Informe anual 2013
El estado de los derechos humanos en el mundo

Comunicados de prensa

6 noviembre 2009

Turquía no debe acoger a un fugitivo de la justicia internacional

Amnistía Internacional ha condenado el hecho de que Turquía haya extendido una invitación al presidente sudanés Omar al Bashir para asistir a una reunión que se celebrará en su territorio pese a que la Corte Penal Internacional ha dictado una orden de detención en contra del presidente por cargos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. “El presidente Omar al Bashir es un fugitivo de la justicia internacional al que se imputa responsabilidad en la comisión de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra contra hombres, mujeres, niños y niñas, entre ellos asesinato, violación, tortura y desplazamiento forzado. Sería una vergüenza que Turquía le diera acogida”, ha manifestado Christopher Keith Hall, asesor jurídico principal de Amnistía Internacional.
El presidente Omar al Bashir ha sido invitado a asistir a una reunión de la Organización de la Conferencia Islámica que se celebrará en Estambul, Turquía, del 5 al 9 de noviembre de 2009.

El 4 de marzo de 2009, la Corte Penal Internacional dictó una orden de detención contra el presidente Omar al Bashir por cargos de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
“Si las autoridades turcas no detienen al presidente Omar al Bashir y lo entregan a la Corte, incumplirán las obligaciones internacionales que recaen sobre ellas”, ha señalado Christopher Keith Hall.

“No sólo constituiría una obstrucción de la justicia sino que también, del mismo modo que ofrecer refugio a un ladrón de banco fugitivo constituiría un crimen de derecho interno, dar santuario a un fugitivo de la justicia internacional constituiría complicidad en un crimen.”

Según informes de prensa, las autoridades turcas han declarado que no tienen la intención de detener y entregar al presidente Omar al Bashir.
“Turquía debe actuar como miembro responsable de la comunidad internacional por el bien de miles de víctimas de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en Darfur”, ha añadido Christopher Keith Hall.

 

Información complementaria

Turquía es Estado Parte en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que le impone la obligación de iniciar una investigación toda vez que una persona sospechosa de actos de tortura –sin limitaciones de rango– esté presente en su territorio, y ponerla bajo custodia o tomar otras medidas judiciales para asegurar su presencia mientras esté pendiente la tramitación de actuaciones penales o procedimientos de extradición.
Aunque Turquía no es Estado Parte en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, sí lo es en la Convención contra la Tortura, y se ha comprometido a ratificar el Estatuto de Roma.

El artículo 13 de su Código Penal autoriza a Turquía a detener a ciudadanos extranjeros sospechosos de participación en crímenes de lesa humanidad cometidos en el extranjero contra otros ciudadanos extranjeros.

La oferta de Turquía de proporcionar un lugar seguro a un fugitivo de la justicia internacional no condice con su calidad de miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, cuya Resolución 1593 ”exhorta a todos los Estados y organizaciones regionales y demás organizaciones internacionales competentes a que también cooperen plenamente” con la Corte Penal Internacional en lo relativo a la cuestión de Darfur.

Nota para periodistas:
Recientemente, Turquía ha tratado de reforzar su relación con Sudán. Este último ha eliminado la exigencia de un visado para la entrada de ciudadanos turcos y las restricciones a inversionistas turcos.

Desde el 4 de marzo de 2009, fecha en que la Corte Penal Internacional dictó la orden de detención en su contra, el presidente Omar al Bashir ha visitado siete Estados (Eritrea, Egipto, Libia, Qatar, Arabia Saudí, Etiopía y Zimbabue), ninguno de los cuales son Estados Partes en el tratado que establece la Corte. Recientemente trató de visitar Uganda y Nigeria y en las dos ocasiones se vio obligado a cancelar las visitas planeadas debido a las protestas de la sociedad civil de ambos países.

Varios Estados, como Botsuana, Brasil y Sudáfrica, han indicado que detendrían al presidente sudanés si entrara en su territorio.


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