Garantizar que las autoridades nacionales investigan y ponen a dispocisión de los tribunales de justicia a los responsables de violaciones graves de derechos humanos.

La historia demuestra que en casi todos los casos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas ha habido una ausencia de investigaciones y enjuiciamientos por parte de las autoridades nacionales.

Los motivos más frecuentes de esta falta de acción son los siguientes:

• ausencia de voluntad política;
• decisiones políticas por las que se conceden amnistías que protegen a los responsables;
• desmoronamiento del ordenamiento jurídico nacional;
• legislación nacional inadecuada para la tipificación de los delitos;
• otros obstáculos jurídicos, como las normas relativas a la prescripción de los delitos o la concesión de inmunidades.

Aunque en ocasiones se han creado tribunales internacionales o internacionalizados para juzgar delitos en algunas situaciones de ámbito nacional, en la práctica estos tribunales sólo han actuado en un número reducido de casos.

Para acabar por completo con la impunidad, es esencial que los Estados directamente afectados por los crímenes cumplan con la responsabilidad que le corresponde y que los tribunales internacionales u otros Estados, en representación de toda la comunidad internacional, intervengan cuando el Estado concernido no actúe.

Establecimiento de marcos nacionales efectivos para impedir la impunidad

Amnistía Internacional hace campaña para que todos los gobiernos, estén o no directamente afectados por estos crímenes en su historia reciente, tomen las siguientes medidas:

• garanticen que la legislación nacional permite a las autoridades del país investigar y enjuiciar estos crímenes sin obstáculos, cualesquiera que sean el lugar y el momento en el que se hayan cometido; y
• ratifiquen el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y su Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades, y se aseguren de que la legislación nacional prevé la plena cooperación con la Corte, en el caso de que el sistema judicial nacional no tenga la capacidad o la voluntad para enjuiciar los crímenes y la Corte decida intervenir.

Investigación y enjuiciamiento de los crímenes en tribunales nacionales

Amnistía Internacional hace campaña para que el gobierno del país en el que se han cometido los crímenes o cuyos nacionales son los autores elaboren, con la ayuda de la comunidad internacional, un plan de acción integral destinado a garantizar que se investigan todos los crímenes y, si hay suficientes pruebas, que se procesa en juicios justos a las personas sospechosas, sin recurrir a la pena de muerte, a la tortura u otros malos tratos ni a ninguna otra violación de los derechos humanos.

Puesto que estos crímenes son los peores conocidos por la humanidad,  deben eliminarse todas las barreras nacionales a los procesamientos, incluidas las inmunidades, las amnistías o las normas relativas a la prescripción de los delitos.