Suscribirse a las Noticias y Actualizaciones

Ex detenidos de Guantánamo merecen justicia en Italia

Wed, 09 Dec 2009 17:44:06 +0000

Amnistía Internacional pide al gobierno italiano que garantice que dos ex detenidos de Guantánamo que acaban de ser puestos en libertad sean juzgados con las debidas garantías en Italia y no sean devueltos a Túnez, donde podrían ser sometidos a torturas.

Adel Ben Mabrouk y Riadh Nasseri, ciudadanos turcos, son sospechosos de haber cometido delitos relacionados con el terrorismo en Italia antes de ser recluidos en el centro de detención estadounidense de la bahía de Guantánamo.

Ambos fueron detenidos a su llegada a Italia, en noviembre, tras haber estado más de siete años sin cargos ni juicio en Guantánamo.

“Adel Ben Mabrouk y Riadh Nasseri han soportado años de detención ilegal en condiciones que equivalen a malos tratos. Necesitan urgentemente atención psicológica y médica adecuada”, ha declarado Julia Hall, experta de Amnistía Internacional en materia de antiterrorismo en Europa.

“El gobierno italiano debe adoptar medidas inmediatas para asegurarse de que estos hombres no son víctimas de más violaciones de derechos humanos.”

Amnistía Internacional solicita a las autoridades italianas que garanticen que los hombres están detenidos legalmente.

La organización dijo que las autoridades deben también evaluar las pruebas que existen contra ellos a fin de garantizar que ningún testimonio obtenido bajo tortura o malos tratos se utiliza en ningún enjuiciamiento penal contra ellos.

Asimismo, dijo que deben abstenerse de ocultar pruebas alegando motivos de seguridad nacional e indemnizar a los hombres si Italia estuvo implicada en su reclusión u otros malos tratos en Guantánamo.

“Si las autoridades italianas compartieron información con Estados Unidos o estuvieron implicadas en otras actividades que contribuyeron a la detención ilegal de estos hombres y a que fueran sometidos a otras violaciones de sus derechos en Guantánamo, deben rendir cuentas de sus actos”, afirma Julia Hall.

Amnistía Internacional insta asimismo a las autoridades italianas a que garanticen que Adel Ben Mabrouk y Riadh Nasseri no serán expulsados a Túnez ni a ningún otro país donde puedan ser sometidos a torturas u otros malos tratos.

En los últimos años, el gobierno italiano ha intentado expulsar y ha expulsado a varios nacionales tunecinos a Túnez, en algunos casos violando resoluciones dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Este Tribunal ha resuelto también que, con la devolución de algunas de estas personas a Túnez, Italia había violado la prohibición absoluta de devolución por riesgo de tortura. Amnistía Internacional supo posteriormente que algunos de los afectados denunciaron haber sido sometidos a torturas u otros malos tratos.

“Es muy preocupante que el gobierno italiano ignore las peticiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de suspender las expulsiones a Túnez mientras el Tribunal estudia el caso, pues indica que el gobierno prescindirá del Estado de derecho cuando le convenga”, añadió Julia Hall.

“Las autoridades deben garantizar ahora que respetarán la prohibición absoluta de la tortura y no devolverán a Adel Ben Mabrouk y a Riadh Nasseri a Túnez, donde podrían ser sometidos a estos abusos.”

Francia no debe expulsar a Argelia a un hombre detenido por delitos de terrorismo

Fri, 04 Dec 2009 16:46:54 +0000

Francia no debe expulsar a un hombre condenado por actos de terrorismo a Argelia, donde puede correr peligro de ser recluido en régimen de incomunicación y sufrir torturas u otros malos tratos, dijo Amnistía Internacional el jueves 3 de diciembre.

Según un fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de ese mismo día, la expulsión de Kamel Daoudi a Argelia lo expondría a tratos inhumanos o degradantes y violaría el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

“Enviar a Kamel Daoudi a Argelia supondría ponerlo en peligro de ser torturado. Como firmante del Convenio Europeo de Derechos Humanos, Francia no debe llevar a cabo la expulsión”, ha dicho David Diaz-Jogeix, director adjunto del Programa Regional para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.

El fallo del Tribunal Europeo es importante, ya que expresa inequívocamente que la prohibición de torturas u otros malos tratos que establece el Convenio Europeo de Derechos Humanos no admite excepciones.

“El Tribunal se ha pronunciado. Es una clara señal para otros Estados europeos que tal vez estén pensando en expulsar a personas a las que consideran una amenaza para su seguridad nacional a países donde podrían correr peligro de sufrir torturas u otros malos tratos. Los Estados que llevan a cabo tales expulsiones estarían violando sus obligaciones en virtud del derecho internacional”, ha dicho David Diaz-Jogeix.

Amnistía Internacional y otras organizaciones han documentado los malos tratos que sufren las personas detenidas por delitos de terrorismo en Argelia, donde se las recluye en lugares de detención no reconocidos sin contacto con el mundo exterior, en ocasiones durante prolongados periodos, poniéndolas en peligro de ser torturadas.

Kamel Daoudi, originalmente ciudadano argelino, consiguió la nacionalidad francesa, que le fue retirada en 2002 tras acusársele de estar implicado con grupos terroristas, aunque en aquel momento su caso aún estaba pendiente en los tribunales.

En 2005, fue condenado por “asociación con delincuentes en relación con actividades terroristas” y falsificación de documentos oficiales, y condenado a nueve años de cárcel (posteriormente reducidos a seis) y a la expulsión permanente de territorio francés.

El 21 de abril de 2008, Kamel Daoudi salió libre de la cárcel de La Santé tras cumplir su condena y fue puesto inmediatamente bajo custodia hasta su expulsión a Argelia.

Tras la petición de su abogado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ordenó a las autoridades francesas que suspendieran el procedimiento de expulsión mientras el Tribunal consideraba si Kamel Daoudi correría peligro de ser maltratado en caso de ser devuelto a Argelia.

El gobierno danés tiene que detener al presidente sudanés si asiste a la Conferencia sobre el Clima

Mon, 23 Nov 2009 10:33:20 +0000

Amnistía Internacional ha sabido que el gobierno de Dinamarca ha cursado al presidente de Sudán, Omar Hassan Ahmad Al Bashir, una invitación para asistir en diciembre de 2009 a la Conferencia sobre Cambio Climático que tendrá lugar en la capital danesa, Copenhague. La Corte Penal Internacional (CPI) emitió en marzo de 2009 contra el presidente Al Bashir una orden de detención por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en Darfur.

“Dinamarca tiene que dejar claro que procederá a la detención del presidente Al Bashir si viaja a Copenhague,” manifestó Christopher Keith Hall, alto asesor jurídico de Amnistía Internacional.

“La Corte Penal Internacional precisa de la cooperación de sus Estados miembros. Según dispone el Estatuto de Roma, en virtud del cual quedó establecida la Corte, Dinamarca tiene el deber de detener y entregar en su territorio a toda persona contra quien la Corte haya cursado orden de detención.”

“Dinamarca puede y debe demostrar su liderazgo en la práctica de poner a disposición de la justicia a presuntos autores de los peores crímenes mediante el reconocimiento de su deber de detención,” agregó Christopher Keith Hall.

Amnistía Internacional recibió la información durante una reunión de Estados Partes en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

La Corte Penal Internacional emitió en marzo de 2009 una orden de detención contra el presidente Al Bashir por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en Darfur.

Los gobiernos africanos deben reafirmar su compromiso con la Corte Penal Internacional

Wed, 04 Nov 2009 17:05:12 +0000

Amnistía Internacional instó el miércoles 4 a los representantes de los gobiernos africanos reunidos en Addis Abeba (Etiopía) a que reafirmen su apoyo a la Corte Penal Internacional.

En un memorándum publicado esta semana bajo el título de The International Criminal Court: The Contribution Africa Can Make to the Review Conference, la organización ha pedido a los gobiernos africanos que manifiesten con claridad que impedirán que cualquier funcionario acusado de genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra obtenga refugio en sus países.

“Sólo la justicia puede servir de base sólida para una paz duradera”, ha afirmado Kolawole Olaniyan, asesor jurídico para África de Amnistía Internacional.

“Hace más de una década, los Estados africanos figuraban entre los partidarios más enérgicos de la propuesta de establecer un tribunal penal internacional permanente que permitiera investigar y enjuiciar a las personas responsables de algunos de los peores crímenes del mundo; ahora deben renovar este compromiso, pues la supervivencia de la Corte Penal Internacional como órgano internacional eficaz depende de ello”, declara Kolawole Olaniyan.

“Las víctimas africanas de genocidios, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra son algunos de los principales beneficiarios de la Corte; la Corte Penal Internacional debe recibir un apoyo total para que pueda continuar con su importante labor a favor de estas personas.”

El llamamiento se produce después de que el presidente de Sudán, Omar al Bashir, cancelara las visitas previstas a Sudáfrica, Uganda, Nigeria y Venezuela, al quedar patente que podía ser detenido y entregado a la Corte, sobre todo a la luz de las protestas de la sociedad civil africana ante las visitas.

En su memorándum, Amnistía Internacional insta a los Estados africanos a que defiendan con energía las disposiciones de la Corte que excluyen la inmunidad para funcionarios del Estado —con independencia de su rango, incluidos jefes de Estado— del enjuiciamiento por genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

“Todos y cada uno de los instrumentos jurídicos adoptados desde la Segunda Guerra Mundial por la comunidad internacional han rechazado la inmunidad frente al enjuiciamiento para cualquier funcionario estatal acusado formalmente de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra”, afirma Kolawole Olaniyan.

“De hecho, todos los tribunales internacionales que han estudiado la cuestión de la inmunidad desde el establecimiento de la Corte Penal Internacional han concluido que los jefes de Estado no pueden alegar con éxito ninguna supuesta inmunidad frente al enjuiciamiento por genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra.”

Amnistía Internacional ha declarado que para garantizar que la Corte Penal Internacional es un complemento eficaz de los tribunales nacionales, este tribunal debe poder ejercer su jurisdicción sin injerencias políticas.

“Con la excepción de Darfur, todas las situaciones sometidas a investigación por la Corte fueron remitidas al fiscal por los propios Estados africanos: República Centroafricana, República Democrática del Congo y Uganda”, dice Kolawole Olaniyan.

La organización ha instando también a los gobiernos africanos a que evalúen cuidadosamente los aspectos positivos y negativos de establecer un tribunal penal regional, como ha sugerido la Unión Africana en una reunión de la Asamblea celebrada en julio de 2009, especialmente sus costes.

La ministra de Asuntos Exteriores de Nepal se compromete a apoyar la justicia internacional

Tue, 28 Jul 2009 11:10:26 +0000

El domingo 26 de julio, durante una reunión con una delegación de la Sección Nepalí de Amnistía Internacional, la ministra de Asuntos Exteriores de Nepal, Sujata Koirala, dio un paso importante para la erradicación de la impunidad de los actos de genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad.

La ministra se comprometió con Amnistía Internacional a iniciar los trámites para la ratificación del Estatuto de Roma. Cuando concluya el proceso de ratificación, Nepal se unirá a los otros 110 países que se han comprometido ya con el nuevo sistema de justicia internacional.

La reunión coincidió con el tercer aniversario de una resolución adoptada por el Parlamento nepalí –la Asamblea Constituyente– en la que se pedía al gobierno que ratificara el Estatuto de Roma. Los gobiernos anteriores no impulsaron la ratificación.

“Amnistía Internacional insta a la ministra a adoptar de inmediato las medidas necesarias para garantizar que Nepal ratifique cuanto antes el Estatuto de Roma –señaló Madhu Malhotra, directora adjunta del Programa Regional para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional–. En concreto, animamos al gobierno a respaldar plenamente la ratificación ante la Asamblea Constituyente."

La ratificación supondría la aceptación por el gobierno de que la Corte Penal Internacional tiene derecho a investigar y enjuiciar futuros delitos –es decir, delitos perpetrados después de la ratificación– cuando las autoridades o los tribunales nepalíes no puedan o no se muestren dispuestos a hacerlo.

“Es importante que Nepal ratifique el Estatuto de Roma porque acaba de salir de un conflicto en el que miles de personas han sido víctima de homicidios, torturas o desapariciones forzadas”, indicó Madhu Malhotra.

Aunque no permitirá a la Corte Penal Internacional investigar y enjuiciar delitos perpetrados en el pasado –cuyo tratamiento corresponde a otros organismos– la ratificación del Estatuto de Roma constituye un paso importante para evitar que estos delitos se vuelvan a cometer en Nepal y garantizar que, en el caso de tener lugar, no queden impunes.

Durante la reunión, la Sección Nepalí de Amnistía Internacional entregó a la ministra las más de 13.000 cartas de llamamiento que la organización ha recibido en los últimos meses de ciudadanos nepalíes y miembros de Amnistía Internacional en todo el mundo.

La República Checa se compromete con la justicia internacional

Fri, 24 Jul 2009 07:59:09 +0000

El martes 21 de julio, la República Checa ratificó por fin el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. La Sección Checa de Amnistía Internacional y otros grupos de la sociedad civil llevaban más de 10 años luchando por la ratificación.

“Amnistía Internacional acoge con satisfacción este importante paso, que supone el compromiso de la República Checa con la justicia internacional y la erradicación del genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad”, señaló Christopher Keith Hall, asesor general de la organización sobre justicia internacional.

La República Checa se convierte en el 110º país que ratifica el Estatuto de Roma. Cabe señalar que, con esta ratificación, los 27 Estados miembros de la Unión Europea son ahora también Estados Partes en el Estatuto de Roma. La UE se une así a los países sudamericanos, que el pasado 29 de junio completaron su respaldo a la Corte a escala regional, al ratificar Chile dicho instrumento en esa fecha.

“Paso a paso, país a país, se están cerrando los resquicios de impunidad que han impedido hacer justicia a incontables víctimas de estos crímenes horribles”, indicó Christopher Keith Hall.

Sin embargo, la organización expresó su preocupación por el elevado número de países que han ratificado el Estatuto de Roma y sin embargo no han cumplido todavía sus compromisos con la Corte. Muchos países que lo han ratificado no lo han incorporado a su legislación nacional o no han suscrito acuerdos suplementarios con la Corte sobre privilegios e inmunidades, traslado de víctimas y aplicación de condenas.

“La ratificación es un paso importante, pero sólo el primero –señaló Christophe Keith Hall–. En concreto, es fundamental que la República Checa reforme su legislación nacional para que pueda colaborar plenamente con la Corte y sus tribunales puedan cumplir su obligación de enjuiciar actos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.”

La Unión Africana se niega a cooperar con la orden de detención de Bashir

Mon, 06 Jul 2009 14:26:58 +0000

La Unión Africana (UA) ha rehusado cooperar con una orden de detención por crímenes de guerra emitida contra el presidente sudanés Omar al Bashir. Amnistía Internacional ha calificado la decisión de la UA de no reconocer la orden de detención, emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) en marzo, de insulto a las víctimas de violaciones de derechos humanos de Darfur.

”Esta decisión de los Estados miembros de la Unión Africana muestra el desprecio por todas las personas que sufrieron en Darfur graves violaciones de derechos humanos, y convierte a la UA en una farsa como organismo internacional", ha manifestado Erwin van der Borght, director del Programa Regional para África de Amnistía Internacional.

"Al apoyar a una persona a la que se busca por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, socava la credibilidad de los Estados Partes en el Estatuto de Roma y de la UA en conjunto."

La resolución de la UA, adoptada al final de la 13ª Cumbre de la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana, celebrada en Libia, violaría la obligación de los Estados Partes africanos en el Estatuto de Roma de cooperar con la Corte (artículo 86).

Dicha obligación incluye la de cooperar para la ejecución de las órdenes de detención. África desempeñó un importante papel –decisivo, de hecho– en la creación, en 1998, de la CPI. Hasta ahora son 30 los Estados africanos que han ratificado el Estatuto de Roma de la CPI.

Los Estados africanos apoyaron firmemente la creación de la CPI como tribunal que constituye el último recurso para garantizar que las víctimas africanas de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra reciben justicia y reparaciones cuando los Estados no pueden o no quieren investigar y procesar tales crímenes.

Tres Estados africanos, República Centroafricana, República Democrática del Congo y Uganda, remitieron situaciones de sus países a la CPI basándose en la citada premisa. Un cuarto país, Costa de Marfil, ha reconocido la jurisdicción de la CPI para investigar y procesar crímenes cometidos en su territorio o perpetrados por sus ciudadanos en el extranjero.

Los Estados deben rendir cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas en el extranjero

Mon, 29 Jun 2009 11:33:14 +0000

Amnistía Internacional ha afirmado ante la Asamblea del Consejo de Europa que los Estados deben rendir cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas por sus fuerzas en operaciones en el extranjero.
En una intervención ante la sesión de la Asamblea Parlamentaria celebrada en Estrasburgo el miércoles 24 de junio, Claudio Cordone, director general de Programas Regionales y de Investigación de Amnistía Internacional, realizó una declaración en nombre de la secretaria general de la organización, Irene khan.
En la declaración, Cordone enumeró la pena de muerte, la impunidad, la lucha contra el terrorismo, la discriminación y la libertad de expresión como motivos clave de preocupación para la organización.

Lee el texto íntegro (en inglés)

El Consejo de Seguridad de la ONU debe apoyar las acciones de la CPI respecto a Darfur

Fri, 05 Jun 2009 13:28:33 +0000

El Consejo de Seguridad de la ONU debe apoyar los esfuerzos de la Corte Penal Internacional (CPI) para que las víctimas de crímenes de guerra en Darfur obtengan justicia, según Amnistía Internacional.

La organización instó el jueves 4 de junio al Consejo a que rechazara las peticiones de bloquear el procesamiento de personas acusadas de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra y tomara de inmediato las medidas concretas necesarias para asegurar que todas las personas que figuran en las órdenes de detención de la CPI son detenidas y entregadas a la Corte.

Está previsto que el fiscal de la CPI, Luis Moreno-Ocampo, informe el viernes al Consejo sobre las conclusiones de su investigación de la situación de Darfur

Entre los casos examinados por la CPI en relación con la situación de Darfur están las órdenes de detención internacionales de la Corte contra el ministro del gobierno sudanés Ahmad Harun y el líder de la milicia yanyawid Ali Kushayb, emitidas en abril de 2007, y la orden de detención contra el presidente sudanés Omar al Bashir, emitida el 4 de marzo de 2009.

Estos tres hombres están acusados de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Hasta ahora, el gobierno sudanés se ha negado a detenerlos o entregarlos a la CPI.

Las autoridades sudanesas tienen la obligación legal de detener a toda persona que figure en una orden de detención en virtud de la Resolución 1593 (2005) del Consejo de Seguridad, que exige a Sudán que coopere con la CPI. Como ha informado con anterioridad el fiscal de la CPI, Sudán no ha tomado medidas serias para investigar y procesar a ninguna persona acusada de perpetrar crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra en Darfur.

En vez de atender a la petición del Consejo de Seguridad de cooperar plenamente con la CPI, algunos Estados y organizaciones han invitado a un fugitivo de la justicia internacional, el presidente Omar al Bashir, a realizar visitas y celebrar reuniones oficiales con total impunidad.

"Hace cuatro años, el Consejo de Seguridad utilizó las facultades que le concede el Capítulo VII de la Carta de la ONU para remitir a la CPI la situación en Darfur”, ha dicho Tawanda Hondora, director adjunto del Programa Regional para África de Amnistía Internacional. “Ahora, su deber es utilizar estas mismas facultades para ordenar a Sudán que entregue a la CPI a todas las personas que figuran en las órdenes de detención de la Corte, y para ordenar a todos los demás Estados que las detengan y entreguen sin demora a la CPI, tal como Brasil anunció que haría. Estas personas deben ser juzgadas con garantías por un tribunal independiente que no dicte penas de muerte”.

Amnistía Internacional ha expresado su opinión de que el Consejo de Seguridad debe definir un marco para garantizar la aplicación de la resolución 1593 y de las decisiones de la CPI respecto a la situación de Darfur.

Un marco de este tipo podría incluir el uso del Comité de Sanciones, creado en virtud de la Resolución 1591(2005), para supervisar la detención de las personas que figuran en las órdenes de detención, o la creación de algún otro organismo para supervisar la aplicación de medidas con objeto de llevar a efecto las órdenes de detención de la CPI. Tal organismo podría ordenar directamente a cada Estado miembro que informara sobre las medidas tomadas para garantizar que dispone de las leyes y los mecanismos necesarios para detener a las personas que figuran en las órdenes de detención de la CPI y para aplicar la petición de detención de la Corte cuando estas personas visitan sus países.

El presidente Obama defiende el cierre de Guantanamo, pero apoya la detención preventiva indefinida

Mon, 25 May 2009 13:02:48 +0000

En un importante discurso sobre seguridad nacional pronunciado el 21 de mayo de 2009, el presidente Barack Obama reafirmó su compromiso de cerrar el centro de detención de Guantánamo y poner fin al empleo de las denominadas “técnicas de interrogatorio mejoradas” que aprobó el anterior gobierno estadounidense.

Sin embargo, reiteró también su decisión de seguir con los juicios ante comisiones militares iniciados durante el gobierno del presidente George W. Bush, se mostró contrario a la creación de una comisión encargada de investigar las violaciones de derechos humanos cometidas en lo que dicho gobierno denominó “guerra contra el terror” y apoyó el modelo de “guerra global” desarrollado por éste. De acuerdo con dicha teoría, el presidente Obama señaló la posibilidad de que Estados Unidos implante un sistema de detención preventiva.

Aunque el discurso estuvo salpicado de constantes alusiones a los valores estadounidenses, el presidente Obama no se refirió ni una sola vez de manera expresa a los derechos humanos. Amnistía Internacional lamenta profundamente que el gobierno estadounidense no haya reconocido todavía de un modo firme y explicito que los derechos humanos universales y el respeto por las normas internacionales de derechos humanos no sólo son aplicables a todas las medidas antiterroristas y a todos los detenidos , sino que constituyen también (como acordaron todas las naciones del mundo en la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo) un elemento clave de todo plan efectivo para neutralizar la amenaza que suponen grupos como Al Qaeda y otros similares.