El Estado colombiano no debe usar las medidas para responder a la pandemia del COVID-19 como pretexto para disminuir o retirar los esquemas de protección para personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales, dijo Amnistía Internacional hoy.
“Colombia es uno de los países más letales del mundo para las personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales y ahora, en el contexto del COVID-19, enfrentan aún mayores riesgos. Debido a las restricciones impuestas para contener la pandemia, sus esquemas de protección estatal han sido disminuidos, no pueden moverse continuamente de una ubicación a otra para su seguridad, y sus agresores saben que las fuerzas de seguridad pública están enfocadas en atender temas relacionados con la pandemia”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistia Internacional.
“Las autoridades colombianas no pueden dejar que las personas defensoras sufran ataques y amenazas. El Estado debe mantener sus esquemas de protección otorgados y debe generar estrategias de protección colectiva para comunidades en situaciones de riesgo, a la par que implementa medidas preventivas para contener el COVID-19.”
Colombia es uno de los países más letales del mundo para las personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales y ahora, en el contexto del COVID-19, enfrentan aún mayores riesgos
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistia Internacional
Amnistia Internacional ha recibido información que los esquemas de protección ofrecidos por la Unidad Nacional de Protección a por lo menos dos personas defensoras han sido reducidos en los últimos días. En un caso, debido a la disminución del número de sus escoltas, el defensor se ha visto obligado a esconderse por miedo de recibir ataques por parte de grupos armados que lo han amenazado debido a su labor en defensa de los derechos humanos. A otro defensor se le ha retirado los rondines nocturnos, lo que le podría exponer a ataques.
El 24 de marzo, Amnistía Internacional publicó una serie de recomendaciones a los Estados de las Américas a fin de garantizar que sus respuestas al COVID-19 están en consonancia con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Expertos de las Naciones Unidas también han instado a los Estados a que las medidas adoptadas en el marco de la pandemia no resulten en el silenciamiento de personas defensoras de derechos humanos.
Desde hace una semana, al menos seis personas líderes sociales y defensoras de derechos humanos han sido asesinados en Colombia. El 19 de marzo se reportó el asesinato de Ivo Humberto Bracamonte Quiroz, concejal de Puerto Santander y director del noticiero virtual NPS, mientras realizaba ejercicio en la cancha del barrio Beltranía en Puerto Santander.
Ese mismo día, tres hombres armados asesinaron a Marco Rivadeneira, dirigente de comunidades campesinas del Putumayo e integrante de la Mesa Nacional de Garantías, tras sacarle de una reunión de campesinos en la vereda Nueva Granada en Puerto Asís.
Las autoridades colombianas no pueden dejar que las personas defensoras sufran ataques y amenazas. El Estado debe mantener sus esquemas de protección otorgados y debe generar estrategias de protección colectiva para comunidades en situaciones de riesgo, a la par que implementa medidas preventivas para contener el COVID-19
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistia Internacional
Ángel Ovidio Quintero González, líder social y presidente del Consejo de San Francisco en el departamento de Antioquía, también fue asesinado ese día. El Alcalde de San Francisco reportó que Quintero fue víctima de un tiroteo, y aunque logró escapar del mismo, su cuerpo fue encontrado en un río horas más tarde.
El 24 de marzo, la Organización Regional Indígena Del Valle del Cauca (ORIVAC) reportó que dos líderes indígenas Embera, Omar y Ernesto Guasiruma, fueron asesinados en la zona rural del municipio de Bolívar mientras cumplían la cuarentena dispuesta por el gobierno en su domicilio. La ORIVAC también informó que dos miembros de la misma familia resultaron heridos en el ataque.
Carlota Isabel Salinas Péres, lideresa que integraba la ONG Organización Femenina Popular, también fue asesinada el 24 de marzo en el municipio del San Pablo en el departamento de Bolívar. Sobre las 8 de la noche, hombres armados llegaron a su vivienda en el barrio Guarigua y le mataron a disparos. Hoy su pareja se encuentra desaparecida.
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