Documento - The Death Penalty Worldwide - Developments in 2006 (With amendments)


Público



Amnistía Internacional


LA PENA DE MUERTE EN EL MUNDO: NOTICIAS DEL AÑO 2006

Mayo de 2007

Resumen

Índice AI: ACT 50/005/2007



http://web.amnesty.org/library/Index/ESLACT500052007

Durante el año 2006, el mundo siguió avanzando hacia la abolición universal de la pena de muerte. Al final del año, 88 países habían abolido la pena capital para todos los delitos. Un país la abolió para todos los delitos en 2006 (Filipinas) y dos (Georgia y Moldavia) eliminaron las disposiciones de pena de muerte de sus respectivas constituciones. Un país (Montenegro, antes Serbia y Montenegro) se convirtió en Estado miembro independiente de las Naciones Unidas y a continuación ratificó por derecho propio el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, y el Protocolo núm. 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte en todas las circunstancias. La pena de muerte ha sido abolida en la ley o en la práctica por 128 países.

En este documento se tratan además temas como decisiones judiciales significativas, la aplicación de la pena de muerte a personas condenadas por delitos cometidos cuando eran menores de edad, la reanudación de las ejecuciones y las actividades de campaña para promover la abolición.

Este texto resume el documento titulado Pena de muerte en el mundo: noticias del año 2006, (Índice AI: ACT 50/005/2007), publicado por Amnistía Internacional en mayo de 2007. Si desean más información o emprender acciones al respecto, consulten el documento completo. En el sitio web http://www.amnesty.orgencontrarán una amplia selección de materiales de AI sobre éste y otros asuntos. Los comunicados de prensa de la organización pueden recibirse por correo electrónico solicitándolo en la dirección: http://www.amnesty.org/email/email_updates.html.



SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, REINO UNIDO

Traducción de Editorial Amnistía Internacional (EDAI), España











Público


Amnistía Internacional



LA PENA DE MUERTE EN EL MUNDO: NOTICIAS DEL AÑO 2006
















ÍNDICE

ABOLICIÓN 1

Filipinas 2

SUSPENSIÓN DE LAS EJECUCIONES 2

Kirguistán 2

Federación Rusa 2

Estados Unidos: California 3

Estados Unidos: Florida 3

Estados Unidos: Nueva Jersey 3

CONMUTACIONES 3

Guatemala 3

Nigeria 3

Emiratos Árabes Unidos 4

INOCENCIA 4

Jamaica 4

Tanzania 4

Estados Unidos: Florida 4

INDULTOS 4

Etiopía 4

Pakistán 5

Tanzania 5

Vietnam 5

REDUCCION DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN 5

Jordania 5

Liberia 6

Vietnam 6

INTENTOS DE REINTRODUCCIÓN 6

Polonia 6

CONDENAS A MUERTE Y EJECUCIONES 7

REANUDACIÓN DE LAS EJECUCIONES 8

Bahréin 8

USO DE LA PENA DE MUERTE CONTRA PERSONAS MENORES DE EDAD 8

Irán 8

Pakistán 9

CAMBIOS CONSTITUCIONALES 9

Georgia 9

Kirguistán 9

Moldavia 10

Montenegro 10

TRIBUNALES INTERNACIONALES 10

El Comité Judicial del Consejo Privado de la Corona (JCPC, por sus siglas en inglés) 10

Corte de Justicia del Caribe (CCJ, por sus siglas en inglés) 10

x8279 REVISIONES JUDICIALES 11

Sudáfrica 11

Estados Unidos de América 12

EXTRADICIÓN 13

ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES 13

Unión Europea 13

Consejo de Derechos Humanos 14

TRATADOS INTERNACIONALES 14

ACTOS INTERNACIONALES 16

Día Mundial contra la Pena de Muerte 16

Ciudades por la vida 16

ENCUESTAS DE OPINIÓN 16

TABLA 1: PAÍSES ABOLICIONISTAS AL CONCLUIR CADA AÑO DEL PERÍODO 1981-2006 18

TABLA 2: REGISTRO MUNDIAL DE EJECUCIONES POR AÑO, 1980-2006 20













LA PENA DE MUERTE EN EL MUNDO: NOTICIAS DEL AÑO 2006



Abreviaturas

UE = Unión Europea

Convenio Europeo de Derechos Humanos = Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales

PIDCP = Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

ONU = Naciones Unidas

ABOLICIÓN

Durante el año 2006 el mundo siguió avanzando hacia la abolición universal de la pena de muerte. A final de año, 88 países habían abolido la pena capital para todos los delitos (véase la Tabla1). Un país la abolió para todos los delitos en 2006 (Filipinas) y dos (Georgia y Moldavia) eliminaron las disposiciones de pena de muerte de sus respectivas constituciones. Un país (Montenegro, antes Serbia y Montenegro) se convirtió en Estado miembro independiente de las Naciones Unidas y a continuación ratificó por derecho propio el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte y el Protocolo núm. 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte en todas las circunstancias.

Otros 11 países la habían abolido para todos los delitos salvo algunas excepciones, como los cometidos en tiempo de guerra. Al menos 29 países eran abolicionistas en la práctica, pues no habían realizado ninguna ejecución en los últimos 10 años o más y se consideraba que ya estaba consolidada la práctica de no realizar ejecuciones o habían adoptado el compromiso internacional de no llevarlas a cabo. La pena de muerte ha sido abolida en la ley o en la práctica por 128 países.


Otros 69 países y territorios conservaban la pena de muerte, aunque no se impusieron condenas capitales en todos ellos y en la mayoría no hubo ejecuciones durante el año (véase infra, Condenas a muerte y ejecuciones).


Amnistía Internacional publica actualizaciones periódicas de las listas de países abolicionistas y retencionistas en las páginas dedicadas al tema de la pena de muerte en su sitio web: http://web.amnesty.org/pages/deathpenalty-index-es.lPueden encontrar las listas traducidas al español en las páginas web de la Sección Española de Amnistía Internacional en www.es.amnesty.org/temas/pmuerte/docs.shtm. Y si desean obtener más información sobre el tema de la pena de muerte en español, consulten web.amnesty.org/library/esl-392/index.

Filipinas

El 7 de junio el Congreso de Filipinas revocó la Ley de la República 7659 de diciembre de 1993 que modificaba el Código Penal para permitir la pena de muerte, y aprobó legislación para la abolición de la pena de muerte para todos los delitos. La presidenta Gloria Macapagal Arroyo sancionó la ley con su firma el 24 de junio y con ello Filipinas se convierte en el país número 25 de la región de Asia y Oceanía que termina con la pena capital en la ley y en la práctica.


En abril, la presidenta Arroyo conmutó más de 1.200 penas de muerte por cadena perpetua, en lo que se considera la mayor conmutación en masa de penas de muerte de los tiempos modernos.


Filipinas ya había abolido la pena de muerte en 1987, convirtiéndose entonces en el segundo país de la región que abolía la pena de muerte para todos los delitos. Sin embargo, el presidente Fidel Ramos la volvió a introducir a finales de 1993 para 46 delitos diferentes. Las ejecuciones se reanudaron en 1999 hasta que en 2000 el ex presidente Estrada anunció una suspensión que la presidenta Arroyo mantuvo durante toda su presidencia.



SUSPENSIÓN DE LAS EJECUCIONES

Kirguistán

El 30 de diciembre de 2006, la suspensión de las ejecuciones que estaba en vigor desde 1998 se prorrogó un año más por decreto del presidente Bakiyev. En los proyectos de enmiendas a la Constitución presentados a lo largo del año figuraba la abolición total y permanente de la pena de muerte.

Federación Rusa

En noviembre de 2006, la Duma (cámara baja del Parlamento ruso) votó posponer hasta 2010 la introducción del sistema de juicios con jurado en Chechenia, la única región de la Federación Rusa que no cuenta con ello. Esta decisión supone la prolongación de la actual suspensión de las ejecuciones, introducida en 1999 por el Tribunal Constitucional ruso, cuando prohibió a los jueces de los tribunales ordinarios imponer la pena de muerte hasta que se estableciera en todo el país el sistema de juicios con jurado.

Estados Unidos: California

El 15 de diciembre, el juez de distrito de EE. UU., Jeremy Fogel, hizo pública una opinión que provocó la suspensión de las ejecuciones en California, al mencionar la "falta de profesionalidad" que permea la aplicación de los protocolos relativos a la inyección letal en California; un hecho "verdaderamente alarmante, dado que el Estado está quitando la vida a una persona". El 18 de diciembre, el gobernador Arnold Schwarzenegger ordenó a su administración que se corrigiesen las deficiencias en estos protocolos, con el fin de garantizar que el procedimiento de pena de muerte en California es constitucional.

Estados Unidos: Florida

El 15 de diciembre, el gobernador de Florida, Jeb Bush, interrumpió las ejecuciones y constituyó una comisión de investigación para evaluar si la ejecución mediante inyección letal viola la prohibición de castigos crueles e inusuales vigente en Florida. No se firmarán más órdenes de ejecución hasta que se den a conocer los informes de dicha comisión en marzo de 2007.

Estados Unidos: Nueva Jersey

En enero, el gobernador Richard J. Codey firmó la entrada en vigor de una ley por la que se suspendían las ejecuciones en Nueva Jersey. La ley creó una comisión de 13 miembros para que estudiara todos los aspectos de la pena de muerte en el estado. En su informe final presentado en enero de 2007, la comisión recomendaba la abolición de la pena de muerte.


CONMUTACIONES

Guatemala

Tras las dos sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2005, las condenas a muerte de nueve presos fueron conmutadas en 2006 por penas de 50 años de cárcel.

Nigeria

El 1 de octubre, el ministro de Justicia, Bayo Ojo, anunció que, con motivo de la celebración del Día de la Independencia del país, 107 condenados a muerte verían conmutada su pena por cadena perpetua. Alrededor de 500 presos siguen estando condenados a muerte.

Emiratos Árabes Unidos

En junio un tribunal de apelación conmutó la condena a muerte por lapidación de Shahin ‘Abdul Rahman por un año de cárcel seguido de la expulsión a su país de origen, Bangladesh. Un tribunal islámico de Fuchaira había condenado a muerte a Shahin ‘Abdul Rahman, que está casado, por cometer adulterio.


INOCENCIA

Jamaica

Carl McHargh, condenado a muerte, fue puesto en libertad en junio tras ser absuelto en la apelación. Había sido detenido en 1999 por el asesinato de dos hombres, y en 2004 fue declarado culpable y condenado a muerte.

Tanzania

En 2006, Tanzania puso en libertad a Hassan Mohamed Mtepeka, condenado a muerte en el 2004 por la violación y asesinato de su hijastra. El Tribunal de Apelación estableció que su condena se fundamentaba abrumadoramente en pruebas circunstanciales que "no indicaban de forma irrefutable su culpabilidad".

Estados Unidos: Florida

La Corte Suprema de Florida anuló la pena de muerte impuesta a John Ballard en Florida en 2003 por dos asesinatos cometidos en 1999. En su fallo, de febrero, la Corte sostuvo que las pruebas contra Ballard eran insuficientes desde el punto legal para respaldar la declaración de culpabilidad y ordenó al tribunal de primera instancia que emitiera una sentencia absolutoria. John Ballard se convirtió en la persona número 22 en ser exonerada en Florida, estado con el mayor número de exoneraciones del país, y en la número 123 que se libra en Estados Unidos de la pena de muerte por ser inocente desde 1973.


INDULTOS

Etiopía

El 11 de septiembre de 2006, fecha en que Etiopía celebra el Año Nuevo, diez condenas a muerte por delitos comunes fueron conmutadas por penas de cadena perpetua en virtud de indultos presidenciales.

Pakistán

En noviembre de 2006, el presidente Pervez Musharraf hizo uso de las facultades que le concede la Constitución, para conmutar la condena a muerte de Mirza Tahir Hussein, que ya había cumplido una condena equivalente a la cadena perpetua en Pakistán. En 1989, Mirza Tahir Hussein, ciudadano británico-paquistaní, fue declarado culpable de asesinato pero el fallo condenatorio fue anulado en dos ocasiones, la primera poco después de su condena inicial en 1989 y la segunda en 1996, cuando quedó absuelto de todo cargo. Una semana después de la absolución su caso fue remitido al Tribunal Federal de la Ley Islámica (shari’a), para que éste examinara algunos de los cargos formulados en la acusación inicial, que incluían robo con asesinato, delito tipificado por la ley de propiedad islámica. La causa fue abierta nuevamente y en 1998 el Tribunal Federal de la Ley Islámica condenó a muerte a Mirza Tahir Hussain, pese a que la opinión de los jueces estuvo dividida: dos jueces se pronunciaron a favor de la condena y uno en contra.

Tanzania

En agosto, el presidente Kikwete conmutó todas las penas de muerte impuestas en el territorio continental de Tanzania por cadena perpetua. No se reveló el número total de penas conmutadas, pero se estimaba que rondaban las 400. Muchas de las personas que se beneficiaron de esta medida llevaban varios años en espera de ejecución. Al finalizar 2006 no había nadie condenado a muerte en Tanzania, ni en Zanzíbar ni el territorio continental.

Vietnam

El presidente Tran Duc Luong conmutó las penas de muerte impuestas a dos ciudadanos australianos por tráfico de drogas, Nguyen Van Chinh y Mai Cong Thanh, a raíz de la petición formulada por el gobierno australiano.


REDUCCION DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN

Jordania

El gobierno anunció que había aprobado un proyecto de ley que reduciría el número de delitos punibles con la muerte, entre los que se contaban delitos relacionados con drogas, posesión ilegal de armas de fuego y explosivos. Actualmente existen 16 delitos que se castigan con la muerte.


En diciembre de 2005, el rey Abdalá II bin al Hussein de Jordania declaró en una entrevista que su país esperaba modificar su Código Penal y "podría convertirse pronto en el primer país del Oriente Medio que no aplica la pena capital". Sin embargo, la agencia de noticias IRIN recogió unas declaraciones de Saleh Armouti, presidente del Colegio de Abogados de Jordania, en las que manifestaba la oposición del Colegio a la reducción mencionada: "Es totalmente inaceptable. Grupos de derechos humanos de dudosa legitimidad no deben interferir en nuestro ordenamiento jurídico".


Liberia

Una ley aprobada en diciembre de 2005, que imponía la pena de muerte para las violaciones en grupo, fue modificada por cadena perpetua para respetar la condición abolicionista del país.


Vietnam

En febrero, el Ministerio de Seguridad Pública envió a la Comisión Central de Reforma Judicial una propuesta para reducir a 20, nueve menos, el número de delitos punibles con la muerte. Los delitos que dejarían de ser punibles con la muerte son principalmente los de naturaleza económica, como el fraude, la malversación de fondos, el soborno y la falsificación. Dang Anh, subdirector del departamento judicial del Ministerio de Seguridad, dijo que "la reducción estaría en consonancia con la tendencia general del resto del mundo, a la que Vietnam debería sumarse". En 1999, Vietnam ya había reducido el número de delitos punibles con la muerte de 44 a 29.



INTENTOS DE REINTRODUCCIÓN

Polonia

En julio, el presidente polaco, Lech Kaczynski, pronunció un discurso por radio en el que pidió el restablecimiento de la pena de muerte en Polonia y en toda Europa. En agosto, la Liga de las Familias Polacas, un partido minoritario en la coalición gobernante de Polonia, anunció que llevaría a cabo una campaña en toda Europa por la reinstauración de la pena de muerte y en favor de un referéndum para su reimplantación en Polonia.


El 3 de agosto, un portavoz de la Comisión Europea respondió a estas declaraciones, en representación de la Unión Europea, manifestando que "la pena de muerte no es compatible con los valores europeos". En una carta abierta al presidente Kaczynski, el presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa afirmó que "la pena de muerte no tiene lugar en el sistema de justicia penal de ningún país moderno y civilizado".



CONDENAS A MUERTE Y EJECUCIONES

En el año 2006 fueron ejecutadas al menos 1.591personas en 25países, y al menos 3.861personas fueron condenadas a muerte en 55países. Éstas eran sólo cifras mínimas; las cifras reales sin duda eran más elevadas.


Como en años anteriores, la gran mayoría de las ejecuciones en todo el mundo se llevaron a cabo en un reducido número de países. En el año 2006, el 91 por ciento de todas las ejecuciones de las que se tuvo noticia fueron realizadas en seis países: China, Irán, Pakistán, Irak, Sudán y Estados Unidos. Kuwait tenía el índice más alto de ejecuciones per cápita, seguido de Irán.


Basándose en los informes públicos disponibles, Amnistía Internacional calculaba que en China fueron ejecutadas durante el año al menos 1.010 personas, aunque se cree que las cifras reales son muy superiores. Fuentes dignas de crédito sugieren que en 2006 fueron ejecutadas entre 7.500 y 8.000 personas. Sin embargo, las estadísticas nacionales sobre condenas a muerte y ejecuciones siguen clasificadas como secreto de Estado, lo que dificulta la labor de vigilancia y análisis.


Irán ejecutó a 177 personas, Pakistán a 82 e Irak y Sudán cada uno al menos a 65. Hubo 53 ejecuciones en 12 estados de Estados Unidos de América.

Es difícil calcular la cifra total mundial de personas actualmente condenadas a muerte y en espera de ejecución. La cifra estimada al finalizar 2006 se situaba entre 19.185 y 24.646. Estas cifras se basan en la información de grupos de derechos humanos, informes de los medios de comunicación y las limitadas cifras oficiales disponibles.


(Véase Amnistía Internacional, Condenas a muerte y ejecuciones en el año 2006, abril de 2007, Índice AI: ACT 50/004/2007. Véase la Tabla 2 infra, para obtener comparaciones históricas.)



REANUDACIÓN DE LAS EJECUCIONES

Bahréin

El 21 de noviembre, el rey de Bahréin, Shaij Hamad bin ‘Issa al Jalifa, ratificó las condenas de muerte de tres personas acusadas de asesinato. Jasmine Anwar Hussain y Mohammad Hilaluddin, ambos de Bangladesh, habían sido condenados por asesinato en noviembre de 2004. Mohammad Hanif Atta Mohammad, ciudadano pakistaní, fue condenado por otro incidente en 2003. Los tres fueron condenados por el asesinato de ciudadanos bahreiníes. Las condenas fueron confirmadas en apelación por el Tribunal de Casación en diciembre de 2005, y un pelotón de fusilamiento ejecutó a los condenados el día 11 de diciembre de 2006.


La pena de muerte no es una práctica habitual en Bahréin. Desde 1977, sólo se ha llevado a cabo una ejecución, la de Issa Ahmad Qambar, ciudadano bahreiní, ejecutado por un pelotón de fusilamiento en marzo de 1996, tras haber sido declarado culpable del asesinato premeditado de un agente de policía.


USO DE LA PENA DE MUERTE CONTRA PERSONAS MENORES DE EDAD

El uso de la pena de muerte contra personas que no habían cumplido 18 años en el momento de cometer el delito está prohibido por los tratados internacionales, entre ellos la Convención sobre los Derechos del Niño y el PIDCP.


En 2006 se registraron al menos cinco ejecuciones de personas que eran menores de edad en el momento de cometerse el delito. Entre ellos se encontraban:

Irán

· Majid Segound tenía 17 años en el momento de su ejecución en mayo.

· Sattar, cuyo nombre completo se desconoce, fue ejecutado en septiembre. Fue condenado a muerte en enero de 2005, cuando tenía 17 años, por un asesinato cometido varios meses atrás.

· Morteza M., cuyo apellido completo se desconoce, tenía 18 años en el momento de la ejecución. Había sido condenado a muerte por el asesinato de un amigo cometido dos años antes.

· A finales de diciembre, un joven de 22 años, Naser Batmani, fue ahorcado en la prisión de Sanandaj por un asesinato cometido cuando era menor de 18 años.


Irán es Estado Parte tanto en el PIDCP como en la Convención sobre los Derechos del Niño. Al ratificar esta última en 1994, el gobierno declaró que se reservaba "el derecho a no aplicar las disposiciones o los artículos de la Convención que fueran incompatibles con las leyes islámicas y la legislación internacional en vigor". El Comité de los Derechos del Niño, que vigila la aplicación de la Convención, expresó su preocupación, señalando que, por su carácter amplio e impreciso, "la reserva general formulada por el Estado Parte puede ser contraria a la aplicación de muchas disposiciones de la Convención e inspira preocupación en cuanto a su compatibilidad con el objeto y propósito de la Convención". Amnistía Internacional considera que la reserva es incompatible con el objeto y propósito de la Convención y no debería admitirse en virtud del derecho internacional.

Pakistán

Mutabar Khan fue ejecutado en la Prisión Central de Peshawar el 13 de junio de 2006. Según los informes, tenía 16 años cuando fue detenido en 1996. El 4 de junio, los familiares del hombre a quien al parecer había matado accedieron a perdonarlo a cambio de una indemnización pero luego se retractaron.


CAMBIOS CONSTITUCIONALES

Georgia

El 27 de diciembre de 2006, el presidente Mikhail Saakashvili firmó una enmienda constitucional para la total abolición de la pena de muerte. En Georgia ya se había abolido la pena de muerte en 1997, pero la Constitución aún establecía: "Podrá imponerse la pena de muerte, como medida excepcional de castigo y hasta su total abolición, en aplicación de la ley por la comisión de delitos contra la vida excepcionalmente graves. Sólo el Tribunal Supremo tiene derecho a imponer dicho castigo". Esta reserva se ha suprimido y ha quedado ahora sustituida por la frase: "Queda abolida la pena de muerte".

Kirguistán

El 9 de noviembre, el presidente de Kirguistán, Kurmanbek Bakiyev, firmó una nueva Constitución en la que se han eliminado las disposiciones relativas a la pena de muerte. Ahora queda revisar el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal para suprimir la pena de muerte al igual que en la nueva Constitución y para conmutar las actuales condenas a muerte por penas de prisión.

Moldavia

El 29 de junio, el Parlamento moldavo aprobó por unanimidad eliminar la cláusula 3 del artículo 24 de la Constitución, que disponía la aplicación de la pena capital en circunstancias excepcionales, aboliendo así la pena de muerte en la ley. Esta decisión fue refrendada por el presidente el 10 de julio.

Montenegro

Tras un referéndum celebrado el 21 de mayo, en el que el 55,4 por ciento de los votantes se mostró a favor de la independencia de Serbia, Montenegro se declaró formalmente independiente el 3 de junio. Entró a formar parte de la ONU el 28 de junio y el 23 de octubre ratificó el Segundo Protocolo Facultativo del PIDCP, que prohíbe hacer uso de la pena de muerte.


TRIBUNALES INTERNACIONALES


El Comité Judicial del Consejo Privado de la Corona (JCPC, por sus siglas en inglés)


El Comité Judicial del Consejo Privado, órgano con sede en Londres que constituye la última instancia de apelación para la mayoría de los países de habla inglesa del Caribe, estableció el 8 de marzo que la pena de muerte preceptiva vulnera la Constitución de las Bahamas.


Este fallo histórico, que concede a los jueces la facultad de tener en cuenta las circunstancias atenuantes en cada causa, pone a las Bahamas en sintonía con la evolución de las normas internacionales. El relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias ha manifestado que "la pena de muerte preceptiva, que excluye la posibilidad de una sentencia menos grave, impuesta sin tener en cuenta las circunstancias es incompatible con la prohibición de los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes".


El fallo se pronunció en relación con las apelaciones de Forest Bowe Jr y Trono Davis, que llevan condenados a muerte en la prisión de Foxhill de las Bahamas seis y ocho años, respectivamente, tras haber sido declarados culpables de asesinato.

Corte de Justicia del Caribe (CCJ, por sus siglas en inglés)

La Corte de Justicia del Caribe (CCJ), con sede en Trinidad y Tobago, fue creada en febrero de 2001 en sustitución del Comité Judicial del Consejo Privado de la Corona como tribunal de apelación de última instancia de la región y quedó inaugurado en abril de 2005. Hasta ahora, sólo Barbados y Guyana han ajustado sus Constituciones para sustituir el JCPC por la CCJ.


El 8 de noviembre, la Corte de Justicia pronunció su primer fallo e informó de que la decisión de las autoridades de Barbados de dictar órdenes de ejecución contra dos hombres condenados por asesinato, poco después de haber recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), contravenía el derecho a la protección de la ley.


Lennox Ricardo Boyce y Jeffrey Joseph fueron condenados a muerte en 2001 por un asesinato cometido en abril de 1999. El 15 de septiembre de 2004, pocos días después de haber apelado en contra de sus sentencias ante la CIDH, el Consejo Privado de Barbados dictó órdenes de ejecución contra los dos hombres. Las ejecuciones fueron suspendidas por la Corte de Apelaciones de Barbados.


El gobierno de Barbados apeló esta decisión ante la CCJ, tribunal de apelación de última instancia en el país desde su inauguración en abril de 2005. En el fallo, la CCJ afirmó que "la Corte consideraba que era lícito que las personas condenadas tuviesen expectativas de que el Estado esperaría un tiempo razonable a recibir informes de órganos internacionales".


REVISIONES JUDICIALES

Sudáfrica

El Tribunal Constitucional informó el 30 de noviembre de que el gobierno había cumplido plenamente las órdenes dictadas en el fallo que pronunció en 1995 en la causa S v. Makwanyane, donde se consideró que la aplicación de la pena de muerte era inconstitucional.


En el momento del fallo (1995), se calculaba que entre 300 y 400 personas se encontraban en el pabellón de la muerte en Sudáfrica. En mayo de 2005, el Tribunal Constitucional dictó una orden de supervisión al gobierno para que acabara de sustituir, sin más demora, las últimas 62 condenas a muerte por otras condenas alternativas. Este proceso finalizó en julio de 2006.


Estados Unidos de América

El 26 de abril, la Corte Suprema de Estados Unidos oyó los alegatos en la causa de Clarence Hill, preso condenado a muerte de Florida, en relación con una cuestión de procedimiento, a saber, si un preso condenado a muerte podía recurrir la constitucionalidad de la inyección letal en una demanda de derechos civiles en lugar de como parte del proceso normal de apelación. El 12 de junio la Corte pronunció su fallo unánime sobre la causa Hill v. McDonough, según el cual el preso podría recurrir el protocolo de la inyección letal en una demanda de derechos civiles, pero también señaló que ello "no da derecho al denunciante a una suspensión automática de la ejecución".


Se fijó una nueva fecha para la ejecución y tras la negativa de la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito de suspender la ejecución, la Corte Suprema de Estados Unidos rehusó intervenir por cinco votos contra cuatro. Clarence Hill fue ejecutado mediante inyección letal el 20 de septiembre según lo previsto.


El 26 de junio, la Corte Suprema de Estados Unidos sostuvo, en la causa Sanchez-Llamas v. Oregon, que los ciudadanos extranjeros a quienes no se les hubiera informado acerca de sus derechos en virtud de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares no tienen derecho a que se supriman sus declaraciones a la policía como reparación por la violación de dicho tratado. La Corte también resolvió que los tribunales estatales pueden aplicar barreras procesales para impedir el examen de reclamaciones en virtud de la Convención de Viena que no hubieran sido presentadas por el acusado durante el juicio o en las primeras etapas de una apelación; esta decisión contradice una resolución anterior de la Corte Internacional de Justicia.


El 29 de junio de 2006, la Corte Suprema de Estados Unidos dio a conocer su fallo en la causa Hamdan v. Rumsfeld, circunstancia que bloqueó los planes del gobierno estadounidense de juzgar ante comisiones militares a un número limitado de ciudadanos extranjeros recluidos en la base naval estadounidense de la bahía de Guantánamo. La Corte Suprema llegó a la conclusión de que las comisiones, constituidas en aplicación de la orden ejecutiva en materia militar firmada por el presidente Bush en noviembre de 2001, eran ilegales, ya que no habían sido expresamente autorizadas por el Congreso y violaban el derecho internacional y la legislación militar estadounidense. Entre el 27 y el 28 de septiembre, el Congreso aprobó la Ley de Comisiones Militares de 2006 que, entre otras cosas, permitiría al presidente crear comisiones militares facultadas para condenar a muerte a "combatientes enemigos ilegales extranjeros".


EXTRADICIÓN

Chinaha ratificado un tratado de extradición con España, firmado por el presidente Hu Jintao en Madrid en noviembre de 2005, que incluye "un compromiso sin precedentes de no ejecutar a los delincuentes repatriados", según una noticia de la agencia de noticias Xinhua del 29 de abril. En ella se hace hincapié en el interés chino por recuperar miles de millones de dólares estadounidenses malversados por funcionarios corruptos que huyeron al extranjero para evitar ser procesados. En China algunos delitos económicos, como el fraude y el soborno, son punibles con la muerte, por lo que muchos países extranjeros no se han mostrado dispuestos a extraditar a ciudadanos chinos que podían ser ejecutados en caso de ser devueltos allí.


En un fallo del 5 de mayo, la Corte Suprema de Puerto Ricoestableció que el ciudadano puertorriqueño Juan Martínez Cruz puede ser extraditado a Estados Unidos, al estado de Pensilvania, para ser juzgado por asesinato. Este fallo anula una decisión anterior, del 17 de octubre de 2005, de la Corte de Apelaciones contra la extradición de Juan Martínez Cruz a Pensilvania, estado que pena el asesinato con la muerte, a diferencia de Puerto Rico que abolió la pena capital en 1929.



ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

Unión Europea

El 19 de diciembre, Kirsti Lintonen, embajador de Finlandia ante las Naciones Unidas, pronunció una declaración en nombre de 85 Estados que rezaba lo siguiente: "En los últimos diez años, la Comisión de Derechos Humanos ha aprobado en todos los períodos de sesiones sucesivos una resolución sobre la ‘cuestión de la pena de muerte’, en la que se expresaba su profunda preocupación por el uso continuado de la pena de muerte en todo el mundo y se exhortaba a los Estados que aún la mantenían a abolirla completamente y, entretanto, establecer una suspensión de las ejecuciones".


La declaración también pedía que "los países signatarios de esta declaración se comprometan a trabajar por la abolición de la pena de muerte y, en el caso de países en los que aún existe la pena de muerte, se pida una restricción progresiva de su uso, se insista en que se lleve a cabo de acuerdo con unas normas mínimas (resolución de ECOSOC de 1984) y, entretanto, se pida el establecimiento de una suspensión de las ejecuciones".


Consejo de Derechos Humanos

El 9 de mayo de 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas eligió los 47 Estados miembros que constituyen el nuevo Consejo de Derechos Humanos, creado en sustitución de la Comisión de Derechos Humanos. En la votación participaron los 191 Estados miembros de la ONU, lo que según el secretario general Kofi Annan reflejaba "el compromiso ampliamente compartido de […] comenzar de nuevo el trabajo vital de aplicar los criterios más exigentes en materia de derechos humanos.


El Consejo de Derechos Humanos se constituyó el 15 de marzo de 2006 al aprobar la Asamblea General la Resolución 60/251 por 170 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones. Se reunirá en Ginebra, al menos tres veces al año.


Durante su primer año se pidió al Consejo que emprendiera diversas tareas con vistas a convertirlo en un órgano de derechos humanos eficaz. En particular, llevó a cabo una revisión del sistema de procedimientos especiales (expertos independientes en derechos humanos), su agenda y métodos de trabajo, y la creación de un nuevo procedimiento, el examen periódico universal, que examinará el historial de derechos humanos de todos los Estados miembros de la ONU.


No hubo acontecimientos destacados sobre cuestiones relacionadas con la abolición de la pena de muerte en 2006.


TRATADOS INTERNACIONALES

La comunidad de naciones ha aprobado cuatro tratados internacionales que establecen la abolición de la pena de muerte. Uno de ellos es de ámbito mundial y los otros tres regionales.

El Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muertey el Protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanosrelativo a la Abolición de la Pena de Muerteestablecen la abolición completa de la pena de muerte, pero permiten a los Estados mantenerla en tiempo de guerra si hacen una reserva a tal efecto en el momento de ratificar los Protocolos o adherirse a ellos.

ElProtocolo núm. 6 al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (Convenio Europeo de Derechos Humanos) referente a la abolición de la pena de muerteestablece la abolición de la pena de muerte en tiempo de paz.

El Protocolo núm. 13 al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (Convenio Europeo de Derechos Humanos) referente a la abolición de la pena de muerte en cualquier circunstanciaestablece la abolición de la pena de muerte en cualquier circunstancia, incluso en tiempos de guerra o de peligro inminente de guerra. Todo Estado Parte en el PIDCP, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o el Convenio Europeo de Derechos Humanos puede convertirse también en Estado Parte en sus respectivos protocolos.


El Segundo Protocolo Facultativo del PIDCP fue ratificado por Andorra, Moldavia, Montenegro y Turquía en 2006 lo que eleva el número total de ratificaciones a 60. Otros ocho países han firmado el protocolo, entre ellos Argentina que lo firmó en diciembre de 2006.


Montenegro había formado parte del Estado de Serbia y Montenegro pero tras un referéndum celebrado el 21 de mayo, en el que el 55,4 por ciento de los votantes se mostró a favor de la independencia de Serbia, Montenegro se declaró formalmente independiente el 3 de junio y ratificó el Segundo Protocolo Facultativo el 23 de octubre.



Durante el año 2006 no hubo nuevas ratificaciones del Protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte. Un país, Argentina, lo firmó. Al terminar el año ocho países habían ratificado el Protocolo y otros dos lo habían firmado.

Durante el año 2006 no hubo nuevas firmas ni ratificaciones del Protocolo núm. 6 al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Al terminar el año 45 países habían ratificado el Protocolo y otro lo había firmado.

En 2006 Luxemburgo, Moldavia, Países Bajos y Turquíaratificaron el Protocolo núm. 13 al Convenio Europeo de Derechos Humanos(y la ratificación de Montenegro de 2004 cuando formaba parte de Serbia y Montenegro entró en vigor como Estado independiente en junio), lo que eleva el número total de ratificaciones a 38. Otros seis países han firmado el Protocolo.

(En el sitio web de Amnistía Internacionalhttp://web.amnesty.org/pages/deathpenalty-index-eslhay disponibles listas actualizadas de los Estados Partes y otros países signatarios de tratados internacionales sobre la pena de muerte. Si desean consultar una lista impresa, véase el documento de AI tituladoRatificación de tratados internacionales para abolir la pena de muerte (1 de enero de 2007), Índice AI: ACT 50/003/2007.)



ACTOS INTERNACIONALES

Día Mundial contra la Pena de Muerte

Por cuarta vez desde su institución, el 10 de octubre se celebró el Día Mundial contra la Pena de Muerte. El lema de 2006 fue "La pena de muerte, un fracaso de la justicia".Se escogieron cinco casos para representar este fracaso: un hombre inocente ejecutado en China, una víctima de discriminación en Arabia Saudí, un menor infractor en Irán, un preso con discapacidad mental en Estados Unidos y una mujer privada de un juicio justo y del debido proceso legal en Nigeria.


Se organizaron cientos de actos en 40 países para protestar contra la pena de muerte, y sigue abierta la petición de firmas en línea en http:/ www.worldcoalition.org.

Ciudades por la vida

El quinto acto Ciudades por la vida, iniciado por la Comunidad de Sant’Egidio, una asociación religiosa laica con sede en Roma, se celebró el 30 de noviembre en más de 500 ciudades. Para demostrar su oposición a la pena de muerte, se iluminaron edificios en 34 capitales y 598 ciudades de 51 países, entre ellas Antananarivo (Madagascar), Bishkek (Kirguistán), San Juan (Puerto Rico) y Bukavu (República Democrática del Congo).


ENCUESTAS DE OPINIÓN

La encuesta anual de Gallup sobre "Valores Morales y Creencias" en Estados Unidos, que se viene realizando todos los años desde 1936, se llevó a cabo del 5 al 11 de mayo. Según los resultados del sondeo, el apoyo a la pena de muerte en los casos de condena por asesinato fue de un 65 por ciento, mientras que el 28 por ciento de los estadounidenses estuvo en contra. El porcentaje más alto de apoyo a la pena capital se registró en 1994 (un 80 por ciento), mientras el más bajo se dio en 1966, cuando se limitó a un 42 por ciento.


Según la encuesta, un número considerable de estadounidenses, el 60 por ciento, creen que la pena de muerte se aplica de manera justa en Estados Unidos, y al mismo tiempo el 63 por ciento considera que una persona ha sido ejecutada en aplicación de la pena de muerte en los últimos cinco años que, de hecho, era inocente de los delitos por los que había sido condenada a muerte. Además, el 64 por ciento no considera que la pena de muerte actúe como arma disuasoria a la hora de cometer un asesinato ni que reduzca la tasa de asesinatos.


Desde 1973, han quedado en libertad 123 presos en Estados Unidos luego de aparecer pruebas que demostraban que eran inocentes de los delitos por los que habían sido condenados a muerte y de los sólidos indicios de parcialidad racial en la aplicación de la pena de muerte.(1)



TABLA 1: PAÍSES ABOLICIONISTAS AL CONCLUIR CADA AÑO DEL PERÍODO 1981-2006


Año

Número de países abolicionistas para todos los delitos

Número de países abolicionistas en la ley o en la práctica



1981

27

63




1982

28

63




1983

28

64




1984

28

64




1985

29

64




1986

31

66




1987

35

69




1988

35

80




1989

39

84




1990

46

88




1991

46

83




1992

50

84




1993

53

90




1994

54

96




1995

59

102




1996

60

101




1997

64

103




1998

70

106




1999

73

109







Año

Número de países abolicionistas para todos los delitos

Número de países abolicionistas en la ley o en la práctica




2000

75

109




2001

76

112




2002

78

112




2003

79

118




2004

84

120




2005

86

122




2006

88

128




0



TABLA 2: REGISTRO MUNDIAL DE EJECUCIONES POR AÑO, 1980-2006

(ND = cifras no disponibles)


Año

Número de países que llevan a cabo ejecuciones

Número de ejecuciones registradas

Número de países con más de 100 ejecuciones Porcentaje de ejecuciones registradas en países con más de 100 ejecuciones





1980

29

1229

ND

ND






1981

34

3278

ND

ND






1982

42

1609

ND

ND






1983

39

1399

ND

ND






1984

40

1513

4

78%






1985

44

1125

3

66%






1986

39

743

3

56%






1987

39

769

3

59%






1988

35

1903

3

83%






1989

34

2229

3

85%






1990

26

2029

4

84%






1991

32

2086

2

89%






1992

35

1708

2

82%






1993

32

1831

1

77%






1994

37

2331

3

87%






1995

41

3276

3

85%






1996

39

4272

4

92%






1997

40

2607

3

82%

lvertalt

1998

372258272%





Año

Número de países que llevan a cabo ejecuciones

Número de ejecuciones registradas

Número de países con más de 100 ejecuciones

Porcentaje de ejecuciones registradas en países con más de 100 ejecuciones






1999

31

1813

4

80%






2000

28

1457

2

77%






2001

31

3048

2

86%






2002

31

1526

2

77%






2003

28

1146

2

73%






2004

25

3797

2

94%






2005

22

2148

1

82%






2006

25

1591*

2

75%








*Amnistía Internacional cree que la cifra calculada para China de 1.010 ejecuciones en 2006, que se basa en los informes publicados, representa sólo la punta del iceberg. Fuentes dignas de crédito sugieren que en 2006 fueron ejecutadas entre 7.500 y 8.000 personas. Sin embargo, las estadísticas nacionales sobre condenas a muerte y ejecuciones siguen clasificadas como secreto de Estado, lo que dificulta la labor de vigilancia y análisis.

********



(1) Amnistía Internacional ha documentado frecuentemente la violación de los derechos de personas condenadas a muerte en Estados Unidos. Véase, por ejemplo, USA: An appeal to President George W. Bush to admit that the USA’s 30-year experiment with the death penalty has failed (Índice AI: AMR 51/100/2006), publicado, en inglés, en julio de 2006 (disponible en http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR511002006?open&of=ENG-USA) y muchos otros documentos de Amnistía Internacional sobre Estados Unidos.





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