Enjuiciamiento en tribunales nacionales de las violaciones graves de derechos humanos cometidas en cualquier parte del mundo.

Dado que el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas son crímenes contra el derecho internacional, todos los Estados tienen la obligación de investigarlos y juzgarlos en sus tribunales nacionales.

Habida cuenta de que la impunidad existe principalmente cuando las autoridades del país en el que se han cometido los delitos no actúan, es importante que los sistemas de justicia civil y penal de todos los demás países puedan intervenir para juzgar dichos delitos en nombre de la comunidad internacional y conceder reparaciones a las víctimas.

Amnistía Internacional aboga por que todos los gobiernos faculten a sus tribunales nacionales para que asuman esta importante función promulgando y aplicando legislación que prevea el principio de jurisdicción universal. Esta legislación deberá permitir a las autoridades nacionales investigar y procesar a toda persona sospechosa, con independencia del lugar en el que se haya perpetrado el delito o de la nacionalidad de la persona acusada o de la víctima, así como conceder reparaciones a ésta y a sus familiares. 

Al proceder así, los gobiernos se asegurarán de que sus países no sirven de refugio a los peores criminales. 

El memorándum jurídico de Amnistía Internacional titulado Universal Jurisdiction: the duty of states to enact and implement legislation expone que más de 125 países prevén el principio de jurisdicción universal para al menos uno de los crímenes contra el derecho internacional. La organización hace campaña para que todos los Estados promulguen legislación que disponga la aplicación de este principio a los seis delitos. 

Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, más de 15 países han ejercido la jurisdicción universal en investigaciones o juicios de personas sospechosas de haber cometido crímenes contra el derecho internacional, entre ellos, Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido o Senegal, y otros, como México, han extraditado a personas a otro país para su procesamiento en virtud del principio de jurisdicción universal.