Informe anual 2013
El estado de los derechos humanos en el mundo

Comunicados de prensa

27 febrero 2008

Tailandia: Nuevo temor de homicidios ilegales coincide con el retorno de Thaksin

 

Cuando el ex primer ministro Thaksin Shinawatra ha regresado del exilio para hacer frente a las acusaciones formales de corrupción en Tailandia, Amnistía Internacional pide al gobierno tailandés que ponga fin a otro aspecto de su legado: los homicidios ilegales en la "guerra contra las drogas".

Entre febrero y mayo del 2003, al menos 2.500 personas fueron víctimas de homicidios como consecuencia de la campaña contra el narcotráfico emprendida por el entonces primer ministro Thaksin Shinawatra. No obstante, según las conclusiones recientemente publicadas de un comité especial establecido por el gobierno militar en el 2007, más de 1.000 de esas víctimas tenían poca o ninguna relación con el narcotráfico. A pesar de estas conclusiones, así como de las pruebas de que altos cargos del gobierno impartieron instrucciones por escrito sobre el uso de tácticas opresivas durante la campaña, ni un solo funcionario del gobierno ni de la policía ha rendido cuentas por los homicidios de 2003.

"Es casi inconcebible que se haya cometido un número tan elevado de homicidios sin que se haya producido un solo enjuiciamiento, especialmente cuando un comité del gobierno ha concluido que al menos 1.000 víctimas eran totalmente inocentes -declaró Catherine Baber, directora del Programa de Asia y Oceanía de Amnistía Internacional-. Una impunidad a semejante escala indica que el gobierno tailandés concede poco valor al Estado de derecho o a las vidas de sus ciudadanos."

A Amnistía Internacional le preocupa enormemente que cinco años después de la primera "guerra contra las drogas", el primer ministro Samak Sundaravej esté preparando una nueva campaña contra el narcotráfico, que podría facilitar nuevas ejecuciones extrajudiciales de presuntos narcotraficantes a manos de las fuerzas de seguridad del Estado. En febrero del 2008, el primer ministro Sundaravej declaró públicamente que "cuando se pongan en marcha las medidas enérgicas [contra las drogas], habrá muertes [...] sí se producen homicidios extrajudiciales."

Estas declaraciones no sólo recuerdan el estilo "licencia para matar" del gobierno de Thaksin para hacer cumplir la ley respecto de las drogas, cuando se utilizaron las listas negras y los objetivos mensuales como políticas oficiales para reducir el número de traficantes, sino que también indican que el primer ministro está preparando a los ciudadanos tailandeses para una nueva oleada de homicidios ilegítimos. Parece un intento cínico de prevenir tanto las críticas dentro del país como las internacionales. También representa una inquietante aceptación de conductas ilegítimas y del uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades estatales, así como una ausencia de voluntad política para impedir que se cometan nuevos homicidios ilegales.

"El primer ministro prepara ya otra guerra contra las drogas, agravando una situación en la que  se podrían haber cometido crímenes de lesa humanidad -afirmó Baber-. El primer ministro ha declarado también que los policías responsables de homicidios ilegales afrontarán las consecuencias legales de sus actos, pero estas garantías suenan a palabras vacías teniendo en cuenta lo ocurrido hasta la fecha", añadió.

 

Amnistía Internacional viene expresando desde hace varios años su preocupación por los homicidios de presuntos narcotraficantes a manos de las fuerzas de seguridad tailandesas. La organización pide al gobierno tailandés que transmita de inmediato a todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley el mensaje de que la fuerza letal sólo se puede emplear cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida. Asimismo, las autoridades tailandesas deben iniciar investigaciones independientes, imparciales, efectivas e inmediatas sobre todos los homicidios extrajudiciales del 2003, y garantizar que cualquier campaña contra el narcotráfico se lleva a cabo de forma que respete los derechos humanos y el Estado de derecho.

 

Índice AI: PRE01/068/2008
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