China está a la cabeza de los países que utilizan la pena de muerte. Sin embargo, Amnistía Internacional cree probable que haya habido una disminución significativa en el número de ejecuciones en China, tras el restablecimiento en enero de 2007 de la revisión de todas las condenas a muerte por el Tribunal Supremo Popular.
La pena de muerte y las condiciones de los presos condenados a la pena capital en China constituyen una afrenta a la dignidad humana. Ninguna persona condenada a muerte tiene un juicio justo acorde con las normas internacionales de derechos humanos.
En China la pena de muerte puede imponerse por unos 68 delitos, entre ellos delitos no violentos como fraude fiscal, malversación, aceptación de sobornos y algunos delitos relacionados con las drogas.
La única forma de verificar si se ha producido una reducción en el número de ejecuciones es mediante la publicación de estadísticas sobre la pena de muerte en todo el país. Las autoridades chinas tienen que avanzar en esta reforma introduciendo mayor transparencia, para garantizar que las familias y los abogados de las personas condenas a muerte pueden acceder a ellas y a la información sobre sus casos.
De acuerdo con el objetivo oficial de la abolición total, el gobierno también ha de reducir significativamente el número de delitos punibles con la pena capital y abolir la pena de muerte para los crímenes no violentos.
Detener las ejecuciones
Delincuentes condenados a muerte en un juicio público en Zhuzhou, en provincia de Hunan, en el centro de China, diciembre de 2006.
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