El fiscal de la Corte Penal Internacional podrá iniciar la investigación de presuntos crímenes de genocidio, de lesa humanidad o de guerra cometidos después del 1 de julio de 2002:

• cuando el Consejo de Seguridad de la ONU remita al fiscal de la Corte una situación que considere una amenaza para la paz y la seguridad mundiales;
• cuando un país que ha ratificado el Estatuto de Roma remita una situación a la Corte;
• cuando el fiscal, sobre la base de información recibida, solicite y reciba de la Sala de Cuestiones Preliminares una autorización para iniciar de oficio una investigación.

El Consejo de Seguridad, actuando con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, puede remitir al fiscal una situación relativa a cualquier parte del mundo. Cuando los Estados remitan casos o el fiscal inicie de oficio una investigación, éste sólo podrá investigar los crímenes cometidos por nacionales de Estados que hayan ratificado el Estatuto o perpetrados en el territorio de dichos Estados. 

Una vez iniciada la investigación, la Fiscalía realizará diligencias exhaustivas para reunir pruebas sobre la comisión de delitos de responsabilidad penal. Cuando disponga de pruebas suficientes, la Fiscalía podrá presentar cargos contra las personas sospechosas y solicitar a la Sala de Cuestiones Preliminares que dicte una orden de detención contra ellas para que sean entregadas a la Corte y juzgadas.

Hasta la fecha, la Corte Penal Internacional ha iniciado cuatro investigaciones en los siguientes países: República Democrática del Congo, Uganda, Darfur (Sudán) y República Centroafricana. Ha emitido siete órdenes de detención, y ha sido entregada una persona a la Corte para su procesamiento.

Investigación y enjuiciamiento de crímenes cometidos en la República Democrática del Congo
Investigación y enjuiciamiento de crímenes cometidos en Uganda
Investigación y enjuiciamiento de crímenes cometidos en Darfur (Sudán)
Investigación y enjuiciamiento de crímenes cometidos en la República Centroafricana

Investigación y enjuiciamiento de crímenes cometidos en la República Democrática del Congo

El 23 de junio de 2004, el fiscal abrió la primera investigación de la Corte Penal Internacional sobre crímenes cometidos durante el conflicto de la República Democrática del Congo desde el 1 de julio de 2002, fecha de inicio de la jurisdicción de la Corte. El gobierno del país le había remitido la situación.

El conflicto, de casi 10 años de duración, se ha cobrado la vida de más de cuatro millones de personas en el país. Tanto las fuerzas armadas del gobierno congoleño como los grupos armados de oposición han cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad, como asesinatos, violaciones, militarización de niños y niñas, esclavitud sexual y otras formas de violencia sexual.

El 17 de marzo de 2006, la Corte Penal Internacional hizo pública una orden de detención contra Thomas Lubanga Dyilo, presunto fundador y líder de la Unión de Patriotas Congoleños, que estaba bajo custodia en la República Democrática del Congo y que fue entregado a la Corte el 20 de marzo de 2006.

Thomas Lubanga Dyilo está acusado de alistar, reclutar y utilizar a niños y niñas menores de 15 años para la participación activa en hostilidades. El procesamiento de Thomas Lubanga Dyilo será el primer caso de la Corte. Asimismo, continúan las investigaciones sobre otros crímenes cometidos en la República Democrática del Congo.

Amnistía Internacional pide que todos los delitos perpetrados en la República Democrática del Congo sean investigados y juzgados por la Corte Penal Internacional, las autoridades del país y otros países que apliquen el principio de jurisdicción universal, que se difunda la verdad sobre los crímenes y que las víctimas reciban una reparación plena y efectiva.

Investigación y enjuiciamiento de crímenes cometidos en Uganda

El 27 de julio de 2004, el fiscal de la Corte Penal Internacional abrió una investigación sobre los crímenes cometidos en Uganda desde el 1 de julio de 2002, fecha de inicio de la jurisdicción de la Corte. El gobierno ugandés le había remitido la situación.

En el conflicto que libraron durante más de 20 años el Ejército de Resistencia del Señor y las fuerzas gubernamentales en el norte de Uganda, la población civil fue víctima de matanzas generalizadas, delitos de violencia sexual, reclutamiento forzado de niños y niñas soldados y desplazamiento.

El 14 de octubre de 2005, la Corte hizo públicas sus primeras órdenes de detención contra cinco dirigentes del Ejército de Resistencia del Señor –Joseph Kony, Vincent Otti, Okot Odhiambo, Dominic Ongwen y Raska Lukwiya– y los acusó formalmente de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, entre ellos asesinato, violación y esclavitud sexual, así como de dirigir un ataque contra la población civil. 

En noviembre de 2006, la Corte confirmó que Raska Lukwiya había muerto antes de ser detenido. Los otros cuatro hombres continúan en libertad. Amnistía Internacional hace campaña para que sean detenidos sin más demora.

La organización también pide que todos los delitos cometidos en Uganda, incluidos los perpetrados por el Ejército de Resistencia del Señor y por las fuerzas gubernamentales, sean investigados y juzgados por la Corte Penal Internacional, las autoridades ugandesas y otros países que apliquen el principio de jurisdicción universal; pide asimismo que se difunda la verdad sobre los crímenes y que las víctimas reciban una reparación plena y efectiva.

Investigación y enjuiciamiento de crímenes cometidos en Darfur (Sudán)

El 31 de marzo de 2005, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la Resolución 1593, por la que remitía la situación en Darfur desde el 1 de julio de 2002 (fecha de inicio de la jurisdicción de la Corte) al fiscal de la Corte Penal Internacional, tras la campaña emprendida por Amnistía Internacional y otras organizaciones no gubernamentales.

Mas de dos millones de civiles han sido víctimas de homicidio, violación, tortura o desalojo forzado de sus hogares durante el conflicto que asuela la región.

Es la primera vez que el Consejo de Seguridad de la ONU remite una situación a la Corte Penal Internacional y que a ésta se le otorga jurisdicción sobre delitos cometidos en un país que no ha ratificado el Estatuto de Roma.

El 6 de junio de 2005, la Corte Penal Internacional inició una investigación sobre los crímenes perpetrados en Darfur.

El 1 de mayo de 2007, la Corte emitió dos órdenes de detención contra el ex ministro del Interior Ahmad Muhammad Harun y el famoso líder yanyawid Ali Muhammad Ali Abdelrahman (también conocido como Ali Kushayb), acusados de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Amnistía Internacional hace campaña para que sean detenidos y entregados a la Corte. Por el contrario, el gobierno de Sudán se ha negado públicamente a colaborar en esta cuestión.

Amnistía Internacional pide que todos los delitos cometidos en Darfur sean investigados y juzgados por la Corte Penal Internacional, las autoridades sudanesas y otros países que apliquen el principio de jurisdicción universal, que se difunda la verdad sobre los crímenes y que las víctimas reciban una reparación plena y efectiva.

Investigación y enjuiciamiento de crímenes cometidos en la República Centroafricana

El 22 de mayo de 2007, el fiscal de la Corte Penal Internacional inició una investigación sobre crímenes tales como homicidios, violaciones, violencia sexual y pillaje perpetrados durante 2002 y 2003 en la República Centroafricana.

Amnistía Internacional lleva varios decenios documentando graves abusos contra los derechos humanos, incluidos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, cometidos durante el conflicto armado de la República Centroafricana y que hasta la fecha han quedado impunes.

Amnistía Internacional pide que todos los delitos cometidos en la República Centroafricana sean investigados y juzgados por la Corte Penal Internacional, las autoridades centroafricanas y otros países que apliquen el principio de jurisdicción universal, que se difunda la verdad sobre los crímenes y que las víctimas reciban una reparación plena y efectiva.