Las autoridades iraníes deben investigar urgentemente las denuncias de que se ha violado y sometido a torturas a detenidos y detenidas en las manifestaciones postelectorales.
Jacinta Francisco Marcial, madre de seis hijos, se encuentra encarcelada desde 2006. Se le ha impuesto una condena de 21 años de prisión por su participación en el secuestro de seis agentes de la Agencia Federal de Investigaciones de México.
Santiago Omar Riveros, que dirigía un centro de detención, fue declarado culpable de torturar y matar a golpes a un muchacho de 15 años. Está acusado también de cometer más de 40 crímenes de lesa humanidad contra víctimas a las que en la época se consideró presuntos desaparecidos.
A Ali Ben Sassi Toumi se lo acusa de “pertenencia a una organización terrorista”, de “prestar asesoramiento y apoyo logístico a una organización terrorista” y de fraude.
Más de 100 personas están siendo juzgadas por promover protestas contra el controvertido resultado de las elecciones presidenciales del 12 de junio. Amnistía Internacional ha desafiado a las autoridades iraníes a abrir las puertas del tribunal a observadores internacionales.
La dirigente prodemocrática myanmara ha sido condenada a otros 18 meses de arresto domiciliario. Daw Aung San Suu Kyi lleva recluida –mayoritariamente en arresto domicilario– más de 13 de los últimos 20 años.
Amnistía Internacional reitera su llamamiento para que se lleve a cabo una investigación pública e independiente sobre la presunta complicidad de Reino Unido en la tortura.
Los cuatro líderes estudiantiles detenidos la semana pasada cuando pronunciaban un mitin ante los estudiantes de la Universidad de Zimbabue, en Harare, han quedado en libertad.
