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Un ciudadano mexicano a quien no se informó de su derecho a pedir asistencia a su consulado después de su detención fue ejecutado en Texas el martes 5 de agosto.

La ejecución de José Medellín constituyó una violación de las obligaciones legales internacionales de Estados Unidos y se llevó a cabo a pesar de los llamamientos emitidos desde todo el mundo para que no se produjese, incluso del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon.

El recurso de última hora presentado ante la Corte Suprema de Estados Unidos también fue infructuoso, ya que el tribunal se pronunció en contra de la suspensión por cinco votos a cuatro. La ejecución tuvo lugar alrededor de las 10 de la noche, unas cuatro horas más tarde de la hora prevista.

Uno de los magistrados de la Corte Suprema de Estados Unidos que se mostró a favor de suspender la ejecución sostuvo que permitir que la ejecución siguiera adelante dejaría a Estados Unidos en una "situación irremediable de violación del derecho internacional y de incumplimiento de nuestras promesas en virtud de los tratados".

"La ejecución de José Ernesto Medellín Rojas por el estado de Texas es una violación del derecho internacional", ha afirmado Amnistía Internacional. "Menoscaba la autoridad de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que había fallado a favor de la suspensión de la ejecución."

José Medellín fue condenado a muerte en 1994 por su participación en el asesinato de dos adolescentes: Jennifer Ertman, de 14 años, y Elizabeth Peña, de 16. Los asesinatos se cometieron en Houston en 1993.

Las autoridades de Texas no le notificaron en ningún momento que, como ciudadano extranjero, tenía derecho a pedir asistencia a su consulado, conforme establece el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.

A causa de esta violación del tratado, José Medellín se vio privado de la amplia ayuda que México proporciona para la defensa de sus ciudadanos que se enfrentan a cargos punibles con la muerte en Estados Unidos.

El consulado mexicano no tuvo conocimiento del caso hasta casi cuatro años después de la detención de José Medellín, y para entonces el juicio y la apelación inicial que confirmó su declaración de culpabilidad y su condena de muerte ya habían concluido.

El 4 de agosto, la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas se pronunció por unanimidad en contra de recomendar que el gobernador del estado conmutase la pena de muerte o concediese un indulto.
El gobernador Rick Perry tuvo la oportunidad de conceder una suspensión de la ejecución por 30 días y de pedir a la Junta que reconsiderase su decisión para cumplir una resolución reciente de la Corte Internacional de Justicia, pero no lo hizo.

En 2004 la Corte Internacional de Justicia había concluido que, en los casos de José Medellín y otros 50 ciudadanos mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos, este país había violado las obligaciones contraídas en virtud de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. La CIJ ordenó a Estados Unidos que proporcionara una "revisión y reconsideración" judicial de las declaraciones de culpabilidad y las condenas, con el fin de determinar si los acusados se habían visto perjudicados por las violaciones de la Convención.

En marzo de este año, la Corte Suprema de Estados Unidos concluyó que la resolución de la CIJ "constituye una obligación del derecho internacional por parte de Estados Unidos". Sin embargo, por una mayoría de seis contra tres, decidió que la resolución de la CIJ "no es automáticamente vinculante en la ley nacional" y que la autoridad de ponerla en práctica recaía en el Congreso de Estados Unidos.

En el Congreso, los intentos para aprobar legislación de aplicación se estancaron, pero el estado de Texas no modificó la fecha fijada para la ejecución de José Medellín. La CIJ ordenó a Estados Unidos que "tomara todas las medidas necesarias" para detener la ejecución.  

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, fue una de las personas que pidió que la ejecución no se llevase a cabo: "Los Estados deben respetar todas las resoluciones y ordenanzas de la Corte Internacional de Justicia", declaró a una emisora de televisión en Ciudad de México, donde se encontraba asistiendo a una conferencia sobre el VIH/sida.

Tras la ejecución, el gobierno de México emitió un comunicado en el que afirmaba que se había llevado a cabo en "claro desacato" a la ordenanza de la CIJ.

La declaración continuaba así: "El gobierno de México ha enviado una nota de protesta al Departamento de Estado de Estados Unidos por esta violación al derecho internacional, preocupado por el precedente que pueda sentar para los derechos de los connacionales que puedan ser detenidos en ese país."

"La Secretaría de Relaciones Exteriores reitera que la importancia fundamental de este caso es el respeto al derecho al acceso a la protección que brindan nuestros consulados a los mexicanos en el exterior".