Informe anual 2013
El estado de los derechos humanos en el mundo

Comunicados de prensa

30 septiembre 2010

Tailandia debe revocar o reformar de inmediato la legislación de excepción

Tailandia debe dejar de aplicar el Decreto de Estado Excepción y la Ley de Seguridad Interna, que violan el derecho y las normas internacionales de derechos humanos, ha manifestado Amnistía Internacional hoy.

El Decreto de Estado de Excepción y la Ley de Seguridad Interna se aplicaron por primera vez fuera de las regiones meridionales de Tailandia, donde persiste un malestar constante, el 12 de abril de 2009, durante manifestaciones en contra del gobierno. Las autoridades han aplicado el Decreto o la Ley en distintas zonas del país, aparte del sur, durante casi la mitad de tiempo transcurrido desde entonces.

“El gobierno se ha acogido de manera casi sistemática a estas leyes –ha manifestado Benjamin Zawacki, investigador de Amnistía Internacional sobre Tailandia–. Como consecuencia de ello se ha hecho uso indebido de los poderes extraordinarios que conceden para restringir derechos humanos y se ha impedido la expresión de la disidencia pacífica.”

La última vez que se aplicó la Ley de Seguridad Interna fue en Bangkok el 11 de marzo de 2010, un mes antes de que las manifestaciones se volvieran violentas. Mientras tanto, el Decreto de Estado de Excepción, que comenzó a aplicarse el 7 de abril de 2010, continúa en vigor en Bangkok y en otras seis provincias, a pesar de que las manifestaciones terminaron hace ya cuatro meses y medio.

El gobierno tailandés está considerando esta semana la posibilidad de prorrogar tres meses la aplicación del Decreto.

El Decreto permite mantener a una persona recluida sin cargos ni juicio durante 30 días, utilizar centros no oficiales de detención, dejar sin efecto o no exigir la revisión judicial de las ordenes y solicitudes de detención para ampliar ésta, denegar las solicitudes de permiso de visita personal a los detenidos e impedir la inspección constante, expedita e independiente de los centros de detención, lo que facilita la tortura y otros malos tratos.

El Decreto de Estado de Excepción autoriza además la censura prácticamente sin restricciones de las noticias y los medios de información, y confiere expresamente inmunidad procesal a los funcionarios que violen las normas de derechos humanos en el desempeño de sus funciones.

El Ministerio de Justicia comunicó el 24 de agosto de 2010 por última vez que el gobierno mantenía a 209 personas detenidas en aplicación del Decreto de Estado de Excepción por las manifestaciones celebradas de marzo a mayo. Algunas de estas personas han denunciado haber sido golpeadas en prisión.

Algunas de las personas detenidas no han tenido acceso a un abogado ni han recibido ninguna información sobre el estado de sus casos. Algunas de ellas detenidas únicamente por aparecer en fotografías de las manifestaciones no han sido puestas en libertad a pesar incluso de haber demostrado el motivo de su presencia en las imágenes. Otras afirman haber confesado cometer actos ilegales o delictivos porque la policía las obligó a hacerlo con engaños o amenazas.

La Ley de Seguridad Interna otorga a las fuerzas armadas considerable poder discrecional para restringir la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación, así como la libertad de circulación. Además, este poder es aplicable en “toda situación que constituya o pueda constituir una amenaza”, definición que no sólo es muy general e imprecisa, sino que también abarca las posibles amenazas además de las amenazas reales.

Según el Centro para la Resolución de la Situación de Excepción, creado por el gobierno y las fuerzas armadas para coordinar y administrar la aplicación del Decreto de Estado de Excepción en respuesta a las manifestaciones masivas contra el gobierno de hace unos meses, desde principios de abril de 2010 se han inhabilitado o censurado en Tailandia al menos 1.500 sitios web, emisoras de radio, cadenas de televisión y publicaciones impresas.
 
Amnistía Internacional reconoce que la actual crisis política de Tailandia se ha caracterizado en varias ocasiones por un considerable grado de violencia y disturbios, como demostraron, por ejemplo, la violenta interrupción de la Cumbre de la ASEAN en abril del 2009 y las protestas de los “camisas rojas” de entre marzo y mayo de 2010, en las que hubo enfrentamientos que causaron la muerte de 91 personas. Sin embargo, en su respuesta a tales situaciones, el gobierno debe cumplir las obligaciones internacionales contraídas por Tailandia.

“El gobierno debe poner fin a su abusiva tendencia a aplicar una legislación de excepción que viola el derecho internacional de los derechos humanos”, ha manifestado Benjamin Zawacki.

Amnistía Internacional pide al gobierno de Tailandia que no prorrogue el Decreto de Estado de Excepción en Bangkok ni en las otras seis provincias donde está en vigor aparte del sur del país y que revoque tanto el Decreto como la Ley de Seguridad Interna o los reforme para hacerlos compatibles con el derecho y las normas internacionales. 

Índice AI: PRE01/329/2010
Región Asia y Oceanía
País Tailandia
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