El fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, ha ordenado una "investigación preliminar" sobre el programa de detenciones secretas puesto en marcha por la CIA tras los atentados del 11 septiembre de 2001. Es un primer paso satisfactorio, pero no suficiente, declara Amnistía Internacional.
Testimonio fotográfico obtenido por Amnistía Internacional en centros de detención de Malaisia muestra la cruda realidad de esta forma cruel de castigo.
En julio la policía irrumpió en un restaurante de Jartum y detuvo a 13 niñas y mujeres por llevar pantalones en público. Lubna Ahmed Al Hussein ha rechazado el indulto ofrecido, llamando así la atención sobre la violación de los derechos de niñas y mujeres en Sudán.
Organizaciones de derechos humanos del estado indio de Manipur han denunciado el secuestro de Bidyarani Devi Salam a manos de la policía para obligar a sus padres –sospechosos de ayudar a grupos locales armados de oposición– a entregarse.
Amnistía Internacional afirma en un nuevo informe que las autoridades tunecinas siguen cometiendo violaciones de derechos humanos en nombre de la seguridad y la lucha antiterrorista, y sin embargo otros Estados siguen devolviendo a Túnez a ciudadanos tunecinos que corren el riesgo de sufrir tortura y otros abusos.
Las autoridades iraníes deben investigar urgentemente las denuncias de que se ha violado y sometido a torturas a detenidos y detenidas en las manifestaciones postelectorales.
Jacinta Francisco Marcial, madre de seis hijos, se encuentra encarcelada desde 2006. Se le ha impuesto una condena de 21 años de prisión por su participación en el secuestro de seis agentes de la Agencia Federal de Investigaciones de México.
Santiago Omar Riveros, que dirigía un centro de detención, fue declarado culpable de torturar y matar a golpes a un muchacho de 15 años. Está acusado también de cometer más de 40 crímenes de lesa humanidad contra víctimas a las que en la época se consideró presuntos desaparecidos.
A Ali Ben Sassi Toumi se lo acusa de “pertenencia a una organización terrorista”, de “prestar asesoramiento y apoyo logístico a una organización terrorista” y de fraude.
Más de 100 personas están siendo juzgadas por promover protestas contra el controvertido resultado de las elecciones presidenciales del 12 de junio. Amnistía Internacional ha desafiado a las autoridades iraníes a abrir las puertas del tribunal a observadores internacionales.
