Documento - ARTÍCULO DE OPINIÓN - Hagamos que la pena de muerte sea algo obsoleto
AMNISTÍA INTERNACIONAL�ARTÍCULO DE OPINIÓN
�Hagamos que la pena de muerte sea algo obsoleto �Widney Brown, directora general de Derecho Internacional y Política
��Índice AI: ACT 50/010/2012 �10 de octubre de 2012 ���Los últimos diez años han sido testigos de avances significativos en la marcha hacia un mundo en el que la pena de muerte ya no se considere una forma legítima de castigo, algo sorprendente si tenemos en cuenta el ataque contra los derechos humanos desencadenado tras el 11 de septiembre de 2001. ��Sorprendente, pero cierto: desde 2003, 17 países han abolido oficialmente la pena capital. Esto significa que 140 Estados —de todas las regiones del mundo, asociados a la totalidad de las religiones principales y de sistemas jurídicos diversos— son abolicionistas en la ley o en la práctica.��Pero es una batalla larga y aún hay obstáculos. ��Se siguen realizando ejecuciones en algunos Estados especialmente poderosos, sobre todo en China y en Estados Unidos. Y un puñado de países se muestran especialmente entusiastas a la hora de imponer la pena de muerte.��China es responsable de la inmensa mayoría de las ejecuciones, seguida de Irán, Arabia Saudí y Estados Unidos.
�Amnistía Internacional es conocida en particular por su trabajo en casos individuales: sus campañas para que los gobiernos conmuten condenas a muerte o indulten a los condenados.��Cuando nos preocupa si una persona ha gozado de las debidas garantías procesales y se han respetado en su caso las protecciones relativas a la imparcialidad en los juicios, podríamos pedir un nuevo juicio y, desde luego, cuando existen datos objetivos sobre su inocencia, pedimos la anulación de la sentencia de culpabilidad.��Sin embargo, también abordamos la pena de muerte alentando a los gobiernos que siguen realizando ejecuciones a que revisen al menos el número de delitos punibles con la pena capital.��Por ejemplo, China abolió la pena de muerte para 13 delitos no violentos y prohibió la ejecución de personas mayores de 75 años, aunque también amplió esta pena a otros delitos.��Amnistía Internacional también trabaja infatigablemente para que todos los Estados procedan a abolir la pena de muerte para las personas declaradas culpables de cometer un delito cuando eran menores de edad. Igualmente, hemos cuestionado la imposición de la pena capital a personas que sufren discapacidades mentales o intelectuales.� �Como resultado de la labor del movimiento abolicionista, los tribunales dictan cada vez más resoluciones contra la pena de muerte preceptiva. Por ejemplo, el Tribunal Supremo de la India declaró inconstitucional su imposición obligatoria prevista en la Ley de Armas de 1959. ��Otra vía fundamental para erosionar el apoyo a la pena capital es considerar la falta de transparencia que rodea algunos de los casos. ��Es indispensable que si un Estado condena a muerte a alguien, los cargos y el juicio sean transparentes, la condena pueda ser preceptivamente recurrida y el gobierno informe de todos los casos de imposición de la pena, así como de su ejecución. ��Como ya he mencionado, es un camino largo y sigue habiendo obstáculos. En Nigeria y Bangladesh, la lista de delitos que llevan aparejada la pena capital se ha ampliado para incluir unos actos de terrorismo definidos de forma imprecisa. Es imposible obtener datos exactos sobre ejecuciones en algunos países, muy en particular en China, pero también en Somalia.��La discriminación es desde hace tiempo un factor que determina quién es condenado a muerte y ejecutado, algo que no podemos dejar de denunciar y cuestionar constantemente. ��Uno de sus aspectos es el número de personas ejecutadas que viven fuera de su país de ciudadanía. Es de sobra conocida la ejecución en Estados Unidos de ciudadanos mexicanos a quienes se denegó el acceso a las autoridades consulares. ��En cambio, está menos documentado el número de trabajadores migrantes ejecutados en países como Arabia Saudí. Estas son áreas fértiles para el activismo.��Pero, naturalmente, uno de los argumentos más poderosos contra la pena de muerte es el riesgo muy real de ejecutar a una persona inocente. Errar es humano, y no existe un sistema de justicia penal en el mundo que no refleje nuestras carencias.��Esta posibilidad, y el carácter irreversible de la pena de muerte, nos obligan a todos a reflexionar bien en las implicaciones de apoyar un sistema deficiente que puede conducir a la muerte de alguien inocente. Imaginen que fuera su padre o su hermana, su madre o su hijo.�