Organizaciones de derechos humanos del estado indio de Manipur han denunciado el secuestro de Bidyarani Devi Salam a manos de la policía para obligar a sus padres –sospechosos de ayudar a grupos locales armados de oposición– a entregarse.
Familias en todo el mundo esperan tener noticias de qué ocurrió con esos seres queridos que se llevaron agentes del Estado o personas que actúan con su apoyo o aquiescencia.
Santiago Omar Riveros, que dirigía un centro de detención, fue declarado culpable de torturar y matar a golpes a un muchacho de 15 años. Está acusado también de cometer más de 40 crímenes de lesa humanidad contra víctimas a las que en la época se consideró presuntos desaparecidos.
Los ataques contra periodistas, la intimidación incesante y las restricciones impuestas por el gobierno a la labor informativa amenazan la libertad de expresión en Sri Lanka y comprometen la seguridad y la dignidad de la población civil desplazada por la guerra.
Días antes de las elecciones presidenciales del 20 de agosto en Afganistán, los periodistas sufren mayores amenazas y ataques tanto de funcionarios del gobierno como de los talibán.
Zarema Sadulayeva, directora de la organización benéfica rusa Salvemos a la [nueva] Generación, es la última activista de derechos humanos asesinada en Chechenia.
Cientos de miles de personas desplazadas por la reciente guerra en el noreste de Sri Lanka viven en campos de desplazados, privadas de derechos humanos fundamentales, como el derecho a la libertad de circulación.
