Documento - Asamblea General de la ONU (2008). Aplicación de una suspensión de las ejecuciones.

Septiembre de 2008 Público


Amnistía Internacional




Asamblea General de la ONU (2008)

APLICACIÓN DE UNA SUSPENSIÓN DE LAS EJECUCIONES













Resumen ejecutivo

En octubre de 2008, la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU volverá a debatir el asunto de la pena de muerte y el informe del secretario general sobre la aplicación de la Resolución 62/149 “Moratoria del uso de la pena de muerte”. Esta resolución se aprobó con un contundente apoyo transregional: 104 votos a favor, 54 en contra y 29 abstenciones. Más tarde, una minoría de Estados se opusieron formalmente a cualquier intento de imponer una suspensión de las ejecuciones o la abolición de la pena de muerte. En este documento se rebaten sus argumentos en contra de la suspensión del uso de la pena de muerte o de su abolición y se esbozan las principales recomendaciones de Amnistía Internacional para el 63 periodo de sesiones de la Asamblea General en 2008.

La Asamblea General de la ONU, al ser el principal órgano de deliberación de las Naciones Unidas con una membresía universal, debe seguir debatiendo y formulando recomendaciones sobre el asunto de la pena de muerte y exhortando a que se aplique la resolución íntegramente y con prontitud, en consonancia con la tendencia mundial a la abolición. Amnistía Internacional solicita a todos los Estados miembros que participen de manera constructiva en un debate sobre el informe del secretario general de la ONU relativo a la aplicación de la Resolución 62/149.

Recomendaciones

Amnistía Internacional pide a la Asamblea General de la ONU que, en su 63 periodo de sesiones, adopte una resolución:

  • que exprese satisfacción por las suspensiones declaradas en el año;

  • que exprese satisfacción por las aboliciones declaradas en el año;

  • que exprese satisfacción por las ratificaciones del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los protocolos regionales;

  • que deplore toda decisión de restaurar la pena de muerte, poner fin a una suspensión o continuar con la aplicación de la pena capital;

  • que exprese preocupación por el hecho de que algunos Estados no respetan las garantías internacionalmente aceptadas;

  • que afirme que la pena de muerte vulnera el derecho a la vida y el derecho de las personas a que no se les imponga una pena cruel, inhumana y degradante;

  • que vuelva a pedir a los Estados respeto a las normas internacionales que protegen a las personas que se enfrentan a la pena capital e información sobre cómo se están respetando tales derechos;

  • que pida a los Estados que no han abolido la pena capital que no extiendan la aplicación de esta pena a delitos a los que actualmente no se aplica y que declaren la suspensión de las ejecuciones con carácter urgente; y

  • que solicite al secretario general que informe a la Asamblea General de la ONU en su 64 periodo de sesiones sobre el cumplimiento de la resolución.

Asamblea General de la ONU (2008)

APLICACIÓN DE UNA SUSPENSIÓN DE LAS EJECUCIONES

La votación de hoy representa un paso trascendental de la comunidad internacional. Me resulta especialmente alentador el apoyo a esta iniciativa expresado desde tantas regiones del mundo y tan diversas. Es una prueba más de que hay una tendencia a abolir finalmente la pena de muerte.


Secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, 18 de diciembre de 2007


1. Introducción

La adopción de una resolución relativa a la suspensión del uso de la pena de muerte (Resolución 62/149) por la Asamblea General de la ONU el 18 de diciembre de 2007 supone un importante avance político y en materia de derechos humanos hacia la abolición de la pena capital en todo el mundo. La Resolución 62/149 fue adoptada con un firme apoyo transregional: 104 votos a favor, 54 en contra y 29 abstenciones (véase la hoja de votaciones en el Anexo II). Reafirma en términos inequívocos el compromiso de las Naciones Unidas con la abolición de esta pena, expresa profunda preocupación por el hecho de que se siga aplicando y exhorta a todos los Estados que todavía la mantienen a que, entre otras cosas, respeten las normas internacionales que contienen salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de las personas condenadas a muerte, reduzcan el número de delitos por los que se puede imponer esa pena y establezcan “una moratoria de las ejecuciones, con miras a abolir la pena de muerte” (véase el texto completo de la resolución en el Anexo I). Además, pide al secretario general que informe a la Asamblea General en su 63 periodo de sesiones (2008) sobre el cumplimiento de la resolución.

Posteriormente, en una nota verbal dirigida al secretario general de la ONU con fecha del 11 de enero de 2008, una minoría de Estados se opuso formalmente a cualquier intento de imponer una suspensión de las ejecuciones o la abolición de la pena de muerte.1


Estos Estados basan su objeción en que no existe consenso internacional en cuanto a que la pena de muerte deba ser abolida; que la pena capital es una cuestión de justicia penal y no de derechos humanos; que los principios de la Carta de las Naciones Unidas (principalmente el artículo 2.7) estipulan que la ONU no tiene autoridad para intervenir en asuntos que pertenecen a la jurisdicción nacional de un Estado, entre ellos el de la pena de muerte; y que ningún Estado miembro tiene derecho a imponer su punto de vista a otro.


Aunque representa a una minoría de los 192 Estados miembros de la ONU, la postura de estos 58 gobiernos intenta poner en tela de juicio la propia competencia de la Asamblea General para abordar el asunto de la pena de muerte.


En este breve documento se rebaten sus argumentos y se esbozan las principales recomendaciones de Amnistía Internacional para el 63 periodo de sesiones de la Asamblea General (2008) en relación con el asunto de la pena de muerte.


2. Tendencia a la abolición mundial de la pena de muerte

Si bien no hay todavía consenso internacional respecto a la abolición de la pena de muerte, la adopción de la Resolución 62/149 significa que una gran mayoría de los Estados miembros de la ONU de todas las regiones del mundo están a favor de suspender el uso de la pena de muerte. También es significativo que la resolución se aprobara en sesión plenaria con cinco votos más a favor que cuando se votó en la Tercera Comisión dos meses antes.


El firme apoyo transregional refleja que, históricamente, existe una tendencia innegable a la abolición de la pena de muerte en todas las regiones del mundo. En 1977, sólo 16 países habían abolido la pena de muerte para todos los delitos. A fecha de mayo de 2008, ya son 91. Además, 11 países han abolido la pena capital para los delitos comunes y sólo la mantienen para delitos excepcionales, como los cometidos en virtud del derecho militar o en tiempo de guerra. Otros 35 países pueden ser considerados “abolicionistas en la práctica” al no haber llevado a cabo ejecuciones durante un decenio al menos o haberse comprometido ante la comunidad internacional a no aplicar la pena capital. Eso eleva a 137 el número total de países que actualmente han abolido la pena de muerte de su legislación o en la práctica. Esta tendencia se refleja también en el aumento constante del número de Estados Partes en tratados internacionales y regionales que establecen la abolición de la pena de muerte.


De los 60 países retencionistas que quedan, sólo hay constancia de 24 en los que hubo ejecuciones en 2007. El 88 por ciento de todas las ejecuciones conocidas se llevaron a cabo en cinco países: Arabia Saudí, China, Estados Unidos, Irán y Pakistán.




3. La pena de muerte tiene que ver con los derechos humanos


La pena capital, a pesar de estar prevista en la legislación penal de algunos Estados, también es una cuestión de derechos humanos y así lo ha reconocido la ONU, incluida su Asamblea General. Es absolutamente apropiado y coherente con sus resoluciones anteriores que la Asamblea General siga reconociéndolo.


La ONU viene expresando desde hace tiempo su preocupación por los aspectos de la pena de muerte que afectan a los derechos humanos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), aprobado por la Asamblea General de la ONU en 1966, señala las restricciones y salvaguardias que deben respetarse en los casos de pena de muerte en aquellos países en los que no se ha abolido esta pena (artículo 6). Además, al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1989, 193 Estados,2entre ellos los 58 que firmaron la nota verbal, han aceptado expresamente una obligación en materia de derechos humanos que limita el uso de la pena de muerte: no imponer esa pena por delitos cometidos por menores de 18 años de edad (artículo 37.a). Se ha considerado que algunas de estas restricciones de la pena capital equivalen a normas del derecho consuetudinario internacional.3


En 1984, el Consejo Económico y Social (ECOSOC) adoptó las Salvaguardias para Garantizar la Protección de los Derechos de los Condenados a la Pena de Muerte (refrendadas por la resolución 39/188 de la Asamblea General, aprobada por consenso). En 1989 y 1996 aprobó sendas resoluciones relativas a la aplicación de las citadas salvaguardias.4Además, la ONU ha publicado estudios quinquenales sobre la pena de muerte y el cumplimiento de las salvaguardias.


4. La pena de muerte conculca derechos humanos

Ciertamente va en aumento el reconocimiento de que la pena de muerte vulnera derechos humanos, como el derecho a la vida y el derecho a no ser sometido a pena o trato cruel, inhumano y degradante.

La comunidad de Estados ha aprobado cuatro tratados internacionales que disponen la abolición de la pena de muerte, a saber: el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, adoptado por la Asamblea General de la ONU en 1989; los Protocolos núm. 6 y 13 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (Convenio Europeo de Derechos Humanos), adoptados por el Consejo de Europa en 1982 y 2002, respectivamente, y el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, aprobado por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en 1990.

El artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), si bien no prohíbe expresamente la pena de muerte, impone un amplio conjunto de restricciones a su aplicación en aquellos países que no la han abolido.

En palabras del Comité de Derechos Humanos, que vela por el cumplimiento del PIDCP, el artículo 6 “se refiere también en forma general a la abolición en términos que denotan claramente (párrs. 2 y 6 del art. 6) que ésta es de desear. El Comité llega por lo tanto a la conclusión de que todas las medidas encaminadas a la abolición deben considerarse como un avance en cuanto al goce del derecho a la vida”.5El Comité ha instado en repetidas ocasiones a los Estados Partes en el PIDCP a abolir la pena capital.



5. Los asuntos de derechos humanos y justicia penal son competencia de la ONU

Desde la adopción de la Carta de las Naciones Unidas en 1945, la ONU ha tomado medidas sobre asuntos de derechos humanos en muchos ámbitos que, en otro tiempo, se habría considerado que pertenecían exclusivamente a la jurisdicción nacional de un Estado. Seis años después de la adopción de la Carta, la ONU reconoció en su Cumbre Mundial 2005 que los derechos humanos constituían uno de los tres pilares de las Naciones Unidas junto con la paz y la seguridad y con el desarrollo.

Desde 1945, la ONU ha adoptado numerosos tratados de derechos humanos, reconociendo así la obligación de garantizar que una serie de asuntos nacionales de justicia penal se ajusten a las normas internacionales de derechos humanos. Los artículos 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos se refieren a asuntos de justicia penal, al igual que numerosos artículos del PIDCP y otros tratados internacionales de derechos humanos. Al ratificar tales tratados, los Estados han contraído las obligaciones establecidas en ellos.

Cuando la Asamblea General creó el Consejo de Derechos Humanos,6incluyó en su amplio mandato la vigilancia de los derechos humanos en todos los países. Además, el Consejo de Seguridad ha establecido los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda, que afectan directamente a asuntos de justicia penal de la jurisdicción nacional de los Estados. Los Estados miembros de la ONU crearon asimismo la Corte Penal Internacional, que es competente sobre graves delitos internacionales cometidos en la jurisdicción nacional de los Estados.7



6. Conclusión

La Asamblea General de la ONU, al ser el principal órgano de deliberación de las Naciones Unidas con una membresía universal, debe seguir debatiendo y formulando recomendaciones sobre el asunto de la pena de muerte y promoviendo la tendencia a la abolición. A lo largo de muchos años, la Asamblea General ha adoptado diversas normas de derechos humanos sobre la pena de muerte así como dos resoluciones, en 1971 y 1977, en las que proclamaba la conveniencia de abolir la pena de muerte.8La Resolución 62/149 es una evolución natural de estas medidas previas adoptadas por la Asamblea General. Amnistía Internacional solicita a todos los Estados miembros que participen de manera constructiva en un debate sobre el informe del secretario general de la ONU relativo a la aplicación de la Resolución 62/149.

Recomendaciones

Amnistía Internacional pide a la Asamblea General de la ONU que, en su 63 periodo de sesiones, adopte una resolución:

  • que exprese satisfacción por las suspensiones declaradas en el año;

  • que exprese satisfacción por las aboliciones declaradas en el año;

  • que exprese satisfacción por las ratificaciones del Segundo Protocolo Facultativo del PIDCP y los protocolos regionales;

  • que deplore toda decisión de restaurar la pena de muerte, poner fin a una suspensión o continuar con la aplicación de la pena capital;

  • que exprese preocupación por el hecho de que algunos Estados no respetan las garantías internacionalmente aceptadas;

  • que afirme que la pena de muerte vulnera el derecho a la vida y el derecho de las personas a que no se les imponga una pena cruel, inhumana y degradante;

  • que vuelva a pedir a los Estados respeto a las normas internacionales que protegen a las personas que se enfrentan a la pena capital e información sobre cómo se están respetando tales derechos;

  • que pida a los Estados que no han abolido la pena capital que no extiendan la aplicación de esa pena a delitos a los que actualmente no se aplica y que declaren la suspensión de las ejecuciones con carácter urgente; y

  • que solicite al secretario general que informe a la Asamblea General de la ONU en su 64 periodo de sesiones sobre el cumplimiento de la resolución.

Anexo I. Resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU



Resolución 62/149. Moratoria del uso de la pena de muerte


La Asamblea General,


Guiándose por los propósitos y principios contenidos en la Carta de las Naciones Unidas,


Recordando la Declaración Universal de Derechos Humanos9, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos10y la Convención sobre los Derechos del Niño11,


Recordando también las resoluciones sobre la cuestión de la pena de muerte aprobadas en los últimos diez años por la Comisión de Derechos Humanos en todos sus períodos de sesiones consecutivos, la última de las cuales es la resolución 2005/59, de 20 de abril de 2005,12en que la Comisión exhortó a los Estados que todavía mantienen la pena de muerte a abolirla completamente y, entretanto, establecer una moratoria de las ejecuciones,


Recordando además los importantes resultados obtenidos por la antigua Comisión de Derechos Humanos sobre la cuestión de la pena de muerte, y previendo que el Consejo de Derechos Humanos podría continuar trabajando sobre esta cuestión,


Considerando que el uso de la pena de muerte menoscaba la dignidad humana, y convencida de que una moratoria del uso de la pena de muerte contribuye a la mejora y al desarrollo progresivo de los derechos humanos, que no hay pruebas concluyentes del valor de la pena de muerte como elemento disuasorio, y que todo error judicial o denegación de justicia en la ejecución de la pena de muerte es irreversible e irreparable,


Acogiendo con beneplácito las decisiones adoptadas por un número creciente de Estados de aplicar una moratoria de las ejecuciones, seguida en muchos casos por la abolición de la pena de muerte,


1. Expresa su profunda preocupación por que se siga aplicando la pena de muerte;

2. Exhorta a todos los Estados que todavía mantienen la pena de muerte a que:

a) Respeten las normas internacionales que establecen salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los condenados a muerte, en particular las normas mínimas, estipuladas en el anexo de la resolución 1984/50 del Consejo Económico y Social, de 25 de mayo de 1984;

b) Faciliten al Secretario General información sobre el uso de la pena de muerte y la observancia de las salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los condenados a muerte;

c) Limiten progresivamente el uso de la pena de muerte y reduzcan el número de delitos por los que se puede imponer esa pena;

d) Establezcan una moratoria de las ejecuciones, con miras a abolir la pena de muerte;

3. Exhorta a los Estados que han abolido la pena de muerte a que no la reintroduzcan;

4. Pide al Secretario General que le presente, en su sexagésimo tercer período de sesiones, un informe sobre la aplicación de la presente resolución;

5. Decide seguir examinando la cuestión en su sexagésimo tercer período de sesiones, en relación con el tema titulado “Promoción y protección de los derechos humanos”.


76ª sesión plenaria

18 de diciembre de 2007

Anexo II. Votación del proyecto de resolución “Moratoria del uso de la pena de muerte” (extracto del documento GA/10678, anexo VI)


El proyecto de resolución titulado “Moratoria del uso de la pena de muerte” (documento A/62/439/Add.2) fue aprobado mediante votación registrada por 104 a favor, 54 en contra y 29 abstenciones:


Votos a favor:

Albania, Alemania, Argelia, Andorra, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Benín, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camboya, Canadá, Chile, Chipre, Colombia, Congo, Costa de Marfil, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Federación Rusa, Filipinas, Finlandia, Francia, Gabón, Georgia, Grecia, Guatemala, Haití, Honduras, Hungría, Irlanda, Islandia, Islas Marshall, Israel, Italia, Kazajstán, Kirguistán, Kiribati, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Madagascar, Malí, Malta, Mauricio, México, Micronesia, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Mozambique, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Palaos, Panamá, Paraguay, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República Dominicana, Ruanda, Rumania, Samoa, San Marino, Santo Tomé y Príncipe, Serbia, Sri Lanka, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Tayikistán, Timor Oriental, Turkmenistán, Turquía, Tuvalu, Ucrania, Uruguay, Uzbekistán, Vanuatu, Venezuela.


Votos en contra:


Afganistán, Antigua y Barbuda, Arabia Saudí, Bahamas, Bahréin, Bangladesh, Barbados, Belice, Botsuana, Brunéi Darussalam, Chad, China, Comoras, Corea del Norte, Dominica, Egipto, Estados Unidos de América, Etiopía, Granada, Guyana, India, Indonesia, Irán, Irak, Islas Salomón, Jamaica, Japón, Jordania, Kuwait, Libia, Malaisia, Maldivas, Mauritania, Mongolia, Myanmar, Nigeria, Omán, Pakistán, Papúa Nueva Guinea, Qatar, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Singapur, Siria, Somalia, Sudán, Surinam, Tailandia, Tonga, Trinidad y Tobago, Uganda, Yemen, Zimbabue.


Abstenciones:

Bielorrusia, Bután, Camerún, Corea del Sur, Cuba, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Fiyi, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Ecuatorial, Kenia, Laos, Lesoto, Líbano, Liberia, Malawi, Marruecos, Níger, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Sierra Leona, Suazilandia, Tanzania, Togo, Vietnam, Yibuti, Zambia.


Ausentes:

Guinea-Bissau, Perú, Senegal, Seychelles y Túnez.

1 Véase A/62/658. Los siguientes Estados firmaron la nota verbal: Afganistán, Antigua y Barbuda, Arabia Saudí, Bahamas, Bahréin, Bangladesh, Barbados, Botsuana, Brunéi Darussalam, China, Comoras, Corea del Norte, Dominica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía, Fiyi, Granada, Guinea, Guinea Ecuatorial, Guyana, Indonesia, Irak, Irán, Islas Salomón, Jamaica, Japón, Jordania, Kuwait, Laos, Libia, Malaisia, Maldivas, Mauritania, Mongolia, Myanmar, Nigeria, Omán, Pakistán, Papúa Nueva Guinea, Qatar, República Centroafricana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Singapur, Somalia, Suazilandia, Sudán, Surinam, Siria, Tailandia, Tonga, Trinidad y Tobago, Uganda, Yemen y Zimbabue.

2 Los únicos Estados miembros de la ONU que no han ratificado la Convención son Somalia y Estados Unidos. Somalia no puede proceder a la ratificación porque carece de gobierno reconocido en la actualidad. Estados Unidos señaló su intención de ratificar la Convención cuando la firmó, pero todavía no lo ha hecho.

3 Observación general Nº 24, “Observación general sobre cuestiones relacionadas con las reservas formuladas con ocasión de la ratificación del Pacto o de sus Protocolos Facultativos, o de la adhesión a ellos, o en relación con las declaraciones hechas de conformidad con el artículo 41 del Pacto”, adoptada el 4 de noviembre de 1994 por el Comité de Derechos Humanos creado en virtud del PIDCP, párrafo 8 (referido, entre otras cosas, a la prohibición de ejecutar a mujeres embarazadas y a menores de edad en aplicación del artículo 6 del PIDCP).

4 Resoluciones 1989/64, de 24 de mayo de 1989, y 1996/15, de 23 de julio de 1996, aprobadas sin votación.

5 Observación general Nº 6 sobre el artículo 6 del PIDCP.

6 El Consejo de Derechos Humanos sustituyó a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.

7 Cabe señalar aquí que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que ya cuenta con la ratificación o adhesión de 105 Estados, excluye la pena de muerte de los castigos que la Corte está facultada para imponer, a pesar de que ésta sea competente para juzgar delitos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Lo mismo se aplica al Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, al Tribunal Penal Internacional para Ruanda, al Tribunal Especial para Sierra Leona, a las Salas Especiales de Delitos Graves en Dili y Timor Oriental y a las Salas Especiales de los tribunales de Camboya.

8 En la resolución de 1971, la Asamblea General afirmaba que “el objetivo principal que debe buscarse es reducir progresivamente el número de delitos a los que se pueda imponer la pena capital" (resolución 2857 (XXVI) del 20 de diciembre de 1971 sobre la pena capital, adoptada por consenso). Tal objetivo fue refrendado por la Asamblea General en su resolución 32/61, del 8 de diciembre de 1977, adoptada sin votación. (La resolución 32/61 reafirmaba que “el principal objetivo que debe buscarse en relación con la pena capital es restringir progresivamente el número de delitos por razón de los cuales pueda imponerse la pena capital, con miras a la conveniencia de abolir esa pena”.) Es significativo que ambas resoluciones mencionen el derecho a la vida.

9 Resolución 217 A (III).

10 Véase la resolución 2200 A (XXI), anexo.

11 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531.

12 Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 2005, Suplemento No. 3 (E/2005/23), cap. II, secc. A.

Índice AI: ACT 50/016/2008

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