Documento - Crónica del comercio del terror

Los líderes del G-8 al terminar la cumbre de Génova, 22 de julio de 2001. De izquierda a derecha: el primer ministro japonés, Junichiro Koizumi; el primer ministro del Reino Unido, Tony Blair; el presidente de Estados Unidos, George W. Bush; el presidente francés, Jacques Chirac; el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi; el presidente ruso, Vladimir Putin; el primer ministro canadiense, Jean Chrétien; y el canciller alemán, Gerhard Schröder.

8 Reuters, 2001

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Un soldado indonesio patrulla sobre un camión en Banda, en la provincia de Aceh, septiembre de 2001. Según informes, más de 1.500 personas, civiles en su mayoría, murieron en el 2001 en Aceh, cuya militarización supera los 40.000 policías y soldados.

8 Reuters/Beawiharta

Según informes, a principios de los ochenta, el próspero comerciante saudí Osama bin Laden pasó varios años peleando junto a grupos muyahidín en Afganistán contra fuerzas soviéticas y creando campamentos de instrucción militar para reclutas extranjeros, árabes sobre todo. A finales de los ochenta, un agente de Al Qaeda destinado en Estados Unidos envió a Afganistán 25 fusiles estadounidenses para francotiradores con capacidad para derribar helicópteros, traspasar blindajes o destruir tanques de combustible desde larga distancia.

En junio de 2001, informadores locales afirmaron que los seguidores de Osama bin Laden habían comprado misiles y armas pequeñas fabricados en Estados Unidos y otros países a proveedores de Peshawar, y que introducían continuamente nuevos reclutas y suministros en un campamento al suroeste de Kandahar. Los medios de comunicación internacionales se han ocupado de informar sobre la procedencia de los fondos y el transporte empleados para realizar estas entregas de armas. Se ha dicho que los fondos de Al Qaeda procedían de negocios de Osama bin Laden con base en Sudán, así como de donaciones árabes y paquistaníes y de la venta ilegal en Bélgica de diamantes extraídos por los grupos de oposición de Sierra Leona, cuyo tráfico a través de Liberia desde 1998 ha sido confirmado por testigos. En febrero de 2002, un comerciante de diamantes keniano establecido en Liberia fue detenido en Bélgica por los cargos de asociación delictiva y uso de pasaporte falso. Según los investigadores de las Naciones Unidas (ONU), se trata de un socio clave de Viktor Bout, comerciante ruso que residía en los Emiratos Árabes Unidos y al que los últimos informes de la ONU sobre sanciones acusan de tráfico ilegal de armas con grupos de oposición armados de Angola, África Central y Sierra Leona.

El gobierno ruso no registra ni controla a los ciudadanos de su país que gestionan la transferencia de armas al extranjero. En este contexto, cabe señalar que la empresa de Viktor Bout transportó armas a Afganistán en 1996 por vía marítima, aunque no se han publicado pruebas de que estuviera implicado en envíos armamentísticos a Al Qaeda ni a los talibanes. Hace poco, la empresa principal de transporte aéreo de Viktor Bout, Air Cess, que tiene una delegación en Islamabad, pasó a manos de su hermano, y la sede de Estados Unidos cerró.

Representantes de la ONU y de Estados Unidos han afirmado que otra empresa relacionada con Viktor Bout, con sede central en los Emiratos Árabes Unidos, tenía un acuerdo con los talibanes para dar servicio a la compañía afgana Ariana Airways y fletar vuelos chárter desde Dubai hasta el baluarte talibán de Kandahar, en Afganistán, entre finales del año 2000 y principios del 2001. Se desconoce si en esos vuelos se transportaban armas. En noviembre de 2001, agentes paquistaníes aseguraron haber descubierto una carta enviada por comerciantes rusos a traficantes afganos en junio de ese mismo año, en la que se hacía referencia a una reunión celebrada en mayo en la que se habían convenido rutas aéreas secretas para que futuras entregas de armas pasaran los embarques de vuelo como *pescado de Tanzania+ y fuesen enviadas a través de varios países, los Emiratos Árabes Unidos entre otros.

Indonesia: Cómo avivó el fuego el G-8

A finales del 2001, el gobierno de Estados Unidos levantó las restricciones sobre el suministro de material y formación policiales, artículos militares *no letales+ y componentes militares sueltos a las fuerzas armadas indonesias, a pesar de su participación constante en la comisión de graves violaciones de derechos humanos, en especial en las provincias de Aceh y Papúa, antes conocida como Irian Jaya.

El entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, había suspendido en 1999 la venta de armas y otras transferencias de material militar a Indonesia después de que milicianos partidarios de Indonesia respaldados por el ejército y la policía indonesios cometieron graves delitos en Timor Oriental, crímenes contra la humanidad entre otros. Desde 1950 hasta la masacre de Dili en Timor Oriental en noviembre de 1991, cuando el Congreso suspendió casi toda la ayuda militar, el gobierno estadounidense sufragó la formación de más de 7.300 agentes indonesios.

Por otra parte, el Congreso había vetado anteriormente la inclusión de Indonesia en el Programa de Educación y Formación Militar Internacional ya había impuesto otro veto a Indonesia a raíz de la masacre de Santa Cruz, perpetrada en noviembre de 1991; pero el gobierno estadounidense sorteó la prohibición y permitió que el gobierno indonesio adquiriera el mismo tipo de formación con sus propios fondos. Además, la fuerza aérea, el ejército y las fuerzas especiales de la marina de Estados Unidos entrenaron a unidades de las fuerzas especiales de Indonesia durante todo el periodo de veto del citado Programa de Educación. Entre 1992 y 1998 se realizaron en Indonesia 36 maniobras *conjuntas de educación y formación+ de Estados Unidos con las fuerzas especiales. Más tarde, el Pentágono confirmó que estas maniobras, interrumpidas tras haber sido denunciadas por una organización no gubernamental, solían incluir formación en técnicas para francotiradores, operaciones de ataque aéreo, operaciones anfibias y combate cuerpo a cuerpo.

En 1998, en respuesta a las preguntas del congresista republicano Evans, el vicesecretario de Defensa reconoció, de nuevo, que el gobierno estadounidense no podía identificar soldados concretos a los que hubiera entrenado. El teniente general Prabowo Subianto, ex director de la Kostrad, unidad especial de las fuerzas de seguridad indonesias conocida por los abusos contra los derechos humanos que ha cometido, recibió formación militar de Estados Unidos. En agosto de 1999 lo expulsaron del ejército por *malinterpretar+ una orden relacionada con la *desaparición+ de activistas en favor de la democracia en 1998.

De todos modos, Estados Unidos no es el único país que ha enviado armas a las fuerzas armadas indonesias. Francia, Alemania, la Federación Rusa y el Reino Unido también les han proporcionado ayuda militar.

[RECUADRO]

Fracaso de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Armas Pequeñas

En julio de 2001, la ONU convocó una conferencia internacional, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Armas Ligeras en Todos sus Aspectos. En ella se pretendía acordar un Programa de Acción de la ONU que incluyese recomendaciones a los gobiernos. Amnistía Internacional acogió con satisfacción esta iniciativa, pero señaló que algunos de los participantes, en especial Estados Unidos, China y Rusia, apoyados por miembros clave del Movimiento de Países No Alineados, estaban intentando vaciar el Programa de todo contenido significativo en relación con la protección de los derechos humanos.

Los temores de Amnistía Internacional resultaron justificados. El Programa de Acción definitivo se centra en la necesidad de que los Estados apliquen embargos armamentísticos, identifiquen y rastreen armas, las almacenen en lugares seguros, ayuden a los funcionarios de aduanas y a la Interpol, y destruyan los excedentes, sobre todo en el contexto de los procesos de construcción de la paz y de desmovilización. Sin embargo, el Programa excluye toda mención a *violaciones de derechos humanos+, *crímenes de guerra+ o *uso indebido de armas+. Tampoco establece medidas vinculantes que garanticen el respeto a las normas internacionales de derechos humanos y al derecho internacional humanitario por parte de las autoridades nacionales de países exportadores de armas. Y no se hace referencia a control parlamentario alguno ni a la necesidad de redactar informes públicos anuales y de vigilar el destino final del comercio de armas pequeñas.

Detener la avalancha de armas

En respuesta a la fallida conferencia de la ONU, una coalición de las organizaciones no gubernamentales principales que trabajan sobre la cuestión de las armas pequeñas, incluida Amnistía Internacional, organizó en Kenia la Conferencia sobre las armas pequeñas y la comunidad humanitaria: Desarrollo de una estrategia de acción en noviembre de 2001. Alrededor de 100 personas de más de 60 organizaciones no gubernamentales (ONG) de todo el mundo participaron y elaboraron el Marco de Acción de Nairobi sobre Armas Pequeñas, que intenta impulsar iniciativas y campañas tanto para frenar el flujo de armas utilizadas para cometer abusos contra los derechos humanos como para ayudar a las comunidades a protegerse de la violencia armada. En la conferencia, Amnistía Internacional pidió a las ONG que secundaran una campaña para instar a todos los gobiernos a que pusieran en práctica los dos principios siguientes:

Regla de oro relativa al suministro

Ningún gobierno debe autorizar transferencias de armas cuando exista peligro evidente de que ese material pueda ser utilizado por el posible receptor para cometer:

$ abusos graves contra los derechos humanos

$ crímenes de guerra

$ crímenes contra la humanidad

Regla de oro relativa a la demanda

Los gobiernos deben garantizar que la circulación y el uso de armas están estrictamente limitados en virtud de las normas de derechos humanos de la ONU y del derecho internacional humanitario para que:

$ su uso por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no esté permitido salvo cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida de alguien;

$ su uso militar no esté permitido salvo si es proporcionado, se dirige contra un objetivo concreto y se ajusta al derecho internacional humanitario.

$ las armas ilícitas y excedentes en manos de la población se recojan y destruyan en aquellas situaciones en las que puedan contribuir a que se cometan graves violaciones de derechos humanos.

[FIN RECUADRO]

Sin derechos humanos no hay seguridad

Israel y los Territorios Ocupados

Desde el inicio de la Intifada (levantamiento) de Al-Aqsa en septiembre de 2000 se ha producido una escalada constante de violencia en Israel y los Territorios Ocupados. El coste humano de este conflicto continuo es enorme. En abril de 2002 las fuerzas de seguridad israelíes habían matado a más de 1.300 palestinos, a la gran mayoría de forma ilegítima, esto es, en situaciones en las que no había vidas en peligro. Por su parte, individuos y grupos armados palestinos habían matado a más de 300 civiles israelíes. Muchas de las víctimas de ambas partes del conflicto eran niños. Más de 23.000 personas habían resultado heridas, muchas de ellas mutiladas para siempre. Hasta ahora, en el 2002 hemos asistido a un recrudecimiento aún mayor de la violencia y el sufrimiento.

Las autoridades israelíes han respondido a la Intifada y a las muertes de civiles israelíes efectuando disparos y, con ello, hiriendo y matando a palestinos en manifestaciones, puestos de control y fronteras, así como bombardeando zonas residenciales y comisarías. La cantidad de abusos cometidos por los grupos armados también ha aumentado. Los grupos armados palestinos han disparado a propósito contra vehículos con matrícula israelí que circulaban por carreteras de los Territorios Ocupados y han hecho explotar bombas en lugares públicos, como centros comerciales y restaurantes, dirigiendo sus ataques deliberadamente contra civiles. Colonos israelíes han agredido y matado a palestinos con casi absoluta impunidad.

Muchos de estos abusos se han llevado a cabo con armas que Estados Unidos ha suministrado a la Fuerza de Defensa Israelí y, en menor medida, con armas suministradas a través de redes de contrabando a grupos armados palestinos como el Movimiento Islámico de Resistencia (Hamas), la Guerra Santa (Yihad) Islámica y las Brigadas de los Mártires de Al Aqsa.

La Fuerza de Defensa Israelí ha llamado la atención sobre el descubrimiento de armas y munición Ccohetes y morteros entre ellasC en el Karine A, un pequeño barco de carga enviado, según informes, desde Irán a la Autoridad Palestina. Agentes de seguridad palestinos e israelíes han informado de que se han introducido clandestinamente grandes cantidades de armas pequeñas procedentes de Israel en zonas bajo la jurisdicción de la Autoridad Palestina. Además, han denunciado la existencia de redes organizadas de delincuencia y comerciantes de armas implicados en este negocio y que ni la policía ni el ejército han intentado nunca interceptarlos.

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Hombres armados palestinos en un tiroteo con tropas israelíes en el centro de Belén, Cisjordania, en marzo de 2002.

8 Reuters/Magnus Johansson

Por otra parte, son muchos los analistas que han destacado la intervención de Estados Unidos, responsable de abastecer a la Fuerza de Defensa Israelí con miles de misiles guiados, cazas, tanques y helicópteros de combate.

Un aspecto del conflicto que quizá no haya recibido la atención pública que merece es el de los sistemas armamentísticos y las estrategias militares empleados por la Fuerza de Defensa Israelí. Y ello a pesar de que la afluencia de armamento a la zona y la forma en que se utilizan las armas son aspectos esenciales para ayudar a explicar los escalofriantes índices de víctimas y evitar que sigan aumentando.

En enero de 2002, Amnistía Internacional invitó a un ex oficial del ejército británico para que observase las tácticas adoptadas por la Fuerza de Defensa Israelí en respuesta a la Intifada. Éstas fueron sus conclusiones:

$ La Fuerza de Defensa Israelí ha aumentado el número de ataques aéreos contra infraestructuras de la Autoridad Palestina, utilizando misiles Hellfire tierra aire para helicópteros Apache y bombas de alta precisión para aviones F-16 guiadas por láser de 500 y 1.000 libras, suministrados por Estados Unidos. Además del fuego de los tanques, ha aumentado el número de toneladas de explosivo de alta potencia arrojadas desde el aire por la Fuerza de Defensa Israelí, lo que aumenta el riesgo de que se produzcan víctimas entre la población civil. Por no hablar de los efectos sobre la salud mental de los civiles palestinos que viven cerca de objetivos militares, que tampoco deben tomarse a la ligera.

• Aunque, según informes, hacía varios años que Estados Unidos suministraba partidas de proyectiles cargados de dardos, hasta junio de 2001 no se tuvo conocimiento de que la Fuerza de Defensa Israelí los utilizara. Básicamente, esta munición Cuna bomba de 120mm. cargada con hasta 2.000 dardos o flechas de acero de cinco centímetros con capacidad letal, es una munición de ataque indiscriminado diseñada para contrarrestar acometidas masivas de infantería o de escuadrones de soldados en campo abierto. Su uso en la Franja de Gaza, densamente poblada, no está justificado bajo ningún concepto: ya hay víctimas civiles y seguirán produciéndose.

$ Puede que las aplanadoras parezcan inocuas, pero la destrucción y demolición de viviendas palestinas, utilizadas para encubrir atentados según la Fuerza de Defensa Israelí, es una forma de castigo colectivo y, como tal, está prohibida por el Cuarto Convenio de Ginebra, salvo en casos de absoluta necesidad para alcanzar objetivos militares legítimos. En ningún momento se avisa a los ocupantes de la vivienda, las demoliciones suelen tener lugar por la noche, lo que contribuye a la sensación de terror, y no se hace esfuerzo alguno por realojar a los ocupantes.

• Según parece, la Fuerza de Defensa Israelí está propagando infundios intencionadamente para animar a los medios de comunicación que cubren la información de estos hechos a que hagan pasar por admisibles abusos como la destrucción de propiedades, las ejecuciones extrajudiciales y los homicidios ilegítimos. También es frecuente que la Fuerza de Defensa Israelí anuncie que ha matado *terroristas+ cuando en realidad se trataba de palestinos desarmados sin relación con forma alguna de resistencia armada.

$ La Fuerza de Defensa Israelí se ha negado a revelar sus reglas de combate, normas que, por lo general, no son secretas y tienen por objeto simplificar y aclarar a cada soldado cuándo debe hacer uso de la fuerza y abrir fuego en determinadas circunstancias. Las reglas de combate establecen además un mecanismo para que el ejército tome medidas disciplinarias contra los soldados que las infringen. De esta manera se garantiza que todos los niveles de mando conocen los límites y las consecuencias de traspasarlos.

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Un transporte blindado de personal israelí pasa por un supermercado en Ramallah, Cisjordania, en marzo de 2002. A principios del 2002, la Fuerza de Defensa Israelí aumentó progresivamente su ofensiva e invadió zonas palestinas, algunas de las cuales se encontraban en plena jurisdicción de la Autoridad Palestina.

8 Reuters/Laszlo Balogh

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Una mujer palestina en casa con sus hijos. El agujero de la pared lo hicieron soldados israelíes durante un registro casa por casa en el campo de refugiados de Deheishe, cerca de Belén, Cisjordania, marzo de 2002.

8 Reuters/Magnus Johansson

[RECUADRO]

ACTÚEN YA

Escriban al embajador de Estados Unidos en su país y envíen copia de sus cartas a la embajada de Israel y a las autoridades de su país, indicando que la facilidad de acceso a las armas en Israel y los Territorios Ocupados Centre las que cabe encontrar tanto material militar moderno exportado con la autorización del gobierno estadounidense como armas conseguidas mediante redes de contrabando, como fusiles M-16C ha contribuido a que los grupos armados palestinos y las fuerzas de seguridad israelíes cometan abusos contra los derechos humanos.

Señalen que algunos gobiernos de Europa Occidental dicen haber suspendido la exportación de armamento a Israel, y pidan al gobierno estadounidense que frene el suministro de armas a Israel y los Territorios Ocupados y utilice su influencia para convencer al gobierno israelí de que ponga fin a los abusos contra los derechos humanos descritos anteriormente, así como para convencer a Israel y a los países vecinos para que acaben con el contrabando de armas pequeñas en la zona.

[FIN RECUADRO]

India y Pakistán colocan minas terrestres

Desde que empezó el 2002, las fuerzas de seguridad de India y Pakistán han ido colocando minas terrestres tanto a lo largo de la frontera entre ambos países como de la Línea de Control del disputado estado de Cachemira. La decisión de colocar minas terrestres sucedió a un aumento de la tensión entre los dos países y al despliegue de decenas de miles de soldados en la zona.

Las minas terrestres ya han matado a decenas de soldados y civiles. El 28 de enero de 2002, dos agricultores indios resultaron muertos y otros dos heridos al pisar minas terrestres en trigales plagados de ellas en el estado de Rajastán, cerca de la frontera con Pakistán. Los agricultores de las zonas minadas se enfrentan a un dura elección: arriesgar la vida o ver cómo se arruinan sus cosechas y se mueren de hambre sus animales.

Amnistía Internacional ha solicitado a los gobiernos de India y Pakistán que dejen de colocar minas terrestres y que sigan la tendencia mundial de prohibir estas armas de destrucción indiscriminada. Las minas antipersonas que se colocan hoy matarán y mutilarán a numerosos civiles, ahora y en los años venideros. Amnistía Internacional insta a todos los gobiernos a que prohíban su empleo, producción, almacenamiento, venta, transferencia y exportación, y a que ratifique, ponga en práctica y cumpla los acuerdos alcanzados en la Convenci๓n sobre la Prohibici๓n del Empleo, Almacenamiento, Producci๓n y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucci๓n, celebrada en Ottawa en 1997.

[RECUADRO]

ACTÚEN YA

Escriban al primer ministro de India y al presidente de Pakistán para pedirles que:

$ obliguen a sus fuerzas armadas a dejar de usar minas terrestres y a que informen al respecto públicamente;

$ acaten y firmen la Convención de Ottawa de 1997.

Direcciones:

• Mr. Atal Behari Vajpayee, Office of the Prime Minister, 152 South Block, New Delhi 110 001, India.

$ President Pervez Musharraf, President's Secretariat, Aiwan e Sadar, Islamabad, Pakistán.

[FIN RECUADRO]

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Un soldado indio cruza una valla tras colocar minas terrestres en granjas situadas en un poblado fronterizo con Pakistán en el estado de Punyab, en el norte de la India, enero de 2002. Las minas se colocaron ante el temor de que estallara la guerra. La tensión entre los dos países aumentó tras el ataque al Parlamento de la India el 13 de diciembre, del que las autoridades indias acusaron a militantes establecidos en Pakistán. Cinco personas armadas con pistolas, granadas y bombas irrumpieron en el edificio parlamentario, matando a siete personas antes de ser abatidas.

8 Reuters/Kamal Kishore

Restos de la guerra

La amenaza de las bombas racimo y otra munición sin estallar (MUSE)

Un niño murió y otro resultó herido aquí cerca. Estaban trasportando cañas de azúcar y uno llevaba también algún tipo de munición sin estallar. Se le cayó y explotó. Mis nietos oyeron la explosión y encontraron a los dos niños gravemente heridos. Uno estaba completamente desgarrado, con los intestinos fuera y el cuerpo hecho trizas. El otro tenía cortes por todo el cuerpo y una herida grande en el estómago y no paraba de sangrar. Cuando mis nietos llegaron a casa estaban espantados, temblando por lo que habían visto.

Mujer del poblado de Salao, norte de Camboya.

Todos conocemos las demoledoras consecuencias que las minas terrestres tienen sobre la población civil, que a menudo perduran tras el fin del conflicto bélico. De lo que tal vez no se haya informado tanto a la opinión pública es de la gran cantidad de munición sin estallar que queda atrás en casi todos los conflictos y la amenaza que supone para las comunidades. Según un estudio detallado llevado a cabo recientemente por las asociaciones británicas Acción contra las Minas Terrestres y Banco de Cooperación, es probable que mueran muchas más personas en accidentes relacionados con munición sin estallar que a causa de minas antipersonas.

Existen numerosos tipos de armas explosivas, como proyectiles de artillería, granadas, morteros, cohetes y bombas. Todas tienen una característica en común: pueden permanecer en la tierra sin explotar, pero conservan la capacidad para mutilar y matar mucho después de haber terminado el conflicto.

La mayoría de los accidentes de los países en desarrollo tienen lugar mientras las personas realizan trabajos cotidianos esenciales, como cultivar el campo o recoger leña. Algunas víctimas resultan heridas al intentar retirar la munición sin estallar para poder utilizar sus tierras o para que los niños no jueguen con ellas. Las explosiones de esta munición suelen matar o herir a varias personas de una vez, y la gente que está cerca suele verse afectada por la onda expansiva.

El miedo a morir o a resultar herido impide a los habitantes de las comunidades más pobres utilizar sus tierras para cultivar alimentos, supone un grave obstáculo para aquellos que intentan recuperarse del trauma de la guerra y puede ser perjudicial para el establecimiento de una paz duradera. Además, puede refrenar la reactivación de las economías locales.

Se han utilizado bombas racimo en grandes cantidades durante la campaña de bombardeos dirigidos por Estados Unidos contra Afganistán. La Fuerza Aérea de Estados Unidos ha afirmado que arrojó más de 244.000 bombas racimo en este país. Se cree que al menos el 10 por ciento de ellas continúan en la tierra, activas y extremadamente peligrosas. Estas armas, que contienen centenares de subcargas, las dispersan por amplias zonas y, en un porcentaje elevado, no explotan al caer. La cantidad de subcargas sin explotar ha generado índices altísimos de contaminación en países como Camboya, Laos, Irak y la República Federativa de Yugoslavia, especialmente en Kosovo.

Las subcargas que no explotan se convierten en eficaces minas terrestres, listas para explotar al menor contacto y causar muertes y lesiones a civiles una vez terminada la guerra. Como muchas tienen colores brillantes y el tamaño de una lata de refresco, atraen la atención de los niños de manera especial. Se calcula que en Kosovo las bombas racimo de la OTAN mataron o causaron lesiones a más de 200 personas en sólo doce meses. Es un escándalo que se hayan vuelto a utilizar las mismas armas en Afganistán, a sabiendas del peligro que constituyen para la población civil.

Richard Lloyd, director de Acción contra las Minas Terrestres

La Sección Británica de Amnistía Internacional es miembro de Acción contra las Minas Terrestres, que está realizando una campaña para lograr nuevas disposiciones del derecho internacional sobre derecho humanitario que exijan a quienes utilizan munición de racimo u otras armas explosivas que las retiren al finalizar las hostilidades. Las bombas racimo son utilizadas sobre todo por las grandes potencias militares. Un marco legalmente vinculante que responsabilice de dar solución a quienes crean el problema reduciría el número de muertes y lesiones innecesarias.

Dados los problemas específicos que ocasionan estas armas, cada vez son más los que piden a los Estados que congelen su empleo, producción y exportación de forma unilateral hasta que se haya negociado una nueva ley internacional que aborde sus repercusiones.

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Unos vecinos pasan junto a una bomba racimo sin explotar arrojada, según decían, por aviones militares estadounidenses en octubre de 2001, en el pueblo del mulá Abdullah Karez, Afganistán.

8 AP/John Moore

Ciertos Estados Partes en la Convención de las Naciones Unidas sobre Armas Convencionales han empezado hace poco un proceso que puede propiciar la negociación de un protocolo nuevo sobre restos explosivos de guerra. Pero, a pesar del apoyo activo de países como Sudáfrica y los Países Bajos, esta iniciativa puede tardar años en concretarse.

Las comunidades que viven rodeadas de munición sin estallar quieren poder utilizar sus campos, colegios y jardines sin arriesgar la vida. Esto es posible si se ofrecen medios para formar a los habitantes de los poblados y dotarlos del material necesario para salvar vidas eliminando toda la munición sin estallar.

[RECUADRO]

ACTÚEN YA

Escriban a los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa de su país a fin de que actúen para proteger a las comunidades de los explosivos que quedan en el terreno una vez finalizada la guerra, instándoles a apoyar:

$ la redacción de nueva legislación internacional que haga responsables de eliminar todas las armas explosivas, incluidas las bombas racimo, a aquellos que las arrojen;

• la suspensión del empleo, la producción, la venta y exportación de bombas racimo hasta que se apruebe legislación internacional nueva sobre el uso y la eliminación de este tipo de armas.

Si desean recibir el nuevo informe Explosive Remnants of War (Restos explosivos de guerra) de Acción contra las Minas Terrestres y el Banco de Cooperación, pueden solicitarlo mediante correo electrónico dirigido a <info@landmineaction.org> o visitando el sitio web <www.co operativebank.co.uk>.

[FIN RECUADRO]

LA AMENAZA DE LAS ARMAS BIOLÓGICAS

A finales del 2001 se produjeron varios ataques con ántrax en Estados Unidos que a punto estuvieron de hacer cundir el pánico en el país. Diecinueve personas se vieron infectadas por la bacteria del ántrax, cinco de las cuales fallecieron. La mayoría de las víctimas eran trabajadores de Correos que habían entrado en contacto con cuatro sobres contaminados. Tres de ellos contenían un tipo de ántrax utilizado en el programa de biodefensa de Estados Unidos desde 1980.

Los ataques crearon un clima de aprensión y fueron sucedidos por miles de alertas falsas. El miedo se agudizó ante la insinuación de que cualquier grupo pequeño estaba en disposición de fabricar este tipo de armas con relativa facilidad. Sin embargo, tal como pone de manifiesto el Centro de Resolución de Conflictos, con base en Ciudad del Cabo, en un nuevo informe especial Cincluido en su publicación trimestral Segunda VíaC, son los gobiernos los que desarrollan, producen y almacenan estas armas. Los intentos de reducir el riesgo de ataques biológicos deben pasar por la vigilancia y el control estatal de estos arsenales letales, así como por un creciente rechazo de los Estados a la proliferación de este tipo de armas.

La mayoría de las armas biológicas se producen en el marco de programas gubernamentales concebidos en secreto. Uno de los logros dignos de mención de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica en 1998 fue el hecho de que la opinión pública tuviera conocimiento del programa de guerra biológica y química del antiguo gobierno del apartheid, encubierto bajo el nombre de *Proyecto Costa+. Entre las armas inventadas por el Proyecto Costa durante la década de los ochenta y principio de los noventa había cigarros impregnados de ántrax y cerveza contaminada con la toxina del botulismo.

Existen normas internacionales que prohíben el uso de armas químicas y biológicas. La Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción de 1972 prohíbe el desarrollo, la producción y el almacenamiento de estas armas, pero no establece ninguna disposición para verificar su cumplimiento.

[RECUADRO]

Según el artículo 1 de la Convención, los Estados Parte no deben *desarrollar, producir, almacenar o de otra forma adquirir o retener, nunca ni en ninguna circunstancia: 1)Agentes microbianos u otros agentes biológicos, o toxinas, sea cual fuere su origen o modo de producción, de tipos y en cantidades que no estén justificados para fines profilácticos, de protección u otros fines pacíficos; 2)Armas, equipos o vectores destinados a utilizar esos agentes o toxinas con fines hostiles o en conflictos armados+.

Aunque la Convención no prohíbe explícitamente el uso de armas biológicas, sí que exige que los Estados Partes se adhieran al Protocolo de Ginebra de 1925, que prohíbe el uso de gases venenosos, asfixiantes o de otro tipo durante la guerra, así como métodos de guerra bacteriológicos.

[FIN RECUADRO]

Se ha demostrado que varios países que negaban haber desarrollado, producido o almacenado armas químicas o biológicas no eran sinceros en sus declaraciones. La antigua Unión Soviética no admitió haber desarrollado munición química hasta 1987. Las autoridades de la India negaron durante décadas que el país poseyera munición química hasta que en el 2001 declararon sus almacenes armamentísticos. Desde 1989, agentes gubernamentales de Estados Unidos han señalado que Irak, Libia, Siria, Irán, Egipto, China, Corea del Norte, Taiwán y la antigua Unión Soviética no han cumplido las normas de la Convención. Israel no se incluía en la lista, ya que no ha firmado ni ratificado la Convención. Sudáfrica también quedó excluida de la lista, aunque ahora se sabe que mantuvo un programa de armas biológicas entre 1981 y 1995.

Es evidente que urge la creación de un protocolo que vigile la adhesión de los Estados a la Convención sobre las Armas Biológicas. En 1995, los estados que la habían firmado empezaron a negociar dicho protocolo, con el fin de vigilar la prohibición de armas biológicas. En el 2001, la sensación generalizada era de que pronto

se acordaría un protocolo que exigiría un cierto grado de apertura y permitiría a inspectores internacionales realizar controles sobre el terreno.

[RECUADRO]

Amnistía Internacional colabora con otras organizaciones en la lucha contra la transferencia y el envío de armas y material de seguridad que contribuyen a que se cometan violaciones de derechos humanos, así como en la persecución de la prohibición de aquellas armas que, por su naturaleza, tienen efectos indiscriminados o crueles, inhumanos o degradantes.

[FIN RECUADRO]

Sin embargo, en julio de 2001 el gobierno de Estados Unidos rechazó el borrador de este protocolo, según parece debido a unas investigaciones secretas sobre biodefensa que llevaba a cabo Estados Unidos y que, en opinión de algunos, violaban la prohibición de la Convención. El rechazo del borrador por parte del país con la mayor industria biotecnológica del mundo ha frenado prácticamente en seco el proceso.

[RECUADRO]

ACTÚEN YA

Escriban a su gobierno instándole a que se oponga a la producción, la transferencia y el empleo en todo el mundo de armas indiscriminadas de combate. Pidan a su gobierno que secunde el llamamiento realizado por Amnistía Internacional para que todos los gobiernos garanticen que toda investigación pertinente sobre la seguridad de las nuevas armas se haga de dominio público antes de que se tomen decisiones sobre su envío.

[FIN RECUADRO]

ÁFRICA Y EL G-8

Los países del G-8, los que tienen los sistemas económicos más desarrollados del mundo, se han comprometido a incluir África en su agenda cuando se reúnan en Canadá en junio de 2002. )Qué significa esto?

A pesar de que el África subsahariano es rico en recursos humanos y naturales, se calcula que casi la mitad de sus habitantes viven sumidos en la pobreza y subsisten con menos de un dólar estadounidense al día. La esperanza de vida se sitúa en los 48 años de edad y está descendiendo, y se cree que que hay más de 28 millones de hombres, mujeres y niños portadores del VIH o enfermos de sida. Con todo, se cree que el gasto en salud constituye una mínima parte de la cantidad destinada al comercio de armas. Alrededor del 20 por ciento de la población de la región se ve afectada por los conflictos entre civiles o entre Estados. Millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares para huir de los combates y de los gravísimos abusos contra los derechos humanos que las partes enfrentadas infligen a la población civil.

Sin embargo, una de las formas en que las acciones del G-8 repercuten en la vida de los ciudadanos africanos amenaza con pervivir en la sombra: la manera en que la transferencia de material y de experiencia militar, de seguridad y policial (MSP) contribuye a la comisión de abusos contra los derechos humanos y exacerba los conflictos desatados en la región.

África: procesar a los traficantes

Recientes avances en el procesamiento de algunos de los implicados en el comercio de armas con África Occidental han arrojado luz sobre este comercio secreto y a menudo ilegal.

En esta región tan conflictiva, las fuerzas gubernamentales y los grupos políticos armados de Guinea, Liberia y Sierra Leona han cometido abusos generalizados contra los derechos humanos de la población civil durante más de 13 años. Centenares de miles de personas se han visto obligadas a abandonar sus casas para intentar escapar de salvajes enfrentamientos en los que se llevan a cabo mutilaciones, violaciones, secuestros y matanzas generalizadas. Estos conflictos se han visto alimentados por el fácil acceso a armas pequeñas y ligeras, así como por la falta de controles eficaces sobre las armas y el material militar que entran en África Occidental.

Con frecuencia las armas pequeñas y ligeras llegan a Guinea, Liberia y Sierra Leona a través de otros países de África Occidental. En algunos casos, hay gobiernos extranjeros implicados; en otros, aunque las autoridades no tienen responsabilidad directa, no existen medios para hacer cumplir la ley ni infraestructura para impedir el contrabando. Los grupos armados de oposición reciben armas y munición a través de redes interrelacionadas de traficantes, delincuentes e insurgentes que cruzan las fronteras sin vigilancia, a menudo aprovechándose de la inestabilidad causada por el conflicto armado. Las empresas de transporte, gestión de transferencias y suministro actúan a escala internacional y consiguen armas y municiones, sobre todo de Europa del Este.

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Viktor Bout, comerciante ruso acusado en informes recientes de la ONU de vender armas a los rebeldes de Angola, África Central y Sierra Leona.

8 Reporters

La ONU mantiene desde 1992 una prohibición sobre las transferencias de armas a Liberia, y desde 1987 sobre las transferencias a las fuerzas no gubernamentales de Sierra Leona, como el Frente Revolucionario Unido (FRU), grupo armado de oposición. Durante muchos años estas sanciones no se aplicaron con la debida rigidez y resultaron en gran medida ineficaces. Sólo se han conseguido avances de interés en el control del tráfico de armas a Liberia y al FRU tras las investigaciones realizadas y publicadas por expertos de la ONU.

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Refugiados en el campo de Katkama, en el sureste de Guinea, hacen cola para solicitar su traslado a campos situados en zonas más seguras, febrero de 2001. Los conflictos locales causan abusos masivos contra los derechos humanos de la población civil desde hace más de 13 años. El acceso generalizado a armas pequeñas y ligeras y la falta de controles eficaces han agravado estos conflictos.

8 Reuters

En febrero de 2002, las autoridades belgas detuvieron a Sanjivan Ruprah, ciudadano de origen keniano establecido en Liberia, por cargos de asociación delictiva y uso de pasaporte falso. La ONU indicó que Sanjivan Ruprah había ayudado a quebrantar las sanciones impuestas sobre las transferencias de armas a Liberia. Asimismo las autoridades belgas cursaron una orden internacional de búsqueda y captura en febrero de 2002 contra el socio de Sanjivan Ruprah, el comerciante ruso Victor Bout, acusado de blanqueo de dinero. Según los informes de la ONU, Viktor Bout es el principal abastecedor de armas a Liberia y al FRU de Sierra Leona. Otro sospechoso mencionado en los informes de la ONU, Leonid Minin, había sido detenido en Italia en junio de 2001 y permanece en prisión en espera de juicio por contrabando de armas. Los tres individuos aparecían citados en los dos informes del Equipo de Expertos de la ONU sobre Sierra Leona y Liberia, publicados en diciembre de 2000 y octubre de 2001 respectivamente. Los informes recogen denuncias detalladas sobre la implicación personal de estos y otros individuos en la venta de armas, material militar y otro material relacionado a Liberia y Sierra Leona.

La falta de control y vigilancia eficaces de las transferencias de armas a África Occidental sigue causando honda preocupación. Por ejemplo, en la actualidad no existen controles que vigilen debidamente la ayuda militar prestada por Estados Unidos y otros países al gobierno de Guinea. Ello a pesar de los abrumadores indicios de violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad guineanas y a pesar de las pruebas, documentadas por el Equipo de Expertos de la ONU sobre Sierra Leona y Liberia, que demuestran que las fuerzas guineanas han proporcionado ayuda militar a grupos armados de oposición de Liberia involucrados en abusos contra los derechos humanos.

[RECUADRO]

Mapa con las rutas de transporte de armas de la flota de Viktor Bout, desde la Federación Rusa, los Emiratos Árabes Unidos, África Central y Oriental y Afganistán.

8 Sunday Times

1. La flota de aviones de transporte soviéticos de Viktor Bout despega de la base en los Emiratos Árabes Unidos con destino a Europa del Este.

2 A través de antiguos contactos con el ejército de países como Bulgaria, Rusia y Ucrania, organiza sus negocios armamentísticos.

3 Las armas, la munición y otras mercancías se envían a territorios de África Central y Oriental devastados por la guerra a cambio de diamantes.

4 Viktor Bout también estableció relaciones con Afganistán, donde introdujo armas y combatientes en 1996.

[FIN RECUADRO]

Quienes proporcionan armas y otras ayudas militares tienen la obligación de garantizar que no contribuyen a cometer graves abusos contra los derechos humanos. La ONU y el gobierno del Reino Unido están ofreciendo formación y material policial y militar a las fuerzas del gobierno de Sierra Leona. En muchos aspectos, esta medida ha resultado eficaz para poner fin al conflicto armado y reducir el número de abusos contra los derechos humanos. Sin embargo, el FRU también se ha beneficiado de esta ayuda Cpor ejemplo, cuando en mayo de 2000 capturaron a soldados de la ONU para el mantenimiento de la paz, se apoderó de gran cantidad de fusiles y de más de ocho vehículos militaresC, así como las Fuerzas de Defensa Civil, milicia civil que combate en favor del gobierno de Sierra Leona y que ha cometido graves abusos contra los derechos humanos.

Los esfuerzos internacionales por procesar a los presuntos abastecedores de armas ilícitas suponen un avance importante; sin embargo, si no existen controles y vigilancia rigurosos, si no se realizan investigaciones más pormenorizadas y sistemáticas, si no se informa a la opinión pública ni se emprenden acciones legales concretas, siempre habrá individuos dispuestos a proporcionar un flujo constante de armas a los responsables de las muertes, torturas y secuestros de civiles cometidos en Guinea, Liberia y Sierra Leona.

[RECUADRO]

ACTÚEN YA

Escriban a su gobierno instándole a que apoye la creación de una unidad de investigación permanente sobre el tráfico de armas en la ONU, que esté compuesta por expertos independientes, para promover el cumplimiento de los embargos armamentísticos de la ONU destinados a impedir violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Citen ejemplos de los informes de la ONU mencionados anteriormente.

[FIN RECUADRO]

Ciudadanos británicos implicados en el contrabando de armas en África

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En junio de 2000, fuerzas de Ruanda y Uganda se enfrentaron por el dominio de Kisangani, en el noreste de la República Democrática del Congo. Centenares de civiles, muchos de los cuales están enterrados en este cementerio, murieron en la batalla. Los distritos residenciales del norte, sobre todo los de la zona del Tshopo, soportaron la peor parte del combate. Las fuerzas de sendos países se encontraban en ocasiones a pocos metros de distancia y hacían fuego indiscriminado con armas pequeñas, morteros y proyectiles de artillería contra viviendas, lugares de trabajo, colegios, centros médicos e iglesias, donde la mayoría de los habitantes locales intentaban refugiarse desesperadamente.

8 AI

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Restos de lanzagranadas y bombas fabricadas en Europa del Este y usadas en los enfrentamientos de Kisangani en junio de 2000. Todos estos restos se recogieron en una sola casa y sus inmediaciones, lo que da una idea de la cantidad de explosivos que llovió sobre la ciudad. Los ocupantes sobrevivieron, refugiados en un sótano durante seis días, obligados a drenar el sistema de aire acondicionado para beber agua.

8 AI

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Ciudadanos observando el paso de soldados por el mercado central de Kinshasa, agosto de 1998. La proliferación de armas pequeñas ha contribuido de manera significativa al conflicto y a la guerra civil que devasta la República Democrática del Congo desde mediados de la década de los noventa.

8 Reuters

Los enfrentamientos constantes en la República Democrática del Congo se siguen caracterizando por ejecuciones extrajudiciales, torturas y violaciones de civiles cometidas por todas las partes implicadas en el conflicto. El Comité Internacional de Rescate, organización humanitaria, calcula que, desde agosto de 1998, dos millones y medio de civiles han perdido la vida violentamente o han muerto de hambre o enfermedades a causa del conflicto. Al terminar el 2001, había no menos de dos millones de personas desplazadas a otros puntos del país, padeciendo hambruna al no tener un medio de sustento.

A pesar de este catálogo del sufrimiento humano, el gobierno del Reino Unido ha permitido que pilotos y empresas de transporte aéreo británicos suministren armas a fuerzas armadas presentes en la República Democrática del Congo que han cometido abusos contra los derechos humanos. Según la legislación británica, mientras las armas se recojan y distribuyan fuera de territorio británico y con destino a un país no embargado por la ONU, su comercio es perfectamente legal. Los traficantes han utilizado contactos en otros países de la Unión Europea o fuera de su jurisdicción para sortear el embargo no vinculante impuesto por la ONU en 1993, que prohíbe la venta de armas a la República Democrática del Congo.

En una entrevista grabada en vídeo, un piloto británico describía cómo, en los años 1999 y 2000, había transportado fusiles de combate AK-47 desde Ruanda y Uganda a la ciudad de Kisangani, tomada por los rebeldes, en la República Democrática del Congo. Según afirmaba, los aviones habían sido registrados en Suazilandia a nombre de Planetair y New Gomair. La ONU estableció que, probablemente, New Gomair transportaba ilegalmente recursos naturales desde la República Democrática del Congo, y el gobierno de Estados Unidos identificó a Planetair como abastecedor de armas a la región oriental de la República Democrática del Congo. En la entrevista, el piloto británico afirmaba: *La mayor parte de lo que llevábamos eran AK nuevos con su munición. Estaban empaquetados en bolsas de plástico, en perfecto estado. [...] Es una operación bastante normal [...] Sabemos que hay una guerra, pero no estamos implicados porque [...] sólo somos pilotos [...] Hacíamos entre 80 y 90 horas de vuelo al mes [...] Es muy fácil. Sales del hotel, llegas allí en menos de una hora, trabajas otras dos horas sobre el terreno y estás de vuelta para la hora de cenar+.

Más adelante, Amnistía Internacional comprobó que Planetair tiene oficinas en Londres, dirigidas por la misma persona que dirige Sky Air Cargo, empresa que había utilizado un avión de transporte con matrícula liberiana del que se sabía que había trasportado armas a Sierra Leona y Angola. Curiosamente, durante los años 1999 y 2000, la Autoridad Reguladora de la Aviación Civil de Liberia la dirigía un empresario británico de Kent, Inglaterra, el cual, cuando empezaron a hacerle demasiadas preguntas, cambió de negocio y se dedicó a vender matrículas a Guinea Ecuatorial. Investigaciones llevadas a cabo por la ONU han demostrado que estos aviones con matrículas proporcionadas por el Reino Unido se usaban para el tráfico internacional de armas con Angola, Sierra Leona y África Central, incluida la República Democrática del Congo.

La legislación británica tampoco impide que las empresas de transporte del Reino Unido se utilicen para enviar armas ilegalmente al extranjero. En abril de 2000, el periódico británico The Guardian y una organización no gubernamental británica identificaron un Boeing 707 antiguo con matrícula liberiana que había sido fletado para llevar armas de Bulgaria y Eslovaquia a Harare, en Zimbabue. Al parecer, las armas iban destinadas a las fuerzas zimbabuenses presentes en la República Democrática del Congo. Los individuos a cargo del avión utilizaron los despachos e instalaciones de una empresa de transporte británica con oficinas en Ostend, Bélgica, sin el conocimiento de los propietarios.

Existen partes de vuelo que demuestran que el 3 de noviembre de 1999, el avión salió vacío de Ostend hacia Burgas, en Bulgaria. Cuando llegó a Harare, transportaba 40 toneladas de *material técnico+. Después de salir de Burgas, el avión había realizado una escala técnica para repostar en Asuán, en el sur de Egipto, y luego había sobrevolado Kenia clandestinamente. Según un miembro de la tripulación, cuando la mercancía llegó a Harare, la trasladaron a un buque de carga Ilyushin 76TD y la llevaron a Kinshasa. El comandante del aeropuerto de Ostend dijo que había interrogado al ingeniero de vuelo belga sobre el viaje en cuestión y éste había confirmado que entre la mercancía había bazokas (armas antitanques que se disparan colocadas sobre el hombro). Expertos militares creen que entre la mercancía había un sistema *Igla+ de misiles portátiles tierra aire de Bulgaria.

[RECUADRO]

La Sección británica de Amnistía Internacional ha elaborado una carpeta de acción individual centrada en los puntos débiles del Proyecto de Ley de Control de las Exportaciones del Reino Unido. Se trata de una sencilla carpeta para la acción con un formato interesante y accesible que propone una serie de acciones alternativas, como tarjetas con texto ya impreso. Si desean ejemplares de la carpeta, pónganse en contacto con el Equipo de Acciones Individuales en: ia@amnesty.org.uk

[FIN RECUADRO]

El director de la empresa británica en Ostend alegó que el director de operaciones de una empresa de transporte de Ostend con base en Amsterdam lo había engañado y había fletado un vuelo chárter para un intermediario desconocido. *La política de la empresa prohíbe transportar armas+, afirmó. Más tarde salió a la luz nueva información, según la cual el avión tenía previsto una entrega similar de *material técnico y maquinaria industrial+ para marzo de 2000, que, partiendo de Bratislava, en Eslovaquia, tendría por destino la compañía Zimbabwe Defence Industries.

Si se aprueba la legislación presentada ante el Parlamento británico en estos momentos, los comerciantes que exporten armas de un destino extranjero a otro tendrán que obtener una licencia del gobierno. Sin embargo, el proyecto de ley señala que sólo se realizarán controles extraterritoriales sobre los intermediarios cuyas transacciones impliquen transferencias a puntos de destino sujetos a un embargo o transferencias de material de tortura o de misiles de largo alcance. Para gestionar la transferencia de armas a destinos que no sufren embargo sólo hará falta licencia si parte de la transacción se realiza en el Reino Unido. Al igual que con las empresas de transporte aéreo y marítimo, los controles propuestos *no afectan a quien tiene como única misión ofrecer transporte+, ya tengan su sede en el Reino Unido o en el extranjero. Únicamente se someterán a controles de transporte las transferencias a destinos sujetos a embargo y el comercio de misiles de largo alcance y de material de tortura.

[RECUADRO]

ACTÚEN YA

Escriban a Patricia Hewitt, secretaria de Estado para el Comercio y la Industria, y a la embajada del Reino Unido en su país exponiendo estos ejemplos de gestión de transferencias y tráfico de armas desde *terceros países+. Insten al gobierno británico a que el nuevo Proyecto de Ley de Control de Exportaciones del Reino Unido incluya disposiciones para que también se realicen controles eficaces sobre los negocios armamentísticos en el extranjero y sobre los encargados de gestionar el transporte, a fin de impedir que estas armas contribuyan a que se cometan violaciones de derechos humanos. Pregunten por qué el gobierno británico no está haciendo honor al compromiso que adquirió durante las elecciones generales de *controlar las actividades de los vendedores y traficantes de armas donde quiera que se produzcan+.

[FIN RECUADRO]

Estados Unidos y Ruanda

Una relación con adiestramiento especial

Las Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos han proporcionado adiestramiento a las fuerzas armadas de Senegal, Uganda, Nigeria, Sierra Leona y Ruanda. Buena parte de este adiestramiento, que se ha centrado en las operaciones de contrainsurgencia, se ha proporcionado sin que se dieran las garantías en materia de derechos humanos que exige la legislación estadounidense y sin el control legislativo del Congreso de Estados Unidos.

En 1994 y 1995, en Ruanda murieron entre medio millón y un millón de personas, en su mayoría a manos de las Fuerzas Armadas Ruandesas, de mayoría hutu, y de sus aliados paramilitares. Tras el genocidio, Estados Unidos comenzó a adiestrar al Ejército Patriótico Ruandés, de mayoría tutsi, que había expulsado a las Fuerzas Armadas Ruandesas y a sus aliados paramilitares y se había hecho con el control del país. Sin embargo, las Fuerzas Especiales de Estados Unidos siguieron prestando este adiestramiento incluso después de recibirse informes que implicaban a unidades del Ejército Patriótico Ruandés en algunas matanzas llevadas a cabo como represalia en Ruanda y Zaire (hoy República Democrática del Congo).

El adiestramiento militar del Ejército Patriótico Ruandés comenzó seriamente en 1995 con la participación de algunos soldados y oficiales ruandeses en los cursos del Programa de Educación y Formación Militar Internacional de Estados Unidos. Muchos de estos cursos se centraban en la justicia militar, al parecer, para ocuparse de las personas que habían cometido los asesinatos en gran escala. Además, en 1995 se desplegaron en Ruanda Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos para impartir formación a los ruandeses sobre remoción humanitaria de minas. En 1996, en medio de una crisis creciente en los campos de refugiados del antiguo Zaire en los que se albergaban miles de refugiados ruandeses, comenzó a recibirse un número creciente de informes sobre violaciones de derechos humanos cometidas por el Ejército Patriótico Ruandés, normalmente en el contexto de las operaciones de contrainsurgencia a gran escala llevadas a cabo en el noroeste de Ruanda y en Zaire.

En una sesión indagatoria del Congreso de Estados Unidos celebrada a principios de 1996, Chris Smith, congresista republicano, preguntó a los Departamentos de Estado y de Defensa [Ministerios de Exteriores y Defensa] si el gobierno de Estados Unidos estaba proporcionando adiestramiento militar a Ruanda. El embajador Richard Bogosian, por aquel entonces coordinador especial del Departamento de Estado para Ruanda y Burundi, contestó que Estados Unidos tenía *un pequeño Programa de Educación y Formación Militar Internacional en Ruanda que se ocupa casi exclusivamente de lo que se podría llamar la parte de los derechos humanos de su cometido y no de las operaciones puramente militares. Por el momento, no existe una ayuda militar importante+. Vincent Kern, vicesubsecretario de Defensa para Asuntos Africanos, añadió: *Estamos hablando del lado más amable y suave de la formación militar, que se centra en la mejora de la capacidad local en aspectos como las relaciones civiles y militares, el papel de los militares en la sociedad civil, ese tipo de programas. No hemos impartido en Ruanda ese tipo de adiestramiento militar básico que se impartiría en el centro de formación de oficiales de Fort Bragg.+

En realidad, fuerzas especiales estadounidenses de Fort Bragg habían llegado a Ruanda cinco meses antes. Posteriormente, el congresista Smith averiguó que durante julio y agosto de 1996, un destacamento del Tercer Grupo de Fuerzas Especiales (aerotransportadas) había entrenado en Ruanda a entre 35 y 40 soldados ruandeses en un ejercicio conjunto combinado de educación y adiestramiento denominado *Falcon Gorilla+. Los documentos estadounidenses entregados posteriormente al congresista Smith mostraban que esta misión tenía como objetivo planear y llevar a cabo operaciones de contrainsurgencia vinculadas con las incursiones en el ex Zaire. El objetivo principal de la misión era adiestrar, ayudar y asesorar a oficiales seleccionados del Ejército Patriótico Ruandés en aspectos como el tiro con rifle, tácticas de comando, desplazamiento terrestre nocturno y tácticas para unidades pequeñas.

En 1997, como respuesta a los ataques llevados a cabo por los grupos armados en el oeste de Ruanda, el Ejército Patriótico Ruandés inició operaciones militares en gran escala en el antiguo Zaire. Según la oficina de la ONU dedicada a observar la situación de los derechos humanos en Ruanda, en mayo y junio de 1997, más de 2.000 personas murieron en el transcurso de las operaciones llevadas a cabo por el Ejército Patriótico Ruandés en las provincias occidentales, cifra que al parecer incluía un número elevado de civiles desarmados, como mujeres, y ancianos y niños.

En 1998, al parecer para desviar la cólera del Congreso por haber sido engañado, el Pentágono elaboró un informe sobre todas las actividades militares estadounidenses llevadas a cabo en Ruanda desde el final del genocidio hasta agosto de 1997. Sin embargo, el informe no mencionaba los nombres, las unidades o la designación de las fuerzas ruandesas a las que se impartía la formación.

El congresista Smith solicitó los nombres de todos los miembros de las tropas ruandesas a los que se había impartido formación desde 1994 en los ejercicios conjuntos combinados de educación y adiestramiento, así como informes de las misiones de adiestramiento. Sin embargo, la teniente coronel Nancy Burt, portavoz del Pentágono, manifestó a mediados de 1998 que no resultaba factible investigar a las fuerzas ruandesas a las que se estaba adiestrando mediante el programa conjunto combinado de educación y adiestramiento *debido al elevado número de personas a las que adiestramos+. En 1999 esta clase de investigaciones se convirtió en un requisito legal para todo el personal militar extranjero al que se imparta adiestramiento en un programa patrocinado por el gobierno de Estados Unidos y no sólo a aquellos que lo reciban a través de un programa financiado por el presupuesto para asuntos exteriores.

El Pentágono nunca ha proporcionado suficiente información para establecer si las unidades del ejército ruandés a las que se había impartido adiestramiento a través del Programa estadounidense de Educación y Formación Internacional, eran responsables de abusos contra los derechos humanos en Ruanda. No obstante, las fuerzas armadas ruandesas cometieron violaciones de derechos humanos en el vecino país durante el derrocamiento del presidente Mobutu Sese Seko en 1997 y, en 1998, establecieron una presencia permanente en la nueva República Democrática del Congo y continuaron cometiendo graves abusos contra los derechos humanos en el contexto de su apoyo a la rebelión armada y a la actividad de extracción de minerales.

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Un vehículo del Ejército Patriótico Ruandés pasa junto al cuerpo de un hombre abatido a tiros por soldados de este Ejército. El hombre era sospechoso de haber colaborado con los asaltantes armados que el día antes, 22 de agosto de 1997, habían matado a por lo menos 130 refugiados congoleños en el campo de Mudende, Gisenyi, en el noroeste de Ruanda. Un número desconocido de personas murió en el curso de las represalias llevadas a cabo los días siguientes.

8 AP

[RECUADRO]

ACTÚEN YA

Escriban a la embajada de Estados Unidos en su país solicitando que el gobierno estadounidense publique un estudio de la repercusión que ha tenido en materia de derechos humanos en Ruanda y la República Democrática del Congo (ex Zaire) el adiestramiento impartido por la Fuerza Especial de Estados Unidos a las fuerzas armadas ruandesas. Asimismo, pregunten qué garantías de derechos humano ha puesto en práctica Estados Unidos, según exigen las normas internacionales de derechos humanos sobre responsabilidad de los Estados, para velar por que el adiestramiento militar que se imparte a través de los ejercicios conjuntos combinados de educación y adiestramiento y otros programas similares no contribuye de ninguna manera a que se cometan violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

[FIN RECUADRO]

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El cadáver de un soldado etíope yace en una llanura cerca de Tessenay, localidad del oeste de Eritrea, 6 de junio del 2000. La guerra fronteriza que desde hacía dos años libraban Etiopía y Eritrea concluyó con un tratado de paz en diciembre del 2000. Sin embargo, las consecuencias de este conflicto devastador, que se cobró la vida de decenas de miles de soldados, se dejará notar durante años.

8 Reuters/Sami Sallinen

Las armas rusas alimentan los conflictos africanos

La Federación Rusa sigue suministrando armas a numerosos países africanos, en muchos casos cuando en ellos existe un riesgo manifiesto de que estas armas se utilicen para cometer abusos contra los derechos humanos, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

Según los informes, desde 1999, la Federación Rusa ha incrementado notablemente la exportación de rifles kalashnikov a países africanos, a pesar de los numerosos conflictos armados donde dichas armas se han utilizado para facilitar graves violaciones de derechos humanos. Las transferencias de armas rusas más recientes se han dirigido a las zonas en conflicto del Cuerno de África y de África central y meridional.

La Federación Rusa ha suministrado tanques, helicópteros de combate y vehículos armados de transporte a las fuerzas armadas del gobierno sudanés, a pesar de que estas fuerzas han cometido impunemente abusos contra los derechos humanos, como ejecuciones sumarias y arbitrarias, tortura, secuestro, violencia sexual contra las mujeres y reclutamiento forzado de niños como tropas combatientes.

Asimismo, entre 1998 y 2000, Rusia suministró armas a Etiopía y Eritrea. En un momento de incremento de la tensión y posteriormente de guerra entre los dos países, Rusia suministró ocho aviones caza a Etiopía y seis a Eritrea además de aviones de combate y artillería de gran calibre. El conflicto fronterizo se prolongó durante dos años y concluyó con un tratado de paz en diciembre del 2000. Sin embargo, las consecuencias de este conflicto devastador en el que murieron decenas de miles de combatientes de ambos bandos se dejará sentir durante años. Al parecer, los ataques llevados a cabo por los aviones de combate de ambos bandos también causaron la muerte de algunos civiles. Según los informes, se produjeron numerosas violaciones de derechos humanos, como tortura y ejecuciones extrajudiciales, en el contexto del prolongado conflicto armado interno librado entre Etiopía y Eritrea.

Angola también ha recibido equipo militar ruso: desde bombarderos y helicópteros de combate a tanques y lanzagranadas. Un hecho que, de confirmarse, podría tener una enorme repercusión para la estabilidad en África es la propuesta de establecer centros conjuntos ruso angoleños para el mantenimiento de las armas fabricadas en Rusia. Esto podría tener profundas repercusiones dado que África está inundada de material ruso averiado y viejo.

Rusia también parece haber enviado importantes cantidades de armas a Zimbabue. En 1999 y el 2000 los informes mencionan 10 helicópteros de combate y 21.000 rifles de asalto AK 47. Estas transferencias se realizaron a pesar de denunciarse persistentemente abusos contra los derechos humanos a manos de las fuerzas gubernamentales de Zimbabue, entre los que figuraban la práctica generalizada de la tortura y los malos tratos y los homicidios políticos.

La mayoría de las exportaciones rusas se conciertan a través de Rosoboronexport, el organismo estatal para la exportación. Algunas exportaciones proceden directamente de las empresas productoras, si bien sólo un puñado de empresas pueden tratar directamente con los compradores extranjeros. Según los informes, las armas rusas han logrado llegar a zonas en conflicto en África a través de terceros países, intermediarios comerciales o distribuidores internacionales.

Además del comercio *oficial+ de armas, hay un gran número de traficantes e intermediarios dispuestos a suministrar armas a las partes en conflicto en toda África. Por ejemplo, según informes de la ONU, la empresa Air Cess de Victor Bout ha suministrado armas clandestinamente a Angola, Sierra Leona, Liberia y la República Democrática del Congo y ha recibido el pago en diamantes. Buena parte del armamento en cuestión procede de Rusia y otros países de Europa oriental y de Asia central.

Está aumentando la promoción de productos militares rusos en ferias de armas a las que acuden como clientes potenciales fuerzas armadas que cometen violaciones de derechos humanos de forma persistente. Por ejemplo, el número de empresas rusas presentes en African Aerospace and Defence International, feria de armas celebrada en Sudáfrica, aumenta año tras año. A ella acuden delegaciones de gobiernos africanos que utilizan dicho material para violar los derechos humanos. El reciente anuncio del acuerdo alcanzado entre Promgaz JSO (filial de Gaz Prom), importante empresa rusa de extracción de recursos naturales, y la empresa estatal de exportación de armas Rosoboronexport con el fin de incrementar las posibilidades de exportación de los materiales de defensa rusos, indica que Rusia está relacionando agresivamente la extracción de recursos naturales con la venta de armas, un fenómeno que en varios países africanos ha contribuido a graves abusos contra los derechos humanos.

[RECUADRO]

ACTÚEN YA

Escriban a la embajada de la Federación Rusa en su país citando los casos anteriores y preguntando amablemente por las medidas que han tomado para impedir que el suministro de armas por empresas rusas y comerciantes e intermediarios que son ciudadanos o residentes rusos contribuyan a que se cometan graves violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra, según acordó el gobierno ruso en los Principios Reguladores de las Transferencias de Armas Convencionales (1993), de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), y el Documento de la OSCE sobre Armas Pequeñas y Armas Ligeras (2000).

[FIN RECUADRO]

Alemania, armas pequeñas y África

La mayoría de las exportaciones de armas pequeñas y ligeras autorizadas por el gobierno alemán en los años 1999 y 2000 tuvieron como destino otros países europeos y Estados Unidos. No obstante, se autorizó la exportación de cantidades mucho menores de tales armas a países africanos como Egipto, Namibia, Nigeria, Senegal, Sudáfrica, Tanzania, Zambia y Zimbabue. Entre las armas exportadas a África durante este periodo había revólveres, pistolas y rifles de caza, además de munición. Sin embargo, el informe anual alemán no proporciona información sobre los envíos actuales y el gobierno tampoco indica si las armas fueron enviadas a la policía o a las fuerzas armadas de esos países.

Durante los últimos 40 años, la empresa alemana Heckler & Koch (H&K) ha exportado directamente rifles G3 a más de 45 países de todo el mundo y a más de 20 países africanos, como Angola, Etiopía, Ghana, Kenia, Marruecos, Nigeria, Sudán, Togo, Uganda, Zambia y Zimbabue. Algunas de estas exportaciones procedían de los centros de producción de H&K en el Reino Unido. Por ejemplo, en 1989 y 1990, la empresa H&K en el Reino Unido realizó varios envíos de rifles G3 a la policía keniana.

En febrero del 2002 se denunció que la policía keniana había disparado y herido gravemente a tres niños de edades comprendidas entre los 16 y los 10 años que se habían unido a una manifestación para protestar contra la retirada de una zona de juegos por las autoridades locales. Agentes de policía dependientes del jefe de Githurai dispararon a los niños en las manos, las piernas y los muslos. A uno de los niños le destrozaron la mano con una bala disparada por un rifle G3. Los niños acusaron a la policía de recurrir con demasiada facilidad a las armas de fuego, sin que mediara ningún intento de hablar con el grupo antes de lanzar contra ellos gas lacrimógeno y de disparar munición real. Esta clase de incidentes no es infrecuente y a lo largo de los últimos años, Amnistía Internacional ha documentado muchos casos de disparos y de homicidios a manos de la policía keniana, que en algunos casos quizá constituyeron ejecuciones extrajudiciales. Se puede identificar el rifle G3 concreto utilizado en el reciente incidente por su número de serie, pero se desconoce la ruta del suministro a Kenia.

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La policía antidisturbios de Zimbabue mantiene la vigilancia desde un vehículo blindado ubicado en una intersección del centro de la ciudad de Harare, noviembre del 2001. La policía acordonó el Parlamento para detener una protesta pacífica contra los planes del presidente Robert Mugabe de cambiar las leyes electorales antes de las elecciones presidenciales del 2002.

8 Reuters/Howard Burditt

La exportación indirecta de armas pequeñas alemanas a Kenia y a otros países africanos también se ha producido a través de acuerdos de *producción bajo licencia+ para fabricar armas alemanas en otros países. El gobierno alemán y H&K se han negado a publicar información sobre sus acuerdos de producción bajo licencia por motivos de *confidencialidad comercial+, a pesar de que algunas de las armas pequeñas alemanas producidas de acuerdo con este sistema se han exportado a países que probablemente no obtendrían permiso de exportación directa del gobierno alemán y sus aliados europeos. Por ejemplo, en 1997 la Fábrica de Armamento y Material de Pakistán envió rifles G3 de Pakistán a Kenia como parte de un acuerdo organizado por un intermediario británico. En 1997, el gobierno del Reino Unido había negado a Kenia la licencia de exportación de armas pequeñas, munición y munición antidisturbios debido a la preocupación que suscitaban las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad del país.

La Fábrica de Armamento y Material de Pakistán también ha suministrado armas pequeñas a varios países africanos como Marruecos y Sudáfrica. A su vez ingenieros de dicha empresa han ayudado a varios países a crear instalaciones destinadas a producir armas pequeñas o munición. En 1999, la Fábrica de Armamento y Material de Pakistán declaraba: *Hace unos pocos años, expertos de nuestra empresa volvieron a poner en servicio una fábrica de armamento de Sudán que estaba inactiva+. La empresa turca MKEK es otro de los fabricantes autorizados de rifles G3 así como de otras armas pequeñas de Heckler & Koch, y MKEK afirma haber exportado sus productos a más de 38 países, entre ellos Burundi, Libia, Túnez y *la zona meridional de África+.

Otras empresas alemanas, como Fritz Werner, han proporcionado instalaciones destinadas a producir munición para armas pequeñas a países africanos donde las fuerzas armadas utilizan dichas armas para cometer violaciones de derechos humanos. En 1988 se informó de que Fritz Werner había prestado ayuda a una pequeña fábrica de armas pequeñas y de munición de Nigeria. Más recientemente, Fritz Werner ha firmado al parecer un contrato para establecer un centro de producción de munición de armas pequeñas en Turquía a pesar de la disposición del gobierno turco a suministrar armas pequeñas a países africanos donde tales armas se utilizan para cometer graves violaciones de derechos humanos. Es evidente que la proliferación de instalaciones destinadas a la producción de armas pequeñas propiciada por la deficiente regulación internacional dificulta la protección de los derechos humanos.

[RECUADRO]

ACTÚEN YA

Escriban cartas al gobierno alemán y a la embajada alemana en su país solicitando una explicación sobre las condiciones de derechos humanos que se han impuesto a la exportación de centros de producción por parte de las empresas alemanas como Heckler & Koch y Fritz Werner, y si las licencias de exportación expedidas por Alemania prohibirán la exportación posterior de armas pequeñas y ligeras y de las municiones correspondientes a las fuerzas armadas y a la policía que utilizan dicho material para facilitar las violaciones de derechos humanos.

Asimismo, pregunten por qué autorizó el gobierno la venta de armas pequeñas y ligeras y la munición correspondiente a los países citados en este artículo en los que existe el peligro evidente de que se utilicen para cometer abusos contra los derechos humanos. Pregunten por qué el gobierno alemán no publica más datos sobre los receptores, por ejemplo, si son organismos policiales o militares, y por las medidas que ha adoptado el gobierno alemán para garantizar que las armas que ha exportado no caerán en manos de fuerzas gubernamentales o de grupos armados de oposición responsables de abusos contra los derechos humanos.

Escriban a:

Werner Müller

Bundesminister

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie Berlin

10109 Berlin, Alemania

Fax: +49 1 888 615 7010

correo-e: info@bmwi.bund.de

[FIN RECUADRO]

Tras el petróleo

Los negocios franceses de armas en África

Los sucesivos gobiernos franceses han proporcionado tanto material militar y de seguridad como adiestramiento a la mayoría de los países francófonos de África, independientemente de su historial en materia de derechos humanos. En 1999, entre los receptores de armas tales como ametralladoras de pequeño calibre, rifles automáticos, armas ligeras y lanzacohetes portátiles, estaban Burkina Faso y Camerún.

Poco después de darse a conocer estas exportaciones, la ONU señaló a Burkina Faso como una vía por la que llegaban las armas a Liberia y a las fuerzas armadas de oposición de Sierra Leona responsables de abusos generalizados contra los derechos humanos. Según los informes, las fuerzas de seguridad de Camerún ejecutaron extrajudicialmente a centenares de personas en el año 2000. Estos hechos nunca se investigaron debidamente.

Análisis de una guerra por petróleo

Francia tiene una gran dependencia del petróleo de África. Las empresas francesas controlan importantes campos petrolíferos de la República del Congo y, en los últimos años, han conseguido importantes contratos en Angola. Al parecer, los intereses petrolíferos franceses han estado relacionados con el suministro de armas, lo que en ocasiones ha tenido efectos devastadores para los derechos humanos de la población local.

En 1998, Francia entregó 71 vehículos de transporte militar al gobierno de la República del Congo. Durante el conflicto armado muchos civiles perdieron la vida y resultaron heridos y más de 800.000 personas resultaron desplazadas. Por su historial de conflictos violentos, era lógico suponer que los vehículos serían utilizados por los soldados al cometer violaciones de derechos humanos. Se calcula que unos 25.000 miembros de la milicia participaron en la lucha.

Conforme avanzaba el conflicto, las transferencias de armas se hicieron cada vez más opacas y más complicadas. Documentos de la oficina del ex presidente congoleño Pascal Lissouba revelaban que se habían hipotecado ventas futuras de petróleo para adquirir grandes cantidades de armas para su milicia Cocoyes a un intermediario de armas alemán. El ex presidente de la compañía petrolífera francesa Elf, que tiene importantes intereses en el Congo, admitió que su empresa había entregado armas a las dos partes principales enfrentadas en el conflicto.

En 1999 se firmó un acuerdo de alto el fuego que incluía disposiciones sobre desmovilización de las milicias y recogida de armas. Sin embargo, en los últimos meses el proceso de desmovilización ha flaqueado, lo que ha provocado el temor de que comiencen de nuevo los combates y las violaciones generalizadas de los derechos humanos.

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Niños del Colegio de los Mártires, escuela primaria de Brazzaville, República del Congo, miran por un agujero perforado en la pared del aula por un disparo de mortero, 19 de mayo de 1998. Los estudios del Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) indican que prácticamente toda la población infantil de Brazzaville, formada por 450.000 niños, presenció actos de violencia explícita, brutalidad y actos de violación durante los cuatro meses que duró la guerra civil en el Congo.

8 AP/David Guttenfelder

*Angolagate+

El escándalo conocido como *Angolagate+ salió a la luz por primera vez cuando unos funcionarios judiciales franceses averiguaron que Brenco International, empresa propiedad de Pierre Falcone, empresario billonario, estaba relacionada con la transferencia de armas a Angola y había hecho pagos a varios de sus socios franceses.

Pierre Falcone fue asesor de SOFREMI, organismo gubernamental francés, que exporta material militar bajo los auspicios del Ministerio del Interior francés. En calidad de tal, según los informes, concertó ventas a África y Latinoamérica. Asimismo, estableció buenos contactos con el comercio de armas de Europa oriental a través del empresario ruso emigrado Arcadi Gaydamak. En noviembre de 1993, al parecer, Pierre Falcone y Arcadi Gaydamak habían facilitado la venta de armas pequeñas a Angola por valor de 47 millones de dólares estadounidenses. En 1994, según los informes, concertaron otro acuerdo de venta de armas, entre ellas tanques y helicópteros, por valor de 563 millones de dólares. El gobierno de Angola pagó con petróleo. Pierre Falcone y Arcadi Gaydamak entablaron una estrecha relación con el presidente angoleño José Eduardo dos Santos y, según los informes, les concedieron una participación en prácticamente todos los sectores clave de la economía angoleña, desde la alimentación a los diamantes y el petróleo.

En diciembre del 2001, Pierre Falcone acusado de haber vulnerado entre 1993 y 1994 las leyes francesas de control de armas, fue puesto en libertad bajo fianza. En abril del 2002 volvieron a investigarlo por actividades de tráfico ilegal de armas posteriores a 1994. Está previsto que sea juzgado en el 2002 por su presunta participación en la venta a Angola de armas procedentes de Europa oriental por valor de 500 millones de dólares.

Mientras tanto, la guerra civil en Angola continúa cobrándose todos los años la vida de centenares de civiles inermes tanto a manos de las fuerzas gubernamentales como de la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA). Los informes sobre abusos contra los derechos humanos incluyen tortura, mutilación, secuestros y homicidios. Sólo en el 2001, 300.000 personas se vieron obligadas a abandonar sus casas, a causa del conflicto armado y de la inseguridad, lo que elevó el número de desplazados internos a cuatro millones. El año pasado, más de medio millón de desplazados internos recibieron asistencia humanitaria.

[RECUADRO]

ACTÚEN YA

Escriban cartas a la embajada francesa en su país, citando los ejemplos anteriores. Expresen preocupación por el hecho de que la nueva legislación francesa para controlar a los intermediarios de armas franceses no incluye los acuerdos con *terceros países+ llevados acabo fuera de Francia. Señalen la necesidad de llevar a cabo una investigación independiente sobre la exportación de armas francesas a las partes implicadas en conflictos armados en África en los que se ha denunciado la comisión de violaciones de derechos humanos. Esta investigación debería procurar no sólo descubrir quién es responsable, sino por qué los controles legales y administrativos franceses han resultado insuficientes para garantizar el respeto por las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario por parte de los traficantes y proveedores franceses de acuerdo con los principios establecidos en el Código de Conducta en Materia de Exportación de Armas.

[FIN RECUADRO]

[RECUADRO]

Japón aplicará una política de reducción de armas

En enero del 2002, el primer ministro Junichiro Koizumi anunció que Japón iba a dejar de centrar su política de desarme en las armas de destrucción masivas, como las armas nucleares, para hacerlo en la reducción de las armas convencionales como las armas pequeñas y las minas terrestres.

Según el ministro de Asuntos Exteriores, estas armas se han convertido en *las armas masivas más destructivas, sobrepasando a las armas nucleares+ al causar un gran número de heridos y de muertes en todo el mundo.

El gobierno japonés ha declarado que tiene la intención de hacer propuestas concretas para impedir el comercio ilegal de esta clase de armas y el flujo de armas a las zonas en conflicto. En las regiones asiática, africana y del sur del Pacífico, Japón pretende presentar proyectos oficiales de ayuda al desarrollo para construir colegios y pozos en aquellas comunidades que cooperen en la recogida o abandono de las armas pequeñas.

Un paso concreto que el gobierno japonés ya ha dado es aprobar una ayuda para Sierra Leona por valor de 3 millones de dólares para ayudar a la reintegración de los ex combatientes y a la reconstrucción del país durante los próximos tres años. Los fondos se utilizarán para apoyar los programas de reintegración, mediante el autoempleo, la formación profesional y la educación formal, de unos 5.000 ex combatientes en el distrito septentrional de Koinadugu y los distritos orientales de Kono y Kailahun. Japón también está apoyando proyectos para recoger y destruir armas pequeñas en Afganistán, Kosovo y Mali.

[FIN RECUADRO]

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Mozambique sufrió mucho a causa del comercio de armas pequeñas durante la guerra civil que padeció durante 16 años. *Transformar las armas en arados+ es un proyecto comunitario, apoyado por la ONG británica Christian Aid, que promueve el intercambio de armas por herramientas para el trabajo agrícola y otros materiales. Después los artistas mozambiqueños utilizan los fragmentos de armas destruidas para crear obras de arte, que se muestran y venden para apoyar el proyecto. En la fotografía se muestra la obra titulada *El pájaro quiere sobrevivir+ de Fiel Dos Santos.

8 Paul Hackett/Christian Aid

Las armas italianas alimentan el sufrimiento en África

El nuevo marco amenaza con debilitar los controles

En los 10 primeros meses del 2001 llegaron a África armas pequeñas italianas por un valor superior a los 16 millones de euros. Entre los receptores estaban Nigeria (6 millones de euros) y Kenia (2,5 millones de euros), dos países donde las fuerzas de seguridad han utilizado reiteradamente las armas para cometer violaciones de derechos humanos.

Las fuerzas de seguridad nigerianas continúan utilizando fuerza excesiva para responder a las protestas contra las actividades de las empresas petrolíferas y, al parecer, fueron responsables de los homicidios en gran escala llevados a cabo en el estado de Benue durante el 2000. No se llevó a cabo ninguna investigación independiente sobre las denuncias realizadas en relación con estos incidentes ni sobre otras muertes ocurridas a manos de las fuerzas de seguridad desde la reinstauración del régimen civil en mayo de 1999. En Kenia, los miembros de las fuerzas de seguridad también cometieron violaciones de derechos humanos impunemente. En 2001, al menos 18 personas murieron a manos de la policía en circunstancias que sugerían posibles ejecuciones extrajudiciales. La tortura siguió siendo una práctica generalizada y la policía siguió recurriendo a la violencia para dispersar manifestaciones pacíficas de grupos de derechos humanos, políticos de la oposición, ecologistas y otros.

Aprovechándose de las lagunas existentes

Los controles a la exportación de armas italianas incluyen disposiciones relativas a la protección de los derechos humanos. Las solicitudes de licencia de exportación de armas deben especificar actualmente el tipo de armas, el valor, el pago a los intermediarios, el nombre de éstos y el destinatario final. A la solicitud debe adjuntarse un certificado de usuario final expedido por las autoridades del país receptor. La legislación italiana vigente también requiere un elevado grado de transparencia al exigir que se presente al Parlamento un informe anual sobre el comercio de armas. El informe, elaborado por el primer ministro, contiene información pormenorizada sobre las empresas fabricantes, los tipos de materiales exportados, el valor, el destinatario final y los bancos participantes.

Sin embargo, existe un número creciente de pruebas de que se está haciendo caso omiso de estos controles. Varias organizaciones italianas, incluida la Sección Italiana de AI, han señalado lagunas en las normas vigentes y deficiencias en la ley. Una laguna grave es que la legislación italiana no abarca las armas pequeñas. IRES Toscana, instituto de investigación italiano, informó de que en los últimos años habían aumentado las exportaciones de armas pequeñas, especialmente a países donde posiblemente se utilicen para violar los derechos humanos. Asimismo, hay indicios de que en los últimos años ha disminuido la cantidad de información pública disponible relativa a la exportación de armas, con el fin de proteger la *privacidad comercial+ de las empresas de exportación de armas.

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Logotipo de una coalición de organizaciones no gubernamentales italianas de la que forma parte la Sección Italiana. Solicitan que se enmienden las normas vigentes relativas al control de las exportaciones para garantizar una mayor protección de los derechos humanos.

8 Particular

Nueva amenaza

En febrero del 2002, la Sección Italiana se unió a varias otras organizaciones en una campaña contra una propuesta de reestructuración de la industria de defensa europea. El presunto objetivo de esta reestructuración es hacer más competitiva la industria de defensa europea en el mercado mundial. Sin embargo, a Amnistía Internacional le preocupa que estos cambios a las normas actuales sobre transferencia de armas debiliten aún más los ya de por sí poco estrictos controles, llevando a que aumenten las exportaciones a fuerzas que utilizan las armas y los equipos de seguridad para violar los derechos humanos.

En julio del 2000, los seis países participantes CAlemania, Francia, España, Italia, el Reino Unido y SueciaC firmaron un Acuerdo Marco relativo a las Medidas para Facilitar la Reestructuración y el Funcionamiento de la Industria de Defensa Europea. Este acuerdo suscita seria preocupación en Amnistía Internacional. Por ejemplo, parece debilitar notablemente los controles y procedimientos que permiten la exportación de armas y no establece una vigilancia adecuada de las exportaciones a los países no participantes.

Los cambios propuestos en el Acuerdo Marco amenazan con disminuir notablemente el nivel de transparencia y los controles sobre la transferencia de armas de Europa occidental. Amnistía Internacional está especialmente preocupada por la propuesta de reestructuración de la industria de defensa europea porque los seis países incluidos en la propuesta son los mayores exportadores de armas de Europa.

La Sección Italiana ha lanzado una campaña contra esta reestructuración C*Difendiamo la 185/90 dalla lobby delle armi+ (Defendamos la ley de control de armas contra el lobby de la industria de armas) C para exigir la aplicación completa y el fortalecimiento de las salvaguardias existentes en materia de derechos humanos en la legislación italiana sobre control de armas.

[RECUADRO]

ACTÚEN YA

Escriban a la embajada italiana en su país instando al gobierno italiano a que suprima las lagunas existentes que permiten la exportación de armas pequeñas a fuerzas que podrían utilizarlas para cometer abusos contra los derechos humanos. Señalen que los cambios sugeridos en el Acuerdo Marco Europeo reflejan el *mínimo común denominador+ y que en caso de aprobarse socavarían la protección en materia de derechos humanos. Soliciten una legislación de ámbito europeo que garantice la transparencia y el máximo control sobre el comercio de armas basado en el derecho internacional.

[FIN RECUADRO]

Canadá, petróleo y Sudán

La guerra civil en Sudán se ha cobrado la vida de dos millones de personas desde 1983. En el 2001 se consideraba que había unos 4,5 millones de desplazados internos en el país y otro medio millón que había solicitado refugio en el extranjero. Este conflicto se ha caracterizado por los abusos en gran escala contra los derechos humanos, como secuestros, violaciones y homicidios arbitrarios. Miles de personas, especialmente mujeres y adolescentes, han sido secuestradas y, al parecer, obligadas a trabajar como servicio doméstico no remunerado en condiciones similares a la esclavitud. Muchos sudaneses dependen de los alimentos proporcionados por los organismos de ayuda humanitaria; decenas de miles de personas pasan hambre cuando los combates interrumpen los suministros humanitarios.

La pobreza y la desesperación de buena parte de la población constituyen un contraste absoluto con la riqueza de los recursos naturales de Sudán. En el Índice de Desarrollo Humano del Programa de la ONU para el Desarrollo, Sudán aparece como uno de los países más pobres del mundo, el 138 de un total de 162. Sin embargo, Sudán cuenta con grandes reservas petrolíferas que pueden transformar la vida de sus habitantes de forma positiva. Desgraciadamente, según la experiencia de muchos sudaneses, la industria petrolífera ha contribuido a su sufrimiento en lugar de a su bienestar.

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Unos 200 manifestantes marchan frente al edificio donde Talisman Energy estaba celebrando su reunión anual general en mayo del 2001 en Calgary, Canadá. Los manifestantes pedían que Talisman Energy se marchara de Sudán.

8 Reuters/Patrick Price

[FIN RECUADRO]

El petróleo es una de las principales fuentes de ingresos del gobierno sudanés. Según los cálculos del Fondo Monetario Internacional, los ingresos por este concepto durante el 2000 representaron casi el 45 por ciento de los ingresos totales del gobierno central. Mientras que algunos responsables públicos afirman que los ingresos del petróleo serán utilizados en proyectos de desarrollo que beneficiarán a todos los sudaneses, otros creen que permiten al gobierno aumentar el gasto militar.

Enfrentadas a este conflicto insoluble, algunas empresas petroleras decidieron retrasar la prospección o suspender su funcionamiento. Sin embargo, otras que ya se habían establecido y que mantenían sus actividades han suscitado grave preocupación por la repercusión de sus actividades sobre los derechos humanos de la población local. Una de estas empresas es Greater Nile Petroleum Operating Company (GNPOC), consorcio formado por Talisman Energy de Canadá, China National Petroleum Corporation de la República Popular China, Petronas Bhd de Malaisia, y Sudapet, empresa estatal de Sudán. En Sudán, la prospección petrolífera ha ido acompañada de la expulsión forzada de los habitantes locales por parte de las tropas gubernamentales y progubernamentales. Desde principios de 1999, Amnistía Internacional ha documentado casos de pueblos atacados, incendiados y saqueados así como el homicidio y el desplazamiento forzado de civiles que vivían cerca de los campos petrolíferos de GNPOC conocidos como Unity (Bloque 1) y Heglig (Bloque 2), en los estados de Unidad y del Alto Nilo Occidental. Informes recientes procedentes del lugar sugieren que desde noviembre del 2001 ha habido más muertes y desplazamientos de civiles en el condado de Ruweng, donde se encuentra el Bloque 1, e indican que se colocan minas antipersonales para impedir el regreso de los civiles. Además de los ataques terrestres, se han recibido informes de que las fuerzas gubernamentales, que al parecer incluyen a niños soldados, también han bombardeado algunos pueblos con aviones Antonov y con helicópteros, algunos de los cuales utilizan, según los informes, la pista de aterrizaje de Heglig.

Talisman Energy de Canadá ha hecho hincapié en sus inversiones en proyectos de desarrollo social en la región, como la construcción de un hospital y algunas obras de carreteras. Sin embargo, Talisman Energy también ha ayudado a construir una pista de aterrizaje que ha sido utilizada por los aviones militares como base para bombardear a la población civil y a propiedades en el curso de ataques contra zonas que el gobierno calificaba de bastiones rebeldes.

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Mujeres huyen del conflicto en las proximidades de los campos petrolíferos del sur de Sudán. En Sudán, la explotación petrolífera ha venido acompañada de la expulsión de los habitantes locales.

8 Imagen de vídeo de Damien Lewis: Petróleo, 1999

En junio del 2001, la revista británica The New Statesman informó sobre una de estas operaciones: *Hace tres años, World Relief, organización cristiana estadounidense dedicada a la ayuda humanitaria, estableció un modesto centro de atención sanitaria en Liethnom. Tuvo una repercusión enorme, especialmente sobre la mortandad infantil y de las madres. En Liethnom no hay nada de valor estratégico, sin embargo, el personal del centro recuerda intensamente las dos ocasiones en que los bombardearon: *La última vez fue un domingo por la mañana, cuando nos encontrábamos en la iglesia. De repente se oyó el rugido de unos motores y el sonido de unas explosiones y todo el mundo se arrojaba al suelo en búsqueda de protección ... El ataque no se cobró la vida de nadie, aunque logró su presunto objetivo de intimidación. Hemos aprendido a distinguir realmente bien el sonido de los diferentes motores de avión, y siempre estamos atentos al sonido de un Antonov, y prestos a correrY+

[RECUADRO]

ACTÚEN YA

Envíen cartas redactadas cortésmente a la embajada canadiense en su país resumiendo los motivos de preocupación expuestos anteriormente. Pregunten al gobierno canadiense por los criterios en materia de derechos humanos que está utilizando para vigilar las inversiones en Sudán. También pueden pedir al gobierno canadiense que exprese su preocupación por los homicidios y los desplazamientos forzados registrados en las concesiones petrolíferas de Talisman Energy, y presionar a la compañía petrolífera para que alcance un acuerdo transparente con las fuerzas de seguridad del gobierno sudanés.

[FIN RECUADRO]

[RECUADRO]

Protocolo Facultativo sobre niños soldados

Según la Coalición para Acabar con la Utilización de Niños Soldados actualmente hay más de medio millón de niños reclutados por fuerzas gubernamentales y grupos armados en más de 87 países y al menos 300.000 niños combaten activamente en 41 países.

El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la participación de niños en los conflictos armados, entró en vigor en febrero del 2002 al ser ratificado por 14 Estados y firmado por 94. El Protocolo, que prohíbe el uso de los menores de 18 años en las hostilidades, es una manifestación rotunda del consenso internacional existente contra la utilización de los niños como soldados.

[FIN RECUADRO]

[RECUADRO]

ACTÚEN YA

Comprueben si su país figura entre los que han firmado o ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la participación de niños en los conflictos armados, en el sitio web: http://www.child soldiers.org/opratsfeb.htm. En caso de que su país no sea Estado Parte envíen una carta al ministro de Asuntos/Relaciones Exteriores instando a que su gobierno lo ratifique lo antes posible.

[FIN RECUADRO]

)MENOS QUE SEGURO?

La pistola *taser+ es una nueva generación de armas de electrochoque. Creadas y fabricadas en Estados Unidos, estas pistolas disparan dardos con ganchos que se sujetan al cuerpo de la víctima a través de los cuales el usuario puede aplicar una descarga de 50.000 voltios al apretar un botón. Una empresa estadounidense afirma que su nueva versión de pistola taser se ha vendido a las fuerzas de policía de Alemania, Australia, Argentina, Brasil, Canadá, Corea del Sur, Eslovenia, Filipinas, Francia, Israel, México, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Polonia, Reino Unido, Sudáfrica y Venezuela. Ninguno de estos gobiernos ha publicado estudios pormenorizados sobre los efectos y la idoneidad de estas armas en labores de imposición del orden público.

Amnistía Internacional lleva años haciendo hincapié en la utilización de armas que emplean los más recientes avances técnicos, como las armas paralizantes de electrochoque, para facilitar la tortura y los malos tratos en todo el mundo.

En su primer informe, el grupo de la administración británica que analiza la investigación que se está llevando a cabo en varios países sobre alternativas potencialmente menos letales que las balas de plástico, ha hecho hincapié en varias de las preocupaciones médicas planteadas por Amnistía Internacional al manifestar: *si bien los organismos encargados del mantenimiento del orden público en Estados Unidos llevan varios años utilizando dispositivos eléctricos paralizantes, como las pistolas Atasers@, no parece conocerse bien la base biofísica y fisiológica de su eficacia y seguridad.

Todos los Estados tienen la obligación de evitar el uso arbitrario de fuerza excesiva por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluida aquélla que tiende a infligir una lesión o daño injustificados. El hecho de que los efectos de las pistolas taser puedan variar dependiendo de diversos factores, plantea graves motivos de preocupación en relación con la seguridad de estas armas, así como sobre la capacidad del usuario para garantizar que aplican únicamente el grado mínimo de fuerza necesaria. Por ejemplo, las pruebas llevadas a cabo con la nueva pistola taser muestran que los dardos a menudo yerran su blanco e impactan en zonas más vulnerables del cuerpo, la potencia eléctrica varía dependiendo de si la batería está plenamente cargada o descargada. Asimismo, los efectos pueden variar en función del tipo de ropa que lleve la víctima. También existen indicios de que las condiciones climáticas pueden repercutir.

Sin embargo, a pesar de la falta de conocimientos básicos sobre si sus efectos son en muchos casos arbitrarios, se está promoviendo la pistola taser como un arma *segura+, *menos que letal+. Una vez que llegue a los mercados mundiales, existe el peligro de que llegue a países en los que las violaciones de derechos humanos constituyan una práctica frecuente. En los últimos años, las pistolas taser estadounidenses han sido promovidas en las ferias internacionales sobre armas y seguridad de Polonia, Qatar, Alemania, Francia, México, España y la Federación Rusa.

El gobierno de Estados Unidos está animando a las empresas estadounidenses a que diseñen y produzcan nuevas armas de las denominadas *menos que letales+ que pueden ser utilizadas por las fuerzas de seguridad para paralizar e incapacitar a las personas. Las empresas que participan en la fabricación y promoción de estas armas afirman que proporcionan un método alternativo y seguro de control. Sin embargo, otros sectores han cuestionado su seguridad y el uso de algunas de estas armas de las que es tan fácil hacer un uso incorrecto que pueden alentar la tortura y los malos tratos.

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Superior: Pistola taser avanzada en modo paralizante exhibida en la feria de armas Milipol de París, Francia, 2001.

Inferior: Dardos eléctricos disparados por una pistola Tasertron en FPET en un cuartel de la Infantería de Marina de Quantico, 2001.

8 Robin Ballantyne/ Omega Foundation

Existe todo un arsenal de nuevos productos en fase de diseño o de fabricación de prototipo para inmovilizar e incapacitar a las personas. Por ejemplo, las armas de radiofrecuencia utilizan las microondas contra cualquier persona que se introduzca en la zona irradiada sometiéndola a temperaturas de hasta 55 grados centígrados. Los sistemas malodorantes están basados en elementos químicos fétidos, como excrementos humanos y restos de animales en putrefacción, que pueden almacenarse en contenedores que liberan el agente cuando alguien los pisa. También se pueden liberar de esta forma elementos químicos inmovilizadores, aunque un método tan indiscriminado atentaría tanto contra los Convenios de Ginebra y la Convenci๓n sobre la Prohibici๓n del Desarrollo, la Producci๓n y el Almacenamiento de Armas Bacteriol๓gicas (Biol๓gicas) y Toxํnicas y sobre su Destrucci๓n. Otros materiales que podrían utilizarse de forma igualmente indiscriminada contra personas vulnerables, por ejemplo contra los refugiados que huyen por las fronteras, son las vallas perimétricas de electrochoque con capacidad paralizante o letal y las nuevas minas taser que se activan mediante un dispositivo trampa u otros sensores y que proyectan dardos a distancias de entre 456 cm y 912 cm y a través de los cuales se emiten 50.000 voltios durante un periodo de hasta una hora.

A pesar de que las empresas que promueven estas armas afirman que se trata de una nueva generación de alternativas *seguras+, apenas se ha llevado a cabo investigación independiente alguna sobre las repercusiones de esta clase de armas en situaciones reales. Amnistía Internacional sigue recibiendo informes sobre armas que no han sido debidamente probadas y que se utilizan para infligir un dolor insoportable y lesiones graves. Se ha informado sobre casos de muerte tras el uso de armas de electrochoque. )Son estas armas *no letales+? )Se prestan al uso arbitrario de fuerza excesiva? Actualmente, no puede responderse a estas preguntas con ningún grado de certeza. Lo único que sabemos es que estas armas inmensamente poderosas están siendo ideadas, fabricadas o desplegadas sin ninguna supervisión pública eficaz, mientras que la investigación sobre sus consecuencias y el control de su uso y proliferación son lamentablemente inadecuados.

[RECUADRO]

ACTÚEN YA

Soliciten a los gobiernos del G8 que suspendan el despliegue de pistolas taser inmovilizadoras de electrochoque y otras tecnologías nuevas descritas supra hasta que se lleven a cabo más investigaciones sobre las consecuencias médicas y de otra índole de estas armas y se haya demostrado que pueden utilizarse de acuerdo con lo que indican las normas internacionales de derechos humanos sobre el uso de fuerza. La investigación debería llevarla a cabo un órgano independiente que incluya a expertos en el campo de la medicina, el derecho, la ciencia, la ingeniería y los derechos humanos. Asimismo, su investigación y conclusiones deben ser transparentes y estar abiertas al examen público.

No debe transferirse ningún material de seguridad a un organismo encargado de hacer cumplir la ley cuando existan motivos razonables para pensar que será utilizado para cometer graves violaciones de derechos humanos como, por ejemplo, actos de tortura.

[FIN RECUADRO]

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Exportaciones estadounidenses de armas de electrochoque y de instrumentos de inmovilización. 8 AIUSA

[RECUADRO]

La Red Internacional de Acción sobre Armas Pequeñas

La Red Internacional de Acción sobre Armas Pequeñas es una coalición formada por más de 360 organizaciones cívicas de más de 70 países. Estas organizaciones tienen diferentes mandatos, trabajan sobre cuestiones diversas y representan a diferentes sectores. Sin embargo, se han unido para facilitar la acción individual y colectiva dirigida a combatir la grave amenaza que en su opinión representa la proliferación y el uso indebido de armas pequeñas.

La Red Internacional de Acción sobre Armas Pequeñas insta a los gobiernos a que prevengan y combatan la proliferación de las armas pequeñas a través de seis reclamaciones fundamentales:

$ La elaboración de un convenio internacional sobre el comercio y el tráfico de armas

$ La elaboración de un convenio internacional sobre el marcado y la localización de las armas pequeñas

$ La definición de criterios internacionales reguladores de la exportación de armas pequeñas basados en el derecho internacional, incluidas las normas de derechos humanos

$ La destrucción de los excedentes de armas gubernamentales y la recogida de las armas ilícitas en las comunidades afectadas por la violencia armada

$ El establecimiento de controles sobre la posesión de armas por civiles

$ El aumento de los recursos y fondos que aumenten la capacidad de los gobiernos para poner en práctica nuevos controles.

Amnistía Internacional es miembro de la Red Internacional de Acción sobre Armas Pequeñas y la Sección de su país puede unirse a la organización y contribuir a formar una coalición local de organizaciones no gubernamentales para actuar sobre este asunto.

Si desean más información sobre la Red Internacional de Acción sobre Armas Pequeñas, pónganse en contacto con:

IANSA, Secretariado Internacional, PO 422, 37 Store Street, Londres WC1E 7BS, Reino Unido, Tlf: + 1 44 207 523 2037, Fax: + 1 44 207 620 0719,

Correo electrónico: coordinator@iansa.org

Sitio web: www.iansa.org

[FIN RECUADRO]

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La coalición de organizaciones no gubernamentales que redactó la Convención Marco y de la que forman parte Amnistía Internacional, Arias Foundation, Saferworld, BASIC, la Federación de Científicos Estadounidenses, el Proyecto Arados, Oxfam y American Friends Service Committee. 8AI

Flujo de armas y derecho internacional

El G8 también debe acatar las normas

Amnistํa Internacional y otras personas y entidades galardonadas con el Premio Nobel de la Paz y sus simpatizantes presentaron una propuesta de Convenci๓n Marco sobre las Transferencias Internacionales de Armas a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Trแfico Ilํcito de Armas Peque๑as y Armas Ligeras en Todos sus Aspectos, celebrada en el 2001. En el proyecto de Convenci๓n se exponen determinados principios y mecanismos bแsicos basados en normas vigentes del derecho internacional relativas a la transferencia internacional de armas. En virtud de los principios y mecanismos del proyecto de Convenci๓n, todos los Estados, incluidos los del G8:

1. Adoptarแn y aplicarแn, de conformidad con sus leyes y procedimientos nacionales, el requisito de que todas las transferencias internacionales de armas sean autorizadas.

2. No autorizarแn las transferencias de armas que violen sus obligaciones en virtud del derecho internacional. Entre estas figurarแn:

 las obligaciones derivadas de decisiones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (por ejemplo, las derivadas de las prohibiciones impuestas por el Consejo de Seguridad a la transferencia de armas a Estados especํficos, con arreglo al capํtulo VII de la Carta de las Naciones Unidas);

 las obligaciones derivadas de tratados internacionales vinculantes para las Partes Contratantes (entre tales tratados figuran la Convenci๓n de 1972 sobre la Prohibici๓n del Desarrollo, la Producci๓n y el Almacenamiento de Armas Bacteriol๓gicas (Biol๓gicas) y Toxํnicas y sobre su Destrucci๓n, la Convenci๓n de 1993 sobre la Prohibici๓n del Desarrollo, la Producci๓n, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Quํmicas y sobre su Destrucci๓n, los dos ๚ltimos protocolos de la Convenci๓n de 1980 sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que Puedan Considerarse Excesivamente Nocivas o de Efectos Indiscriminados, y la Convenci๓n de 1997 sobre la Prohibici๓n del Empleo, Almacenamiento, Producci๓n y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucci๓n);

 las transferencias de armas cuyo uso prohํba el derecho internacional humanitario porque son incapaces de distinguir entre combatientes y civiles o porque por sus caracterํsticas sean de una naturaleza que cause heridas innecesarias o sufrimiento innecesario; y

 las obligaciones derivadas del derecho internacional consuetudinario. (Estแ perfectamente establecido que las transferencias de armas efectuadas por un Estado al territorio de otro Estado sin el consentimiento del segundo pueden constituir una injerencia ilํcita en los asuntos del Estado receptor).

3. No autorizarแn las transferencias internacionales de armas en circunstancias en las que exista un riesgo razonable de que las armas:

 se utilicen para violar las prohibiciones de: la amenaza o el uso de la fuerza; la amenaza a la paz; poner en peligro la paz o cometer actos de agresi๓n, o la injerencia ilํcita en los asuntos internos de otro Estado;

 se utilicen para cometer graves violaciones de los derechos humanos;

 se utilicen para cometer graves violaciones del derecho internacional humanitario aplicable en conflictos armados internacionales o no internacionales;

 se utilicen para cometer actos de genocidio o crํmenes contra la humanidad;

 se desvํen y utilicen para cometer cualquiera de los actos mencionados en los subapartados anteriores.

4. Evitarแn autorizar transferencias de armas internacionales en circunstancias en las que existan motivos razonables para pensar que la transferencia en cuesti๓n:

 se utilizarํa para cometer o facilitar la comisi๓n de delitos violentos;

 afectarํa negativamente a la estabilidad polํtica o la seguridad regional;

 afectarํa negativamente al desarrollo sostenible; o

 se desviarํa y utilizarํa de forma contraria a los subapartados anteriores.

5. Crearแn los mecanismos necesarios en su legislaci๓n nacional para garantizar la aplicaci๓n real de las estipulaciones de esta Convenci๓n seg๚n las normas mํnimas establecidas (por ejemplo, la necesidad de un mecanismo de autorizaci๓n transacci๓n por transacci๓n, aspectos de la informaci๓n mํnima que deben proporcionar quienes soliciten autorizaciones, asํ como reglas relativas al proceso de concesi๓n de autorizaciones mแs en general, como mecanismos de examen parlamentario, rendici๓n de cuentas p๚blicamente y, posiblemente, mecanismos nacionales de queja).

6. Establecerแn un registro internacional de transferencias internacionales de armas, y:

 presentarแn al registro internacional un informe anual sobre todos los aspectos relativos a las transferencias de armas realizadas desde su jurisdicci๓n o a trav้s de ella;

 el registro internacional publicarแ un informe anual que examine los informes anuales de las Partes Contratantes.

7. Acordarแn que las obligaciones establecidas en esta Convenci๓n se aplicarแn como normas mํnimas, sin perjuicio de que puedan existir otros requisitos, nacionales o de otro tipo, mแs estrictos.

8. Complementarแn este acuerdo con otras medidas conjuntas.

9. Artํculo 9: Definiciones

A los efectos de la presente Convenci๓n,

1) las "armas" se referirแn a:

 armas peque๑as y ligeras dise๑adas para uso personal o para uso por parte de varias personas que act๚en como tripulaci๓n;

 grandes sistemas de armas, sus piezas, componentes, municiones y material asociado;

 material paramilitar, policial y de seguridad, sus piezas, componentes, accesorios y material asociado;

 formaci๓n militar, policial y de seguridad, incluido el suministro de conocimientos o t้cnicas para la utilizaci๓n de armas, municiones, material paramilitar, componentes, y material asociado;

 tecnologํas sensibles militares y de doble uso.

Las *transferencias internacionales+ se referirแn al movimiento de armas entre dos o mแs jurisdicciones de acuerdo con un contrato sin tener en cuenta si es para su estudio o tienen otro fin.

[RECUADRO]

Entre las personas y entidades galardonadas con el Premio Nobel que apoyan la creación de una tratado para controlar la transferencia internacional de armas están American Friends Service Committee, Amnistía Internacional, Óscar Arias, Norman Borlaug, su santidad el Dalai Lama, John Hume, International Phsycians for the Prevention of Nuclear War, Mairead Maguire, Rigoberta Menchu, Adolfo Pérez Esquivel, Jose Ramos Horta, Joseph Rotblat, Aung San Suu Kyi, el reverendo Desmond Tutu, Lech Walesa, Elie Wiesel, Betty Williams y Jody Williams.

Lilliam Thuram, futbolista francés integrante de la selección campeona del mundo, exige *controles estrictos+ sobre las armas pequeñas. Consultar:

http://www.emedia.amnesty.org/MSP_English.ram

Para más información, visiten las siguientes direcciones web: http//www.armslaw.org y http://web.amnesty.org/web/ttt.nsf.

)Colabora el G8 en la comisión de actos ilícitos?

El texto del artículo 16, según fue aprobado en agosto del 2000 por la Comisión de Derecho Internacional en su (provisionalmente aprobado) Proyecto de Artํculos sobre la Responsabilidad de los Estados, establece que:

*El Estado que presta ayuda o asistencia a otro Estado en la comisi๓n por este ๚ltimo de un hecho internacionalmente ilํcito es responsable internacionalmente por prestar esa ayuda o asistencia si:

a) Lo hace conociendo las circunstancias del hecho internacionalmente ilํcito; y

b) El hecho fuese internacionalmente ilํcito de haberlo cometido el Estado que presta la ayuda o asistencia.+

Por consiguiente, en los casos en que un Estado comete un acto que no es necesariamente ilícito en sí mismo, pero que ayuda a un segundo Estado a vulnerar el derecho internacional, el primer Estado puede ser responsable de participar en el acto ilícito cometido por el segundo si tenía conocimiento del acto que se pretendía cometer.

Los actos ilícitos incluyen la comisión de graves violaciones de los derechos humanos. Éstas incluyen la vulneración de las disposiciones no derogables del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) y de instrumentos regionales como el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (1950), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), o la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (1980), así como violaciones graves de aquellos instrumentos centrados en cuestiones específicas, como la Convenci๓n contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984), el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (1979) y los Principios bแsicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (1990).

Los hechos ilícitos incluyen la comisión de graves violaciones del derecho internacional humanitario, los crímenes contra la humanidad o los actos de genocidio. Recientemente, el Estatuto de la Corte Penal Internacional de 1998 estableció una lista exhaustiva de graves violaciones del derecho internacional humanitario aplicable tanto a conflictos internacionales como no internacionales así como a crímenes contra la humanidad. Estas disposiciones coinciden con las obligaciones contraídas por las Altas Partes Contratantes de los Convenios de Ginebra.

La Convención para la Prevención y el Castigo del Delito de Genocidio define el crimen de genocidio. No sólo incluye como hecho delictivo el genocidio sino la conspiración para cometer genocidio. Es poco probable que un Estado que ayudó a que se perpetrara un genocidio mediante el envío de las armas con las que se cometió el delito tuviera la intención de *destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso+ según establece el Convenio para que sus actos constituyan complicidad en genocidio. Sin embargo, en situaciones en que no exista esta intención, el envío de armas en circunstancias en que es evidente que serán utilizadas para perpetrar un genocidio constituirá una violación del derecho internacional.

Amnistía Internacional, Secretariado Internacional, Peter Benenson House, 1 Easton Street, Londres WC1X 0DW, Reino Unido.