Una disposición legal aprobada esta semana por el Parlamento tunecino pretende silenciar a quienes mantienen una actitud crítica hacia el gobierno y a los activistas de derechos humanos, ha advertido Amnistía Internacional.

La organización ha afirmado que la enmienda del código penal tunecino, relativa a las violaciones de la “seguridad externa”, está concebida para actuar contra los activistas de los derechos humanos que hacen gestiones de captación de apoyos ante organismos extranjeros como la Unión Europea (UE) para que presionen al gobierno por su historial de derechos humanos.

 “En vez de limpiar su pésimo historial de derechos humanos, las autoridades tunecinas han elegido criminalizar aún más la defensa de los derechos humanos y menoscabar la valerosa labor que llevan a cabo los defensores y defensoras de los derechos humanos y otras personas que intentan sacar a la luz las violaciones que tienen lugar a diario en Túnez”, ha afirmado Amnistía Internacional.

La enmienda del artículo 61 bis del Código Penal criminaliza los contactos con “agentes de una potencia extranjera para socavar la situación militar o diplomática de Túnez”. Las personas a las que se declare culpables de este delito pueden ser condenadas a hasta 20 años de cárcel, siendo la condena mínima de cinco años.

La nueva legislación criminaliza también a quienes mantengan contacto con organizaciones extranjeras para perjudicar los intereses vitales de Túnez, incluida la “seguridad económica”.

Esta disposición legal parece ser una respuesta directa a las reuniones celebradas en mayo por activistas de los derechos humanos tunecinos con parlamentarios y autoridades de la Unión Europea en Madrid y Bruselas.

Durante las reuniones, los activistas tunecinos instaron a sus interlocutores a presionar al gobierno para que respete sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

La nueva disposición también aumenta las drásticas restricciones que ya existen sobre los defensores y defensoras de los derechos humanos y la libertad de expresión y asociación, al perseguir a quienes hablen sobre el historial de derechos humanos de Túnez con organismos extranjeros.

En Túnez los activistas deben hacer frente a actos de hostigamiento e intimidación. Muchos han denunciado que están sometidos a vigilancia constante por parte de las fuerzas de seguridad, y han denunciado también que se les ha impedido viajar al extranjero o dentro del país, lo cual vulnera el derecho a la libertad de circulación.

Muchos han denunciado también haber sido golpeados, según los informes por hombres vestidos de civil que parecían ser agentes de las fuerzas de seguridad.

Activistas tunecinos que se han pronunciado en contra del historial de derechos humanos de las autoridades mientras estaban en otros países han sido hostigados e interrogados al regresar a Túnez. A varios se les ha denegado el permiso para volver a viajar al extranjero.

Amnistía Internacional insta a la Unión Europea y a sus Estados miembros a responder de forma enérgica a una medida tan cínica y a ejercer presión sobre el gobierno de Túnez para que cumpla sus obligaciones en materia de derechos humanos.

“Las autoridades de Túnez deben revocar todas las disposiciones de la legislación tunecina que criminalizan el ejercicio pacífico del derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión”, ha afirmado Amnistía Internacional.