han denunciado haber sido maltratados o torturados mientras los tuvieron bajo custodia, bien para extraerles confesiones o para obtener de ellos otro tipo de información. Entre las víctimas de torturas figuran activistas de derechos humanos, ciudadanos que viven en zonas en las que se sospecha una actividad rebelde y miembros de organizaciones legales calificadas de "fachada" del Partido Comunista de Filipinas o del Nuevo Ejército del Pueblo.


También se sabe que miembros de grupos armados de oposición han sido responsables de abusos contra los derechos humanos. No obstante, Amnistía Internacional cree que las acciones de grupos armados de oposición, por muy violentas y generalizadas que sean, nunca pueden utilizarse para justificar las violaciones de derechos humanos por parte de fuerzas gubernamentales u otros que actúan con su cooperación.



QUÉ PUEDE USTED HACER


Rogamos escriban a las autoridades filipinas:


-expresando su preocupación por los informes de los abusos sexuales de que fueron objeto Cherry Mendoza y Cecilia Sánchez, e instando a que se realice una investigación exhaustiva e imparcial al respecto, y que quienes sean hallados responsables comparezcan ante los tribunales;


-preguntando qué medidas está tomando el gobierno para proteger a las mujeres que se encuentren bajo custodia de la violación o los abusos sexuales por parte de miembros de las fuerzas de seguridad.







Direcciones para los llamamientos:


President RamosGeneral Renato de Villa

Malacañang PalaceSecretary of National Defense

ManilaCamp General Emilio Aquinaldo

Filipinas1110 Quezon City

Metro Manila

Filipinas


Aumenten la eficacia de sus cartas enviando copias a la embajada de Filipinas en su país.


BIŞENG ANIKTURQUÍA


El 28 de marzo de 1992, la joven de 16 años de edad Bişeng Anik, fue hallada en la jefatura de policía de Şirnak, en la provincia de Şirnak, con la mitad de la cabeza arrancada por un disparo.


Bişeng Anik se encontraba ese día en la comisaría de policía porque formaba parte de un grupo de 100 personas, jóvenes en su mayoría, que habían sido detenidas por la policía turca después de los disturbios generalizados acaecidos hacia el día del Newroz, el Año Nuevo kurdo.


En su descripción de los hechos el día siguiente al Newroz, la madre de Bişeng Anik relató a una delegación de derechos humanos que miembros uniformados de los Equipos Especiales turcos y dos agentes de policía con atuendo civil se presentaron en su domicilio para detener a su hija. La policía le dijo que estaban deteniendo a estudiantes para tomarles declaración y que su hija pronto estaría en libertad.


Pero la siguiente noticia que tuvo fue por medio de una llamada telefónica:


"La policía me llamó. Dijeron: 'Venga a recoger el cadáver'."


Cuando los familiares de Bişeng Anik vieron su cadáver, observaron que le faltaba el lado izquierdo de la cabeza.


Su abuelo contó:


"Cuando se la llevaron estaba bien. Tres días después nos llamaron a casa para que fuéramos a la comisaría de policía. Su cuerpo estaba hecho pedazos. Sus manos estaban desgarradas entre los dedos. Habían apagado cigarrillos sobre su cuerpo, que estaba lleno de quemaduras".


Según informes, el gobernador de la provincia de Şirnak realizó una declaración en la que manifestaba que el día de su detención, a Bişeng Anik la metieron en una celda bajo cuya cama un agente de policía había dejado un rifle que ella utilizó para suicidarse. En abril de 1992, el fiscal del Estado emitió un veredicto de suicidio causado por un disparo en la cabeza autoinfligido con un arma de cañón largo. Sin embargo, aún no se ha publicado el informe de la autopsia completa.


El abuelo de Bişeng Anik relató que al ver el cuerpo supuso que la bala había entrado por la parte trasera de la cabeza y había salido por un ojo. Tan sólo una autopsia independiente y exhaustiva confirmaría si Bişeng Anik fue torturada y si se suicidó o no. Hasta el momento, las autoridades turcas se han negado a dar ese paso.


INFORMACIÓN GENERAL


Con ocasión del Newroz, el Año Nuevo kurdo que habitualmente se celebra 21 de marzo, se produjeron brotes de violencia sin precedentes en las provincias sudorientales. Al menos 70 civiles y cinco miembros de las fuerzas de seguridad resultaron muertos, hubo cientos heridos durante las manifestaciones y posteriormente se produjeron enfrentamientos y arrestos masivos por toda la región.


Las celebraciones del Newroz habían estado prohibidas hasta el año pasado, cuando se permitieron por primera vez. Este año, las autoridades temían que una "ofensiva de primavera" del Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK) pudiera originar un levantamiento popular, por lo que habían enviado refuerzos militares numerosos a la región en la que el PKK goza de amplio apoyo popular.


QUÉ PUEDE USTED HACER


Escriba a las autoridades turcas, y manifieste en su carta que ha leído las preocupaciones de Amnistía Internacional sobre la muerte de Bişeng Anik.


- Inste a las autoridades a que pongan a disposición de su familia el informe de la autopsia.


- Inste también a que se lleve a cabo sin dilación una segunda autopsia, de carácter independiente.


- Pida que se emprenda de inmediato una investigación completa e imparcial sobe las circunstancias de su muerte y que la personas que sean halladas responsables comparezcan ante los tribunales.



Direcciones para los llamamientos:


Minister of the Interior

Mr Ismet Sezgin

Içişleri Bakanligi

06644 Ankara

Turquía


Prime MinisterHikmet Çetin

Mr Süleyman DemirelMinistry of Foreign Affairs

Office of the Prime MinisterD¬şişleri Bakanl¬g¬

Başbakanlik06100 Ankara

06573 AnkaraTurquía

Turquía



Aumente la eficacia de su llamamiento enviando copias a la embajada o consulado de Turquía en su país.


KARLA FAYE TUCKEREE UU


Karla Faye Tucker tiene 32 años de edad. En abril de 1984 fue condenada a muerte por su participación en los asesinatos de Jerry Lynn Dean y de Deborah Thornton en junio de 1983. Karla Faye Tucker ha pasado los últimos ocho años en un edificio especial para mujeres condenadas a muerte en el centro Mountain View del Departamento de Prisiones de Texas.


Estaba previsto que Karla Faye Tucker fuera ejecutada por el estado de Texas el 30 de junio de 1992. El 22 de junio, la Corte de Apelaciones de Texas concedió un aplazamiento de la sentencia. El tribunal, por seis votos contra tres, ordenó la celebración de una vista porque se creía que, durante el juicio celebrado en 1984, un testigo de la acusación podía haber cometido perjurio. Si el recurso fracasa, Karla Tucker sería la primera mujer ejecutada en Texas desde 1863. Sería la segunda mujer ejecutada en EE UU en virtud de las leyes sobre pena de muerte actuales. La primera fue Velma Barfield, ejecutada por el estado de Carolina del Norte en noviembre de 1984.


Entre los que ahora piden clemencia para Karla Tucker se encuentran dos fiscales que participaron en la investigación del estado sobre los asesinatos en 1984 de Dean y Thornton, así como dos familiares de las víctimas. Según informes, también solicitan clemencia agentes de policía, funcionarios de la prisión y un abogado estadounidense, destacado defensor de la pena de muerte. Estas personas afirman que Karla Tucker debe vivir porque ha experimentado un profundo cambio desde junio de 1983, cuando era prostituta y drogadicta y se cometieron los asesinatos por todos reconocidos como horrendos.


Karla Tucker comenzó a ingerir drogas a los ocho años de edad, y a los 10 era adicta a la heroína. Se inició en la prostitución a los 11 años para poder costear su hábito. En abril de 1984, a los 24 años de edad, fue condenada a muerte por el asesinato de Jerry Lynn Dean en Houston. Su novio fue condenado también a muerte por el asesinato de Deborah Thornton, novia de Dean. En el momento de redactar este documento, sigue condenado a muerte.


Los que conocen a Karla Tucker mencionan su extraordinaria transformación durante los ocho años que lleva condenada a muerte. Se ha formado de manera autodidacta, se ha convertido en una persona profundamente religiosa y ha procurado encontrar formas de compensar a la sociedad por la vida que segó (no niega su responsabilidad en los asesinatos de Dean y Thornton). Según se informó, se mostraba afligida porque sus órganos no podían donarse para trasplantes tras la ejecución, ya que la inyección letal los destruiría. "Realmente esperaba poder donar mi cuerpo para ayudar a otros" -dijo; "de esa manera podría dar una vida a cambio de la vida que arrebaté". Aprendió por sí misma el lenguaje de los signos, "para que estas manos que sirvieron para herir pudieran ahora ayudar".


La defensa de Karla Tucker en su juicio fue deficiente. Fue defendida por abogados de oficio, que no informaron al jurado del estado de embriaguez en el que se encontraba en el momento del crimen. El prolongado uso de drogas había afectado gravemente su estado mental y, la noche en que se cometieron los asesinatos, se encontraba bajo los efectos de las drogas. Esta prueba atenuante podría haber logrado convencer al jurado para que condenara a Karla Tucker a cadena perpetua y no a muerte, basándose en que no podía ser considerada enteramente culpable de sus actos.


Información General:


En abril de 1992, había 34 mujeres condenadas a muerte en EE UU, tres de ellas en Texas. Aproximadamente un tercio de los casos estaba relacionado con el asesinato del esposo o el amante de la convicta; la proporción de hombres condenados a muerte por delitos similares es mucho más baja. Las mujeres condenadas a muerte, como los hombres que se encuentran en la misma situación, tienen un pasado de pobreza, falta de formación, retraso mental, enfermedades mentales o abuso de las drogas o el alcohol. Al igual que los hombres condenados a muerte, la mayoría han tenido que confiarse a abogados de oficio, con presupuestos limitados para preparar su defensa.


En 1991 se produjeron 14 ejecuciones en EE UU, y hay más de 2.500 personas condenadas a muerte, en un total de 34 estados. En la primera mitad de 1992 se llevaron a cabo 19 ejecuciones, ocho de ellas en Texas.


La pena de muerte no tiene un efecto disuasorio. No existen pruebas de que en los estados o países que imponen la pena de muerte se produzca reducción alguna del número de delitos violentos. La pena de muerte no es imparcial: sus víctimas provienen en su inmensa mayoría de los sectores más pobres de la sociedad, y existen pruebas sustanciales de que en EE UU se continúa aplicando de forma racialmente discriminatoria.


Mientras que muchos políticos estadounidenses aceptan en privado que la pena de muerte no sirve a los intereses de la justicia en EE UU, públicamente la defienden para dar una imagen de inflexibilidad ante el delito.



QUÉ PUEDE USTED HACER


Envíe llamamientos a los dos candidatos a la presidencia de EE UU, solicitando:


-que muestren su liderazgo moral oponiéndose públicamente a la pena de muerte, y se comprometan a que, si resultan elegidos, procurarán poner fin a las ejecuciones en EE UU y defenderán la adopción de cambios encaminados a la abolición de la pena de muerte en las leyes federales y estatales.


-que hagan un llamamiento público para que a Karla Faye Tucker le sea conmutada la pena de muerte.



Direcciones para los llamamientos:


George BushGovernor Bill Clinton,

The White HouseState Capitol,

Washington, DC 20500Little Rock,

EE UUAR 72201, EE UU

1La policía de Filipinas se incorporó a la nueva Policía Nacional de Filipinas, creada en enero de 1991, y puesta formalmente bajo control civil.

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