La pena de muerte en el mundo: noticias del año 2004
Este documento contiene las novedades con respecto a la pena de muerte acontecidas en el año 2004. Cinco países abolieron la pena capital para todos los delitos, lo que a final de año elevó a 84 el número de países totalmente abolicionistas. En Malawi y Zambia se conmutaron decenas de condenas a muerte y en varios países más se observaron suspensiones de las ejecuciones. En su periodo anual de sesiones en Ginebra, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU reiteró su petición en favor de la suspensión de las ejecuciones en todo el mundo; la resolución fue copatrocinada por 76 países, uno más que en el año 2003 y la cifra más elevada desde que se adoptó por primera vez una resolución de este tipo, en 1997. Al menos 3.797 personas fueron ejecutadas en 25 países, y al menos 7.395 fueron condenadas a muerte en 64 países. En China y en Irán se ejecutó a personas por delitos cometidos cuando eran menores de edad.
Otras cuestiones que se abordan en el presente documento son: decisiones judiciales importantes, el uso de la pena de muerte contra personas inocentes, reanudaciones de ejecuciones, y actividades y campañas destinadas a promover la abolición.
Este texto resume el documento titulado La pena de muerte en el mundo: noticias del año 2004 (Índice AI: ACT 50/001/2005), publicado por Amnistía Internacional en abril de 2005. Si desean más información o emprender acciones sobre este asunto, consulten el documento principal. Pueden encontrar una amplia selección de materiales de Amnistía Internacional sobre éste y otros temas en http://www.amnesty.org. Para los documentos traducidos al español consulten: http://web.amnesty.org/news/eslindex.
UE = Unión Europea
Convenio Europeo de Derechos Humanos = Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales
PIDCP = Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
ONU = Naciones Unidas
ABOLICIÓN
Durante el año 2004 el mundo siguió avanzando hacia la abolición universal de la pena de muerte. A final de año, 84 países habían abolido la pena capital para todos los delitos (véase la Tabla 1). Otros 12 países la abolieron para todos los delitos salvo algunas excepciones, como los cometidos en tiempo de guerra. Al menos 24 países eran abolicionistas en la práctica, pues no habían realizado ninguna ejecución en los últimos 10 años o más, y se consideraba que ya estaba consolidada la práctica de no realizar ejecuciones o habían adoptado el compromiso internacional de no realizarlas. Otros 76 países y territorios conservaban la pena de muerte, aunque no se impusieron condenas capitales en todos ellos y en la mayoría no hubo ejecuciones durante el año (véase infra, Condenas a muerte y ejecuciones).
Amnistía Internacional publica actualizaciones periódicas de las listas de países abolicionistas y retencionistas en las páginas dedicadas al tema de la pena de muerte en su sitio web: www.amnesty.org/deathpenalty. Pueden encontrar las listas traducidas al español en las páginas web de la Sección Española de Amnistía Internacional en www.es.amnesty.org/temas/pmuerte/docs.shtm. Y si desean obtener más información sobre el tema de la pena de muerte en español, consulten web.amnesty.org/library/esl-392/index.
Bután
El 20 de marzo, el rey de Bután promulgó un Real Decreto que prohibía la pena de muerte. Esta pena existía en la legislación de Bután desde que se codificó la Thrimzhung Chhenmo (ley suprema) en 1953, aunque el rey tenía la facultad de conmutarla. Según la información facilitada por fuentes oficiales a la ONU en 1972, estaban penados con la muerte los delitos de traición y asesinato con premeditación. Las últimas condenas a la pena capital registradas por Amnistía Internacional fueron impuestas en 1974 a seis personas juzgadas por traición, bajo la acusación de conspiración para asesinar al rey. Este conmutó posteriormente las condenas.
Grecia
En noviembre el Parlamento griego aprobó la ratificación del Protocolo núm. 13 al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, aboliendo así la pena de muerte para todos los delitos. El Protocolo núm. 13 es un tratado internacional que dispone la abolición de la pena capital en todas las circunstancias, sin ninguna excepción (véase infra, Tratados internacionales).
Grecia había abolido la pena de muerte para los delitos comunes en 1993, pero la conservaba, en virtud del Código Penal Militar, para ciertos delitos graves cometidos en tiempo de guerra. La última ejecución se realizó en 1972.
Samoa
El 15 de enero, el Parlamento de Samoa aprobó por abrumadora mayoría la Ley Penal (Abolición de la Pena de Muerte) de 2004. Antes de su adopción, estaban penados con la muerte los delitos de asesinato y traición. Ahora la condena máxima en Samoa es la de cadena perpetua, opción que antes utilizaba el jefe de Estado cuando conmutaba una pena de muerte.
El primer ministro de Samoa declaró al respecto: "La decisión de eliminar la pena de muerte se ha adoptado en beneficio de Samoa y del pueblo de Samoa. Además, Samoa, como buen ciudadano internacional y regional, reconoce la abrumadora opinión internacional y regional que se opone a la pena de muerte." La decisión, manifestó, mostraba "la seriedad" con que Samoa asume "sus obligaciones internacionales y regionales".
Samoa no había llevado a cabo ninguna ejecución desde que obtuvo la independencia, en 1962. La última ejecución fue realizada por las autoridades neozelandesas en la década de 1950.
Senegal
El 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, el Parlamento senegalés aprobó por abrumadora mayoría una ley que abolía la pena de muerte para todos los delitos. Senegal no había realizado ninguna ejecución desde 1967, pero seguía imponiendo la pena capital, la más reciente de ellas en julio de 2004. Es el cuarto Estado del África Occidental que decide abolir la pena de muerte; los otros tres son Cabo Verde, Guinea-Bissau y Costa de Marfil
Turquía
Turquía prohibió la pena de muerte para todos los delitos en virtud de su Constitución en el 2004, y suprimió esta pena de su Código Penal.
El 7 de mayo, el Parlamento turco adoptó la Ley núm. 5170, que eliminaba del artículo 15 de la Constitución el texto que permitía la imposición de la pena capital en tiempo de guerra y añadía al artículo 38 las palabras "No se impondrá […] la pena de muerte."
El 14 de julio el Parlamento adoptó la Ley núm. 5218, que eliminaba la pena capital de todos los artículos del Código Penal y la sustituía por la de cadena perpetua.
El gobierno turco también indicó su intención de suscribir los tratados internacionales abolicionistas mediante la firma del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y del Protocolo núm. 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
En el año 2002 Turquía había abolido la pena de muerte salvo en tiempo de guerra o de amenaza inminente de guerra. Las últimas ejecuciones se realizaron en 1984.
SUSPENSIÓN DE LAS EJECUCIONES
Kirguistán
El presidente Aksar Akayev anunció en enero la prórroga otro año más de la suspensión de las ejecuciones en vigor desde 1998. Se cree que había por lo menos 130 presos condenados a muerte.
Tayikistán
El 8 de julio, la Majlisi Milli (cámara alta del Parlamento) respaldó la ley "sobre la suspensión de la aplicación de la pena de muerte", que el presidente firmó el 15 de julio, fecha de su entrada en vigor. Con arreglo a esta ley, no se impondrían condenas a la pena capital y en los artículos del Código Penal en los que se estipulaba la pena de muerte, ésta sería sustituida por la de 25 años de prisión. En la práctica, la suspensión está en vigor desde el 30 de abril, fecha en que el presidente Imomali Rakhmonov anunció en una sesión conjunta de las dos cámaras del Parlamento tayiko que se introduciría una suspensión en su momento, declarando que "[e]l hombre, sus derechos y su libertad son valores grandes e inviolables, y el derecho a la vida ocupa un lugar especial entre ellos. De hecho, el derecho a la vida es natural, y nadie tiene derecho a privar a ninguna otra persona de este derecho."
El 30 de noviembre, la Majlisi Namoyandagon (cámara baja del Parlamento) votó a favor de un proyecto de ley que revisaba cinco artículos del Código Penal que antes de la entrada en vigor de la suspensión establecían la pena de muerte, sustituyendo ésta por la de cadena perpetua. Los artículos tipificaban, respectivamente, el "asesinato con premeditación y circunstancias agravantes", la "violación con circunstancias agravantes", el "terrorismo", el "genocidio" y el "biocidio". A final de año la ley no había entrado aún en vigor.
Según los informes, cuatro presos –Rachabmurod Chumayev, Umed Idiyev, Akbar Radzshabov y Mukharam Fatkhulloyev– fueron ejecutados poco antes del discurso presidencial en abril. Las fuentes indican que los dos primeros fueron ejecutados a pesar de que el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que intervino en virtud de unas quejas formuladas con arreglo a lo previsto en el primer Protocolo Facultativo al PIDCP, había pedido el aplazamiento hasta que estudiara sus casos.
CONMUTACIONES
Malawi
El presidente Bakili Muluzi conmutó 79 penas de muerte el 9 de abril (Viernes Santo en el calendario cristiano). No se han realizado ejecuciones en Malawi desde 1992.
Zambia
En febrero, el presidente Levy Mwanawasa conmutó la pena de muerte a 44 soldados que habían sido condenados por el papel que desempeñaron en una tentativa de golpe de Estado en 1997, y declaró: "Mientras siga siendo presidente, no llevaré a cabo ninguna orden de ejecución."
En mayo, el presidente Mwanawasa conmutó la pena de muerte a 15 presos condenados por asesinato y robo con circunstancias agravantes. Según el ayudante de prensa del presidente, Jack Kalala, las 15 condenas a muerte fueron sustituidas por penas de entre 20 y 50 años de prisión, cuyo cómputo comenzaría en la fecha en que se les impuso la pena original.
Las leyes de Zambia mantienen la pena capital para los delitos de asesinato, robo con circunstancias agravantes y traición. La última ejecución se realizó en 1997.
INTENTOS DE REINTRODUCCIÓN DERROTADOS
Polonia
El 22 de octubre, después de una serie de asesinatos que habían obtenido una gran repercusión pública, los parlamentarios polacos votaron por un estrecho margen a favor de no reintroducir la pena de muerte. El presidente Aleksander Kwasniewski había amenazado con vetar la propuesta si el Parlamento decidía reintroducir la pena capital, siete años después de su abolición para todos los delitos. Según la prensa, la propuesta del Partido Ley y Justicia, de la oposición, fue rechazada por la cámara baja del Parlamento por 198 votos frente a 194, con 14 abstenciones.
Tras la votación, un portavoz del Ministerio de Justicia declaró que la reintroducción de la pena de muerte habría "puesto en peligro a Polonia en el ámbito internacional".
INICIATIVAS PARA AMPLIAR EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DERROTADAS
Tonga
El 27 de septiembre el Parlamento de Tonga derrotó por 10 votos frente a 7 un proyecto de ley para introducir la pena de muerte por posesión de drogas ilícitas. Un parlamentario afirmó que era un "proyecto de ley absurdo" presentado por el gobierno sin ningún argumento de peso que lo respaldara. Otro alegó que no existía ninguna clasificación de las drogas cuya posesión estaría penada con la muerte.
RESTABLECIMIENTO
Irak
El 8 de agosto, el gobierno provisional de Irak restableció oficialmente la pena de muerte para delitos como el asesinato, el secuestro, la violación y el narcotráfico, pese a la enérgica oposición de la Unión Europea (UE), cuyos funcionarios se manifestaron abiertamente en contra la medida durante una visita a Europa del ministro iraquí de Asuntos Exteriores. Aunque las autoridades justificaron el restablecimiento de la pena capital como una respuesta al deterioro de la situación de la seguridad, había ciertos indicios de que la medida se adoptó con reticencia y de que algunos funcionarios iraquíes se oponían a ella.
El anterior gobierno iraquí había recurrido con frecuencia a la pena de muerte. Tras la invasión de Irak por la coalición encabezada por Estados Unidos, en marzo de 2003, la Autoridad Provisional de la Coalición suspendió su imposición en junio de 2003.
En noviembre Amnistía Internacional recibió informes según los cuales habían sido condenadas a muerte 10 personas por "actividades criminales". Al finalizar el año se desconocía si se habían ejecutado las sentencias.
Sri Lanka
La Oficina del Presidente anunció el 20 de noviembre que "la pena de muerte será efectiva a partir de hoy para la violación, el asesinato y el narcotráfico". La declaración se produjo después del asesinato a tiros de un juez del Tribunal Superior, Sarath Ambepitiya, y de un agente de policía de su escolta, el 19 de noviembre.
En Sri Lanka está en vigor una suspensión de las ejecuciones desde junio de 1976, fecha en que se llevó a cabo la última ejecución. Desde entonces, los sucesivos presidentes han conmutado automáticamente todas las condenas a muerte.
En marzo de 1999, en medio de informes sobre el aumento de la delincuencia, el gobierno anunció que se dejarían de conmutar automáticamente las penas de muerte cuando llegaran ante el presidente, pero la medida no se llegó a implantar debido a la condena generalizada que suscitó. En aquella fecha, Amnistía Internacional sugirió el nombramiento de una comisión para que estudiara el aparente aumento de la delincuencia en el país y recomendase medidas efectivas que pudieran adoptarse sin recurrir a la pena de muerte. En junio de 2001, el entonces ministro de Justicia mostró su interés por encargar dicho estudio. Amnistía Internacional hizo una propuesta similar al primer ministro y al ministro del Interior en marzo de 2003, pero no recibió respuesta alguna.
CONDENAS A MUERTE Y EJECUCIONES
Según Amnistía Internacional, en el 2004 fueron ejecutadas al menos 3.797 personas en 25 países, y al menos 7.395 personas fueron condenadas a muerte en 64 países. Las cifras reales fueron sin duda más elevadas.
Como en años anteriores, la inmensa mayoría de las ejecuciones del mundo se realizaron en un número muy reducido de países. En el 2004, el 97 por ciento de todas las ejecuciones conocidas se llevaron a cabo en China, Irán, Vietnam y Estados Unidos.
Basándose en los informes públicos disponibles, Amnistía Internacional calculaba que en China fueron ejecutadas al menos 3.400 personas en el 2004, aunque consideraba que la cifra real era muy superior. Irán ejecutó al menos a 159 personas, y Vietnam al menos a 64. En Estados Unidos hubo 59 ejecuciones, frente a las 65 del 2003 (véase Amnistía Internacional, Condenas a muerte y ejecuciones en el año 2004, abril de 2005, Índice AI: ACT 50/005/2005. Véase infra, Tabla 2, para comparaciones históricas).
REANUDACIÓN DE LAS EJECUCIONES
Afganistán
Abdullah Shah, comandante militar de Paghman, fue ejecutado en la capital afgana, Kabul, en torno al 19 de abril. Había sido declarado culpable de asesinato en octubre de 2002, en unas actuaciones especiales en las que se incumplieron las normas internacionales sobre juicios justos. Abdullah Shah no contó con un abogado defensor en el juicio, la vista se celebró a puerta cerrada y el magistrado presidente del primer juicio fue destituido por aceptar sobornos. Fue la primera ejecución realizada desde el establecimiento del gobierno provisional, a finales de 2001.
Amnistía Internacional instó al presidente afgano Hamid Karzai a que declarase una suspensión formal de las ejecuciones, de conformidad con las garantías que su oficina había ofrecido a la organización en el 2003 de que no aprobaría ninguna ejecución judicial hasta que se reformase el sistema de justicia penal. Tras una declaración pública de Amnistía Internacional en abril en la que condenaba la ejecución de Abdullah Shah, el portavoz jefe de la Presidencia declaró públicamente que se suspenderían las ejecuciones.
India
En agosto se llevó a cabo, con un amplio apoyo popular, la primera ejecución conocida desde finales de la década de 1990. Dhananjoy Chatterjee, que llevaba 13 años condenado a muerte por la violación y el asesinato de una adolescente, fue ahorcado en Bengala Occidental. El presidente de la India y el gobernador de Bengala Occidental rechazaron todas las peticiones de indulto a pesar de que Amnistía Internacional y los activistas locales de derechos humanos alegaron que, según los informes, las pruebas contra Dhananjoy Chatterjee eran circunstanciales y que éste ya llevaba mucho tiempo en prisión. En otros casos de este país se ha conmutado la pena de muerte por la de cadena perpetua basándose en la prolongada reclusión del afectado.
Indonesia
Tres personas fueron ejecutadas por introducir heroína de forma clandestina en el país. Ayodhya Prasad Chaubey, nacional indio, fue ejecutado el 5 de agosto, y Saelow Prasert y Namsong Sirilak, nacionales tailandeses, el 1 de octubre. Fueron las primeras ejecuciones realizadas en Indonesia en más de tres años. Se denegaron las peticiones de indulto presidencial formuladas por otras ocho personas, condenadas a muerte por delitos relacionados con la droga, y a final de año se creía que podían ser ejecutadas de forma inminente.
Estados Unidos de América: Maryland
El 17 de junio fue ejecutado Steven Oken por un asesinato cometido en 1987. Fue la primera ejecución realizada en el estado desde 1998 y también la primera desde que el entonces gobernador, Parris Glendening, anunció una suspensión de las ejecuciones en mayo de 2002. El gobernador Glendening dictó la suspensión a la espera del resultado de un estudio que había encargado sobre la imparcialidad de la aplicación de la pena de muerte en el estado.
Al tomar posesión de su cargo en enero de 2003, el nuevo gobernador, Robert Ehrlich, levantó la suspensión, declarando que revisaría las órdenes de ejecución caso por caso. El gobernador Ehrlich denegó el indulto para Steven Oken.
INOCENCIA Y PENA DE MUERTE
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Durante el año 2004 se sumaron seis nombres a la lista de presos condenados a muerte en Estados Unidos y excarcelados posteriormente, al comprobarse su inocencia, lo que eleva el número de estos casos a 118 desde 1973.
· Alan Gell fue condenado a muerte en Carolina del Norte en 1998 y permaneció condenado cuatro años hasta que un juez ordenó que se celebrase un nuevo juicio alegando que los fiscales habían ocultado pruebas exculpatorias. En el segundo juicio, celebrado en febrero de 2004, Gell fue absuelto de todos los cargos. · Gordon Steidl fue condenado a muerte en Illinois en 1987. La condena fue anulada en 1999 por representación procesal inadecuada en el juicio y Gordon fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En el 2003, un juez federal anuló el fallo condenatorio, afirmando que si se hubieran presentado todas las pruebas en el primer juicio, habría habido una probabilidad razonable de que hubiera sido absuelto. Tras una nueva investigación del caso, las autoridades decidieron no celebrar un nuevo juicio, y Gordon fue puesto en libertad en mayo de 2004. · Laurence Adams fue condenado a muerte en Massachussets en 1974. La Corte Suprema del estado declaró inconstitucional la ley parlamentaria sobre la pena capital del estado y redujo la pena a la de cadena perpetua. En mayo de 2004, un juez federal anuló el fallo condenatorio alegando que la policía había ocultado pruebas. Al mes siguiente se retiraron los cargos contra Laurence Adams, que quedó en libertad. · Dan Bright fue condenado a muerte en Luisiana en 1996. En el año 2000, la Corte Suprema del estado declaró que no había pruebas suficientes que justificaran el fallo condenatorio de asesinato en primer grado y lo redujo a asesinato en segundo grado, condenando a Bright a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En mayo de 2004, la Corte anuló el fallo condenatorio contra Bright alegando que el estado había ocultado información que ponía en duda la credibilidad de su testigo principal. Posteriormente se retiraron los cargos y Bright salió en libertad. · Ryan Matthews fue condenado a muerte en Luisiana en 1999 por un delito cometido cuando tenía 17 años. Las pruebas contra él eran discutibles y la actuación de su abogado, deficiente. En abril de 2004, cuando las pruebas de ADN excluyeron a Matthews, un juez ordenó la celebración de un nuevo juicio. En agosto de 2004 los fiscales retiraron todos los cargos contra él. · Ernest Ray Willis fue declarado culpable de dos muertes causadas en un incendio provocado y condenado a muerte en Texas en 1987. En el 2004, un juez federal anuló el fallo condenatorio alegando que el estado había eliminado pruebas favorables a Willis y que su representación procesal había sido inadecuada. El fiscal del condado encargó a un especialista en incendios provocados que analizase las pruebas originales, y el perito concluyó que no había pruebas de incendio provocado. Posteriormente se retiraron todos los cargos contra Ernest Willis, que quedó en libertad en octubre.
FALLOS CONDENATORIOS BASADOS EN PRUEBAS CUESTIONABLES
Estados Unidos de América: Texas
En Texas se realizaron 23 de las 59 ejecuciones que se llevaron a cabo en Estados Unidos en el 2004. Durante el año fueron ejecutadas ocho personas juzgadas en la jurisdicción del condado de Harris, pese a la preocupación que suscitaba la fiabilidad de las pruebas forenses procesadas en el laboratorio criminalístico del Departamento de Policía de Houston, donde se habían descubierto problemas graves en el 2003. En octubre de 2004, un juez de la Corte de Apelaciones en lo Penal de Texas declaró que debería haber "una suspensión de todas las ejecuciones en los casos en que los fallos condenatorios se basaron en pruebas del laboratorio criminalístico del Departamento de Policía de Houston hasta que se haya verificado la fiabilidad de las pruebas". Fue el único juez que se pronunció en sentido contrario cuando la Corte denegó la solicitud del condenado a muerte Dominique Green de que se aplazase la ejecución debido a la preocupación que suscitaba la fiabilidad del trabajo de balística de dicho departamento en su caso, y al descubrimiento de 280 cajas de pruebas mal etiquetadas que podrían afectar a miles de casos penales. Dominique Green fue ejecutado el 26 de octubre (véase también Amnistía Internacional, Estados Unidos de América: Muerte por error. El caso de Nanon Williams, condenado a muerte mediante pruebas dudosas por un delito cometido cuando era menor de edad, enero de 2004, Índice AI: AMR 51/002/2004).
INICIATIVAS PARA REFORZAR LA REVISIÓN JUDICIAL
China
Huang Songyou, vicepresidente del Tribunal Popular Supremo de China, declaró en octubre que China restablecerá la responsabilidad de dicho tribunal de aprobar todas las condenas a muerte impuestas en el país. En la conferencia anual de la Sociedad Jurídica de China, Huang Songyou manifestó que esta reforma se había incluido en el plan legislativo de la X Asamblea Nacional Popular, que continúa hasta marzo de 2008.
Según la Ley de Procedimiento Criminal china, el Tribunal Popular Supremo debe revisar todos los casos en los que se impone la pena capital. Sin embargo, desde 1980 el tribunal viene delegando progresivamente esta facultad en tribunales inferiores, que en la actualidad revisan y aprueban alrededor del 90 por ciento de las condenas a muerte. En virtud de las enmiendas propuestas, el Tribunal Popular Supremo deberá realizar una revisión obligatoria de todas las condenas a muerte. La reforma podría suponer la reducción de hasta un tercio del número de ejecuciones, según un destacado académico chino, así como una mayor coherencia en las pautas de imposición de condenas.
USO DE LA PENA DE MUERTE CONTRA PERSONAS MENORES DE EDAD EN EL MOMENTO DE COMETER EL DELITO
El uso de la pena de muerte contra personas menores de edad en el momento de cometer el delito está prohibido por los tratados internacionales, entre ellos la Convención sobre los Derechos del Niño y el PIDCP. Amnistía Internacional lanzó en enero una campaña encaminada a poner fin a este uso de la pena capital en todo el mundo.
Gao Pan, agricultor del pueblo de Liguo, en el condado de Gaoyang, provincia de Hebei, fue ejecutado el 8 de marzo por un delito cometido el 9 de agosto de 2001, antes de cumplir 18 años, pese a los esfuerzos de su familia y su abogado para que los tribunales verificaran su edad. Varios especialistas chinos de prestigio formularon observaciones negativas sobre el caso (para más detalles, véase Amnistía Internacional, ¡No a la ejecución de menores! Eliminar la pena de muerte para menores, septiembre de 2004, Índice AI: ACT 50/015/2004).
Irán
Durante el año fueron ejecutadas tres personas que tenían menos de 18 años en el momento de cometer el delito y otras fueron condenadas a muerte. Según los informes, Mohammad Zadeh y un joven conocido como Salman fueron ejecutados el 25 de enero y el 12 de mayo, respectivamente. Ambos tenían 17 años cuando cometieron los delitos. Los informes indican también que el 15 de agosto, la joven de 16 años Atefeh Rajabi fue ahorcada en público en Neka, en la provincia septentrional iraní de Mazandaran, por "actos incompatibles con la castidad". Las fuentes señalan que el hombre que fue juzgado con ella, cuyo nombre se desconoce, fue condenado a 100 latigazos y puesto en libertad una vez ejecutada la pena.
Según los informes, en noviembre fue condenado a muerte por asesinato un joven de 16 años al que el diario de Teherán Sharq sólo identificó por su nombre de pila, Vahid. Ese mismo mes, otro diario de Teherán, Hamshahri, había informado de que iban a ser ejecutados otros ocho jóvenes, las condenas de cinco de los cuales habían sido ya confirmadas por el Tribunal Supremo. La información decía que tres de estos jóvenes habían cometido los actos por los que fueron condenados a muerte cuando tenían 15 y 16 años.
Los informes indican que durante el año se estudió un proyecto de ley para elevar a 18 años la edad mínima para la imposición de la pena de muerte.
Pakistán
La decisión del 6 de diciembre del Tribunal Superior de Lahore de anular la Ordenanza del Sistema de Justicia de Menores, promulgada en el año 2000, abrió la puerta a la posibilidad de condenar de nuevo a muerte a los menores en Pakistán. La decisión de anular la ordenanza, que, según los informes, el Tribunal Superior de Lahore declaró "poco razonable, inconstitucional e inviable", suprimirá los tribunales de menores, y éstos volverán a ser juzgados en virtud del mismo procedimiento que se aplica a los adultos. Los fallos condenatorios contra menores dictados durante el periodo en que permaneció en vigor la ordenanza, entre el 2000 y diciembre de 2004, no se verán afectados por esta sentencia, pero los casos que están tramitándose en los tribunales de menores serán trasladados a los tribunales ordinarios.
(Actualización: El gobierno federal y una organización no gubernamental que trabaja a favor de los derechos del niño han recurrido contra la sentencia del Tribunal Superior de Lahore. A principios de 2004, estos recursos estaban tramitándose en el Tribunal Supremo, que el 11 de febrero de 2005 suspendió la aplicación de la sentencia del Tribunal Superior de Lahore hasta que adopte una decisión.)
Estados Unidos de América
En enero la Corte Suprema de Estados Unidos acordó admitir a trámite una apelación del estado de Misuri en el caso de Christopher Simmons, que tenía 17 años cuando se cometió el delito. La Corte Suprema de Misuri había anulado en el 2003 la condena a muerte que le fue impuesta, alegando que desde 1989, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos decidió que la Constitución permitía la ejecución de personas de 16 y 17 años, se había desarrollado un consenso nacional contra la ejecución de menores. En todo el país se suspendieron ejecuciones de menores en espera de que la Corte Suprema de Estados Unidos estudiara el caso Roper v. Simmons.
En mayo, Craig Benson, gobernador de Nuevo Hampshire, vetó un proyecto de ley aprobado por las dos cámaras legislativas del estado para elevar a 18 años la edad mínima a la que una persona podía ser condenada a muerte en dicho estado. Con anterioridad, Mike Rounds, gobernador de Dakota del Sur, y Dave Freudenthal, gobernador de Wyoming, habían estampado su firma en leyes similares tras su aprobación por las dos cámaras de las respectivas legislaturas estatales. Como consecuencia, al concluir el año, 19 de los 32 estados de Estados Unidos cuyas leyes prevén la pena capital excluían su uso contra personas menores de 18 años en el momento en que se cometió el delito.
En julio, Amnistía Internacional y otras personalidades e instituciones 16 galardonadas con el Premio Nobel de la Paz iniciaron un procedimiento de amicus curiae (amigo de la corte) ante la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Roper v. Simmons solicitando que declarase inconstitucional la imposición de la pena de muerte a menores. Citando la evolución del derecho y la práctica internacionales, en su escrito recomendaban que la Corte tuviera en cuenta "la opinión de la comunidad internacional, que rechaza la pena de muerte para los menores en todo el mundo".
En octubre se escucharon los alegatos verbales del caso y se prevé que la Corte anuncie su decisión a principios de 2005.
(Actualización: El 1 de marzo de 2005, la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió que el uso de la pena de muerte contra menores era contrario a la prohibición contenida en la Constitución estadounidense de "castigos crueles e inusuales".)
USO DE LA PENA DE MUERTE CONTRA MUJERES EMBARAZADAS
Ante la posibilidad de que fuera condenada a muerte por delitos relacionados con las drogas, Ma Weihua fue obligada a abortar bajo custodia policial en febrero, tras ser detenida en enero por posesión de 1,6 kg. de heroína. El Código Penal chino prohíbe la ejecución de mujeres embarazadas, pero las informaciones publicadas por la prensa indicaban que se puso fin a su embarazo para que pudiera ser condenada a muerte "legalmente" si era declarada culpable. Su juicio en agosto se suspendió cuando su abogado reveló al tribunal el aborto forzado.
Según los informes, Ma deseaba continuar con el embarazo, pero el formulario de consentimiento en el que se autorizaba la operación decía: "Dado que la paciente no colaboraba, el director de la subcomisaría de Chengguan solicitó su aplicación forzosa". Se inició una "investigación" sobre el asunto, pero a final de año no se conocían detalles de sus progresos ni conclusiones. El juicio se reanudó en noviembre, y Ma Weihua fue condenada finalmente a cadena perpetua.
USO DE LA PENA DE MUERTE CONTRA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL
Durante el año fueron ejecutadas al menos dos personas con amplios antecedentes de enfermedad mental.
Charles Singleton, ejecutado en Arkansas el 6 de enero, llevaba casi un cuarto de siglo en el "corredor de la muerte" y desde principios de la década de 1990 recibía tratamiento regular con fármacos antipsicóticos. En febrero de 2003, la Corte de Apelaciones del Octavo Circuito resolvió por seis votos frente a cinco que las autoridades de Arkansas podían medicar por la fuerza a Charles Singleton incluso si ello lo hacía apto para ser ejecutado.
Kelsey Patterson fue ejecutado en Texas el 18 de mayo, después de que el gobernador Rick Perry denegó la recomendación de indulto de la Junta de Indultos y Libertad Condicional del estado. Patterson sufría desde hacía tiempo una esquizofrenia paranoide. Como muestra de sus delirios, tras conocer la fecha de su ejecución, escribió cartas llenas de divagaciones a diversas autoridades en las que se refería a un aplazamiento permanente de la ejecución que, según decía, había recibido por su inocencia.
MÉTODOS DE EJECUCIÓN: LA INYECCIÓN LETAL
En varios estados de Estados Unidos, abogados de reclusos condenados a muerte que iban a ser ejecutados cuestionaron la legalidad del procedimiento de inyección letal del estado. Los recursos se referían principalmente a una de las sustancias químicas que se emplea en las inyecciones letales que, alegaban, podía ocultar el sufrimiento del preso .
La referida sustancia, el bromuro de pancuronio, es un paralizante muscular que impide el funcionamiento de los pulmones. Si el anestésico empleado en la ejecución no provoca la inconsciencia total, el preso no podría moverse y sería consciente de su muerte inminente por asfixia o parada cardiaca inducida. Los tribunales han desestimado hasta el momento las apelaciones basadas en esta posibilidad.
EL SECRETO QUE RODEA LA APLICACIÓN DE LA PENA DE MUERTE
Vietnam
En una decisión firmada por el primer ministro el 5 de enero, el gobierno vietnamita declaró "secreto de Estado" la información y la divulgación de estadísticas sobre el uso de la pena de muerte. Amnistía Internacional manifestó que la decisión era contraria a las normas internacionales de derechos humanos y a los derechos fundamentales relativos a la libertad de información y del acceso a la información.
Según fuentes oficiales vietnamitas observadas por Amnistía Internacional, en el 2004 fueron condenadas a muerte al menos 88 personas, 12 mujeres entre ellas, y al menos 64 fueron ejecutadas. Se cree que las cifras reales son muy superiores. Pese a los informes de que las autoridades estaban estudiando la posibilidad de abolir la pena de muerte para delitos económicos, se recibió información sobre dos ejecuciones por fraude.
FALLOS JUDICIALES
Bielorrusia
El 11de marzo, el Tribunal Constitucional de Bielorrusia concluyó su evaluación sobre la conformidad de las disposiciones sobre la pena de muerte contenidas en el Código Penal bielorruso con la Constitución del país y las normas internacionales. El Tribunal declaró que varios artículos del Código eran incompatibles con la Constitución. La sentencia permitía la abolición de la pena de muerte por el jefe del Estado y el Parlamento o, como primer paso, la introducción de una suspensión de las ejecuciones, de existir voluntad política para ello.
En noviembre de 2003, el Parlamento bielorruso había remitido al Tribunal Constitucional la solicitud formal de evaluación, iniciada por el parlamentario Andrei Nareiko, que alegó que los artículos del Código Penal que establecían la pena de muerte parecían estar en conflicto con el artículo 24 de la Constitución, que garantiza el derecho a la vida y exige al Estado que proteja la vida humana frente a lesiones ilegales. Narenko basó su petición en decisiones anteriores de los Tribunales Constitucionales de Hungría y Lituania, que habían declarado que la pena capital era contraria a las Constituciones de dichos países.
Estados Unidos: Nueva York
El 24 de junio la Corte de Apelación del estado de Nueva York, máximo órgano jurisdiccional del estado, resolvió en el caso de Stephen LaValle que las instrucciones que se imparten al jurado en la ley sobre pena de muerte del estado eran contrarias a la Constitución del estado. El tribunal anuló la condena a muerte impuesta a Stephen LaValle por un defecto constitucional en la ley parlamentaria vigente que sólo podía repararse con la promulgación de una nueva ley por la legislatura del estado .
Al concluir el año la legislatura del estado no había tomado ninguna medida para volver a redactar la ley. No se ha llevado a cabo ninguna ejecución en Nueva York desde que se reintrodujo la pena de muerte en el estado en 1995. Según los informes, desde ese año los juicios que conllevan la pena capital han costado al contribuyente 175 millones de dólares.
TRIBUNALES INTERNACIONALES
Corte Internacional de Justicia
El 31 de marzo, la Corte Internacional de Justicia, creada con arreglo a la Carta de la ONU para resolver disputas entre Estados, dictó sentencia sobre un caso presentado por México en nombre de sus nacionales detenidos y condenados a muerte en Estados Unidos, a quienes se habían denegado sus derechos consulares. La Corte declaró que Estados Unidos había incumplido su obligación internacional, contraída en virtud de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, de proporcionar acceso consular y que debía realizar una revisión judicial efectiva y volver a considerar los efectos de dicho incumplimiento en los casos de nacionales extranjeros afectados.
En su sentencia, la Corte señaló con "gran preocupación" que se había fijado la fecha de ejecución de Osvaldo Torres, uno de los ciudadanos mexicanos citados en la demanda. El gobernador de Oklahoma conmutó posteriormente la condena a muerte de Torres, tras un llamamiento del presidente de México y una recomendación de conmutación de la junta de indultos del estado (véase Amnistía Internacional, Estados Unidos de América: La prevista ejecución de Osvaldo Torres, ciudadano mexicano al que se han negado sus derechos consulares, abril de 2004, Índice AI: AMR 51/057/2004).
El 10 de diciembre, la Corte Suprema de Estados Unidos acordó tramitar la apelación de José Medellín, ciudadano mexicano condenado a muerte en Texas, para determinar el efecto que debían dar los tribunales estadounidenses a la sentencia de la Corte Internacional de Justicia. El caso se estudiará en 2005.
(Actualización: En un memorando dirigido al fiscal general de Estados Unidos con fecha 28 de febrero de 2005, el presidente George W. Bush afirmó que Estados Unidos cumpliría la decisión de la Corte Internacional de Justicia haciendo que los tribunales estatales revisaran y reconsideraran el efecto de las violaciones de la Convención de Viena en los casos de 51 ciudadanos mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos afectados por la sentencia. Sin embargo, Estados Unidos anunció posteriormente su retirada del Protocolo Facultativo de la Convención de Viena relativo a la resolución obligatoria de disputas, el instrumento jurídico internacional que faculta a la Corte Internacional de Justicia para interpretar y aplicar los términos del tratado.)
ESTUDIOS OFICIALES SOBRE LA PENA DE MUERTE
Nigeria
El Grupo Nacional de Estudio sobre la Pena de Muerte, creado por el presidente Olusegun Obasanjo en noviembre de 2003, hizo público su informe en octubre, recomendando la imposición de una suspensión de todas las ejecuciones hasta que el sistema de justicia nigeriano pudiera garantizar juicios justos y el debido proceso. A final de año el gobierno federal no había decretado la suspensión.
ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES
Comisión de Derechos Humanos de la ONU
La Comisión de Derechos Humanos de la ONU adoptó de nuevo una resolución en la que pedía la suspensión de las ejecuciones en todo el mundo. La Resolución 2004/67 sobre la "Cuestión de la pena capital" fue adoptada el 21 de abril, en el periodo de sesiones anual de la Comisión celebrado en Ginebra. Fue la octava resolución de este tipo adoptada desde 1997.
Al igual que en años anteriores, la resolución exhortaba a todos los Estados que mantenían aún la pena de muerte a "abolir completamente la pena de muerte y, entretanto, establecer una moratoria de las ejecuciones". También instaba a dichos Estados a no imponerla por delitos cometidos por personas menores de 18 años, a no imponer "la pena capital ni ejecutar a ninguna persona que sufra de algún tipo de trastorno mental", y a observar otras salvaguardias y restricciones acordadas por la ONU sobre la pena de muerte.
La Resolución 2004/67, respaldada por la Unión Europea, fue copatrocinada por 76 países, uno más que en 2003, y el número más elevado hasta el momento. Irak, Kiribati, Samoa y las Islas Salomón copatrocinaron la resolución por primera vez.
La resolución fue aprobada por 29 votos a favor y 19 en contra, con cinco abstenciones, lo que mejoró el margen obtenido en 2003, cuando hubo 24 países a favor, 18 en contra y 10 abstenciones. Bután y Gabón votaron a favor de la resolución por primera vez. Corea del Sur, que había votado en contra en el 2003, se abstuvo.
Como en años anteriores, un grupo de países presentó una declaración en la que se desvinculaban de la resolución, que fue firmada por 64 países, uno más que en el 2003 y el número más elevado hasta el momento.
ACCIONES LLEVADAS A CABO POR PROFESIONALES
Médicos
En septiembre, 20 prestigiosos expertos médicos de ocho países especializados en psicología, psiquiatría y desarrollo social de niños y adolescentes enviaron una carta abierta a los jefes de gobierno de China, Pakistán, la República Democrática del Congo, Filipinas, Irán, Sudán y Estados Unidos, instándoles a que dejen de usar la pena de muerte contra menores. "Aunque en general los adolescentes conocen la diferencia entre el bien y el mal, pueden sufrir una disminución de la capacidad para razonar con lógica, controlar sus impulsos, pensar en las consecuencias futuras de sus actos y resistirse a las influencias negativas y a la persuasión de otros", decía la carta. "Deben ser castigados por los actos delictivos que cometan, pero las sanciones que se pueden imponer a delincuentes adolescentes mentalmente aptos no deben ser las mismas que las que se aplican a adultos declarados culpables de los mismos delitos." Amnistía Internacional anunció el envío de la carta dentro de la campaña de la organización contra las ejecuciones de menores (véase supra, Uso de la pena de muerte contra personas menores de edad en el momento de cometer el delito).
Abogados
En octubre Amnistía Internacional hizo pública una declaración firmada por 798 abogados que pedían al gobierno de Estados Unidos que garantizara que dicho país cumple su obligación internacional de no ejecutar a menores y solicitaban a los órganos legislativos de los estados cuyas leyes permitían aún la ejecución de menores que elevaran la edad mínima a 18 años. La declaración reconocía que "la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostiene que la prohibición de ejecutar a menores es una norma del derecho internacional consuetudinario y una norma de jus cogens" y concluía que "el uso de la pena de muerte contra menores en cualquier circunstancia viola el derecho internacional".
TRATADOS INTERNACIONALES
La comunidad de naciones ha aprobado cuatro tratados internacionales que establecen la abolición de la pena de muerte. Uno de ellos es de ámbito mundial, mientras que los otros tres son regionales.
El Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, relativo a la abolición de la pena de muerte, y el Protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte establecen la abolición total de la pena de muerte, pero permiten a los Estados Partes mantenerla en tiempos de guerra si hacen una reserva a tal efecto en el momento de ratificar dichos protocolos o adherirse a ellos. El Protocolo número 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (Convenio Europeo de Derechos Humanos) referente a la abolición de la pena de muerte establece la abolición de la pena de muerte en tiempos de paz. Mientras que el Protocolo número 13 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (Convenio Europeo de Derechos Humanos) referente a la abolición de la pena de muerte en cualquier circunstancia establece la abolición de la pena de muerte en todas las circunstancias, incluso en tiempos de guerra o de peligro inminente de guerra. Cualquier Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o el Convenio Europeo de Derechos Humanos puede convertirse en Estado parte de los respectivos protocolos.
Estonia, la República Checa y San Marino ratificaron el Segundo Protocolo Facultativo del PIDCP en el 2004. Turquía firmó el protocolo, indicando la intención del gobierno de ratificarlo más adelante. Al concluir el año 54 países eran Estados Partes del Protocolo y otros ocho lo habían firmado.
Durante el año 2004 no hubo nuevas firmas ni ratificaciones del Protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte. A finales de año ocho países habían ratificado el protocolo y otro lo había firmado.
Serbia y Montenegro ratificó el Protocolo núm. 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos en el 2004. Mónaco firmó el Protocolo. Al concluir el año 44 países lo habían ratificado y otros dos lo había firmado.
Alemania, Austria, Estonia, Finlandia, Islandia, Lituania, Macedonia, la República Checa y Serbia y Montenegro ratificaron el Protocolo núm. 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos en el 2004. Mónaco y Turquía lo firmaron. A final del año 29 países habían ratificado el Protocolo y otros 14 lo habían firmado.
(En el sitio web de AI www.amnesty.org/deathpenalty hay disponibles listas actualizadas de los Estados Partes y otros firmantes de tratados internacionales sobre la pena de muerte. Si quieren consultar una lista impresa, véase el documento de AI titulado Ratifications of international treaties to abolish the death penalty (1 January 2005), Índice AI: ACT 50/003/2005.)
ACTOS
Congreso Mundial contra la Pena de Muerte
Abolicionistas de todo el mundo se reunieron en Montreal del 6 al 8 de octubre, en el Segundo Congreso Mundial contra la Pena de Muerte, organizado por las organizaciones abolicionistas Ensemble contre la peine de mort (Juntos Contra la Pena de Muerte) y Reforma Penal Internacional en colaboración con Amnistía Internacional-Canadá y otros grupos canadienses. El Primer Congreso Mundial contra la Pena de Muerte se celebró en Estrasburgo en 2001.
En el Congreso se escucharon elocuentes testimonios de familiares de víctimas de asesinato y de ex condenados a muerte. También hubo declaraciones de funcionarios de la ONU, representantes de gobiernos, miembros de diversas profesiones y personalidades.
En su declaración final el Congreso reafirmaba que las ejecuciones no abordan el dolor y el sufrimiento de las víctimas del delito. El Congreso se congratuló por el hecho de que "cada vez son más numerosas las familias de víctimas que trabajan en contra de la pena de muerte" y pidió a todos los países que "desarrollen mecanismos adecuados para abordar sus necesidades".
Día Mundial contra la Pena de Muerte
El Día Mundial contra la Pena de Muerte, que organiza todos los años la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, se celebró el 10 de octubre con actos en más de 20 países, como Burundi, Camerún, Filipinas, Japón, Líbano, Malaisia, Marruecos y Ruanda. Entre los actos hubo proyecciones de películas, ceremonias religiosas, conferencias de prensa, debates públicos y la recogida de cientos de firmas en peticiones que solicitaban que se pusiera fin al uso de la pena de muerte contra menores en Filipinas y Estados Unidos.
Ciudades por la vida
Ciudades por la vida, acto organizado por la asociación italiana Comunidad de Sant'Egidio, se celebró el 30 de noviembre con la iluminación de edificios públicos en más de 250 ciudades y pueblos de todo el mundo. Entre las ciudades que participaban por primera vez en el 2004 estaban Ciudad de México y Atlanta.
TABLA 1: PAÍSES ABOLICIONISTAS AL CONCLUIR CADA AÑO DEL PERIODO 1981-2004
TABLA 2: REGISTRO MUNDIAL DE EJECUCIONES POR AÑO, 1980-2004
Amnistía Internacional cree que la cifra calculada para China sigue representando sólo la punta del iceberg. En marzo de 2004, un delegado del Congreso Popular Nacional declaró que en China se ejecutaba a "casi 10.000" personas al año.
******** Amnistía Internacional, Secretariado Internacional, 1 Easton Street, WC1X 0DW, Londres, Reino Unido. Traducción: Editorial de Amnistía Internacional, EDAI.
El estado de los derechos humanos en el mundo
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